Durante las últimas semanas hemos leído y escuchado lamentables noticias sobre el indignante asesinato de George Floyd. Un afroamericano que murió axfixiado a manos de un policia en la ciudad de Minneapolis. Dicho evento fue documentado y causó una oleada de protestas e indignaciones en todo el país, y poco después en otros espacios a nivel mundial.

Estos espacios de protestas fueron presenciados en un principio de manera local, después de manera estatal, regional y finalmente a escala global. Sin embargo, por medio de la rápida difusión también se dieron aperturas a protestas y movimientos digitales, que permitieron alzar la voz de muchas personas afrodescendientes y denunciar todo acto racista que se suscita en en el siglo XXI. Se pudieron presenciar los movimientos digitales tales como #BlackLivesMatter y #BlackOutTuesday, así como estrategias de difusión para evitar la censura de contenido antirracista.

Hay que dejar claro que esta lucha antirracista ha sido un recorrido largo de hace muchos años y que siempre ha tratado de persuadir a la población para abolir cualquier acto racista. Sin embargo, el sonado caso de George Floyd fue el detonante hacia uno de los más grandes e importantes movimientos de masas que se ha vivido.

De ninguna manera se pretende decir que la vida o historia de algún afrodescendiente valga más que otra; pero la difusión que llegó a alcanzar este caso fue impresionante y Floyd fue una apertura perfecta para denunciar que no solo existe la violencia policial; sino que hay una lista extensa de actos micro y macro racistas que se viven en un espacio mundial.

Lo más notable de esta apertura es que ha sido un espacio favorable para personas afro, indígenas y multiculturales, al poder alzar la voz de nuevo, y remarcar la interminable lucha antirracista que falta por recorrer. Pues al lograr que la mayoría de una población blanca se solidarice con dichos eventos y movimientos estadounidenses y mundiales, fue una oportunidad perfecta para evidenciar el racismo en su propio país.

Es necesario hacer énfasis en que, si bien, fue una apertura para la revelación del racismo que sigue enraizado en nuestras sociedades, también hay que reconocer que de no haber sucedido en EE.UU no habría tenido la misma visibilidad e impacto que si hubiera sucedido en América Latina.

Es por ello, que el objetivo de esta edición fue creada para brindar un espacio a colaboradores multiculturales, y para sensibilizar a los lectores en un tema que no es tan ajeno a la realidad como parece, especialmente en América Latina.

Si la igualdad de derechos no es antirracista entonces no se puede llamar igualdad.

En la actualidad la diversidad cultural y étnica en México es amplia y requiere de reconocimiento en todos los ámbitos de la vida del país: económico, político, social, cultural, estadístico, religioso, educativo, gastronómico, territorial, en los medios de comunicación, etc.

Desde 1992, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce la composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio del país al iniciarse la colonización; pero no es hasta, el 18 de octubre de 2018, 26 años después, de reconocer a los pueblos indígenas, que los Senadores Susana Harp Iturribarría y Martí Batres Guadarrama, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un apartado “C”, al artículo segundo constitucional, cuyo objetivo fue reconocer a las personas, pueblos y comunidades afrodescendientes en el territorio nacional, como integrantes de la composición pluricultural de la Nación. La presente iniciativa fue suscrita por los diversos grupos parlamentarios representados en el Senado de la República, pero sus cimientos remontan al trabajo de distintos activistas, que llevan más de 40 años trabajando el tema; así como el trabajo realizado dentro de las comunidades por parte de distintas organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos autónomos de derechos humanos y algunas instituciones de la administración pública federal. Este giro discursivo en la lucha del movimiento afromexicano, se dio gracias a cada una de las personas, que decidieron involucrarse por que este logro no puede ser agenciado sin resignificación, resiliencia, reivindicación y redescubrimiento identitario, bajo distintas estrategias de solidaridad de todas las personas que se vieron involucradas con distintos aportes. Es a partir de entonces que se afirma la conformación diversa de nuestro país y se busca la promoción de derechos basados en la diversidad cultural en México. Así que, por primera vez en la historia mexicana, después de más de cuatro siglos, de estar presentes en este territorio, se nos reconoce como parte de la construcción de nuestro país; porque aquí estuvimos, aquí nacimos, estamos presentes y permaneceremos.

Como conquista política y avance democrático, se reconocen y respetan las particularidades de los pueblos originarios que integran la sociedad mexicana, en nuestra constitución, como principios para su pleno desarrollo y participación. No obstante, este desarrollo legal debe ampliarse también a la población afromexicana, negra o afrodescendiente, que deben ser sujetos de derechos y también como pueblos o comunidades, acceder a sus derechos colectivos, en correspondencia a las ratificaciones y los diversos compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, tales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y los instrumentos de Durban, por mencionar algunos; sin dejar de lado las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), un órgano de personas expertas independientes, que supervisa la aplicación de la Convención antes mencionada.

Los 193 países que forman parte de las Naciones Unidas, con excepción de la Ciudad del Vaticano, que tiene el rol de estado observador (1), tienen la obligación de presentar informes periódicos al Comité CERD sobre cómo se están aplicando los derechos humanos; presentan un informe inicial un año después de su adhesión a la Convención y, posteriormente, cada dos años. El Comité examina cada informe y comunica, sus preocupaciones y recomendaciones en forma de “observaciones finales que deben de ser atendidas por los gobiernos en turno de cada país”; para cambiar las realidades y violaciones a los derechos humanos.

Una de las recomendaciones internacionales que se derivan de esos compromisos consiste en la visibilidad estadística de las personas afromexicanas, negras o afrodescendientes, necesaria para reconocer su presencia en México y para implementar políticas públicas que desarticulen, los mecanismos de naturalización de la desigualdad social, la discriminación racial, el racismo estructural, las detenciones arbitrarias por el perfilamiento racial, que excluyen o limitan el goce y ejercicio de los derechos humanos; por motivos como son: el tono de la piel, el origen étnico o nacional, la cultura, la condición socioeconómica, la apariencia física, el idioma o lengua, entre otros tantos motivos y condiciones, que transversalizan las vidas de las personas afrodescendientes en este país.

En seguimiento a las recomendaciones y observaciones internacionales en este sentido, el primer intento por contarnos fue en 2015, cuando diversas instituciones, articuladas en un grupo de trabajo para el cumplimiento de las recomendaciones del Comité CERD, elaboraron con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el diseño de una pregunta censal, para medir el volumen de este grupo poblacional y contar sus características sociodemográficas dentro de la cartografía nacional. Esta pregunta se lanzó en la Encuesta Intercensal 2015 (EIC), fue aplicada en nuestro país, dos meses después, que la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2), en su Resolución 68/237, el cual está vigente desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2024, y que, dentro de su Programa de actividades, incorpora la necesidad de que los Estados recojan, recopilen, analicen, publiquen y difundan los resultados estadísticos sociodemográficos, a nivel nacional y local, con la finalidad de dar seguimiento de la situación de las personas afrodescendiente.

La pregunta de la EIC 2015, sobre autoidentificación cultural, captó a la población afrodescendiente en algunos Estados estratégicos, porque no se realizó a nivel nacional, con esto México se incorporó a la lista de países de América Latina que contaban con un primer intento o instrumento de medición, para justificar que se estaba trabajando y visibilizar estadísticamente la población afrodescendiente. Este primer intento, arrojo como resultado 1,381,853 personas que se reconocieron como afrodescendientes, ubicadas principalmente en Baja California Sur, Guerrero, el Estado de México, Oaxaca y Veracruz, lo que equivale a 1.2 por ciento de la población encuestada en ese año (3).

Desde el movimiento activista Afromexicano este primer esfuerzo no fue suficiente, porque en realidad estamos presentes, en los 32 Estados de la República mexicana. Debe reconocerse que el diseño de la pregunta de autoidentificación afrodescendiente es un proceso inacabado y en constante perfeccionamiento, y que el proceso de planeación del siguiente censo ofrece siempre, la oportunidad para contar con un instrumento de mayor calidad, para establecer una línea base de medición hacia el futuro. Por ello, como parte de las acciones de cumplimiento de las recomendaciones del CERD, en el marco de la consulta pública convocada por el INEGI en 2017, el nuevo desafío fue incorporar nuevamente la pregunta, pero ahora, en el Censo General de Población y Vivienda 2020. El reto fue desarrollar una nueva pregunta, a partir de la revisión de algunas experiencias internacionales de países como Perú, Panamá, Costa Rica y Colombia; así como algunos instrumentos mexicanos y un par de consultas de la sociedad civil, para determinar cuál sería la mejor forma de medir la autoidentificación afrodescendiente, a nivel nacional.

Las personas afrodescendientes (4) viven en muchos países del mundo, actualmente se encuentran dispersos en todo el continente americano, en la población local de México y forman parte de nuestras comunidades y pueblos. El término afrodescendiente es el que se emplea en convenios, tratados, protocolos, convenciones, declaraciones y otros instrumentos internacionales, que tienen la finalidad de combatir la desigualdad social y que pugnan por los derechos humanos. Esta palabra es una alternativa incluyente para que la cultura, tradiciones e historia sean consideradas como elementos esenciales de identificación y que su identidad no sólo se defina a partir de sus rasgos físicos. De igual forma, los términos afromexicanos y afromexicanas fueron creados para dignificar a las personas mexicanas que tienen ascendencia africana. No obstante, hay grupos y personas que han decidido adoptar otros términos para referirse a sí mismos y nombrarse como quieren, porque es una decisión personal y no se sienten identificados con estos términos políticamente correctos. Algunas personas negras reivindican los términos de sus localidades y los utilizan con orgullo desde una resignificación del concepto; su uso no es incorrecto, sin embargo, puede ser considerado despectivo si no se toman en cuenta el contexto y la nacionalidad de las personas a las que se refiere.

La pregunta de este censo sirve para que las personas afrodescendientes, que habitan en el territorio, puedan contar con un término homogenizante, en el mapeo de pérdida histórica, frente al borramiento de la memoria, el blanqueamiento de la historia mexicana, las heridas coloniales sistémicas de la no pertenencia nacional, porque se cree que en México “No hay negros y los que están seguro son migrantes o no son nacionales”. No todas las personas necesariamente se identifican, como personas de origen africano, esto se debe a que, aunque los términos afromexicanas, negras o afrodescendientes, son utilizados actualmente como parte de la reivindicación y visibilidad de nombrarles e incluirles como representación colectiva; las personas se autoidentifican de múltiples maneras, como: costeñas, morenas, prietas, mascogas, mulatas, jarochas, afronikkei, afromestizas, entre otros; dependiendo de dónde viven, es su derecho hacerlo.

Para mejorar la captación de la población afrodescendiente, se requirió la metodología estadística y una estrategia de comunicación, educación, difusión y sensibilización; sin embargo, los esfuerzos institucionales no fueron suficientes; no se generó una campaña nacional, con impacto masivo en la televisión abierta y en otros medios de comunicación con mayor rating, como la que se lleva acabo durante los procesos electorales y elecciones, como lo solicitaron las personas activistas del movimiento afromexicano en distintos espacios académicos e institucionales. Un par de meses previos al censo 2020, se lanzo una campaña llamada afrocenso.mx, cuyo objetivo era que esta población se identificara de manera afirmativa ante la pregunta de auto adscripción; en este sentido, esta campaña y las personas que la integraron, generaron en espacios físicos y virtuales: gráficas, vídeos, infografías, animaciones digitales, spots de radio y televisión, algunas entrevistas; un par de personas compositoras, músicos y cantantes crearon una canción que acompaño este proyecto; se colocaron un par de espectaculares, se repartieron algunos materiales impresos, como folletos, posters pequeños y grandes instalados en el metro de la ciudad de México y pintaron un par de bardas con el eslogan de la campaña. A esta campaña se sumaron cuatro instituciones internacionales, cuatro instituciones del gobierno y más de treinta organizaciones de la sociedad civil; principalmente de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Veracruz.

Los datos recabados en el Censo 2020, programado el pasado mes de marzo, eran indispensables, porque queríamos saber y conocer: cuántos somos, donde estamos, como vivimos, porque estamos en ciertas condiciones y como residimos en el territorio; creímos que los insumos o resultados que saldrán a público en noviembre, podían servir para diseñar y ejecutar políticas públicas adecuadas y específicas, para solucionar los problemas que vivimos y trabajar para la garantía de nuestros derechos humanos en condiciones de igualdad. Sin embargo, creemos que existirán algunos sesgos, ya que algunas personas afromexicanas reportaron que los encuestadores y encuestadoras del INEGI, no estaban haciendo la pregunta: Por tus ancestros, cultura, costumbres o tradiciones ¿Te consideras una persona Afromexicana, Negra o Afrodescendiente? Y porque justamente a la mitad del conteo se presentó, la contingencia del Covid 19, impidiendo concluir correctamente el proceso del conteo a nivel nacional, por que las autoridades sanitarias, implementaron algunas medidas de registro en la web, para frenar las visitas presenciales.

Algunos encuestadores decidieron saltarse está pregunta, porque supusieron que: "Si tu tono de piel es claro y no es obscuro", seguro no eres una persona afromexicana; legitimando el racismo estructural y proyectando sus imaginarios coloniales. Otros comentaron que las personas se ofendían cuando les preguntaban si se asumían personas indígenas o afromexicanas; por ello y otros tantos motivos particulares, comenzaron a hacer denuncia pública en sus redes sociales, declarando las irregularidades, de manera individual o de manera colectiva, hubo quienes registraron sus quejas directamente en el INEGI, en contra de estas prácticas, resistiéndose frente a el asimilacionismo y el despojo de nuestra nacionalidad, etnicidad y negritud.

NOTAS

(1) Organización de las Naciones Unidas <https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/paises-de-la-onu-cuales-forman-parte-y-cuando-se-adhirieron>.

(2) Organización de las Naciones Unidas, Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), apartado “Antecedentes”, en < https://www.un.org/es/observances/decade-people-african-descent >.

(3) Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Consejo Nacional de los Derechos Humanos e Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente en México, México, 2017.

(4) Según el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, los afrodescendientes son aquellas personas a las que se refieren como tales la Declaración y el Programa de Acción de Durban y que se identifican a sí mismas como pertenecientes a este grupo de población. “El término afrodescendiente fue propuesto inicialmente por la brasileña Sueli Carneiro en el Taller sobre Etnicidad e Identidad, dictado en el Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro, llevado a cabo del 1 al 5 de septiembre de 1996, en el marco del 4º Congreso Luso-Afrobrasileño de Ciencias Sociales. Este término define a las personas descendientes de las poblaciones africanas que fueron víctimas de la esclavización transatlántica”, Carlos Minott, El activismo afrodescendiente en el ámbito de los derechos humanos II, documentos especializados sobre racismo y activismo afrodescendiente, San José, Costa Rica, iidh, 2008, OEA/SER.G. CAJP/GT/RDI/INF.9/08. La propuesta de adoptar el término afrodescendiente fue aceptada por la mayoría de las y los estudiosos del continente americano, legitimada desde Santiago y definitivamente incorporada a partir de la Conferencia de Durban en la terminología de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El aumento de la población carcelaria en América Latina es el resultado de grandes desigualdades sociales y económicas, y que trata el crimen como un problema que debe resolverse por medios punitivos, independientemente de su origen o causa. El objetivo de este trabajo es analizar la situación actual de las cárceles teniendo en cuenta el perfil de las personas en esta condición y cómo opera el Estado brasileño para perpetuar este problema, tomando en cuenta el concepto de necropolítica, acuñado por el camerunés Achille Mbembe. Este concepto trata sobre los límites de la soberanía cuando el Estado elige quién debe vivir o morir.

En las encuestas de 2019, Brasil, seguido de México y Colombia lidera el ranking de las mayores poblaciones carcelarias en América Latina según el Banco de Monitoreo de Prisiones del CNJ (Consejo Nacional de Justicia de Brasil). La selectividad carcelaria en América Latina no es un problema contemporáneo y tiene raíces profundas en nuestra historia. Una prueba de esto es el perfil de los detenidos: la mayoría son negros o tienen rasgos indígenas. Vivir en un continente conocido por su mestizaje no significa un encuentro armonioso entre culturas. Incluso hoy llevamos el peso de la desigualdad entre los blancos y las personas de color. Este fenómeno revela que incluso después de la "independencia" de cada país latino, no había suficientes políticas sociales y económicas para retratar esa parte de la sociedad que fue explotada, asesinada y robada durante la colonización.

El tema de la desigualdad se presenta como problema principal en el escenario histórico de la América Latina, así como la fuente de numerosos problemas visibles en las áreas de educación, salud, saneamiento, desempleo y especialmente en el aumento de la delincuencia. Según un informe publicado en 2019 por las Naciones Unidas, América Latina, que representa sólo el 8% de la población mundial, es la región más violenta del mundo teniendo las tasas de homicidios más altas, donde el 37% de los homicidios registrados en todo el planeta son de la región y tienen una mayor tasa de incidencia entre los jóvenes.

Analizando la falta de acceso a la educación como producto de la desigualdad social, en Brasil (2010) el 77% del total de prisioneros no aprobaron la escuela primaria y solo el 1% alcanzó la educación superior. De acuerdo con Wacquant, el encarcelamiento masivo también tiene un efecto sobre el desempleo, ya que además de “maquillar” los índices al eliminar a esta parte de la población que está buscando trabajo, también perjudica en su crecimiento. Sin escolaridad y después del estatus judicial, este trabajador sumiso tiene la consecuencia de estar orillado a la economía informal y la precariedad en el mercado laboral.

Poco más de la mitad (51,9%) de las personas que están en el sistema penitenciario cometieron delitos dentro de la categoría “delitos contra el patrimonio”. De todos estos crímenes el 83.5% fueron robo/hurto y sólo el 6.1% de robo (robo seguido de muerte). Los delitos graves, como los homicidios o incluso el tráfico internacional de drogas, presentaron porcentajes bajos vinculados con otros delitos relacionados con la propiedad.

En 2010, las víctimas de 15 a 24 años representaban el 36,6% del total de homicidios en el país, a pesar de representar una parte mayor de la población carcelaria, los hombres jóvenes son víctimas y no agresores, ya que no son arrestados por crímenes violentos. Los jóvenes no solo son víctimas de homicidios, sino que también son un grupo fácil de participar de la criminalidad y la selectividad del sistema penal. Es una imagen compleja que se describe con una inserción temprana en las cárceles y contribuye a una "carrera criminal".

Sin embargo, existe una ironía y una conclusión trágica a través de esta información, pues las tasas de homicidios son más altas entre los negros brasileños que representan 75,5% de acuerdo con el Atlas de Violência (2019). Las cárceles brasileñas no están llenas de criminales peligrosos o violentos, pero sí de reclusos en relación con drogas, hurtos, robos o ataques al orden público, es decir, condenados caracterizados por delitos no violentos.

Digamos que los estereotipos de color siempre han actuado como una barrera para el acceso a la justicia a través de los marcadores sociales. De acuerdo con el autor Adorno, en Brasil, los acusados negros tienden a ser castigados más severamente en comparación con los acusados blancos incluso si tienen características socioeconómicas similares.

El sistema penitenciario se convirtió en una “aspiradora social”, en el que el aumento de su población se debe más a una política de represión y criminalización de la pobreza que a una política capaz de reducir los hechos delictivos. Se vuelve importante ubicar el debate sobre la delincuencia en un plan que tenga en cuenta las preguntas sobre raza, desigualdad social y económica como elementos que participan en esta "ecuación", junto con la discusión sobre el acceso a la justicia.

Por ejemplo, aunque Brasil tiene una gran diversidad de culturas y etnias, todavía existe desigualdad racial y social como resultado de la esclavitud. A pesar de ser un hecho histórico, desde la abolición de la esclavitud los negros han sido sometidos a la marginación y la exclusión social, ya que no tenían derecho y acceso a las calificaciones necesarias para el mercado laboral con liberalismo económico o derechos a otras políticas sociales. El Estado nunca estuvo interesado en la inclusión de los afrobrasileños en la sociedad y no se comprometió a tener una reparación social-histórica; por el contrario, lo consideró un peligro para el orden social y sigue siendo el objetivo del sistema criminal y la violencia.

El racismo estructural está velado frente a la segregación social. El desempeño de las instituciones, como la policía, es parte del sistema represivo del Estado en relación con esta población, y lo mantiene. Después de que Estados Unidos impuso la política criminal de drogas en el mundo, se estableció una nueva guerra y un nuevo enemigo interno: el mercado minorista de drogas. Debido a la marginación de la sociedad, este mercado se concentró en barrios marginales y pobres. Hay que considerar que la guerra contra las drogas es una política estatal para lograr la contención y el control de esta población, es la suma del capitalismo y el racismo estructural que continúa el genocidio negro en Brasil.

El filósofo, negro, teórico político camerunés Achille Mbembe, creó el concepto de necropolítica a partir de una variación del concepto foucaultiano de biopolítica y biopoder, donde se ejerce un poder sobre el cuerpo del otro - sobre poder matar, dejar vivir o exponerse a la muerte. En este caso, hay una política de muerte o política para la muerte. Cuando Foucault habla sobre la política del poder, se refiere a formas de control que disciplinan los cuerpos de las personas, ya sea en los estándares de belleza, disciplina en el trabajo y especialmente en un sistema de control social.

Según Mbembe, este sistema de necropolítica es aún más cruel que el concepto de biopoder de Foucault, porque no solo existe un control sobre las vidas, sino que determina cómo y quién vivirá o morirá. Esta idea se establece a partir del análisis de la metrópolis contra la colonia, que se estableció a lo largo de nuestra historia, donde existe una violencia impuesta por los colonizadores en las tierras invadidas. El término "ciudad colonizada" expuesto por el autor, va más allá de su significado literal, en este caso son áreas conocidas por sus aspectos negativos, incluso en los tiempos contemporáneos. Las personas que viven en estas áreas llevan la imagen de personas no civilizadas y marginadas, haciendo que las reglas de convivencia social sólo sean válidas para la parte no colonizada de la sociedad. O sea, la muerte en la metrópoli se ve como una atrocidad, pero en la colonia se tolera e incluso se normaliza.

Mbembe explica que incluso en las guerras hubo una diferencia. Las guerras que tuvieron lugar en Europa fueron guerras de anexión de territorios o conflictos políticos. En las colonias, sin embargo, se estableció un panorama de aniquilación, ya que los colonizados no eran vistos como seres humanos. Incluso critica la visibilidad del holocausto, porque es una atrocidad que ocurrió en Europa y dirigida a los blancos, pero lo mismo había sucedido en África durante muchos años.

Aplicando esto a nuestros tiempos, tenemos como ejemplo los escenarios de pobreza perpetuada y grandes desigualdades sociales. Este “aspirador social” en la sociedad brasileña actúa junto con un escenario necropolítico donde se tolera la muerte de los negros, y no hay necesidad de un panorama de conexión con el crimen. Además de todos los puntos planteados anteriormente en relación con el racismo estructural y la falta de dignidad en las cárceles, que vemos ejemplos cotidianos de necropolítica en Río de Janeiro cuando las vidas que viven en comunidades pobres no se respetan en las operaciones contra el tráfico y tienen sus vidas trivializadas.

Cuando me refiero a vidas trivializadas o vidas que no le importan al Estado, no solo me refiero a las personas que han cometido crímenes y están expuestas a los niveles más bajos de dignidad humana, cuando en realidad deberían estar en re-socialización en la cárcel. También me refiero a João Pedro, niño de 14 años que recibió un disparo en la espalda dentro de la casa de sus tíos durante una operación; Anna Carolina de Souza de 8 años fue alcanzada por una bala perdida en la cabeza del sofá de su casa; Ágatha Vitória de 8 años fue asesinada por un disparo en la espalda, el policía disparó en dirección a una motocicleta "sospechosa" en un momento en que no había conflicto. Y más de 10 niños negros y pobres, asesinados en el estado de Río de Janeiro en menos de 2 años, víctimas de la violencia policial. Citando a la investigadora Rosane Borges, los lugares subalternos (comunidades, barrios pobres) con licencia para matar tienen direcciones y densidad de negros en Brasil - no importa su edad o su historial criminal.

Nota al lector: Como una manera alternativa de contextualizar la aspiración social en las cárceles brasileñas, recomiendo la película Carandiru (2003). Para exponer todo lo escrito en este artículo acerca del racismo estructural en la política antidrogas de Brasil, recomiendo las siguientes películas: Cidade de Deus (2002) y Tropa de Elite 1 (2007).

BIBLIOGRAFÍAS

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