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No voy a decirte qué deberías opinar, ni de qué lado deberías ponerte. La invasión israelí y sus operaciones militares en Gaza se han saldado con más de 35,000 pérdidas humanas del lado palestino y más de 1,500 del lado israelí, la mayoría de ellas en las primeras horas de la guerra aquel fatídico 7 de octubre. El conflicto en Gaza es una tragedia por donde la veamos.

Lo que sí te voy a decir son los hechos que ocurrieron la semana pasada, y que tienen el potencial de cambiar por completo el curso de esta guerra e, incluso, la forma en la que el mundo percibe a sus instituciones de justicia.

El 20 de mayo, el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan pidió a la Corte emitir órdenes de arresto contra cinco hombres: tres de ellos parte del grupo Hamás y, más controversiales, dos miembros del gobierno israelí. Los sujetos en cuestión son: 

• El líder político en Gaza, Yahya Sinwar.

• El comandante de las Brigadas Al-Qassam, Mohammed Deif.

• el líder del Buró Político, Ismael Haniyeh.

• el Ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant.

• El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Todos ellos fueron acusados de distintos crímenes de guerra y contra la humanidad que no detallaré en este artículo, cualquiera que quiera saber más puede encontrar la sentencia de la Corte. 

Pero antes de seguir, hay que aclarar algo importante: el fiscal Khan no emitió órdenes de arresto, sino que las pidió a jueces de la Corte, que tardarán semanas o incluso meses en alcanzar un acuerdo y decidir si emitirlas o no. Sin embargo, si los jueces decidieran emitir órdenes, sería un momento histórico.

Primero, sería la primera vez que el líder de una democracia de estilo occidental se encuentra bajo la mira de la CPI; esto pondría a Netanyahu a la par de su enemigo, Haniyeh, y de otros criminales como Omar al-Bashir de Sudán o Vladimir Putin de Rusia, ambos ya acusados por la Corte y con una orden de arresto sobre sus cabezas.

Aquí aprovecho para resaltar otro detalle importante: como probablemente sepas, Putin no está en prisión. Y la razón por la que él no ha sido condenado es la misma razón por la que Netanyahu y Haniyeh, junto con el resto de los acusados, probablemente jamás se vean cara a cara con la Corte.

La CPI sólo tiene jurisdicción entre los países que firmaron los Estatutos de Roma, y depende de los países firmantes para arrestar y llevar a la Corte a los acusados; la CPI sólo los puede juzgar, no arrestar. Además, muchos pesos pesados no han firmado el Estatuto. Ni Israel ni Estados Unidos han firmado, por lo que los líderes israelíes probablemente no serán arrestados, mientras que los líderes de Hamás pasan mucho tiempo en Qatar y en Turquía, otros dos países que no firmaron. Aún de ser emitidas las órdenes de arresto, podrían permanecer una vida entera como si la CPI no existiera.

Claro, esto aún así mancharía la reputación tanto de Israel ante el mundo exterior como la de Hamás entre la población palestina y otros líderes árabes. Y hay países europeos, como Alemania, España y Noruega, que han afirmado que sí respetarían una eventual orden de arresto contra Netanyahu o Gallant. 

Pero el efecto que más perdurará de la declaración de la CPI no será una condena contra Israel o Hamás, sino cómo otros países, y sobre todo Estados Unidos, han reaccionado.

El gobierno de Biden respondió enfurecido a la Corte que su jurisdicción "aplica en Sudán y en Ucrania, pero no en Israel" (esto está parafraseado, pero el comunicado oficial de la Casa Blanca decía algo muy similar). Con ésto probablemente se refería a que Israel jamás firmó el Estatuto de Roma (aunque Palestina sí, por lo que la CPI tiene jurisdicción sobre Gaza), pero el mensaje que manda es diferente: El gobierno americano podría estar dando un permiso inconsciente a aliados y enemigos por igual de que el respeto a la Corte es opcional.

Éste es el que podría ser el resultado más importante de todo ésto: una reducción en la legitimidad y la eficiencia de la Corte, que en más de una ocasión ya habían sido puestas en duda; después de todo, ni Putin ni al-Bashir se han enfrentado a la justicia por sus crímenes, y en su historia moderna sólo ha sentenciado a tres personas a sentencias de más de 7 años (de un total de 10 personas juzgadas).

Sin embargo, la emisión de órdenes de arresto contra miembros israelíes y palestinos que definitivamente han cometido crímenes atroces podría ser un esfuerzo por la Corte de remediar éste mismo problema de legitimidad, mostrando que su prioridad aún es mantener la ley a nivel mundial.

Queda por ver si será exactamente el cumplimiento de su misión lo que termina destruyéndola.