Dado que los fundamentos de las alegaciones planteadas por los inculpados siempre conciernen al mérito de la decisión adoptada al término de un proceso sumarial y no a su legalidad, cabe manifestar que si bien a la  Contraloría General le compete velar por el respeto de las normas legales y constitucionales que rigen a los servidores municipales, incluidas las que regulan los procedimientos disciplinarios, ello no la convierte en una instancia procesal para dejar sin efecto un acto administrativo dictado por la autoridad competente, sobre la base de la exposición de los mismos hechos ya investigados en el sumario, tal como suele acontecer en la especie.

(aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 28.791, de 2009, y 65.284, de 2011). 

https://www.contraloria.cl/buscadorpdf/dictamenes/001217N12/html