El triunfo electoral de Luis Arce y David Choquehuanca en las elecciones presidenciales de octubre de 2020, representa un acontecimiento histórico en las luchas por la instauración de la democracia en América Latina. La embestida neoimperial que ha caracterizado las relaciones asimétricas de poder entre los Estados Unidos y la América Latina/Caribe a lo largo de dos siglos de repúblicas independientes, se ha hecho patente en diferentes latitudes en el transcurso del siglo XXI. El Golpe de Estado orquestado en Honduras contra el gobierno de Manuel Zelaya en junio de 2009, la intromisión militar estadounidense en Haití posterior al terremoto de 2010, la destitución vía juicio político contra Fernando Lugo (Paraguay) y Dilma Rouseff (Brasil) en 2012 y 2016 respectivamente, así como el intento de remoción parlamentaria contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2016-2017 (1), representan casos de violación sistemática a la integridad y soberanía nacional/regional latinoamericana (Ochoa, 2019). En este contexto, octubre de 2019 fue testigo de un violento Golpe de Estado contra uno de los gobiernos con mayor arraigo dentro de la ola progresista latinoamericana: el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera socorridos bajo el derecho de asilo político por parte del Gobierno mexicano.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional avalaron el gobierno de facto. Se consumó la imposición del proyecto político-militar de derecha promovido por las élites empresariales de la Media Luna (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), las iglesias evangélicas (en complemento con los segmentos ortodoxos de la Iglesia católica), así como la intervención de las fuerzas extranjeras promulgadas desde Washington (2). La toma de posesión de la senadora Jeanine Áñez como presidenta interina en noviembre de 2019, generó una ola de protestas populares que culminaron con la represión y asesinato de más de cincuenta personas en las regiones de El Pedregal (La Paz), Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto). La persecución, violencia y racismo contra los movimientos sociales y dirigentes políticos, caracterizó la agenda del gobierno impostado que legitimó el fundamentalismo religioso como proyecto político. No obstante, una de las grandes lecciones generadas por el proceso boliviano de las últimas décadas consiste en la relevancia de la movilización popular. La articulación de proyectos políticos de transformación social se construyen mediante el diálogo y participación activa desde abajo. Así dicho, las manifestaciones sociales contra la imposición de las medidas neoliberales en el decenio 1990-2000, aperturaron un escenario político-institucional inédito. Las luchas en contra de la privatización del agua y el gas de 2000 y 2003, impulsaron la participación de sujetos e identidades sociales históricamente invisibilizadas por los cánones tradicionales del pensamiento político eurocentrado: colectivos indígenas, mujeres, jóvenes, campesinos, trabajadores precarizados.

En este contexto, la elección boliviana de octubre 2020 representa un triunfo político y simbólico para las luchas populares. Con una participación del 87% del electorado, la fórmula Arce-Choquehuanca del Movimiento al Socialismo (MAS) conquistó el triunfo electoral en la primera vuelta con el 55.1% de la votación (equivalente a 3.3 millones de sufragantes) (3). El asedio y crisis institucional de la democracia boliviana, desarrollado en una coyuntura de crisis económica y sanitaria producto de la pandemia del SARS-COV-2, fue revertido por la articulación social. Las movilizaciones de base, sin dejar de asumir posicionamientos críticos con respecto a las pautas contradictorias que caracterizan los procesos de transformación social (4), respaldaron las tres elecciones presidenciales del gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera (2006-2010; 2010-2015; 2015-2019). El proyecto de la Refundación del Estado (5) colocó en un plano central el carácter plurinacional y multicultural de la territorialidad boliviana. La formulación de principios ético-políticos se enmarcaron bajo las cosmovisiones indígenas, destacando el papel del Suma Qamaña/ Buen Vivir (6) aymara como eje rector de la vida comunitaria en vinculación con la Naturaleza.

Sin duda, uno de los pilares del proyecto boliviano ha consistido en desmontar las estructuras heredadas por el neoliberalismo. El decreto 21060 firmado por Paz Estenssoro en agosto de 1985 impuso las políticas de estabilización y ajuste estructural. Sin embargo, la llegada de Evo Morales dio marcha atrás a dos décadas de implementación de un modelo económico orientado en las exportaciones. Bajo una articulación central del Estado, el entonces Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, formuló el Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo. El Nuevo Modelo promueve un enfoque integral de la actividad económica. Esto es, la articulación de la economía estatal, en complemento con la economía privada, comunitaria y cooperativa, conforman un paradigma emergente sustentado en la economía plural (Figura 1). La regulación y planificación del excedente económico juega el rol prioritario en la consecución de las necesidades sociales. Para ello, el modelo se sustenta en dos ejes: 1) la generación del excedente económico a partir de la actividad de los hidrocarburos, minería, electricidad y recursos naturales; 2) la generación de ingreso y empleo con base en la labor de la manufactura, turismo, vivienda, desarrollo agropecuario y demás áreas económicas. La conexión de ambos motores permitirá en un mediano plazo la modificación del patrón productivo nacional. En el proceso de transición, el Estado juega el rol de redistribuidor de la riqueza como forma de paliar las desigualdades sociales (Arce, 2011a).

Después de una década de implementación, el Nuevo Modelo ha generado un desempeño económico y social sin precedente a nivel continental. En el transcurso del periodo 2006-2018, el Producto Interno Bruto boliviano se multiplicó por 4.5 (9 mil millones a 40 mil millones de dólares); en términos de la línea de pobreza, se experimentó una reducción de 59% a 34%, mientras que la pobreza extrema se contrajo de 38% a 15%. En materia laboral, el desempleo formal se comprimió a la mitad (8.1% a 4.2%), en tanto que el salario mínimo aumentó de manera vigorosa (60 a 310 dólares). Esto significa que más del 60% de la población cuenta con ingresos medios. Con respecto al sistema monetario, Bolivia experimentó un proceso de apreciación y estabilidad cambiaria que arrojó un tipo de cambio de 6.95 pesos por dólar; por otro lado, el sistema financiero transitó por un proceso de reconversión de divisas, señalando además que las reservas internacionales, depósitos y Administradoras para Fondos de Pensiones sumaron un total de 53 mil millones de dólares que representan una base de estabilidad ante potenciales choques externos. De manera conjunta, la denominada bolivianización de la economía ha representado el proceso de consolidación del mercado interno mediante la emisión de depósitos, créditos y deuda en moneda local (Aristizábal, 2019; Agencia Boliviana de Información, 2019) (7).

En este orden de ideas, el proyecto político plurinacional, interrumpido por un año por los poderes fácticos, regresa a la Casa Grande del Pueblo. El arquitecto del proyecto económico integral, ahora asume el rol de primer mandatario. La toma de posesión del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca en la Asamblea Legislativa Plurinacional de La Paz, marca el inicio de un nuevo ciclo democrático en Bolivia; no obstante, este proceso se desarrolla inexorablemente en un contexto de adversidad política, económica y social. El país se encuentra sumido en una profunda recesión económica. Se estima una contracción del 11% del PIB en 2020; así mismo, el déficit fiscal registrará un 12%, producto de un significativo aumento del gasto corriente. Esto significa que el gobierno de Áñez aumentó la deuda pública, en detrimento de la inversión pública y la redistribución del ingreso. El total de deuda interna y externa contraída de noviembre de 2019 a octubre 2020, sumó 4,200 millones de dólares. No obstante, los niveles de corrupción, desigualdad, desempleo y pobreza (Arce, 2020). Por otro lado, la pandemia del coronavirus ha presentado un impacto severo en la población boliviana. Con un total de 9 mil decesos para finales de noviembre 2020, Bolivia es el decimoquinto país con la mayor tasa de mortalidad de COVID-19 por millón de habitantes con 776 decesos (8) (Oxford University, 2020).

En suma, Bolivia representa un principio de esperanza en la construcción de sociedades más justas y equitativas en Nuestramérica. El gobierno de Arce y Choquehuanca tienen como tarea prioritaria estabilizar y reactivar el proyecto de la Refundación del Estado plurinacional boliviano. Para ello resulta indispensable revertir en el corto plazo la debacle económica, reactivar el mercado interno para fomentar el consumo y el empleo vía la inversión pública y privada, impulsar una estrategia integral en la mitigación de la pandemia, así como restablecer el orden y lealtad de las instituciones militares y policiales (Paz, 2020). Sin duda, la alianza Arce-Choquehuanca representan dos proyectos políticos con diferente matriz cultural, que buscan articularse y complementarse desde la diferencia. Esto es, Lucho Arce es un destacado exponente del progresismo latinoamericano sustentado en principios como el Estado de derecho, la democracia y el impulso de la economía como el motor de desarrollo para la satisfacción de las necesidades sociales que abatan los niveles de marginación, desigualdad y pobreza. En cambio, David Choquehuanca es un dirigente aymara que ha impulsado el papel de las cosmovisiones indígenas en el proyecto gubernamental. Para muestra, Choquehuanca reseñó en su discurso de toma de posesión la riqueza de las cosmovisiones originarias abordando la centralidad del ayllu como el núcleo comunitario en interrelación y equilibrio con todo lo existente (López-Velasco, 2020).

Así dicho, la conexión entre la matriz cultural propia y ajena del actual gobierno boliviano, genera que intelectuales y pensadores sociales como el histórico René Zavaleta Mercado estén más vigente que nunca. Discutir el conjunto de relaciones socio-culturales, modos de producción, estructuras políticas y visiones del mundo (que sustentan una perspectiva ontológica y epistemológica de la realidad social), dan cuenta de la formación histórico-estructural abigarrada de Bolivia y América Latina en los últimos cinco siglos. Zavaleta (2015) señaló que la Revolución de 1952 puso de manifiesto una problemática central en la reproducción del orden multisocietal boliviano con respecto a la formación política unificante del Estado nacional. La multiculturalidad latinoamericana ha sido restringida históricamente por el campo del Estado nacional como ente liberal formador de la modernidad occidental. Por lo tanto, el Estado-Nación se ha instalado como ente parcial e incompleto que responde a las demandas de la élite en el poder. De este modo, la transformación y refundación del Estado ajeno a sus formulaciones liberales, capitalistas, racistas y patriarcales, sigue vigente. Nos encontramos en una etapa de transición que, para el caso boliviano, busca dar continuidad a un proyecto que desde 2006 articula una postura plurinacional, multicultural y posneoliberal en la América Latina. No obstante, el horizonte transformador postula una etapa efectiva en la reproducción de sociedades democráticas que promulguen un escenario histórico conformado por identidades y sujetos sociales que deconstruyan-reconstruyan la estructura unívoca de la modernidad occidental. Esta etapa requiere de imaginarios emergentes que, para Choquehuanca (2020), parten de una nueva articulación social:

"El nuevo tiempo significa escuchar el mensaje de nuestros pueblos que viene del fondo de sus corazones, significa sanar heridas, mirarnos con respeto, recuperar la patria, soñar juntos, construir hermandad, armonía, integración, esperanza para garantizar la paz y la felicidad de las nuevas generaciones. Solo así podremos alcanzar el vivir bien y gobernarnos nosotros mismos".

Notas

1. La hostilidad contra el proyecto venezolano ha consistido en la imposición de un severo bloqueo económico y comercial ejecutado por los Estados Unidos. Esta situación llegó a un punto crítico con la ilegítima auto-asignación de Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela en enero de 2019.

2. Incluyendo el funesto papel jugado por Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos.

3. De igual forma, el Movimiento al Socialismo consiguió la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. En la Cámara de Diputados se ganaron 75 de 130 curules, mientras que en el Senado se obtuvieron 21 de 36 escaños posibles. En materia de equidad de género, la aplicación de la Ley de Paridad y Alternancia arrojó resultados históricos. El 47% de las integrantes de la Cámara de Diputados son mujeres, mientras que en la Cámara de Senadores la composición es 55%-45% favorable a ellas (Garcia-Naranjo, 2020).

4. Uno de los momentos de mayor tensión política entre el gobierno de Evo Morales y los movimientos sociales, consistió en la realización del referéndum de febrero de 2016 que proponía una modificación al artículo 168 constitucional para avalar la reelección posterior a tres mandatos presidenciales. Con un apretado margen, se impulsó la negativa a la propuesta con un 51.3% de la votación (48.7% de la población defendía la reelección ampliada). Sin embargo, en diciembre de 2018 el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia emitió un fallo favorable a Evo Morales para participar en las elecciones de 2019.

5. El proyecto de la Refundación del Estado comenzó con la promulgación de una nueva Constitución Política elaborada y discutida por una Asamblea Constituyente (2006-2007) con representatividad de las culturas indígenas. Por referéndum popular, el 61% de la población ratificó la Constitución Política en enero de 2009.

6. El Buen Vivir representa un principio de vida comunitario que retoma una relación holística de convivencia entre las relaciones humanas y su interacción con los demás seres vivos, incluida la naturaleza. El Buen Vivir se construye por dos dimensiones que se retroalimentan y complementan mutuamente. Por un lado, el Buen Vivir como un proyecto ético-civilizatorio que traza un horizonte de sociedad diversa y plural donde la vida en comunidad es el eje de la misma. Por otra parte, dicho proyecto presenta una dimensión concreta con experiencias y prácticas sociales que, debido a su pluralidad cultural, social y regional, no se limitan a un concepto o línea interpretativa. Las experiencias históricas de dicha matriz civilizatoria avalan una permanente construcción en función de los conocimientos, saberes y experiencias de la vida en colectivo.

7. Sin duda, la nacionalización de empresas estratégicas y recursos naturales como el gas natural, constituyó un elemento central en el proceso de consolidación económica. En contraste, una de las mayores críticas emitidas al gobierno de Evo Morales consiste en el aumento de la deuda en 132% en el periodo 2008-2018 (Aristizábal, 2019). No obstante, la deuda se emitió mayoritariamente en moneda local. Esto es, del 52% de la deuda externa en 2005, 2018 cerró con una deuda del orden del 24% del producto (Agencia Boliviana de Información, 2019).

8. Con base en la información especializada del portal Our world in data, el listado lo encabeza Bélgica con una tasa de mortalidad de 1,389.43 por millón de habitantes, seguido por San Marino (1,267.02) y Perú (1,085.26); países europeos como España (949.06) Italia (874.07) y Gran Bretaña (840.09) se encuentran en el cuarto, sexto y séptimo lugar del ranking. Argentina, México, Brasil y Chile ocupan de la octava a la onceava posición; mientras que Estados Unidos se encuentra en el doceavo puesto con 795.93 fallecimientos (información del 27 de noviembre de 2020) (Oxford University, 2020).

Referencias

Agencia Boliviana de Información (22 de enero, 2019). Evo resalta logros en 13 años de Gobierno de Bolivia. TeleSur. https://www.telesurtv.net/news/evo-morales-informe-gestion-aniversario-estado-plurinacional-20190122-0015.html

Arce, L. (2011a). El Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo. Economía Plural. Publicación mensual del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 1 (1), 3-7.

Arce, L. (2011b). El modelo neoliberal vs. el nuevo modelo. Economía Plural. Publicación mensual del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 1 (1), 8-12.

Arce, L. (8 de noviembre, 2020). Discurso toma posesión. La Razón. https://www.la-razon.com/nacional/2020/11/08/lea-el-discurso-de-posesion-completo- del-presidente-luis-arce/

Aristizábal, M. P. (23 de octubre, 2019). Los cinco logros económicos de los 13 años de gestión de Evo Morales en Bolivia. La República. h ttps://www.larepublica.co/globoeconomia/los-cinco-logros-economicos-de-los-13-an o s-de-gestion-de-evo-morales-en-bolivia-2923625

Choquehuanca, D. (8 de noviembre, 2020). Discurso toma de posesión. Pressenza. International Press Agency. https://www.pressenza.com/es/2020/11/discurso-del-vicepresidente-boliviano-davidchoquehuanca/

García-Naranjo, A. (2020). Bolivia: Expectativas y desafíos. América Latina en movimiento. https://www.alainet.org/es/articulo/209699

López-Velasco, S. (2020). Arce y Choquehuanca: brevísimas notas. América Latina en Movimiento. h ttps://www.alainet.org/es/articulo/209712

Ochoa, K. (2019). Análisis sobre la embestida neoimperial en Bolivia [Archivo de Video]. YouTube. https://youtu.be/F23YMbK8bTQ

Oxford University (27 de noviembre, 2020). Total confirmed COVID-19 deaths per million. Our World in data. https://ourworldindata.org/grapher/covid-deaths-per-million-vs-days-since-exemplar

Paz, E. (2020). Los desafíos del gobierno boliviano. América Latina en Movimiento. https://www.alainet.org/es/articulo/209842

Zavaleta, R. (2015). La autodeterminación de las masas. México: Siglo XXI & Clacso.

Leer encabezados de diversos periódicos, googlear la palabra “periodistas” y como segunda opción “asesinados”, “secuestrados”, “presos”, y que la tercera palabra sea México. Desde mi trinchera, la comunicóloga en formación es lamentable leer encabezados como “Encarcelan a comunicador…”, “Asesinan a periodista…”. Algunos incluso se acompañan de una justificante, casi como aclarando que es el precio que hay que pagar por ejercer esa profesión.

A principios del mes de noviembre se conmemoró el “2 de noviembre: Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas” y días después los actos del cuerpo policial del estado de Quintana Roo en una manifestación en contra de los feminicidios. Estos hechos son dos de las motivaciones que indujeron la redacción de este texto, sumados al dato proporcionado por la Federación Internacional de Periodistas (IFJ por sus siglas en inglés) en el que indica que México es uno de los países a nivel mundial que presentan los más altos índices de impunidad [1] (IFJ, 2020).

A nivel latinoamericano, los crímenes contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos no han cesado. En 2019, se reportaron 49 asesinatos de los cuales 18 sucedieron en Latinoamérica y se distribuyen entre México, Honduras y Brasil. De los países mencionados, México se encuentra en primer lugar con 10 casos reportados y siendo uno de los países más violentos para el ejercicio del periodismo. (de Jesús, 2020).

De acuerdo con Article 19, en México, del 2000 al 2020 se han cometido 138 asesinatos contra periodistas. Han pasado cuatro personas en el poder: Vicente Fox Quesada (22 asesinados), Felipe Calderón Hinojosa (48 asesinados), Enrique Peña Nieto (47 asesinados) y Andrés Manuel López Obrador (16 asesinados) (Article 19, 2020). A pesar del cambio de poder y las nuevas promesas que con ellos llegan, no ha mejorado la situación para el ejercicio del periodismo y se ha intensificado el estado crítico.

Además, durante 2003 y 2018 se reportaron 21 desapariciones (Reporteros Sin Fronteras, 2018) y, de acuerdo con Article 19, en el primer semestre del 2020 cada10.45 horas es agredido un/una periodista, lo que representa un aumento de las agresiones en un 45% en comparación con el año anterior. Los estados con mayores cifras de agresiones son: Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo (Article 19, 2020).

Información y violencia son un binomio bien presente hoy en día. Los principales temas que se relacionan con el asesinato a periodistas son: a) crimen, nota roja, seguridad y policiaca; b) política; c) educación. Cabe señalar que no en toda la república existen casos de crímenes contra periodistas y se debe a una “geografía del silencio”, donde los y las periodistas practican la autocensura (Ibarra, 2015).

La información es fuente para la libre toma de decisiones del pueblo. Además, también es un mecanismo para la rendición de cuentas por parte de los gobernantes. La censura, por su parte, es solo es un reflejo de la impunidad, la corrupción y el resultado de la inactividad de los Derechos Humanos en el Estado. En palabras de Arribas (2016)

“Los ataques contra periodistas tienen como principal objetivo el control de la información que los reporteros han investigado y pretenden divulgar a través de medios oficiales o en sus páginas personales. De esta manera, se cierra una ventana de información a la que hubiera tenido acceso la población” (40).

Existen tres actores identificados que participan en este contexto violento: agentes del Estado, el crimen organizado y otras figuras como fuentes de violencia (situación socioeconómica, rutas migratorias, narcotráfico y tráfico de armas, impunidad y sus graves consecuencias para el estado de derecho) (CIDH, 2016: 34-50).

Como resultado de la suma de estos actores se ha dejado “una escalada de violencia inusitada y un cambio en la estructura del crimen organizado, en la que la atomización de los cárteles de droga y la dispersión de la violencia por todo el país resulta muy alarmante” (Arribas, 2016: 40). Hasta el 2020 las olas de violencia no han cesado, sigue habiendo atentados a la libertad de expresión, de prensa y al derecho a la información. Son dichos actores los que propician la generación de violencia, no solo para el ejercicio del periodismo, sino para la sociedad en general.

El Estado reproduce el binomio de la impunidad y corrupción porque a pesar de las leyes creadas para brindar protección a los y las periodistas, existen obstáculos que se crean por las estructuras gubernamentales y que entorpecen la resolución justa de crímenes. Esto significa que los “niveles de impunidad, que históricamente se han mantenido altos en México, perpetúan la violencia ya que los actores que la comenten no sufren las consecuencias de sus actos”, porque también se incluye falta de interés gubernamental para investigar de manera seria e imparcial los crímenes cometidos lo que produce una cadena enorme de corrupción dentro del Estado. (CIDH, 2016: 48-49)

Durante el presente sexenio, con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, se han “utilizado las conferencias de prensa matutinas diarias para dominar los ciclos de noticias, utilizando el púlpito del matón para castigar y denigrar a reporteros y medios de comunicación” (Freedom House, 2020). Tanto la autocensura, desvalorizar el trabajo de los reporteros y reporteras, y acaparar espacios destinados para la prensa no dejan de ser violentos; de hecho, es una forma pasiva de silenciar.

Los medios tradicionales como lo son la televisión, la radio y la prensa no son los únicos espacios que se ven invadidos, censurados y atacados. De acuerdo con Freedom House no existe una ley que impida la discusión libre y abierta; sin embargo, en la internet existen pandillas que han atentado contra la seguridad y la libertad de los blogueros y periodistas, esto relacionado con el tema del crimen organizado y los crímenes no son castigados (Freedom House, 2020).

Es necesario e importante saber que no solo los reporteros y reporteras, medios de comunicación y espacios digitales se vean mancillados con el puño de la impunidad y corrupción. De hecho, los defensores de los derechos humanos, investigadores e inconformes con las medidas tomadas por los diferentes gobiernos existentes en nuestro país son víctimas de violencia de Estado. Hago hincapié en la relevancia del trabajo de toda persona que ejerce en el ámbito de la comunicación, pues la existencia de información crítica e imparcial influye en la toma de decisiones, es decir:

“Este ejercicio de comunicar, tanto de periodistas como de defensores de derechos humanos, se enmarca en la necesidad de abrir caminos ante autoritarismos, censuras y limitaciones a derechos relacionados con sus labores, que, además se configuran como violaciones a derechos de otras personas, que de alguna manera verían bloqueada la posibilidad de acceder también a esa información diferente de las versiones del Estado y unilaterales” (Concha, M. 2016, p. 17).

¿México puede considerarse un país democrático y libre? No del todo, de hecho, es parcialmente libre (Freedom House, 2020). La democracia y la libertad guardan una relación indisoluble, ambas “en el horizonte de sus objetivos está la promoción de la igualdad, el respeto a los derechos humanos, la consolidación del Estado de Derecho y la promoción del desarrollo”. Porque sin libertad no hay democracia y viceversa (Gómez, 2016: 49-51).

Sin embargo, derivado de las condiciones hostiles a las que se enfrentan las y los periodistas, se ha optado por la autocensura. El miedo se vuelve el pan de cada día y el camino para el incremento del “abandono del periodismo de investigación en la cobertura de temas delicados como el narcotráfico y la corrupción generando espacio de silencio y vulnerando los principios de la sociedad democrática y abierta” (Arribas, 2016: 44).

Las acciones tomadas por el gobierno mexicano para combatir la violencia tuvieron como resultado la militarización en el país y una batalla por el control del territorio con los grupos del crimen organizado. De hecho:

“En los últimos años han tenido lugar incidentes emblemáticos con participación de agentes del Estado en actos violentos, los cuales han sido reportados ampliamente en los medios de comunicación: el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México en junio de 2014, algunas de ellas presuntamente ejecutadas extrajudicialmente por miembros del ejército, lo que derivó en consignación contra elementos militares por homicidio calificado, entre otros probables delitos; el asesinato, lesiones y desaparición de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero en septiembre de 2014; la muerte de civiles presuntamente a manos de elementos de la Policía Federal en Apatzingán, Michoacán, en enero de 2015; los presuntos ataques a civiles por parte de militares en Ostula, Michoacán en mayo de 2015; el presunto enfrentamiento en el Rancho Del Sol en Ecuandureo, Michoacán en junio de 2015 en el que perdieron la vida 42 civiles y un elemento de la Policía Federal, entre otros” (CIDH, 2016: 34).

Estos sucesos, por sí solos, demuestran que la apuesta por el incremento de la seguridad que se tradujo en mejoras al cuerpo de policías y militares no aseguró el bienestar del pueblo mexicano. La violencia es un problema estructural, es una consecuencia de todas las enfermedades que atañen a México. Este texto tan solo es una muestra del grave problema que afecta principalmente a México. La violencia corre por las venas de toda América y el mundo entero, a veces pasiva y silenciosa, pero se tiñe igual de rojo.

Retomando ideas, un país parcialmente democrático no asegura que exista una libertad de expresión y por consiguiente las decisiones de la población se ven ligeramente (o extremadamente) influenciadas por lo que el gobierno o todo aquel que tenga poder quiera que se sepa. Justo por lo que se sabe, la autocensura es el camino que se toma como una alternativa de supervivencia en un país violento y corrupto.

Han pasado dos décadas desde que comenzó la violencia en el campo de la comunicación, tan solo poco más de una década del comienzo de la llamada “guerra contra el narcotráfico” que tuvo fin hace aproximadamente dos años. La nueva cabeza al mando del país presume de elecciones democráticas, pero los hechos desde inicio de año le tiran su discurso. Como lo muestra la experiencia, los cambios de administración no aseguran una reestructura en el poder y el modo de hacer las cosas.

Actos como el sucedido el 9 de noviembre de 2020 en el Palacio de Gobierno de Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo, en donde elementos de la policía dispararon a las manifestantes que exigían justicia por el feminicidio de Alexis, una joven de 20 años” (Animal Político, 2020) recalcan y dejan más que claro que la policía no brinda seguridad al pueblo.

Sin embargo, los grandes medios que dominan la televisión abierta se han encargado de desacreditar toda manifestación social encasillando a las y los manifestantes de cometer actos vandálicos. Aquí sale a la luz una pregunta ¿cuál es el motivo por el que se juzga a las y los manifestantes? ¿las notas o reportajes de este tipo -que encasillan- están manipuladas? ¿quién ordena que la nota se escriba en ese tono y con palabras que desacreditan una lucha por los derechos humanos, busca acciones justas y la seguridad de todas y todos dentro de la sociedad?

No es secreto que los medios de comunicación han estado actuando por conveniencia política, pero por qué proporcionar una vida larga a medios que no buscan compartir una opinión crítica e imparcial de los hechos y sí atacar a radiodifusoras o medios independientes que luchan por exponer una versión diferente a la que se tiene acostumbrada a escuchar.

¿Queremos otra verdad histórica o queremos justicia?

Notas

[1] La IFJ hace énfasis en la impunidad de cinco países: Yemen, India, Rusia, México y Somalia.

Referencias

Arribas-Urrutia, A. (2016). Ser o no ser periodista en México.

Article 19. (14 de septiembre de 2020). Primer semestre de 2020: crecen exponencialmente las agresiones contra la prensa y continúan los asesinatos. Recuperado el 20 de noviembre de 2020, de Article 19: https://articulo19.org/primer-semestre-de-2020-crecen-exponencialmente-lasagresiones-contra-la-prensa-y-continuan-los-asesinatos/

Article 19. (20 de noviembre de 2018). Periodistas asesinados en México, en relación con su labor informativa. Recuperado el 20 de noviembre de 2020, de Article 19: https://articulo19.org/periodistasasesinados/

CIDH y OEA. (31 de diciembre de 2015). Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México no. 44. Recuperado el 20 de noviembre de 2020, de Organization of American States: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mexico2016-es.pdf

Concha, M. (2016, Enero - Junio). Comunicación y derechos humanos. Comunicar y defender los derechos humanos: vínculos en un escenario de crisis. Revista Mexicana de Comunicación. Vol. 1, número 138. pp. 15-20.

de Jesus, N. (3 de enero de 2020). América Latina registra la mayor cantidad de periodistas asesinados en 2019. Recuperado el 20 de noviembre de 2020, de Punto y Aparte: http://www.puntoyaparte-ca.com/america-latina-registra-la-mayorcantidad-de-periodistas-asesinados-en-2019/

Federación Internacional de Periodistas. (s.f). Los autores intelectuales de los crímenes de periodistas siguen en libertad. Recuperado el 20 de noviembre de 2020, de IFP: https://www.ifj.org/es/actividades/campanas-de-la-fip/no-a-laimpunidad-2020.html

Gómez, P. (2016, Enero - Junio). Comunicación y derechos humanos. Amenazas a la libertad de expresión en México: violaciones a un valor fundamental para la democracia. Revista Mexicana de Comunicación. Vol. 1, número 138. pp. 48-55.

Ibarra, A. (19 de agosto de 2015). Violencia contra la prensa: la historia que los números cuentan. Recuperado el 20 de noviembre del 2020, de Horizontal: https://horizontal.mx/violencia-contra-la-prensa-la-historia-que-los-numeroscuentan/

Reporteros Sin Fronteras. (30 de agosto de 2018). Periodistas desaparecidos: el trágico récord mexicano. Recuperado el 20 de noviembre de 2020, de Reporteros Sin Frontera: https://rsf.org/es/informes/periodistas-desaparecidos-el-tragicorecord-mexicano