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El pasado 6 de marzo de 2024, un grupo de estudiantes protestaron frente al Palacio Nacional, en la Ciudad de México, exigiendo un desenlace de la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. El grupo fue conformado por compañeros normalistas y familiares de los estudiantes de Iguala, Guerrero. La protesta sucedió mientras el Presidente, Andres Manuel López Obrador, daba su conferencia matutina diaria (Alejandro Santos Cid, 2024)[2]. 

El evento escaló cuando los protestantes derribaron una de las puertas del Palacio Nacional con una furgoneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la cual le rompieron las ventanas y le quitaron el freno de mano para utilizarla como ariete. Sin embargo, ninguno de los normalistas ingresó al edificio, ya que la policía militar formó una barrera humana con escudos y porras. Además de formar una barricada, la policía lanzó gas lacrimógeno para dispersar a los protestantes (Alejandro Santos Cid, 2024)[2]. 

En este suceso particular participó sólo una de las diversas movilizaciones de normalistas en varias partes de la Ciudad de México. El propósito es presionar a la administración de López Obrador para obtener una audiencia con el mandatario y exigir resultados concisos de la

investigación sobre los sucesos del 26 de septiembre de 2014. Al inicio de su sexenio, el Presidente de la República se comprometió con las familias de los normalistas desaparecidos a encontrar a dichos estudiantes y observar activamente las investigaciones. El Presidente ha reiterado este compromiso en diversas ocasiones, sin embargo, a solo cinco meses de que termine el mandato de la administración actual, siguen sin haber respuestas claras acerca de dónde están o qué les pasó a los 43 jóvenes. En las protestas se escuchaban los gritos: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” (Vargas, 2024)[3]. 

El Presidente de la República se negó a reunirse con los normalistas, sin embargo asignó al Subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, para atender la audiencia. Cuando se le cuestionó al Presidente por qué evadió el compromiso hacia las familias exigiendo justicia, él respondió que, a su parecer, dichas protestas eran una “provocación” (NMás, 2024)[5] de parte de sus opositores, sin señalar a ninguno en específico (Vargas, 2024)[3]. El mandatario afirmó que las protestas tenían “otro propósito” (NMás, 2024)[5]. 

Horas después de los sucesos, la Secretaría de Gobernación publicó un comunicado oficial aclarando la postura de la administración. En este comunicado, la secretaría reafirmó, una vez más, el compromiso del gobierno por encontrar la verdad sobre los desaparecidos, no obstante, volvió a aplazar la audiencia con las familias a dentro de “unas semanas” (Secretaría de Gobernación, 2024)[4]. Ni el mandatario, ni la secretaría ofrecieron una fecha específica (Alejandro Santos Cid, 2024)[2]. 

Los normalistas de Iguala, Guerrero llevan aproximadamente 10 años exigiendo justicia por sus compañeros desaparecidos y a lo largo de esta década, se han hecho muchas especulaciones de lo que ocurrió esa madrugada. Lastimosamente, no se ha presentado ninguna conclusión coherente sobre, lo que lleva siendo hasta la fecha, una investigación pasiva.