Legal

Con la promesa de reforzar la transparencia y modernizar los procesos de compras y contrataciones del Estado, en 2019, el Órgano Ejecutivo inició el proceso de enmienda a la legislación panameña en materia de contrataciones públicas, que después de un amplio de debate, concluyó con la aprobación de la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, por medio de la cual se reformó el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública y dicta otras disposiciones (en adelante “Ley 153”). En la Ley 153 se incorporaron modificaciones importantes como la regulación de los tiempos para los reclamos, la garantía de seguridad jurídica y la prevalencia del interés común en toda contratación pública.

La Ley 153, fue publicada en la Gaceta Oficial N° 29020-A del del 8 de mayo de 2020, sin embargo, entrará en vigor 4 meses después de su publicación, por consiguiente, es a partir del 8 de septiembre de 2020 que será aplicable. Esta ley cuenta con 77 artículos, de los cuales, 73 son modificaciones y nuevas regulaciones, lo que representa modificaciones al 40% de los artículos del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006.

Las reformas contenidas en la Ley 153, modifican en gran medida el procedimiento y las normas atinentes a la etapa de la Licitación, incluyendo cláusulas innovadoras como la presentación electrónica de las propuestas a partir del 1 de enero de 2021 y desburocratización de ciertos requisitos. No obstante, la complicada etapa de la contratación y la ejecución del contrato permanece bastante inalterada, salvo por ciertas modificaciones como la posibilidad manifiesta de incluir (y por tanto acudir) al arbitraje como método de solución de diferencias, y la reducción del porcentaje permitido (ahora 25%) para la modificación del precio de un contrato.

En suma, las modificaciones contenidas en la Ley 153 parecen ser positivas y tendientes a la transparencia, capacitación y rendición de cuentas de los funcionarios públicos otro muy criticados por sonados casos de malos manejos que han opacado las gestiones gubernamentales en todo el continente. No obstante, si dichas reformas son suficientes y/ prácticas en su ejecución, será un asunto para monitorear por los usuarios del sistema y los entendidos en la materia.

With the promise of strengthening transparency and modernizing the government's procurement and contracting processes, in 2019, the Executive Branch began the process of amending Panamanian legislation on public procurement, which, after extensive debate, concluded with the approval of Law 153 of May 8, 2020, which amended the Consolidated Text of Law 22 of June 27, 2006, which regulates public procurement and sets forth other provisions (hereinafter “Law 153”). Law 153 incorporated important modifications such as the regulation of time limits for claims, the guarantee of legal certainty, and the prevalence of the common interest in all public procurement.

Law 153 was published in Official Gazette No. 29020-A on May 8, 2020, but it will come into force four months after its publication, meaning that it will be applicable from September 8, 2020. This law has 77 articles, of which 73 are amendments and new regulations, representing amendments to 40% of the articles of the Consolidated Text of Law 22 of June 27, 2006.

The reforms contained in Law 153 significantly modify the procedure and rules pertaining to the bidding stage, including innovative clauses such as the electronic submission of proposals as of January 1, 2021, and the reduction of bureaucracy in certain requirements. However, the complicated contracting and contract execution stage remains largely unchanged, except for certain modifications such as the explicit possibility of including (and therefore resorting to) arbitration as a method of dispute resolution, and the reduction of the percentage allowed (now 25%) for contract price modifications.

In short, the amendments contained in Law 153 appear to be positive and conducive to transparency, training, and accountability of public officials, who have been heavily criticized for high-profile cases of mismanagement that have overshadowed government efforts across the continent. However, whether these reforms are sufficient and practical in their implementation will be a matter for monitoring by users of the system and experts in the field.