En el sector público, estos objetivos son muy significativos. Las disposiciones jurídicas y normativas prescriben los objetivos, la estructura y los mecanismos para la consecución de los objetivos institucionales y el reporte del desempeño de la institución. La Comisión Administración debe considerar de manera integral los objetivos de cumplimiento legal y normativo, así como determinar qué controles diseñar, implementar y operar para que la institución alcance dichos objetivos eficazmente.

Como parte de la especificación de los objetivos de cumplimiento, la institución tiene determinadas leyes y regulaciones que le aplican.

Salvaguarda de los Recursos Públicos y Prevención de Actos de Corrupción

Un subconjunto de las tres categorías de objetivos es la salvaguarda de los recursos públicos y la prevención de actos de corrupción. La Comisión de Administración es responsable de establecer y mantener un control interno que:

• Proporcione una seguridad razonable sobre el adecuado ejercicio, utilización o disposición de los recursos públicos;

• Prevenga actos corruptos;

• Detecte y corrija oportunamente las irregularidades, en caso de que se materialicen; y

• Permita determinar, de manera clara, las responsabilidades específicas del personal que posibilitó o participó en la ocurrencia de las irregularidades.

Establecimiento de Objetivos Específicos

A partir de los objetivos estratégicos, La Presidencia debe desarrollar, con la participación de la Comisión de Administración, los objetivos específicos para toda la estructura organizacional. La Presidencia define objetivos específicos, con normas e indicadores de desempeño, que deben ser comunicados al personal responsable de su consecución. La Presidencia, la Comisión de Administración y los demás servidores públicos requieren comprender los objetivos estratégicos, sus objetivos específicos y las normas e indicadores de desempeño que aseguren la rendición de cuentas como parte inherente del funcionamiento del control interno.