El pasado 9 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. En el decenio de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un conjunto de resolutivos que colocaron en el debate institucional los derechos de las culturas y territorios indígenas. En el marco del V Centenario del inicio de la conquista, genocidio y colonización del continente del Abya Yala, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmó el Convenio 169 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas^[2]. Así mismo, el año de 1993 fue catalogado por Naciones Unidas como el Año Internacional de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de fortalecer los derechos e inclusión de los pueblos originarios en las agendas gubernamentales. Esta medida se extendió con la proclamación del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas (1995-2004). El resolutivo 49/214 de septiembre de 1994 definió al 9 de agosto como el Día de las culturas indígenas. Esta fecha marcó el inicio del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas, que formó parte de la Comisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en 1982 (Naciones Unidas, 2020).

En 2005 se proclamó el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas (2005-2015), cuyo objetivo consistió en promover la no discriminación e inclusión de los pueblos indígenas, el establecimiento de los mecanismos para fomentar la capacidad de decisión efectiva de las comunidades, así como la articulación de políticas para el desarrollo acorde a los parámetros culturales de cada región. Estos esfuerzos institucionales se consolidaron en septiembre de 2007 con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que destacaron el papel de los derechos colectivos. Sin embargo, pese a la significativa agenda legal que consolidó dos décadas de trabajo institucional (fortalecido con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el establecimiento del Relator Especial sobre los Derechos, así como la creación del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2000-2001 y 2007, respectivamente), en la práctica siguen existiendo significativas omisiones en la promulgación de los derechos indígenas. Con el propósito de cerrar las brechas, en septiembre de 2014 se llevó a cabo la Primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en la ciudad de Nueva York, evento que buscó generar un impacto positivo en la cotidianeidad de más de cinco mil grupos indígenas, equivalente al 5% de la población mundial (Naciones Unidas, 2020).

En el ámbito nacional, la realización del Congreso Indígena Fray Bartolomé de las Casas en 1974 marcó un hito en la articulación y conciencia de los derechos indígenas. El gobierno de Luis Echeverría Álvarez promovió la realización de múltiples congresos que discutieron la dimensión indígena. En 1973, se creó el Movimiento Nacional Indígena que dio paso al congreso chiapaneco de 1974. Estas convenciones culminaron con el Congreso Nacional de Pueblos Indígenas de 1975 que derivó en la creación de los Consejos Supremos Étnicos. No obstante, la perspectiva jerárquica y discriminante del gobierno mexicano con respecto a la figura del indio, encontró el posicionamiento emergente de Samuel Ruiz García (obispo de la diócesis de San Cristóbal), quien recibió una invitación oficial para organizar el congreso indígena en el municipio de San Cristóbal. Bajo la celebración de los 500 años del natalicio del primer obispo de Chiapas, Fray Bartolomé de las Casas, la vinculación de la diócesis con la Teología de la Liberación propició un diálogo activo con los representantes de las culturas tzeltal, tzotzil, tojolabal y chol, que contó con la participación de 2 mil delegados. Las reuniones y encuentros preparatorios rumbo al congreso estatal articularon seis grandes temáticas de discusión: el papel y propiedad de la tierra, la educación, los recursos naturales, la salud, el comercio y la democracia municipal (Morquecho, 2014). Con base en la estrategia sembrar y cosechar la palabra definida por Mestries (2001: 14-16), miles indígenas^[3] discutieron en asambleas locales y regionales las problemáticas territoriales^[4].

Sin duda, este conjunto de reivindicaciones adquirió mayor trascendencia con la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero de 1994. La Primera Declaración de la Selva Lacandona develó el olvido histórico sobre los pueblos indígenas^[5]. El Ejército Zapatista (como vocero de los colectivos indígenas mayas), urgió el reconocimiento público e institucional de las autonomías y autogobiernos en los territorios originarios. La real trascendencia de este proceso consistió en develar la agencia política de los pueblos indígenas en el escenario público. El mandar obedeciendo se convirtió en el principio rector de la libre autodeterminación de las comunidades. Posterior al cese de fuego en las primeras semanas de 1994, las mesas de diálogo entre la entidad gubernamental y el ejército indígena, derivaron en la construcción del Foro Nacional Especial de Derechos y Culturas Indígenas convocado por el Ejército Zapatista en enero de 1996, además del Congreso Nacional Indígena de octubre del mismo año. Estos espacios de intercambio horizontal entre los representantes indígenas, permitieron formular las principales demandas que dieron forma a los Diálogos de San Andrés Larrainzar (Sakamch’en de los Pobres). El aval gubernamental de las negociaciones en materia de Derechos y Culturas Indígenas, asentó el reconocimiento a las autonomías de los pueblos originarios. Sin embargo, la aprobación en 2001 de la reforma constitucional en derechos indígenas por parte del Congreso de la Unión, difirió notablemente de las demandas expresadas en San Andrés. Ante el incumplimiento institucional, los pueblos mayas construyeron en 2003 la nueva política de los Caracoles y Juntas de Buen Gobierno, sustentado en las autonomías de los territorios rebeldes.

A nivel nacional, existen 68 identidades indígenas en México que ocupan más de 64 mil localidades del país. Con información del Censo Intercensal de 2015, 25.7 millones de personas se definen como indígenas. De ellas, 12 millones 25 mil 947 personas viven en territorios originarios, equivalente al 10% de la población nacional. El 75% de los residentes indígenas se localizan en los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México,Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo, donde la cultura Náhuatl, Maya y Mixteco-zapoteca presenta una mayor densidad poblacional. En términos lingüísticos, 7,4 millones de personas son hablantes de alguna lengua indígena. Así mismo, 1.3 millones de personas se identifican como integrantes de la cultura afromexicana. Sus principales asentamientos territoriales se ubican en la Costa Chica de Guerrero/Oaxaca, la Tierra Caliente michoacana, el municipio de Yanga en Veracruz y Múzquiz, Coahuila donde habita la cultura Mascogo. Sin duda, la riqueza natural en los territorios indígenas coloca a México como la cuarta nación con mayor biodiversidad en el mundo. No obstante, este panorama contrasta con los lacerantes niveles de pobreza. El 72% de la población indígena vive en condiciones de pobreza, mientras que el 28% experimenta niveles de extrema pobreza (INPI, 2018; INPI, 2018).

En este contexto, la elección presidencial de julio de 2018 marcó un potencial cambio de rumbo en la vida política del país. El triunfo del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dio fin a la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional y de los gobiernos del Partido Acción Nacional en el primer decenio del siglo XXI. Con más del 50% de la votación (equivalente a 30 millones de votantes), se han trazado expectativas sociales en la construcción paulatina de un horizonte de transformación del régimen político imperante. En materia de los derechos indígenas, el 4 de diciembre de 2018 (cuatro días después de la toma de protesta presidencial), se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), organismo público descentralizado a cargo del abogado ayuuk- mixe Adelfo Regino Montes. Entre los principios constitutivos del Instituto, se encuentra 1) la promoción y respeto al carácter pluricultural, multiétnico y la diversidad lingüística del país; 2) el reconocimiento de la libre autodeterminación de los pueblos; 3) el desarrollo sostenible de los territorios (que especifica el uso racional de los recursos); 4) el derecho a la consulta comunitaria y; 5) la participación activa de las mujeres indígenas y afromexicanas (Regino, 2020).

La publicación del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, 2018 - 2024 afianzó el enfoque institucional con respecto a las culturas originarias. Su objetivo consiste en impulsar y garantizar el bienestar integral de los pueblos indígenas y afromexicanos, como sujetos de derecho público. En términos oficiales, se busca promulgar una relación inédita que permita una plena ejecución de los derechos indígenas, con base en las autonomías e identidades culturales. Para dar mayor certeza a la estrategia que impulsa el Gobierno mexicano, el Programa Nacional se constituye bajo nueve ejes ^[6](INPI, 2018):

1. Definición e instrumentación de los procesos de desarrollo integral, intercultural y sostenible.1.

2. Capacidades económicas y sostenibles de las comunidades y regiones indígenas y afromexicanas.

3. Acciones de infraestructura social y de comunicaciones, conectividad y radiodifusión en comunidades indígenas y afromexicanas.

4. Reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano conforme a tratados internacionales criterios jurisprudenciales.

5. Implementación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano, así como medidas para la defensa de las tierras, territorios, recursos naturales y medio ambiente.

6. Fortalecimiento y revitalización de las culturas lenguas, valores, saberes, y demás elementos del patrimonio cultural y biocultural.

7. Acciones afirmativas para el reconocimiento, respeto y ejercicio de las mujeres indígenas y afromexicanas.

8. Respeto y protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o víctimas de la violencia, pertenecientes a los pueblos indígenas y afromexicano.

9. Derecho a la participación representación consulta y consentimiento libre e informado.

Con base en el fortalecimiento de la jurisdicción internacional en materia de derechos indígenas implementada en las dos décadas del siglo XXI, así como la promulgación del Programa Nacional de Pueblos Indígenas bajo la actual administración gubernamental, la Secretaría de Gobernación convocó en junio de 2019 a la realización de Foros Regionales de Consulta con la intención de sentar las bases para la ejecución de una reforma constitucional de los derechos indígenas y afromexicanos. Con la idea de fortalecer la discusión multidimensional de los derechos de los pueblos originarios, se convocó a las autoridades municipales indígenas, comunitarias, agrarias, así como a las organizaciones ciudadanas y entidades académicas a participar en los 54 foros realizados de junio a agosto de 2019 en 27 Estados de la República mexicana^[7] (DOF, 2019). La convocatoria reunió a 27 mil autoridades de las 68 culturas indígenas. El 8 de agosto de 2019 culminó esta primera etapa de diálogo con la realización del Foro Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano en la Ciudad de México que contó con la participación de 15 mil representantes indígenas. Este Foro emitió un pronunciamiento colectivo de veinte incisos, donde el punto inicial destaca:

“El reconocimiento constitucional de nuestros pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con plena capacidad de ejercer atribuciones y facultades para hacer realidad su derecho a la libre determinación y autonomía; consolidar sus procesos de reconstitución; proteger sus tierras, territorios y recursos naturales; fortalecer sus culturas e identidades y garantizar su bienestar colectivo” (Foro Nacional, 2019: 3).

Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2024, orientado bajo los ejes del combate a la corrupción, la construcción de un Estado de Derecho y la promoción de entornos sociales de bienestar, destaca el ámbito indígena y afromexicano en la construcción de la política social. Dentro de los 30 programas prioritarios del Gobierno de México, las transferencias universales a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad juegan un papel central. El Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores realiza una entrega directa a las personas mayores de 68 años. Se busca garantizar una vejez digna, en un contexto donde una cuarta parte de la población adulta mayor carece de acceso a una pensión. Este apoyo se emite a las personas indígenas y afromexicanas con 65 años cumplidos. Así mismo, el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad instaura un derecho a las personas con discapacidad permanente. El apoyo tiene vigencia para personas residentes en comunidades indígenas desde el nacimiento hasta los 64 años. En términos económicos, destaca el programa Producción para el Bienestar que favorece a los pequeños y medianos productores agrícolas, con especial énfasis en 657 mil pequeños productores indígenas (DOF, 2019). Estos derechos universales han sido estipulados en el artículo cuarto constitucional que señala:

“El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad.

El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación” (DOF, 2020).

Bajo un esquema que prioriza la implementación de los programas integrales de bienestar en las comunidades con mayores niveles de marginación y pobreza, el 50% de los hogares mexicanos recibe por lo menos algún programa gubernamental. En términos de la población indígena y afromexicana, se han beneficiado 2.9 millones de personas en julio de 2020, equivalente a 1.9 millones de hogares. Del total de beneficiarios de población indígena, el 31% reciben becas de educación básica, el 16% obtiene apoyos escolares de educación media superior, una cuarta parte es beneficiaria de las pensiones de adultos mayores, el 21% y 25% recibe transferencias de los programas agrícolas Producción y Fertilizantes para el Bienestar, mientras que el 16% reciben financiamiento sin tasa de interés con el programa Tandas para el Bienestar. El 60% de los recursos han sido destinados a hogares de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Yucatán (García, 2020). Pese a ello, uno de los mayores desafíos institucionales consiste en garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicano.

La implementación de los derechos universales individuales ha coadyuvado para paliar las devastadoras consecuencias que el periodo neoliberal ha arrojado a las comunidades indígenas y afromexicanas en términos de la desigualdad y pobreza. A pesar de lo anterior, el reconocimiento de los derechos comunitarios indígenas ha formado parte de los rezagos constitucionales en la historia del México independiente. Como parte de los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, destaca el pronunciamiento del Foro Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicano que defiende la capacidad organizativa de las comunidades con base en el pleno reconocimiento del territorio y sus recursos naturales a partir de conocimientos ancestrales. Esto significa que la gestión territorial conlleva el reconocimiento de la agencia política de los colectivos indígenas como sujetos activos de derecho. No obstante, casos como la violencia paramilitar contra los pobladores del municipio de Aldama Chiapas, así como la defensa territorial de las comunidades indígenas contra los megaproyectos en el sureste mexicano (el proyecto del Tren Maya y el Corredor del Istmo de Tehuantepec), colocan en debate la necesidad imperiosa de garantizar la libre determinación de los pueblos, ajeno a intereses políticos y económico-empresariales.

En suma, el Gobierno de la Cuarta Transformación tiene la potencialidad de consolidar una demanda histórica en pro de las comunidades indígenas y afromexicana que han padecido de manera sistemática estructuras de dominio, saqueo y discriminación en los últimos cinco siglos. En términos de Boaventura de Sousa Santos (2010), el Estado está inmerso en una dimensión institucional compleja que impulsa luchas ofensivas en las que el gobierno forma parte de las reivindicaciones sociales, así como luchas defensivas en las que el aparato estatal es parte del problema. En este sentido, la reforma constitucional en materia de derechos indígenas tiene la capacidad impulsar una lucha ofensiva que restituya decenios de simulación política en materia indígena. Consolidar la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afromexicano en términos reales, requiere definir a las culturas originarias como sujetos activos derecho. La historia dictará la trascendencia o moderación de esta reforma constitucional. Indiscutiblemente, la validación jurídica de las decisiones en asambleas comunitarias, así como la impartición de recursos públicos gestionados por las autonomías indígenas, son pasos que abonan a una potencial reconciliación y reparo histórico con el México profundo.

Referencias

[1] Doctorante del Posgrado de Economía, Instituto de Investigaciones Económicas UNAM. Profesor de Asignatura, Facultad de Economía UNAM. Contacto: eduardomtzavila@economia.unam.mx; eduardomtzavila@gmail.com

[2] En la actualidad, 23 países son firmantes del convenio incluido México.

[3] Se estima que participaron cerca de mil comunidades que albergaron a 400 mil indígenas (Mestries, 2001: 14).

[4] El antropólogo Andrés Aubry (2012: 62-63) definió este proceso como un diálogo horizontal entre intelectuales y actores sociales, donde los indígenas no se limitaron a un papel pasivo; destacó su papel propositivo en la toma de decisiones.

[5] Trabajo, tierra, vivienda, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, autonomía, democracia, paz y justicia representaron las principales demandas enunciadas en la Primera Declaración de la Selva Lacandona.

[6] De este conjunto de lineamientos, se destaca como primer ámbito la propuesta de regionalización de las acciones gubernamentales con la creación de 133 centros coordinadores. Esto implica la construcción de Planes Integrales de Desarrollo Regional; como segundo aspecto, se impulsa la economía indígena bajo sistemas agrícolas tradicionales (en particular el sistema milpa), en donde el programa Sembrando Vida juega un rol preponderante. El tercer eje fomenta diferentes proyectos de infraestructura social, entre ellos, el programa Pavimentación de Caminos en Cabeceras Municipales que promueve los saberes y trabajo comunitarios. El sexto eje busca preservar la riqueza natural y cultural de los pueblos indígenas, impulsando la articulación de la medicina tradicional indígena con el sistema mexicano de salud. El octavo punto promueve el nivel de escolaridad en las regiones indígenas. En este sentido, las becas gubernamentales Benito Juárez desde el nivel básico, además del programa La Escuela es Nuestra para el mejoramiento de la infraestructura escolar, presentan como aspecto prioritario las comunidades con mayores indicadores de marginación y pobreza (INPI, 2018b: 28-53).

[7] Un foro fue realizado el 4 de agosto de 2019 con indígenas migrantes en la ciudad de los Ángeles, California.

¿Qué significa que en México se hable español? Para algunos la respuesta puede resultar obvia, aunque la predominación de la lengua española tiene un trasfondo que pocas veces se ve y analiza. Haciendo un paso por la historia, los hablantes de las lenguas originarias han reducido en gran cantidad, llegando a ser 7.4 millones de hablantes de 126.2 millones de habitantes en México (INEGI, 2015).

La lingüista Yásnaya Elena A. Gil (2018) menciona que, a principios del siglo XIX, aproximadamente 65% de la población naciente hablaba alguna lengua indígena:

“Si ahora, después de doscientos años de vida como Estado, los hablantes de lenguas indígenas representamos sólo el 6.5 % de la población podemos decir que los pueblos indígenas no son pueblos minoritarios sino minorizados y que la aparente mayoría mestiza es en realidad población desindigenizada por el proyecto estatal. De seguir con la tendencia actual, en unos cien años los pueblos indígenas representarán tan sólo el 0.5 % de la población mexicana, culminando así el proyecto estatal de homogeneización.” (p.16)

La castellanización forzada que se ha hecho desde la llegada de los españoles supone una gran pérdida histórica hacia las lenguas originarias y, a pesar de que en cada gobierno se mencionan agendas que contienen planes de acción para apoyar a las comunidades, el problema implica un trasfondo más amplio donde existe una sociedad que ha ignorado a gran parte de sus habitantes y que está permeada de un pensamiento eurocentrista.

Este pensamiento existe en México y se habla poco de él, pero es una de las causas que lleva a la perdida de las lenguas originarias. Enrique Dussel (2018) nos plantea un pensamiento decolonial, es decir, un pensamiento alejado del eurocentrismo (cultura e historia universal basada en Europa). La educación que se enseña desde la primaria hasta la universidad, pone a Europa como el centro y fin de la historia universal, una historia física, religiosa e intelectual, que logra una interpretación del mundo partiendo desde el otro, el extranjero.

El pensamiento decolonial como sugiere Mignolo (2006) parte de

“la incapacidad de imaginar y pensar más allá de las categorías del griego o del latín adaptadas por las seis lenguas imperiales de la Modernidad Colonial: italiano, castellano y portugués, durante el renacimiento; inglés, francés y alemán, desde la ilustración, incluido el periodo de auge de Estados Unidos en las ciencias sociales y la ciencia en general, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Cualquier intento de pensar con categorías que provengan del bengalí, del aymara, del árabe, del ruso, del bambara, etc. queda condenado al fracaso” (p. 11).

El rechazo histórico que se ha hecho a causa del eurocentrismo no sólo afecta a la educación, sino que conlleva problemas sociales como la discriminación y la estereotipación, pérdidas de territorio, proyectos de infraestructura que afectan a las comunidades, pocos accesos a los servicios públicos y de telecomunicaciones. Los fenómenos migratorios que se dan por la búsqueda de mejores oportunidades contribuyen a debilitar el número de hablantes, y el rechazo del indígena como individuo lleva a dejar de usar una lengua catalogada como inferior o poco civilizada para evitar discriminación.

Para el aprendizaje de una lengua, el comunicarse con otras personas es un paso esencial, ya que no sólo se requieren habilidades cognitivas sino también capacidades sociales y comunicativas. Pero ¿cómo se logran estos ambientes si muchas de las personas que hablan una lengua indígena se ven obligadas a construir su contexto y crear horizontes en una lengua ajena y aprendiendo una historia que no es la suya?

La lengua es un medio que hace posible la transmisión de conocimiento, tradición, memoria y experiencia, tal y como sugiere Warman (2003) “las lenguas indígenas tienen en su práctica una base y extensión comunitaria que produce cambios lingüísticos y da origen a formas comunitarias del habla que sirven de soporte a las identidades” (p. 101).

La diversidad cultural de la que el Estado hace mucho énfasis para describir a México, oculta el “borramiento” que implicó su creación y la violencia que se ha ejercido sobre las naciones originarias. “Mientras tratemos la categoría “indígena” como categoría cultural, el Estado la seguirá utilizando como velo para ocultar que el proyecto integracionista y las violencias asociadas continúan a marchas forzadas” (Gil, 2018, par.19).

¿Cómo mantener viva una lengua en un país que rechaza su propia historia e ignora a sus propios habitantes? Un lugar donde el español es fundamental para tener acceso a la educación básica y donde son pocos los sistemas que tienen como base de conocimiento una lengua originaria.

No se puede imaginar un sistema que sea adaptable para todos los habitantes, sino que los gobiernos brindan sistemas aislados y específicos para “ayudar” a los pueblos indígenas, sin darse cuenta de que esto sólo logra aislar a las comunidades del resto del país:

“Para el Estado mexicano en particular, el “problema indígena” se lee como el fracaso del proyecto de incorporación que idealmente integraría a los pueblos indígenas a esa cultura creada ad hoc en la que todas las personas hablan español, ejercen sus derechos políticos de un mismo modo y el Estado administra todos los territorios y bienes naturales.” (Gil, 2018, p. 24)

Como resultado de esta homogenización hacia una sociedad que habla español, existen miles de integrantes de comunidades originarias que se ven obligados a aprender español para conseguir trabajo, educación o hacer notar su palabra. El pensamiento eurocentrista que tiene el Estado, el gobierno mexicano y que se ha normalizado dentro de la sociedad se ve reflejado en sus acciones hacia las comunidades originarias, no existe un respeto ni reconocimiento de sus propios habitantes, y al no ver como iguales a esta parte de la población, se ignora su palabra. La imagen que se tiene de las comunidades originarias no va más allá de sujetos de investigación por parte de las academias o sólo son consideradas cuando se viaja a algún pueblo mágico.

La desaparición de las lenguas indígenas es producto de años de rechazar e ignorar nuestra historia, el pensamiento colonial existe y se habla poco de él, pero esto no significa que las comunidades sean seres sin acción, ya que siguen resistiendo a la opresión del Estado y cuestionando su papel.

En Guatemala hay una diferencia entre lo que una mujer indígena es a los ojos de la sociedad y lo que una mujer indígena realmente es, por consiguiente, como ella es tratada, los espacios a los que tiene acceso y las oportunidades que le son otorgadas. En el 2018, durante el Foro Empoderar a las Mujeres Indígenas, el director general del Fondo de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró que “las mujeres indígenas se enfrentan a una triple discriminación: por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre” (Da Silva, 2018).

De hecho, Guatemala es un ejemplo de la triple discriminación a la que se enfrentan las mujeres indígenas. Por un lado, se han perpetuado y reforzado estereotipos racistas que denominan a los indígenas como ignorantes, tontos, necios, con mal olor, que no se les entiende el español, e incluso como resentidos y vividores del Estado. Es importante resaltar que, según el Grupo Internacional Sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), en Guatemala los indígenas componen el 43.75% de la población y aun siendo una gran parte de esta todavía existen profundas desigualdades económicas, políticas y sociales entre los indígenas y no indígenas, también conocidos como ladinos. Según IWGIA, la pobreza afecta al 75% de indígenas y al 36% de los ladinos, en el interior del país, la salud y educación son poco accesibles. Esto es producto de la falta de atención que el área rural y las comunidades indígenas tienen por parte del Estado.

Por otro lado, ser mujer es una lucha constante ya que nos enfrentamos a una sociedad altamente machista con una estructura diseñada por hombres y con poca participación femenina. Considerando la ya mencionada triple discriminación, la imagen de la mujer indígena en la sociedad guatemalteca generalmente es asociada a una empleada doméstica o a una mujer ignorante cuya función es traer hijos al mundo y/o vender verdura en los mercados. Estas profesiones no son menos dignas o de poca importancia, el problema es el hecho de que tantas veces se le ha dado una voz e imagen a la mujer indígena y pocas veces se le ha preguntado quién es ella realmente, cómo es que ella misma se ve e identifica y quién quisiera ser. Es inaceptable asumir que el lugar de todas las mujeres indígenas es en el área rural o que todas quieren tener una vida destinada a cuidar hijos y atender a su esposo. Tratarlas como si fueran ignorantes por saber poco español y dar por hecho que no tienen interés por el estudio o deseos de superación son actitudes racistas. Si muchas se quedan en sus comunidades cumpliendo con todos estos papeles por voluntad propia, necesitan de un respaldo, voz y voto para poder defenderse del machismo que reside en las propias comunidades indígenas.

Es deber del Estado garantizar la seguridad, el bienestar, velar por el cumplimiento de derechos y crear los espacios que permitan la inclusión de las mujeres indígenas dentro y fuera de los pueblos indígenas. De hecho, Guatemala es signataria de tratados internacionales, por ejemplo, en 1996 el Congreso de la República aprobó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de 1989. También se han creado leyes que podrían ser utilizadas para la protección e inclusión de la mujer indígena, tales como la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Ley de Promoción Educativa Contra la Discriminación, entre otras. Al mismo tiempo existen acuerdos gubernamentales como la creación de la Defensoría de la Mujer Indígena, que tiene la misión de “Promover, defender y proteger el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas” (DEMI, 1999).

Todas estas leyes, acuerdos e instituciones parecen quedar estancadas en la teoría, en ideas de “cómo debería de ser” y, difícilmente, pasan a la práctica. Guatemala podría tener mil leyes e instituciones con objetivos de ayudar a la mujer indígena, sin embargo, todo eso no sirve de nada si las mismas no tienen el debido acompañamiento, un presupuesto justo, administración transparente y sobre todo, si estas leyes e instituciones no cuentan con la participación y consulta de las mismas mujeres indígenas, pues son ellas quienes entienden los propios desafíos que enfrentan dentro y fuera de sus comunidades.

Son pocas las mujeres indígenas que vemos en espacios diferentes como el deporte, medios de comunicación, arte, música, cine, medicina, entre otras profesiones que son consideradas más comunes para los ladinos. Las que han conseguido estar en estos espacios se enfrentan a una constante discriminación, además de no tener el debido reconocimiento y valorización. Por supuesto no todos aceptan que existe está exclusión, argumentando “que el espacio está abierto para todos y todas sin importar quienes son” porque así lo dicta la ley, pero la realidad es otra. También se cree que “no es lo que las mujeres indígenas quieren”, justificando que esas actividades no son comunes para ellas porque su cultura es otra.

En primer lugar, las mujeres indígenas no deberían de renunciar a su cultura, raíces y costumbres para poder ejercer alguna profesión. Segundo, es inaceptable vivir con la idea de que todas las mujeres indígenas están destinadas a una vida donde tengan que casarse a una temprana edad y tener muchos hijos. Cuando ellas llegan a “escoger” esa vida, muchas veces es porque es la única opción que creen que pueden tener, esto se da porque existe una falta de representatividad de mujeres indígenas en la política, en altos cargos dentro de las empresas, en medios de comunicación y hasta dentro de sus propias comunidades. Es allí donde está la importancia del empoderamiento de la mujer indígena y la representatividad, en medios de comunicación y en todos los espacios posibles, para poder mandar el mensaje que esta opción también existe, que ese sueño es posible y esa realidad también puede ser para ellas.

Son miles y miles de niñas en las comunidades indígenas, así como también en la ciudad, que desde muy temprana edad se le han cortado los sueños de ser alguien diferente, salir de su comunidad, estudiar, tener una profesión y escoger libremente quien ella quiere ser. La desmotivación no necesariamente es por parte de los padres de familia, esta viene de lo que las niñas ven a su alrededor, de la propia realidad que desde muy pequeñas aceptan que será la suya. ¿Cuántas mujeres indígenas vemos en los canales de televisión, en las revistas, en el congreso, en los hospitales? Son muy pocas o, a veces, no las hay. Los sueños de las niñas indígenas pueden ser cortados por diversos factores; comenzando por el difícil acceso a la educación, las responsabilidades que adquieren desde muy temprana edad, el “papel” que se les da dentro de su propia familia, pero principalmente desde el momento en que ellas reciben el mensaje que la misma sociedad guatemalteca le manda: esos espacios, que son tan comunes para los no indígenas, difícilmente se abrirán para ellas.

Este problema tal vez sea difícil de entender para alguien que no es indígena, para muchos parece un caso de victimización, lástima o hasta de querer sacar provecho de la situación, pero la verdad es que, difícilmente, se van a encontrar con esta problemática en su vida. Esto no es cuestión de “el que quiere, puede” porque muchos de esos que han “podido” es porque han tenido la oportunidad o porque nunca les hicieron sentir que ese espacio no era para ellos por sus rasgos físicos, por su género ni condición económica, o al menos, no los tres juntos.

Para ninguna de las mujeres indígenas que hoy ocupa un espacio en la industria de la música, arte, cine, o política ha sido un lugar fácil de conquistar. Permanecer en ese espacio continúa siendo una lucha contra la discriminación a la cual se enfrentan. Asumir que el espacio es accesible para todas porque ha habido algunas que lo han conquistado es incorrecto porque si realmente fuese accesible, habría más mujeres indígenas participando, menos discriminación, más apoyo y aceptación.

Muchas veces se cree que para valorizar la cultura indígena es suficiente poner a modelos ladinas usando la indumentaria maya, lo cual es incorrecto ya que transmite el mensaje de que ese espacio en la portada de una revista no existe para la mujer indígena porque ella no se encaja en los padrones de belleza que han sido establecidos. Empoderar a la mujer indígena es, primeramente, verla como humana y con las mismas capacidades que el resto de las personas. En segundo lugar, es tener consciencia que los retos y desafíos a los que se enfrentan son diferentes a los que los no indígenas han experimentado. Velar por el cumplimiento del derecho de ellas no significa que los no indígenas en algún momento irán a perder los suyos.

El estado tiene la obligación de cumplir con los tratados que ha firmado, con las leyes que ha creado y dar un seguimiento a los proyectos para que ellos realmente funcionen. Por su parte, las empresas privadas y medios de comunicación también pueden tener un papel fundamental en esta lucha por medio de contrataciones sin el requisito de que renuncien a su cultura. Además, que las propagandas las incluyan y representen la verdadera esencia de lo que son y lo que todos deberían de conocer que ellas representan para Guatemala.

Las mujeres indígenas representan fuerza, resistencia, belleza, sabiduría, coraje, arte, conexión con la tierra y sus raíces. Ellas representan su propia lucha y la de sus antepasados. Como sociedad, como ladinos, también existe una responsabilidad con las comunidades indígenas porque, históricamente, se está ocupando la tierra que les fue robada a sus antepasados, así como también porque durante tanto tiempo se les ha excluido de una participación en la toma de decisiones para formar lo que hoy es la sociedad guatemalteca. No necesitan que hablen por ellas, necesitan que se les dé una importancia y credibilidad a sus voces, que por tanto tiempo han sido silenciadas.

Si todavía hay dudas que la exclusión de las mujeres indígenas en Guatemala existe, basta con abrir un periódico, encender la televisión, abrir cualquier red social y preguntarse: ¿en dónde están las mujeres indígenas, por qué hay tan pocas y por qué las que hay, reciben tantos tipos de discriminación? Como sociedad guatemalteca, apoyar y defender a las mujeres indígenas en papeles dentro del arte, política, economía y en los emprendimientos es de suma importancia, ya que es parte del reconocimiento, empoderamiento y abre paso a mayores niveles de representatividad. El reconocimiento viene tanto de ellas como de todos los que las rodean y la representatividad es aquello que las impulsa, motiva, da esperanza y transmite el mensaje que existe un lugar para todas las mujeres indígenas.

Referencias

Da Silva, J. (12 de Enero, 2018). Foro de alto nivel: Empoderar a las mujeres indígenas para erradicar el hambre y la malnutrición en América Latina y el Caribe. Mensaje publicado en https://news.un.org/es/story/2018/01/1425032

Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. (2019). Pueblos Indígenas en Guatemala: IWGIA. Recuperado de https://www.iwgia.org/es/guatemala.html

Defensoría de la Mujer Indígena. (1999) Misión, Visión y Objetivos. DEMI. Recuperado de https://www.demi.gob.gt/?page_id=6556

En el colegio nos decían constantemente que seríamos el futuro de nuestro país, que debíamos estudiar y ser profesionales. “Estudie pa’ que sea alguien en la vida” eran las frases que solíamos escuchar de nuestros padres. Así, crecimos pensando que era únicamente nuestra responsabilidad ser alguien en la vida, pensábamos que al ser grandes lo solucionaríamos todo con ser médicos, profesores, bomberos etc. Crecimos con algunas expectativas, pero nunca nos preguntamos qué país nos entregan nuestros padres y abuelos.

Hoy los colombianos deben lidiar con un país que intenta superar, entre otras cosas, la desigualdad, las barreras ideológicas que deja una guerra de más de 50 años en la que se cobró millones de víctimas, una de las inflaciones más altas de América Latina, un sistema educativo que se convierte cada vez más en un negocio que en un derecho, donde el presupuesto militar es mayor al de otros sectores más importantes como salud, educación, investigación y desarrollo, donde ser activista social es una causa de muerte más que las propias enfermedades.

Con un panorama así, crecer con estándares de vida digna es todo un desafío, pero más que eso, una competencia. No nos preparamos para, comunitariamente, progresar, sino para ver cómo la comodidad individual trasciende o supera la de los otros, ya que cada uno es responsable de sus fracasos y no es capaz de ayudar al prójimo.

En Colombia según la Ley 375 expedida el 4 de julio de 1997, se es joven entre los 14 y 26 años; suficiente edad para estudiar, graduarse de bachiller, ingresar a una universidad, hacer algún estudio de postgrado y conseguir un buen trabajo. Con este panorama quien no quisiera crecer y volverse adulto… sin embargo, es aquí donde debemos poner la lupa y leer la letra pequeña.

No es difícil ingresar a un colegio, cuando la familia está integrada por dos padres que pueden trabajar (ganando un poco más de un salario mínimo) y pagar servicios públicos (de carácter público, no gratuito), vivienda, alimentación y vestimenta. En otros casos, donde los padres no cuentan con salarios económicos superiores al salario mínimo, es difícil lidiar con todos los gastos; asimismo, hay situaciones que empeoran cuando la madre es cabeza de hogar y, generalmente, si tiene un empleo no le alcanza para pagar todas las deudas por lo que muchas veces debe hacer que uno de sus hijos trabaje con ella (en las familias donde hay más de uno). Este son el tipo de familias que se podría decir que representan, entre matices, los dos extremos de la clase media colombiana, en algunas ciudades con mayores precariedades y en otras con más comodidades.

El acceso a la educación básica primaria y secundaria no es un tema difícil, pero cuando se trata de educación superior se problematiza. Dada la poca cobertura que tiene la educación pública, para tantos estudiantes bachilleres que quieren ser profesionales, quienes no pueden ingresar a las instituciones públicas deben escoger entre endeudarse para pagar una universidad privada o no estudiar e ingresar al mercado laboral. En el informe de Fundesarrollo[1] para octubre de 2019 se revela que en promedio menos del 50% de los estudiantes bachilleres ingresan a la educación superior. Por departamento, la proporción es la siguiente: Tunja (61%), Ibagué (60%), Bucaramanga (54%) y Bogotá (54%), aunque supera a otras ciudades como Cartagena (49%), Medellín (48%), Cali (40%), Barranquilla (50%) y Santa Marta (31%).

El grado de dificultad para entrar a una universidad pública con la intención de titularse profesional (como licenciado), se refleja en los limitados cupos que hay para ingresar, junto con los costos de cada matricula que varía según las carreras. Este valor está determinado por el estrato y la situación económica del aspirante[2]. En el escenario privado los cupos no son el obstáculo para ingresar, sino el costo de las matrículas para lo que la mayoría deben endeudarse con los bancos e instituciones de crédito estudiantil como el ICETEX. Los estudios de postgrado y maestría suelen tener los costos más altos, inclusive en universidades públicas, por lo que una gran parte de los estudiantes universitarios no contempla los siguientes niveles de estudio.

Con un horizonte académico tan restringido como este, muchos jóvenes toman la iniciativa de viajar a países que ofrecen mejores oportunidades de estudio. Según las cifras de Migración Colombia, de los nacionales que han salido del país con la intención de estudiar entre el 2012 y 2018 han sido alrededor de 555.000; para el año 2019 en el periodo de enero- marzo viajaron 25.914.[3]. Así, muchos estudiantes han salido de Colombia a países como Argentina, España, México, entre otros.

Las razones del porqué es difícil ser joven en Colombia no solo se quedan en los aspectos académicos, este tema trasciende cuando se ingresa al mercado laboral con mucha demanda y pocas ofertas de empleo, cuando al profesional no se le ofrece un salario justo teniendo en cuenta el cargo que ocupa, las horas que trabaja, el dinero y el tiempo que invirtió para su educación. Y a pesar del panorama tan complejo y abstracto con que lidiamos, ha habido algunos sectores políticos en el congreso proponiendo un salario diferente para los menores de 25 años con la intención de que su remuneración sea menos de un salario mínimo[4] ya que “muchos jóvenes siguen viviendo con sus padres y no deben pagar su vivienda”.

Con falta de apoyo para su formación académica, un desarrollo de su profesión laboralmente, además de las escasas garantías sociales para su seguridad, todavía hay colombianos y colombianas que se piensan y proponen un país distinto; como lo ha sido la cantidad de protestas sociales que han protagonizado en defensa de sus derechos y en apoyo de quienes luchan por ellos como profesores, líderes sociales, activistas etc.

En el año 2015 los maestros decidieron entrar a paro nacional e indefinido que duró alrededor de dos semanas, en defensa de la educación y salarios justos para los maestros, el apoyo por parte de los estudiantes de secundaria fue fundamental en las manifestaciones por las calles del país hasta llegar a las sedes del ministerio de educación.

En otra ocasión, para el año 2016, cuando se hablaba de la construcción de paz en Colombia con la implementación del Acuerdo de Paz entre en el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero FARC EP, el 2 de octubre se tomó la decisión de preguntarle al país por medio de un plebiscito[5] si querían o no la paz. No sabemos si fue una estrategia del presidente por aumentar su aprobación ya que una masa de la política ultraderechista estaba cuestionando constantemente al presidente por sentarse a pactar con las FARC; sin embargo, esto solo sirvió para demostrar que el país claramente estaba polarizado, traumatizado y estigmatizado gracias a la desinformación por parte de un grupo político que tiene intereses económicos y políticos en la perpetración del conflicto. Ante esta situación millones de colombianos, donde una vez más los protagonistas fueron los jóvenes, salieron a las calles en silencio en defensa de la paz y del acuerdo que se habían tomado años en redactar.

De esto han salido varios colectivos y organizaciones juveniles que se encargan de hacer pedagogía del acuerdo y ayudar a las comunidades a resarcir los diferentes daños que dejo en quienes vivieron la guerra directa e indirectamente.

A lo largo del año 2019, se presentaron varias movilizaciones por los continuos atropellos que ha tenido el gobierno contra el sistema de pensiones, por la educación pública, por el asesinato indiscriminado de líderes sociales, las querellas que han puesto contra el acuerdo de paz, entre otras razones. De las manifestaciones que hubo se registra como una de las más importantes la del día 21 de noviembre que inicio muy temprano y se prolongó hasta altas horas de la noche con concentraciones en varios puntos de la ciudad y con cacerolazo.

En los siguientes días continuaron las marchas y las manifestaciones acompañadas de la represión de la fuerza pública y la autoridad policial, en una de ellas murió el joven Dylan Cruz de 17 años por una herida en la cabeza que le propinó un miembro de la fuerza pública. Es de saber que este no ha sido el único joven que ha muerto en manifestaciones por abuso de la autoridad, pero la muerte de Dylan ha inspirado a muchas personas a luchar por sus derechos y en especial por una educación pública y de alta calidad.

Este paro continuó al principio del 2020, pero se vio interrumpido por causa de la pandemia, sin embargo, no por esto la violencia ha menguado. Por no ir muy lejos el 11 de agosto, en Cali, asesinaron cinco menores de edad que habían salido a volar cometas, los jóvenes estaban entre los 14 y 17 años, fueron hallados con señales de tortura. En Samaniego, Nariño el día 17 de agosto fueron asesinados 8 jóvenes en una finca por parte de grupos armados.

Con los hechos anteriormente expuestos no cabe duda de que en el contexto de hoy en Colombia ser joven más que difícil, es una lucha y una batalla contra la desigualdad, contra la pobreza, las polaridades políticas, los estigmas, la violencia y las pocas oportunidades. Sin embargo, es claro que a pesar del panorama y la realidad en que se encuentra envuelta la juventud colombiana, no parece causa de mayores desmotivaciones sino por el contrario, más razones para continuar siendo jóvenes rebeldes, perpetuar esta causa de exigir una vida digna y con respeto de ella.

Hay mucho por hacer en este país, sin desistir de continuar sembrando la resiliencia en las siguientes generaciones, hombres y mujeres que han de pensarse con nuevos y mejores contextos, con la esperanza de cambiar nuestra historia manchada de sangre, corrupción y miedo, por una Colombia que más allá de su riqueza natural destaque por ser el pueblo que supero todas sus guerras.

Referencias

[1] Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fundesarrollo): http://www.fundesarrollo.org.co/2019/10/13/el-50-de-los-bachilleres-no-cursa-estudios-superiores/

[2] Algunos estudiantes de pregrado pueden acceder a una matrícula de 150.000 COP incluso menos si han vivido alguna situación de desplazamiento o violencia, pero en otros casos el estudiante puede estar pagando alrededor de 2’000.000 COP.

[3] Actualmente la población juvenil corresponde al 25,98% de los 50’339,443 habitantes que tiene el país.

[4] El salario mínimo año 2020 es de 887.803 COP con un auxilio de transporte de 102.854 COP

[5] Según el artículo 7 de la Ley 134 de 1994, el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. (Registraduría Nacional del Estado Civil).

Esta es una reflexión filosófica sobre la discriminación hacia los jóvenes con discapacidades en México. El texto surge de la preocupación por la violencia que se comete contra alguien diferente. Por ello, el objetivo principal es hacer una crítica a la sociedad mexicana por su tendencia a discriminar a jóvenes con distintas capacidades físicas o mentales, lo cual ha provocado desunión entre las personas.

Las personas han recibido —por lo general— una educación costumbrista que promueve y normaliza las conductas discriminatorias hacia personas en condiciones diferentes. En el presente texto se intentará exponer y hacer una crítica sobre la educación que se recibe en México y cómo promueve que se incurra en discriminación hacia los jóvenes discapacitados. Esto implica que la sociedad no se preocupe por el bien común, pues no se reconoce la otredad, ni se actúa en pro de la colectividad.

Dividiré en tres partes mi reflexión. La primera abordará la problemática de la discriminación en los jóvenes discapacitados en México. En la segunda entraré en mi reflexión sobre la educación costumbrista y la pérdida de la preocupación por la colectividad y el bien común. Me basaré en tres autores: Mill (1971), Sartre (2016) y Fromm (2008). Por último, enunciaré algunas propuestas para erradicar la discriminación. Concluiré con que la abolición de este tipo de prácticas es una responsabilidad colectiva.

Es necesario empezar a definir qué es la discriminación para poder entender el tema general. La discriminación es un trato distinto o inferior a una persona o a un grupo determinado. (CONAPRED, 2020).

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula en su artículo 1º que ningún sujeto debe ser discriminado. Asimismo, en su artículo cuarto redacta que todos somos acreedores a una salud de calidad, que es responsabilidad del Estado el tratamiento y recuperación del pueblo mexicano. (Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 2020). De este modo, jurídicamente ningún mexicano o cualquier persona que habite el territorio nacional debe ser discriminada; sin embargo, en la cotidianeidad no siempre sucede así.

Por ejemplo, imaginemos a un estudiante universitario ciego. Él va a la universidad, la cual está equipada para que el estudiante goce de una educación de calidad. El compañero toma sus clases en los pisos superiores del plantel y suele abordar el elevador. Sin embargo, los compañeros que no tienen una discapacidad física también usan el elevador para evitar la fatiga de subir las escaleras, pero el uso indebido de éste hace que las autoridades estudiantiles quiten la luz de los elevadores, lo que causa que el compañero con discapacidad visual tenga que subir hasta el último piso por las escaleras. Esto puede poner en riesgo su vida ya que los demás estudiantes pueden no demostrar una actitud empatía con respecto a su condición y no le ayudan a subir de manera segura a su salón de clases.

Ser indiferente o carente de empatía ante esta situación puede deberse a una educación tradicional o costumbrista. Es decir, somos educados de forma que nos hacen creer que, cuando hay algo que a alguien le afecta, no nos debemos de interesar ya que no es asunto nuestro. La realidad es que sí puede afectarnos, al menos de manera indirecta, porque vivimos en un ambiente compartido y deberíamos interesarnos en los otros, en sus problemas.

Cuando los compañeros no se ofrecen a ayudar al estudiante ciego para que suba a su salón con seguridad, muestran una carencia de solidaridad e, incluso, incurren en conductas discriminatorias porque segregan lo diferente. La conducta aprendida socialmente de rechazar lo que no concuerda con nuestra cosmovisión es contrario al reconocimiento de la otredad.

John Stuart Mill (1971) en su obra Sobre la libertad indica que actuar conforme a la costumbre es una forma de limitar la libertad de las personas: “Quien hace algo porque es la costumbre, no hace elección alguna. No adquiere ninguna práctica en discernir o en desear lo mejor” (Mill,1971: pp. 86).

En nuestro ejemplo, los compañeros que no ofrecen su ayuda anulan su capacidad de discernimiento, de actuar de acuerdo con convicciones propias. Para anular este tipo de conductas y prevenir la limitación de la libertad, es posible controlar las acciones individuales:

“Aquellas acciones, de cualquier clase sean, que sin causa justificada perjudiquen a alguien, pueden y deben ser controladas y en los casos importantes lo exigen por completo, por sentimientos de desaprobación, y si hubiere necesidad, por una activa intervención de los hombres” (pp. 83).

En esta cita, podemos observar que la sociedad juega un papel importante ya que la desaprobación y el control de las conductas discriminatorias se hace en colectividad. Por tanto, si la sociedad sigue reglas (no sólo jurídicas, sino más bien morales y éticas) orientadas al bien común, lejanas a la promoción de la discriminación de los jóvenes con discapacidad, se puede fomentar un tipo de educación por costumbre diferente, más cercana al desarrollo de todos.

Esto quiere decir que existan beneficios tanto para quienes no viven con alguna discapacidad, como para quienes sí. Además, es posible generar reglas sociales que permitan generan sentimientos de empatía, de reconocimiento a los otros: “Atenerse a las rígidas reglas de la justicia en beneficio de los demás desarrolla los sentimientos y las facultades que tienen por objeto el bien de los otros” (Mill, 1971: pp. 94).

Estas reglas de justicia de las que habla Mill (1971) no únicamente deben ser jurídicas, que contengan una sanción formal aplicada por una autoridad administrativa, sino que deben provenir de una responsabilidad colectiva. Esto es que, a pesar de que el aparato jurídico del Estado mexicano (entiéndase leyes, normas, reglamentos) tenga sanciones ante conductas discriminatorias, la forma de erradicarlas no proviene de estos medios, sino de la sociedad, de la desaprobación y el control colectivo del que habla Mill (1971). Es por ello que el repudio social es una vía loable para lograrlo.

Por su parte, Jean Paul Sartre (2016) en su libro “El existencialismo es un humanismo”, hace énfasis sobre la responsabilidad que tenemos con nuestro prójimo por el simple hecho de existir. Sartre coincide con Mill (1971) en que ejecutar acciones que afecten a nuestros semejantes, nos afectan a nosotros mismos: “Cuando decidimos que el hombre se elige, entendemos que cada uno de nosotros se elige, pero también queremos decir que al elegirse elige a todos los hombres” (Satre, 2016: pp. 35).

Es decir, si nosotros elegimos no reproducir la discriminación, estamos eligiendo no solo no violentar a las personas con discapacidad sino también a nosotros mismos, lo cual concuerda con lo que Mill (1971) plantea sobre la libertad individual.

Eric Fromm (2008) en El miedo a la libertad, propone que adaptar medidas para que las personas sean más tolerantes y respetuosas nos haría seres humanos con una altura intelectual mayor. Además, el medio social en el que las personas se desarrollan determina gran parte de las conductas que reproducen durante su vida. Esto concuerda con lo arriba mencionado sobre la educación costumbrista, en donde la discriminación se normaliza y se aprende, para Fromm (2008), primeramente, por el medio familiar:

“No significa que no pueda intentar, juntamente con otros individuos, la realización de ciertos cambios políticos, económicos; no obstante, su personalidad es moldeada esencialmente por obra del tipo de existencia especial que le ha tocado en suerte, puesto ya desde niño ha tenido que enfrentarlo a través del medio familiar, medio que expresa todas las características típicas de una sociedad o clase determinada” (Fromm, 2008: pp. 42).

Esto significa que somos educados desde nuestro seno materno como personas indiferentes hacia nuestros semejantes. Discriminamos porque desde infantes en lugares como la escuela y la familia, nos enseñan a hacerlo. Estas conductas aprendidas, sin duda, son una forma de violencia.

La discriminación no genera algún beneficio hacia nuestros semejantes. Apelando al ejercicio de la libertad individual a la que se refiere Mill (1971), que se aleja de una educación costumbrista, las personas tenemos la capacidad de elegir el bien común y despojarnos de aquellas prácticas que segregan a las personas con capacidades diferente.

Por ejemplo, imaginemos un escenario donde hay un niño que no puede caminar y el otro que sí. Este último fue educado de modo que no se interesa de la discapacidad del otro, ya que piensa que no le afecta. Más tarde, el niño sin discapacidad sufre un accidente, queda parapléjico y, lo que antes no le despertaba ningún interés, debe formar parte de su vida cotidiana, es decir, saber vivir sin el uso de sus piernas. Claro, el niño no estará preparado para afrontar una vida con una discapacidad como esta puesto que jamás fue inducido a entender las circunstancias en las que se desarrollan quienes sufren una condición como esta, lo cual proviene directamente de la educación que recibe.

Este tipo de prácticas, en donde no se reconoce al otro ni a sus diferencias, de acuerdo con lo señalado líneas arriba, debe abolirse, puesto que conduce a prácticas discriminatorias que son consideradas como un tipo de violencia cuando se segmenta a cierto sector de la población sólo por su condición. La erradicación de la discriminación no debe sólo provenir del aparato jurídico, sino que debe ser una norma social que impere entre las costumbres de la colectividad.

Esto conduce a pensar que somos responsables del otro. En el ejemplo que mencionaba al principio: Los jóvenes son responsables de sus pares al encontrarse coexistiendo en un mismo ambiente. Es por tanto que debemos buscar medidas que ayuden a crear un México más incluyente, que mediante la educación se formen personas preocupadas por sus semejantes y reconozcan la otredad.

Para lograrlo, es posible generar algunas propuestas como las que se mencionan a continuación:

1) Que la educación adapte modos de enseñanza basados en la curiosidad más que en la prescripción, con lo cual se permita a los infantes acercarse a su medio, es decir, reconocerlo de forma más cercana. Es necesario que en este proceso se propicie la tolerancia mediante la que se comprenda que existen personas diferentes a nosotros, con quienes debemos aprender a convivir. Esto supone aceptar a los otros y despojarnos de las prácticas discriminatorias, violentas.

2) Entablar mesas de diálogo en donde se discuta con argumentos bien elaborados las razones por las que la discriminación en los jóvenes con discapacidad debe ser erradicada.

3) Enseñar, aprender y practicar el respeto, entendiendo que los otros son iguales a nosotros. Eliminar las burlas, los insultos y la segregación hacia las personas discapacitadas, permitirá que como sociedad se opte por el bien común.

4) En el proceso de visibilizar y repudiar la discriminación juega un papel importante la empatía porque al ponernos en los zapatos del otro (en sentido figurado), podemos ser conscientes de su historia de vida, lo que nos ayuda a brindar un mejor trato a los demás.

5) Es necesario ser responsables de nosotros y de los otros para que, conjuntamente, se encarne una lucha por las libertades políticas, a fin de evitar que se excluya a cualquier persona por alguna condición diferente. Además, esto se relaciona con los demás puntos y el desarrollo de este texto: vivimos, coexistimos en un mismo ambiente y discriminar significa afectar a los otros y a nosotros mismos.

Comprometernos con la responsabilidad colectiva, la empatía, la tolerancia y el respeto, permite que persigamos el bien común, y propicia el desarrollo colectivo. Además, favorecerá la erradicación de la educación costumbrista basada en prácticas nocivas y retrogradas que segmentan y discriminan lo diferente.

Por tanto, podemos comenzar con ejercer nuestra libertad individual, optando por no incurrir en práctica discriminatorias hacia las personas diferentes que viven con una discapacidad. De esta manera podemos lograr que la educación que ofrece la sociedad y las familias se transforme y sea libre de discriminación y de violencia.

Finalmente, las medidas sociales que se pueden tomar son una total desaprobación a este tipo de conductas; incluir mesas de diálogo en qué se expongan las razones suficientes y se tome consciencia de la diversidad de situaciones que se enfrentan las personas con alguna discapacidad. De esta forma es posible la intervención de los hombres de la que habla Mill (1971). En suma, no reproducir conductas discriminatorias hacia los jóvenes (y las personas en general) con alguna discapacidad genera beneficios para nosotros y para los demás.

Referencias

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Secretaría General, Secretaría de los Servicios Parlamentarios. (08 de 05 de 2020).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obtenido de diputados.gob.mx:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf

Consejo Nacional para la Prevenir la Discriminación. (26 de agosto de 2020).

Discriminación e igualdad. Obtenido de Google: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion

=142&op=142

Fromm, E. (2008). El problema psicológico de la libertad. En E. Fromm, El miedo a la libertad (págs. 9-55). Barcelona: Paidós.

Mill, J. S. (1971), Sobre la libertad,Madrid: Ágular.

Sartre, J. P. (2016). El existencialismo es un humanismo. Ciudad de México: Quinto Sol.