Covid, Industria Argentina… ¿y después?

La sociedad del Estado con el sector productivo, única salida del escenario catastrófico que presenta la pandemia. La importancia de que trabajadores y empresarios puedan consensuar un objetivo común. El caso Vicentin y la industria nacional como resorte de soberanía

Por Hernán A. Pini, secretario de Industria de la Confederación General Económica de la República Argentina

¿Qué mundo imaginamos que vendrá después del Covid-19? ¿Una simple prolongación —mejorada, deteriorada, idealizada— del presente? ¿O una simple proyección de nuestros deseos?

Desde que se detectó el primer caso —en diciembre de 2019— han pasado seis meses durante los que se han ensayado diversas teorías y soluciones, remedios de dudosa receta, incluso magia. La realidad es que asistimos a un acontecimiento extraordinario, que cambió el mundo para siempre, y lo único que depara el futuro es incertidumbre.

En este marco, la tarea de un buen gobierno quizás consista en asumir la incertidumbre y, desde ese lugar sombrío, transformar el pánico irracional en temor productivo. Como afirmaba Maquiavelo: “Gobernar es en esencia gestionar el miedo”.

El renovado protagonismo de la ciencia y el regreso de un Estado presente son luces de esperanza que se empiezan a entrever en este escenario inédito en los últimos cien años. Otra señal alentadora es cierta revalorización de la vieja idea de una industria nacional asociada a la necesidad de recuperar segmentos de cadenas de suministros hasta ahora deslocalizados. El hecho de que Argentina disponga de dos de las pocas fábricas de respiradores artificiales que hay hoy en el mundo (se trata de una tecnología del siglo XX, de la época en que el país contaba todavía con una industria pujante) constituye una ventaja sanitaria significativa. Y, más importante aún, expresa un concepto central en la voluntad de ser nación: la industria nacional como resorte de soberanía.

La oportunidad es única. Las crisis suelen ser el momento en el que los gobiernos populares imponen decisiones audaces que en otros tiempos hubieran generado una fuerte resistencia neoliberal. La crisis del 2001 permitió el tratamiento de la ley de genéricos y la del 2009 contribuyó a estatizar las AFJP y a concretar la Asignación Universal por Hijo. Hoy, el gobierno de Alberto Fernández está pagando el Ingreso Familiar de Emergencia, una ayuda extraordinaria para trabajadores informales, irrepresentados e invisibles, como una versión local de la renta básica universal que se discute en el mundo.

En este momento único, la recuperación de la empresa Vicentin es sumamente importante y estratégica. A partir del DNU 522/20, que establece la intervención y posterior expropiación de la vaciada empresa, el Gobierno dio paso a su pertenencia peronista en la mayoría de los análisis.

Como ocurrió durante los gobiernos populares de mediados del siglo XX (Lázaro Cárdenas en México, Getulio Vargas en Brasil, la Revolución Nacional de Víctor Paz Estenssoro en Bolivia y Juan Domingo Perón en Argentina), en distinta medida se ensayan redefiniciones sobre los regímenes de propiedad. No hay verdades inamovibles: estamos en un momento en que es posible ampliar los límites de lo pensable y desplazar lo que se entiende por productivo, por desarrollo y —por qué no— por propiedad. Sin que nada quede por fuera de la democracia.

Qué podemos agregar a lo que ha salido a la luz en estos días acerca del Grupo Vicentin: cómplices de la dictadura genocida del ´76, nacionalizaron sus deudas con Cavallo en los ´80, crearon un entramado de empresas con el único fin de evadir miles de millones de dólares y fugar divisas a paraísos fiscales, precarizaron trabajadores, traicionaron la confianza de miles de productores rurales a los cuales dejaron casi en la ruina, contrabandearon cereales convirtiendo a Paraguay en el mayor exportador de la zona y, por si fuera poco, volvieron a pedir otra vez la ayuda de un Estado bobo para que se hiciera cargo del muerto.

Pero esta vez no será así. Esta vez no nos pueden torcer el brazo. El Gobierno debe seguir adelante con la expropiación de (lo que queda de) Vicentin y asegurar que a los responsables de tamaño desfalco les caiga todo el peso de la ley. Fue cuasi pornográfica la complicidad de las anteriores autoridades del Banco Nación, que le otorgaron a sola firma miles de millones de pesos en préstamos poco antes de su cesación de pagos, en detrimento del financiamiento de las Pymes.

La decisión de recuperar la empresa es trascendental para el futuro económico y productivo del país. Ya lo habíamos advertido en una reunión pre pandemia, en la sede del PJ de calle Matheu, cuando señalamos que el país necesitaba imperiosamente una entidad que regulara el mercado de cereales y su exportación.

Previsiblemente, no tardaron en aparecer las operaciones destituyentes de los sectores políticos que tomaron partido a favor de intereses foráneos, en sociedad con los medios de comunicación mercenarios, agitando el trillado fantasma de los últimos tiempos: expropiación-peronismo-populismo-estatismo-comunismo como parte de un todo que nos llevaría inexorablemente “otra vez” a Venezuela.

En contrapeso a la movida político-mediática, la presidencia de Alberto Fernández cuenta con el apoyo de trabajadores, cooperativas, entidades empresarias y del movimiento peronista. Todos estos actores sociales sabemos que no podemos permitir la extranjerización de una empresa nacional de referencia en el entramado agroindustrial: se trata de una decisión que reafirma el renovado rol del Estado como motor y promotor del desarrollo de la economía post pandemia.

Más allá de las circunstancias actuales —en las que tanto la industria y la producción en general como los trabajadores están al borde del abismo—, la única salida posible será la que lleve adelante esa imprescindible sociedad entre el Estado y el sector productivo. En este sentido, en la Confederación General Económica de la República Argentina estamos convencidos de que hay que reunir en una amplia mesa al Estado y a todos los sectores de la sociedad, evocando aquel Pacto Social en el que empresarios y trabajadores pudieron consensuar un objetivo común. Si bien las circunstancias históricas hicieron fracasar aquel intento, debemos mejorar y adaptar la idea a las nuevas reglas, a los nuevos actores, al Nuevo Mundo que nos tocará en suerte.