Un consultorio odontológico tiene que instalar un costoso filtro de mercurio en el drenaje de aguas, cuando hace años que no usan amalgamas con mercurio. Un oftalmólogo ve como le cierran el consultorio porque el cielo raso instalado recientemente “no es lavable”, en un sitio lleno de equipos electro-ópticos, un internista tiene que contratar otra secretaria para que le lleve un registro con 15 detalles para cada vez que entrega una muestra médica y otro que le pese la basura que sale de su consultorio en tres clasificaciones distintas.
Son solo unos pocos ejemplos de la “normativa” en Salud, que con toda acuciosidad aplican y exigen los funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental. Quienes han construido, con años de esfuerzo una práctica digna y se han esforzado por dotar sitios de atención en condiciones muy superiores a los que organiza la misma Secretaría de Salud, se ven ahora inclementemente perseguidos por unos funcionarios, sin ninguna capacidad para entender y adaptar unas normas generales, muchas de las cuales se hacen para hospitales y grandes organizaciones. Las exigencias son extremas y ridículas, y nada significan para la seguridad de los pacientes o la calidad de la atención. Y esto en un ambiente en el que se permiten cientos de garajes y chuzos informales en los que se hacen toda clase de engaños, en las peores condiciones locativas y de higiene.
Es muy difícil no estar enterado de la crisis de la Salud. Todos los días salen las noticias de los hospitales y clínicas que quiebran o están a punto de hacerlo, de EPSs que se roban y están intervenidas, de las enormes cifras de cartera que maneja el sector de prestadores.
En este ambiente, colmado de garantías teóricas para los pacientes, en el que cada vez son mayores los compromisos y obligaciones de quienes se atreven a prestar un servicio de Salud, pero que, también por decreto, nadie paga, en el que los márgenes de operación son cada vez más estrechos, se nos viene un estado con mil exigencias inauditas y en los niveles más inverosímiles, para poder operar.
Los médicos y Clínicas corren a gastar millones en reformas, ampliaciones, contrataciones, registros y pruebas, si no quieren enfrentar al estado interventor y obstructor que les cierra su operación.