Así, siendo obligación de la Administración llevar a cabo procedimientos de licitación públicos, transparentes e imparciales, que permitan a todos los interesados conocer con exactitud el objeto de la convocatoria, a los efectos que éstos formulen sus ofertas en igualdad de condiciones, es dable sostener que los eventuales errores en los antecedentes que rigen la licitación -y que no hayan sido salvados con las correspondientes aclaraciones o modificaciones-, son, en principio, de responsabilidad de la propia Administración y, por tanto, ella debe hacerse cargo de las consecuencias económicas de sus errores
(aplica criterio contenido, entre otros, en los dictámenes N°s. 44.066, de 2009, 88.496, de 2015, 17.612, de 2016 y 7.988, de 2017).
En armonía con lo anterior, es necesario anotar que no procede que la entidad recurrida justifique lo obrado por ella en el hecho de que la empresa no haya efectuado consultas sobre las especificaciones técnicas del vehículo licitado
(aplica criterio contenido en el dictamen N° 17.612, de 2016).
No obstante, cumple con advertir que lo indicado en la letra c) del N° 7 del capítulo II del pliego administrativo, en orden que procede hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta si “se comprobare falsedad en la oferta del proponente”, debe entenderse aplicable a la propuesta adjudicada y no a aquellas que sean declaradas inadmisibles o desestimadas, toda vez que éstas no conllevan un detrimento a los intereses del Estado que se pretenden resguardar con dicha caución
(aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 78.872, de 2012, y 65.771, de 2013).
Procede observar, también, lo indicado en el inciso final del artículo 31 de las bases, en cuanto a que con cargo a la garantía de fiel cumplimiento del contrato podrán cobrarse las indemnizaciones, toda vez que ello excede el objeto de la misma, conforme lo dispone el artículo 11 de la ley N° 19.886.
Por otra parte, se debe eliminar la alusión que en dicho inciso y en el inciso segundo del artículo 32 de las bases, se formula en el sentido que dicha caución tendría el carácter de cláusula penal, por cuanto, tal como lo ha indicado la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General a través de los dictámenes N°s. 478, de 2011 y 8.297, de 2012, esta garantía no reviste dicha naturaleza.
En cuanto al cobro de la garantía de seriedad de la oferta, es útil consignar que la jurisprudencia administrativa ha establecido que el objeto fundamental de esa caución es respaldar la actuación de un oferente hasta el momento en que firma el contrato adjudicado.
(aplica dictamen N° 65.771, de 2013).
Cualquiera sea el instrumento a entregar por los proveedores, aquel debe ser siempre pagadero a la vista y tener el carácter de irrevocable.
Las garantías, en cuanto al tipo de instrumento a utilizar, pueden ser:
Boleta de Garantía Bancaria: La boleta de garantía es una caución que constituye un banco, a petición de su cliente llamado el “Tomador” a favor de otra persona llamada “Beneficiario” que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento de una obligación contraída por el tomador o un tercero a favor del beneficiario.
De acuerdo a la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, existen dos maneras de obtener que un banco emita una boleta de garantía para caucionar una obligación de una persona a favor de otra.
La primera es que se obtenga la emisión de una boleta con la constitución de un depósito de dinero en el banco por parte del tomador.
La otra es que el banco la emita con cargo a un crédito otorgado al tomador, quien suscribe un pagaré u otro título de crédito a favor del banco.
Ver https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-article-28936.html
Vale a la Vista: Según explica la CMF, los vales a la vista o vales vista que emiten los bancos por cuenta de terceros, pueden originarse solamente por la entrega de dinero en efectivo por parte del tomador o contra fondos disponibles que mantenga en cuenta corriente o en otra forma de depósito a la vista. Los bancos podrán cobrar comisiones por la emisión de vales a la vista.
Ver https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-article-28912.html
Póliza de Seguros de Garantía: se obtienen por intermedio de una Compañía de Seguros, cuya póliza garantiza el fiel cumplimiento por parte del afianzado de las obligaciones contraídas en virtud del contrato como consecuencia, directa o inmediata, del incumplimiento por parte del tercero, del pago de las obligaciones en dinero o de crédito de dinero y a las cuales se haya obligado el tercero y el Asegurado.
Certificado de Fianza a la vista: es aquel instrumento otorgado por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), mediante el cual ésta se constituye en fiadora de obligaciones de un beneficiario para con un acreedor, y que se encuentra regulado por la Ley N° 20.179.
Este instrumento deberá ser pagadero a la vista, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 del reglamento de la Ley N°19.886 (en adelante “el Reglamento”). Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) tienen como función ser intermediarias entre la banca y las pymes y otorgar certificados de fianza, documento con el cual la SGR es aval de una pyme frente a un banco.
Según explica la CMF, la misión de las SGR no es prestar dinero, sino que, previa evaluación, garantizar a la pyme.
Ver https://www.cmfchile.cl/educa/621/w3-propertyvalue-29004.html
Otros instrumentos financieros que puedan ser utilizados como caución.
Cabe señalar que los oferentes y proveedores pueden determinar libremente qué instrumento presentarán para garantizar sus obligaciones, no pudiendo la respectiva entidad compradora coartar o restringir dicha libertad de elección.
Lo anterior, por cuanto los artículos 52° y 121° del Reglamento disponen que las entidades deberán aceptar cualquier instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en dichos artículos (fundamentalmente, que el instrumento sea otorgado a la vista e irrevocable).
Asimismo, debe considerarse que, de acuerdo a las citadas disposiciones, los proveedores pueden otorgar instrumentos de garantía de manera electrónica, los cuales deben ajustarse a la ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
Ver Directiva N°41 ...Recomendaciones para uso de garantías en procesos de compra.
La solución de los problemas que se presenten en los procesos licitatorios en relación con las garantías exigidas debe considerar un criterio finalista, que permita cumplir el objetivo que se pretende con el establecimiento de esas cauciones.
Complementa dictamen N° E389866, de 2023.
I. Antecedentes
Se ha dirigido a esta Contraloría General don Sergio Menichetti Arellano, en representación de Sociedad de Inversiones para el Desarrollo SpA, para solicitar la reconsideración del dictamen N° E389866, de 2023, que desestimó su reclamo en contra de Carabineros de Chile por haber adjudicado a Ingeniería Barasal SpA algunas de las líneas licitadas en el marco de la licitación pública que indica, pese a que esta empresa habría incurrido en errores al determinar el monto a que debía ascender la garantía de seriedad de la oferta.
Al respecto, cabe recordar que en aquel pronunciamiento se señaló que las bases respectivas no se ajustaron a derecho al fijar el monto de la garantía de seriedad de las ofertas, pues de acuerdo con dicha regulación este sería distinto para cada uno de los proponentes.
Añadió ese pronunciamiento que, atendido lo anterior, resultaba inoficioso emitir un pronunciamiento respecto de la forma en que debió aplicarse la cláusula que regulaba aquella materia y que Carabineros de Chile deberá adoptar las medidas necesarias para que las bases que apruebe en lo sucesivo se ajusten a lo previsto en el artículo 31 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
Se tuvo presente, además, que el objeto de la contratación, consistente en la adquisición de heno de alfalfa para caballares y mulares fiscales, para el año 2022, se encontraba finalizado al momento del dictamen cuya reconsideración se solicita.
En esta ocasión, el recurrente reitera los mismos argumentos expuestos anteriormente, solicitando complementar lo resuelto por esta Entidad de Control y que se pronuncie, en definitiva, sobre la interpretación dada por el servicio licitante a la aludida disposición de las bases que rigieron aquel proceso.
Requerido su informe, Carabineros de Chile, en su oportunidad, evacuó dicho trámite.
II. Fundamento jurídico
Al respecto, cabe recordar que el inciso primero del artículo 11 de la ley N° 19.886 dispone, en lo que interesa, que la respectiva entidad licitante requerirá, en conformidad al reglamento, la constitución de las garantías que estime necesarias para asegurar la seriedad de las ofertas presentadas y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo, en la forma y por los medios que lo establezcan las respectivas bases de la licitación.
Por su parte, el inciso primero del artículo 31 del mencionado decreto N° 250 prevé, en lo pertinente, que cuando se solicite garantía de seriedad de la oferta, las Bases deberán establecer el monto, plazo de vigencia mínimo y si debe expresarse en pesos chilenos, unidades de fomento o en otra moneda o unidad reajustable.
El inciso quinto de este último precepto añade que la Entidad Licitante solicitará a todos los Oferentes la misma garantía en lo relativo a su monto y vigencia.
Al efecto, cabe recordar que este Organismo Fiscalizador ha precisado que la solución de los problemas que se presenten en los procesos licitatorios en relación con las garantías exigidas y la interpretación de las normas involucradas debe considerar, sobre la base de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los proponentes, un criterio finalista, que trascienda una excesiva rigidez formal para permitir cumplir el objetivo que se pretende con el establecimiento de esos requisitos.
(aplica dictámenes N°s. 24.287, de 2002, y 14.005, de 2011).
III. Análisis y conclusión
Sobre el particular, cabe recordar que el N° 3.6.1 de las bases que rigieron la correspondiente licitación señala, en lo pertinente, que “Si la oferta presentada por el oferente es igual o superior a las 5.000 UTM, deberá presentar un documento de garantía de seriedad de la oferta, por un monto equivalente al 3% del total de su oferta”.
Enseguida, el dictamen que se pide reconsiderar precisó que las bases infringieron lo dispuesto en el artículo 31 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, toda vez que no fijaron el mismo monto de la garantía de seriedad de la oferta para todos los proponentes, sino que establecieron un mecanismo para su cálculo que consideraba el monto de sus ofertas, resultando un valor distinto para cada uno de ellos.
No obstante, esa forma de calcular el monto de la garantía de seriedad de la oferta prevista en las bases era la que resultaba obligatoria para los proponentes de la licitación.
En ese contexto, el proponente adjudicado entendió que el monto “total de su oferta”, sobre el que había que calcular la garantía de seriedad, correspondía al valor unitario neto que propuso multiplicado por la totalidad de los bienes a adquirir, lo que da por resultado el valor “total de su oferta” con un resultado en valores netos.
Esa interpretación no fue objetada por Carabineros de Chile, ya que aceptó el monto de la caución.
Esa forma de entender la redacción de las bases es la cuestionada por el recurrente, ya que estima que al señalar que el valor es el “total” debe referirse al monto incluidos los impuestos.
Pues bien, al no estar definido en las correspondientes bases lo que debía entenderse por “valor total de su oferta”, no se advierte arbitrariedad en la decisión de Carabineros de Chile al aceptar la garantía de seriedad del oferente adjudicado, ya que la forma de entender el pliego de condiciones posee un fundamento razonable y no resulta arbitraria.
Por otro lado, cabe consignar que, en los hechos, no se produjo un perjuicio para la Administración, ya que la oferta adjudicada fue la que mejor puntaje obtuvo en la evaluación y, por lo tanto, fue la más conveniente. Asimismo, no se concretó el riesgo asegurado por la garantía de seriedad de la oferta -no firmar el contrato-, por lo que esta fue devuelta sin ser ejecutada
(aplica criterio de dictamen Nº 2.372, de 2014).
En consecuencia, cabe desestimar el reclamo del recurrente, debiendo Carabineros de Chile adoptar las medidas necesarias para que situaciones como la descrita no se repitan.
Compleméntese el dictamen Nº E389866, de 2023, en los términos antes señalados.
Fuentes legales.
Ley 19886 art/11 inc/1 DTO 250/2004 hacie art/31 inc/1 DTO 250/2004 hacie art/31 inc/5
Jurisprudencia.
Aplica dictamen 24287/2002, 14005/2011, 2372/2014; Complementa dictamen E389866/2023
Acción Dictamen Año
Aplica 024287N 2002
Aplica 014005N 2011
Aplica 002372N 2014
Complementa E389866 2023
Sobre la procedencia del cobro de la boleta de garantía de seriedad de la oferta en la licitación pública que indica.
Se ha dirigido a esta Contraloría General don Luis Martín Ferrari Del Sel, en representación de Dräger Chile Limitada, reclamando respecto de ciertas actuaciones practicadas en la licitación pública para la adquisición de equipamiento médico, específicamente la “familia ventiladores”, identificada con la ID 775-130-LP12, convocada por el Director del Servicio de Salud Metropolitano Central para el Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, las cuales, a su juicio, constituirían irregularidades, solicitando además, se instruya una investigación sumaria si corresponde.
Indica la necesidad de revisar la legalidad de las resoluciones exentas N°s. 83, que dejó sin efecto la adjudicación de los bienes solicitados; 205, que declaró desierta la licitación, y 261, que hizo efectiva la boleta de seriedad de la oferta entregada por dicha empresa, todas del año 2013 y que fueron dictadas por el citado servicio.
Como cuestión previa, corresponde precisar que mediante el oficio N° 27.058, de 2013, de esta Entidad Fiscalizadora, se dio respuesta a la denuncia de posibles irregularidades en la misma licitación pública de adquisición de equipos para el Hospital El Carmen, de Maipú, efectuada por el Servicio de Salud Metropolitano Central.
En el citado pronunciamiento, este Organismo de Control, luego del análisis realizado al proceso de licitación y su documentación de respaldo, ordenó al Servicio de Salud precitado instruir un procedimiento disciplinario con el objeto de establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios integrantes de la respectiva Comisión de Evaluación, por haberse encontrado deficiencias en el indicado proceso.
Solicitado su informe el organismo requerido, señala en lo que interesa, que mediante su resolución exenta N° 993, de 2013, instruyó sumario administrativo, el cual se encuentra en su etapa indagatoria y que además le comunicó al proveedor reclamante que esa entidad de salud esperará el resultado de la investigación para responder acerca del supuesto cobro indebido de la boleta de garantía de seriedad de la oferta.
En este contexto, cabe hacer presente que mediante la resolución exenta N° 261, de 2013, del Servicio de Salud Metropolitano Central, se hizo efectivo el cobro de la boleta de garantía de seriedad de la oferta a la empresa Dräger Chile Limitada, aduciendo la mencionada repartición pública, que dicha sociedad ofertó un producto que no se ajustó a los requerimientos técnicos solicitados, por lo que la oferta no revestía la seriedad exigida por la ley.
Sobre el particular debe anotarse que el artículo 9° de la ley N° 19.886 prescribe que “El órgano contratante declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases.”.
Por su parte, las bases administrativas que rigieron la licitación pública en comento, aprobadas mediante la resolución N° 5.958, de 2012, del aludido Servicio de Salud Metropolitano Central, establecen en su N° 7 “Apertura de las propuestas” como una de las causales para declarar la inadmisibilidad de una oferta, que los equipos presentados posean especificaciones técnicas que no se ajusten a las requeridas en la licitación o no cumplan con una característica obligatoria, situación que, de acuerdo a lo informado por la institución de salud antes mencionada, ha ocurrido respecto del producto ofertado por la empresa reclamante.
De acuerdo a lo anterior, se concluye que la oferta presentada por Dräger Chile Limitada debió ser declarada inadmisible por el señalado Servicio de Salud, ya que no cumplió con los requisitos técnicos exigidos en el respectivo pliego de condiciones.
En otro orden de ideas, es útil consignar que la jurisprudencia administrativa ha establecido que el objeto fundamental de la garantía de seriedad de la oferta es respaldar la actuación de un oferente hasta el momento en que firma el contrato adjudicado (aplica dictamen N° 78.872, de 2012).
En consecuencia, tal como se indica en el citado pronunciamiento, no resulta procedente hacer efectivas las boletas de garantía correspondientes a ofertas que han sido declaradas inadmisibles, por cuanto, por una parte, en tal caso no se cumple con el fin último de la respectiva caución, es decir asegurar la celebración del contrato en los términos ofrecidos y, por la otra, no existe un detrimento a los intereses del Estado que se pretenden resguardar con aquella y, por ende, de cobrarla, existiría un enriquecimiento sin causa en favor del servicio.
Por consiguiente y en mérito de lo expuesto, cabe concluir que no corresponde que el Servicio de Salud Metropolitano Central haya hecho efectiva la caución en comento, puesto que el referido cobro no se condice con la naturaleza y el fin de la garantía de seriedad de la oferta.
Atendido lo anterior, esa repartición pública deberá arbitrar las medidas que procedan a fin de regularizar la situación enunciada e informar acerca del resultado del sumario administrativo incoado en virtud de la mencionada resolución exenta N° 993, de 2013.
Compleméntese en los términos indicados el oficio N° 27.058, de 2013, de esta Entidad de Control.
Fuentes legales.
ley 19886 art/9
Jurisprudencia.
Aplica dictamen 78872/2012 Complementa dictamen 27058/2013
Acción Dictamen Año
Aclara 078872N 2012
Complementa 027058N 2013
Rechaza reclamo sobre incumplimiento de requisito de vigencia de boleta de garantía de seriedad de la oferta por parte de adjudicataria de licitación pública que indica.
Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor Javier Alemany Martínez, representante legal de la sociedad Mobiliario F y R Ltda., reclamando en contra de la Municipalidad de Peñaflor, por cuanto la licitación pública denominada “Suministro e Instalación de Máquinas de Ejercicios en Diversos Sectores de la Comuna de Peñaflor, Segunda Etapa, II Llamado” -ID 2732-14-LP13-, fue adjudicada a una empresa que no habría dado cumplimiento al requisito de vigencia de la boleta de garantía de seriedad de la oferta, contemplado en las bases administrativas respectivas.
Requerida de informe, esa entidad edilicia señaló que, tal como sostiene el recurrente, la aludida caución fue extendida por un plazo inferior al exigido en el pliego de condiciones, sin perjuicio de lo cual, afirma, dicho error no habría producido efecto alguno, pues la mencionada boleta se encontraba vigente al momento de emitirse el decreto de adjudicación pertinente, además de no haber alterado la evaluación llevada a cabo, pues el hecho se detectó con posterioridad a la dictación de aquel.
Agrega que, en todo caso, no correspondería que el asunto planteado sea conocido por este Organismo de Control, por tratarse de una materia de competencia del Tribunal de Contratación Pública.
Como cuestión previa, y en lo relativo a la alegación formulada por el referido municipio acerca de la incompetencia de esta Contraloría General, corresponde indicar que acorde con lo manifestado en el dictamen N° 38.566, de 2013, entre otros, esta no resulta procedente, pues las materias de competencia del anotado tribunal no han sido sustraídas del ámbito sobre el cual debe esta Entidad de Fiscalización ejercer sus potestades, salvo las excepciones que expresamente contempla el ordenamiento jurídico, cuyo no es el caso de la especie.
Precisado lo anterior, cabe hacer presente que el artículo 11 de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, prevé que la respectiva entidad licitante requerirá, en conformidad al reglamento, la constitución de las garantías que estime necesarias para asegurar la seriedad de las ofertas presentadas y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo, en la forma y por los medios que lo establezcan las respectivas bases de la licitación.
A su vez, el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la citada ley, dispone, en el inciso segundo del numeral 6° de su artículo 22, que las mencionadas cauciones tienen por objeto resguardar el correcto cumplimiento, por parte del proveedor oferente y lo adjudicado, de las obligaciones emanadas de la oferta y/o del contrato; mientras que en el inciso primero de su artículo 31, determina que cuando se solicite garantía de seriedad de la oferta, las bases deberán establecer el monto, plazo de vigencia y si debe expresarse en pesos chilenos, unidades de fomento o en otra moneda o unidad reajustable.
Por su parte, el numeral 5.2., letra a), de las bases administrativas generales del procedimiento concursal que se analiza, al regular la modalidad de la licitación, indica, en lo que interesa, que el sobre denominado documentos anexos debe contener una boleta bancaria a la vista e irrevocable, que garantice la seriedad de la oferta tomada a la orden de la unidad técnica, con un plazo de vigencia de a lo menos 30 días (corridos) a contar de la fecha de apertura de la propuesta.
Ahora bien, de los antecedentes revisados, aparece que la apertura de las ofertas presentadas se realizó el día 6 de marzo de 2013, y que la caución de la empresa a quien en definitiva se adjudicó la licitación de que se trata, pese a cubrir un período de treinta días como señalaron las respectivas bases concursales, tenía como plazo de duración solo hasta el 12 de ese mes y año, es decir, no cumplía con la exigencia referida precedentemente.
Además, consta que la Municipalidad de Peñaflor, ese mismo día 12 de marzo de 2013, procedió a adjudicar la propuesta de la especie al oferente respecto de quien se reclama, a través del decreto N° 2.087, para luego, al día siguiente de tal actuación, esto es, el 13 de ese mes y año, firmar el contrato pertinente, que fuera aprobado en igual data, mediante el decreto N° 2.163, de dicha entidad edilicia.
En este orden de ideas, conviene recordar que la jurisprudencia administrativa de este Órgano de Control contenida, entre otros, en el dictamen N° 14.005, de 2011, ha precisado que la solución de los problemas que se presenten en los procesos licitatorios en relación con las garantías exigidas, y la interpretación de las normas involucradas, debe considerar, sobre la base de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los proponentes, un criterio finalista, que trascienda una excesiva rigidez formal, en aras de cumplir el objetivo que se pretende con el establecimiento de esos requisitos.
Asimismo, cabe hacer presente que según se indicara en el dictamen N° 78.872, de 2012, el objeto fundamental de la garantía de seriedad de la oferta es respaldar la actuación de un oferente hasta el momento que firma el contrato.
Agrega dicho pronunciamiento que, tal como lo ha sostenido la doctrina nacional, en particular, el autor Claudio Moraga Klenner, en su libro Contratación Administrativa, Editorial Jurídica de Chile, 2012, “la garantía de seriedad de la oferta cumple múltiples funciones dentro del procedimiento administrativo, a saber: (i) habilita la admisión del licitador o proponente en el acto de presentación de ofertas; (ii) asegura la seriedad del ofrecimiento que hace cada proponente o participante; (iii) garantiza que se cumplirá con la propuesta formulada; (iv) cauciona que se celebrará el contrato licitado, y (v) asegura que el proponente mantendrá el precio durante el plazo establecido en el pliego de condiciones”.
En virtud de las consideraciones anotadas, y teniendo en cuenta que, en la especie, la empresa adjudicataria mantuvo los términos de su oferta, firmándose, en definitiva, el contrato respectivo, sin que se advierta que la manera en que se extendió la caución por la que se reclama haya perjudicado al resto de los proponentes, respetándose su libre concurrencia e igualdad, debe concluirse que tal circunstancia no constituye un error de una magnitud tal que afecte la validez de la licitación pública en comento.
Lo anterior, por cierto, es sin perjuicio de las medidas que deba adoptar la Municipalidad de Peñaflor con el objeto de evitar que, en lo sucesivo, se repitan situaciones como la descrita, pues es esa entidad edilicia quien debe velar porque se respeten las condiciones establecidas en las bases administrativas de los procedimientos concursales que convoque, toda vez que estas son la principal fuente de derechos y obligaciones tanto de la Administración como de los licitantes (aplica criterio contenido en el dictamen Nº 45.946, de 2002).
Finalmente, y a mayor abundamiento, se ha estimado pertinente recordar que, según lo ha precisado, entre otros, el dictamen N° 24.337, de 2002, de este origen, la potestad invalidatoria -que correspondería ejercer si se acogiera el reclamo del peticionario- tiene como límite aquellas situaciones jurídicas consolidadas sobre la base de la confianza de los particulares en la Administración, puesto que la seguridad jurídica de tal relación amerita su amparo.
Fuentes legales.
ley 19886 art/11 dto 250/2004 hacie art/22 num/6 inc/2 dto 250/2004 hacie art/31 inc/1
Jurisprudencia.
Aplica dictámenes 38566/2013, 14005/2011, 78872/2012, 45946/2002, 24337/2002
Acción Dictamen Año
Aplica 038566N 2013
Aplica 014005N 2011
Aplica 078872N 2012
Aplica 045946N 2002
Aplica 024337N 2002
Rechaza solicitud de reconsideración del oficio N° 78.872, de 2012, de esta Contraloría General.
Se ha dirigido a esta Contraloría General la Municipalidad de Lo Barnechea, solicitando la reconsideración del oficio N° 78.872, de 2012, de este origen, el cual concluyó, en síntesis, que no correspondió que esa entidad edilicia hiciese efectivo el cobro de la boleta de seriedad de la oferta presentada por la empresa Publicidad Exterior Publivía S.A. en el marco de la licitación pública convocada para la “Concesión de Espacios Públicos para la Provisión, Instalación, Mantención y Explotación de Elementos de Mobiliario Urbano con Publicidad Asociada”, en esa comuna.
Señala el municipio en esta oportunidad, que el cobro de la mencionada caución se ajustó a derecho, toda vez que, por una parte, la aludida empresa aceptó las bases administrativas respectivas y sus condiciones al haber participado en el proceso de licitación de la especie y, por otra, porque aquellas contemplaban expresamente, a título de cláusula penal, que la garantía en comento sería cobrada en caso de presentar los oferentes una declaración falsa, situación que se verificó en la especie, al acompañar la empresa una declaración jurada en orden a que no mantenía deuda vigente con el municipio, en circunstancias que ello no era efectivo.
Agrega que, en todo caso, este Organismo de Control, debe abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre la materia, por cuanto se trata de un asunto litigioso, respecto del cual la empresa afectada debería haber reclamado oportunamente ante el Tribunal de Contratación Pública, sin que en la actualidad se pueda anular la cláusula de las bases administrativas de que se trata.
Sobre el particular, cabe señalar, en primer término, que acorde con lo manifestado en el dictamen N° 20.710, de 2011, de este origen, entre otros, las materias de competencia de dicho órgano jurisdiccional no han sido sustraídas del ámbito sobre el cual debe esta Entidad de Fiscalización ejercer sus potestades, salvo las excepciones que expresamente contempla el ordenamiento jurídico, motivo por el cual no resulta procedente la alegación planteada por la autoridad recurrente en orden a que esta Contraloría General no podría conocer sobre la materia.
Luego, analizada la situación de la especie, es dable reiterar el criterio sustentado por este Organismo de Control en los dictámenes N°s. 30.509, de 1997, y 14.005, de 2011, en el sentido que el objeto fundamental de la garantía de la seriedad de la oferta es respaldar la actuación de un oferente hasta el momento en que firma el contrato adjudicado, por lo cual no corresponde establecer en las respectivas bases administrativas, que la caución que se otorgue tenga el carácter de cláusula penal, tal como lo hizo el municipio, debiendo necesariamente concluir, entonces, que las mencionadas bases, en ese aspecto, no se ajustaron a derecho.
Además, es necesario tener presente que, en todo caso, la oferta de la empresa Publicidad Exterior Publivía S.A. fue desestimada por el municipio, dejándola fuera de bases, por lo que no correspondía, en caso alguno, cobrarla, toda vez que dicha situación implica, en conformidad con lo expresado con anterioridad, un enriquecimiento sin causa en favor de la entidad edilicia, cuestión que no resulta admisible.
En este orden de consideraciones, cabe manifestar, en relación con los argumentos planteados por el municipio recurrente, que si bien las bases administrativas constituyen parte del marco regulatorio de una licitación pública -en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y 10, inciso tercero, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios-, ello supone que aquellas se ajusten a derecho, por lo que el hecho de que la empresa Publicidad Exterior Publivía S.A. haya aceptado dichas bases al haber participado en el proceso concursal, no constituye un elemento que permita validar la irregularidad de que se trata.
Así, considerando que la entidad recurrente no ha aportado nuevos antecedentes ni argumentaciones jurídicas que permitan reconsiderar el dictamen N° 78.872, de 2012, se confirma ese pronunciamiento, debiendo la Municipalidad de Lo Barnechea adoptar todas las medidas que sean pertinentes a fin de regularizar la situación, e investigar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas en aquella, informando de ello a este Organismo de Control en el plazo de 15 días, contado desde la recepción del presente oficio.
Fuentes legales.
ley 18575 art/9 ley 19886 art/10 inc/3
Jurisprudencia.
Aplica dictámenes 20710/2011, 30509/97, 14005/2011 Confirma dictamen 78872/2012
Acción Dictamen Año
Aplica 020710N 2011
Aplica 030509N 1997
Aplica 014005N 2011
Confirma 078872N 2012
No ha correspondido que Municipalidad haya cobrado boleta de seriedad de la oferta en licitación que indica, por la falsead de algunas declaraciones o antecedentes que debían acompañarse a la misma, por cuanto las bases no podían contemplar esa posibilidad y el cobro no se coincide con la naturaleza de la garantía de seriedad de la oferta.
Se ha dirigido a esta Contraloría General don Cristóbal Reyes Urzúa, en representación de la empresa Publicidad Exterior Publivía S.A., reclamando en contra de la Municipalidad de Lo Barnechea, en atención a que esta, en el marco de la licitación denominada “Concesión de Espacios Públicos para la Provisión, Instalación, Mantención y Explotación de Elementos de Mobiliario Urbano con Publicidad Asociada en la Comuna de Lo Barnechea”, habría hecho efectivo el cobro íntegro de la boleta de garantía de seriedad de la oferta que acompañara su representada, sin que se cumplieran los supuestos que lo hicieran procedente.
Al respecto, expone, en síntesis, que la empresa no registra deudas con la municipalidad por ningún concepto, que la supuesta falsedad de la declaración que se debía acompañar a la licitación se debió a que esta se basó en información errónea entregada por el propio municipio; y, que no se le adjudicó una posición publicitaria por haber quedado fuera de las bases, por lo que el cobro de la garantía no se condice con el objeto de esta.
Requerida al efecto, la Municipalidad de Lo Barnechea indicó, en lo que interesa, que se hizo efectivo el instrumento en comento en base a que se comprobó la falsedad de una declaración presentada por el peticionario, en la cual aseveraba no tener deudas con la referida entidad edilicia a la fecha del llamado a licitación.
Sobre el particular, es dable recordar que los bienes nacionales de uso público administrados por las entidades edilicias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, letra c), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, pueden ser objeto de concesiones, en virtud de lo previsto en los artículos 8°, inciso tercero, y 65, letra j), de ese texto legal.
Luego y sin perjuicio de la referida normativa, cabe manifestar que a las licitaciones públicas convocadas por los municipios para otorgar ese tipo de concesiones, les resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, según el cual los contratos administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en conformidad a la ley, rigiéndose el procedimiento concursal por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato.
Por su parte, la jurisprudencia de esta Contraloría General, contenida en los dictámenes N°s. 62.483, de 2004, y 45.757, de 2009, ha precisado que en un concurso público el objeto esencial de las formalidades que lo rodean persigue, por una parte, garantizar los derechos del Estado y, por la otra, otorgar por la vía de la transparencia del proceso y de la igualdad de los licitantes, seguridad jurídica a quienes postulan a una licitación llamada por la Administración.
Asimismo, de acuerdo con el criterio sustentado por los aludidos pronunciamientos, dichos principios son los valores protegidos por la normativa que regula las solemnidades de la licitación, de manera tal que la inobservancia de las formalidades producirá la ineficacia de la propuesta de un oferente solo en la medida en que se constate que realmente la omisión tipificada causa desmedro a los derechos del Estado, resta transparencia al proceso o rompe el principio de igualdad de los licitantes en términos que la conducta infractora privilegia a uno de ellos en perjuicio de los demás.
En este contexto, la Administración, al confeccionar el pliego de condiciones y al aplicar sus reglas, debe tener en consideración la naturaleza propia de las cauciones que pueden operar en un proceso licitatorio.
En este orden de ideas, es del caso recordar, de conformidad con el criterio sustentado por esta Entidad Fiscalizadora, contenido en los dictámenes N°s. 30.509, de 1997, y 14.005, de 2011, que el objeto fundamental de la garantía de seriedad de la oferta es respaldar la actuación de un oferente hasta el momento en que firma el contrato adjudicado.
En concordancia con lo anterior, según el criterio contenido en el dictamen N° 60.256, de 2012, de este origen, no corresponde establecer en las bases que la garantía que se otorgue -en este caso, de seriedad de la oferta- tenga el carácter de cláusula penal, ya que ello contraviene el objeto de esa caución.
En el mismo sentido, los dictámenes N°s. 45.573, de 2011, y 48.929, de 2012, de este origen, han indicado que no corresponde que la entidad licitante haga efectiva la boleta de garantía de seriedad de la oferta ante la omisión de alguno de los antecedentes requeridos por las bases.
Por su parte, es necesario manifestar que, tal como lo ha sostenido la doctrina nacional, en particular, el autor Claudio Moraga Klenner, en su libro Contratación Administrativa, Editorial Jurídica de Chile, 2012, “la garantía de seriedad de la oferta cumple múltiples funciones dentro del procedimiento administrativo, a saber: (i) habilita la admisión del licitador o proponente en el acto de presentación de ofertas; (ii) asegura la seriedad del ofrecimiento que hace cada proponente o participante; (iii) garantiza que se cumplirá con la propuesta formulada; (iv) cauciona que se celebrará el contrato licitado, y (v) asegura que el proponente mantendrá el precio durante el plazo establecido en el pliego de condiciones.”
Del marco jurídico enunciado es posible colegir que no resulta procedente hacer efectivas las boletas de garantía correspondientes a ofertas que han sido declaradas inadmisibles o desestimadas, por cuanto, por una parte, en tal caso no se cumple el fin último de la respectiva caución, es decir asegurar la celebración del contrato en los términos ofrecidos y, por la otra, no existe un detrimento a los intereses del Estado que se pretenden resguardar con aquella y, por ende, de cobrarla, se produciría un enriquecimiento sin causa a favor del municipio.
Ahora bien, en la especie, es dable manifestar que de los antecedentes tenidos a la vista, se verifica que el punto 4.9, “Garantía de seriedad de la oferta”, de las bases administrativas en comento, dispuso, en lo que interesa, que esa caución podría hacerse efectiva cobrando íntegramente su monto, a título de cláusula penal, si se comprobare la falsedad de algunas declaraciones o antecedentes que debían acompañarse a la licitación, previo a la fecha de expiración de la misma.
Asimismo, cabe indicar que la sociedad recurrente, tal como se desprende del acta del concejo correspondiente a la sesión de fecha 21 de octubre de 2010, fue dejada fuera de bases, quedando impedida de adjudicarse el aludido proceso licitatorio.
Por consiguiente, y en mérito de lo expuesto, resulta forzoso concluir que no ha correspondido que la Municipalidad de Lo Barnechea haya cobrado la caución en comento por la falsedad de algunas declaraciones o antecedentes que debían acompañarse a la licitación, puesto que, por una parte, no correspondía que las bases contemplaran esa posibilidad y, por la otra, el referido cobro no se condice con la naturaleza de la garantía de seriedad de la oferta.
En consecuencia, ese municipio deberá arbitrar las medidas que procedan a fin de regularizar la situación enunciada e investigar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas en aquella, informando de ello en el plazo de 30 días a esta Contraloría General.
Fuentes legales.
ley 18695 art/5 lt/c, ley 18695 art/8 inc/3, ley 18695 art/65 lt/j, ley 18575 art/9 ,
Jurisprudencia.
Aplica dictámenes 62483/2004, 45757/2009, 30509/97, 14005/2011, 60256/2012, 45573/2011, 48929/2012
Acción Dictamen Año
Aplica 062483N 2004
Aplica 045757N 2009
Aplica 030509N 1997
Aplica 014005N 2011
Aplica 060256N 2012
Aplica 045573N 2011
Aplica 048929N 2012