Los derechos digitales, muy ligados a la libertad de expresión y la privacidad, son aquellos que permiten a las personas acceder, usar, crear y publicar medios digitales, así como acceder y utilizar ordenadores, otros dispositivos electrónicos y redes de comunicaciones.
Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos para la era de Internet.
Las tecnologías digitales están transformando la forma en que se ejercen, se protegen y se vulneran derechos básicos como la libertad de expresión y el acceso a la información, y también están dando lugar al reconocimiento de nuevos derechos. La ley, por tanto, se está adaptando a esta nueva era con el desarrollo de los derechos digitales y la ciudadanía digital, permitiendo y regulando el acceso a la información online de forma segura y transparente.
Los ciberderechos reconocen el derecho de las personas a acceder, usar, crear y publicar medios digitales, y el derecho de acceso a los ordenadores, dispositivos electrónicos y redes de telecomunicaciones necesarios para ejercerlos. Una de las entidades emblemáticas en la defensa de los ciberderechos es la Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización sin ánimo de lucro fundada por los activistas de Internet John Perry Barlow, Mitch Kapor y John Gilmore.
¿PARA QUE SIRVEN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA CIUDADANIA DIGITAL?
Los derechos digitales no son más que una extensión de los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aplicados al mundo online. Su objetivo primordial es garantizar el acceso a Internet, evitando la denominada brecha digital, y un adecuado uso de la red como un bien común perteneciente al conjunto de la humanidad. Sin embargo, la falta de un consenso internacional ha hecho que cada país desarrolle su propia Carta de Derechos Digitales.
Pese a ello, organismos supranacionales como la Unión Europea (UE) sí están proponiendo un marco común, al menos en lo relativo al derecho a la protección de los datos personales. Por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que entró en vigor en 2018, obliga a los Estados miembros tanto a preservar los datos personales de los ciudadanos como a permitir la libre circulación de datos. En Estados Unidos, por el contrario, no existe una ley federal de protección de datos y cada estado aplica regulaciones diferentes. En el mundo hay más de 120 países que disponen de algún tipo de legislación que protege los datos personales y el acceso a la información en Internet.
Aunque cada país esté desarrollando su propia Carta de Derechos Digitales, hay unas líneas generales que siguen todos ellos y que repasamos a continuación:
Acceso universal e igualitario
Las personas deben poder acceder a Internet independientemente de sus ingresos, su ubicación geográfica o sus discapacidades. El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU reconoce en un informe que el derecho al acceso es esencial para la libertad de opinión.
Libertad de expresión, información y comunicación
Estos derechos humanos básicos se ven amenazados en Internet cuando los gobiernos bloquean sitios web o redes sociales, lo cual es una violación del derecho de comunicación y libre asociación, o se censuran contenidos, lo que va en contra de la libertad de expresión e información.
Privacidad y protección de datos
Los ciudadanos deben tener control sobre quién almacena sus datos personales y poder eliminarlos en cualquier momento. El derecho a la intimidad se ve amenazado en Internet por el robo de credenciales, la apropiación de datos personales y su uso para obtener beneficio económico, etc.
Derecho al anonimato
El derecho al anonimato y al cifrado de comunicaciones se ve amenazado especialmente en aquellos países que prohíben el envío de mensajes y comunicaciones cifradas, algo necesario para realizar transacciones fiables y seguras en Internet.
Derecho al olvido
Es el derecho a que la información privada de una persona se elimine de las búsquedas de Internet, de bases de datos y de directorios. Actualmente, la UE lo reconoce en el GDPR como "derecho al borrado" y ya se ha invocado en otros países como Argentina, Estados Unidos, Corea del sur o la India.
Protección del menor
Los gobiernos no solo deben velar por la protección de la infancia en Internet, como por ejemplo en el caso de la pornografía infantil, sino hacer que las compañías ofrezcan medios para garantizar un acceso seguro sin infringir los derechos de los menores.
Propiedad intelectual
Se debe garantizar el reconocimiento de los autores sobre su obra artística o literaria y el derecho a ser remunerados por su uso, garantizando al mismo tiempo el libre acceso a las obras que ya sean de dominio público.
La seguridad cibernética es fundamental para garantizar la libertad de las personas a ejercer sus derechos digitales, por ejemplo, preservando su intimidad mediante el cifrado de las comunicaciones. Pero ¿cómo actuar si se vulneran derechos digitales? Es decir, cuando una empresa comercia o divulga nuestros datos personales o se produce un acceso no autorizado, entre otros. En la mayoría de los países con una legislación sobre ciberderechos este tipo de infracciones pueden llevarse a los tribunales. En el caso de la UE, los Estados miembros disponen de organismos como el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) o de figuras como el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) que investigan y persiguen las infracciones, imponiendo sanciones que pueden llegar a cientos de miles de euros para las más graves.