La gran estafa argentina

Una deuda pública ilegítima y odiosa, plagada de ilícitos con nombre y apellido, que menoscaba la soberanía nacional. La responsabilidad de la última dictadura, pero también de los tres poderes del Estado desde 1983 a hoy. El planteo de suspender todos los pagos mientras se audita. Y una discusión crucial: cómo evitar la hipoteca del endeudamiento eterno

Por Julio C. Gambina

La deuda pública argentina es un condicionante estructural recurrente desde la dictadura genocida y que todos los turnos constitucionales desde 1983 renegociaron. Eso no le otorga legalidad, ni legitimidad, e impone su investigación con participación popular para delimitar, además, su carácter odioso. Mientras se audita la deuda pública deben suspenderse todos los pagos.

En la coyuntura preocupa el fuerte endeudamiento del período de gobierno de Mauricio Macri: según un informe del BCRA, al tiempo que ingresaron más de 100.000 millones de dólares, 86.200 millones se fugaron constituyendo activos externos en el exterior. Toda una estafa, ya que esos recursos no fueron destinados a mejorar las condiciones de vida del pueblo, sino en provecho de un núcleo reducido de especuladores y parte esencial del poder en la Argentina. Igual, preocupa toda la deuda, la de arrastre y negociada en cada turno gubernamental.

La complicidad en la gran estafa es de los sucesivos poderes ejecutivos desde 1983, pero también de los otros poderes del Estado. Del Legislativo por ceder atribuciones constitucionales al Ejecutivo, y del Judicial por negligencia en no asumir la responsabilidad propia. En el 2000, la Justicia derivó tratamiento de sentencia al Parlamento a propósito de la denuncia de Alejandro Olmos sobre el endeudamiento durante la última dictadura. Esa investigación asentó 477 ilícitos, cuantiosas irregularidades y además identificó con nombre y apellido a los responsables, algunos de los cuales —Domingo Cavallo y José Luis Machinea, entre otros— continuaron desempeñando funciones de gobierno en sucesivas etapas.

Producto de ese endeudamiento histórico, se reiteran políticas de ajuste y regresivas reestructuraciones económicas en perjuicio del pueblo argentino.

Todos los años deben destinarse ingentes recursos fiscales para cancelar deuda —por lo general intereses, ni siquiera capital— en vez de utilizarlos para atender las necesidades y los derechos de la población. Peor aún, a cambio de las reestructuraciones de deuda se ha ofrecido en canje patrimonio público en desmedro de la soberanía. Ahora, se consolida la estafa convalidando un espurio acuerdo con el FMI y con grandes fondos financieros para condenar a la Argentina a la gran hipoteca del endeudamiento eterno.