Infografía

METAS / Propuestas

Meta 11.1

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

• Diseñar viviendas que consideren las tendencias del mercado laboral. Según un estudio de 2015 de la OIT, tres cuartas partes de los trabajadores en el mundo se encuentran desempeñando trabajos temporales, ocasionales o por cuenta propia, que es el tipo de empleo que prevalecerá a partir de ahora. El nuevo diseño de vivienda deberá considerar las actividades productivas familiares realizadas por mujeres y hombres, con espacios y medidas de seguridad para los miembros de la familia, la consideración en materia de uso del suelo y titularidad de las mujeres. Vivienda digna con mecanismos crediticios adecuados, con diseños arquitectónicos que contribuyan a la prevención y erradicación del embarazo adolescente. Crear reservas de suelo urbano para cooperativas de vivienda que apoyen la construcción social del hábitat que realizan las mujeres. (NAU)

• Garantizar la participación de la sociedad civil organizada con participación paritaria de las mujeres y sin simulaciones ni distorsiones. (NAU)

• Garantizar vivienda digna con códigos de construcción resiliente, en regulaciones y permisos de construcción, ordenanzas y leyes del uso del suelo y reglamentos de ordenación; combatir y prevenir la especulación, el despojo, desplazamientos muy distantes, falta de vivienda y desalojos forzosos arbitrarios.

• Garantizar viviendas asequibles con acceso a espacios públicos y servicios básicos de calidad para todos y todas, con mayor seguridad, que favorezca la interacción social e intergeneracional, reconozca la diversidad; con sistemas de ordenamiento, uso de la tierra, de registro de la propiedad y sistemas financieros incluyentes, cabales, transparentes y sostenibles con acciones afirmativas para mujeres.

• Garantizar servicios básicos y de proximidad en las áreas periféricas de la ciudad atendiendo las necesidades de las mujeres y de todos los sectores vulnerables de la sociedad: personas con discapacidad, enfermas, personas adultas mayores y población indígena.

• Contar con infraestructuras de protección accesibles y sostenibles y en sistemas de servicios de agua, saneamiento e higiene, aguas residuales, gestión de desechos sólidos, alcantarillado urbano, reducción de la contaminación del aire y gestión de aguas pluviales; acceso universal y equitativo al agua potable a precio asequible.

• Garantizar una alimentación sana y con productos locales diversos sin organismo genéticamente modificado (OGM).

• Contar con programas y acciones para asegurar la provisión continua de agua limpia para las mujeres en asentamientos irregulares.

• Calcular y dar seguimiento a través de mecanismos de observación ciudadana de las brechas de desigualdad social y de género, así como a las múltiples discriminaciones de las mujeres (interseccionalidad).

Meta 11.2

De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

• Garantizar la movilidad incluyente, asequible y suficiente de mujeres y hombres en todas las edades y condiciones, mediante la consideración en los estudios en materia de sus movilidades diferenciadas, incluida la cadena de tareas de las mujeres. (NAU)

• Tomar las medidas necesarias para garantizar ciclopistas seguras.

• Garantizar la movilidad y transporte incluyente, seguro accesible, asequible y eficiente; así como servicios urbanos resilientes adecuados.

• Canalizar recursos para mejorar sustancialmente la educación vial y la atención a los accidentes de tránsito como señalización, prevención, mantenimiento de vialidades. (NAU)

Meta 11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

• Lograr ciudades incluyentes para personas de todas las edades, en particular las personas mayores y personas con discapacidad. Las banquetas y rampas de la ciudad deberán ser revisadas y renovadas para que sean transitables también para las mujeres por su calzado, el traslado de mercancías e hijos e hijas pequeñas, lo mismo para el acceso al transporte que permita carriolas y sillas de ruedas, la colocación de semáforos sonoros en aquellas partes de la población en donde las asociaciones de invidentes lo indiquen. (NAU)

• Establecer protocolos para desarrollos inmobiliarios habitacionales utilizando como principio la construcción de Barrios integrales con servicios de proximidad –de cuidado, laborales, productivos, educativos, de salud, de abasto, recreativos, financieros, lúdicos, culturales y deportivos- que mejoren la calidad de vida, en particular de las mujeres, para reducir las desequilibradas jornadas de empleo y trabajo reproductivo –doméstico, de cuidado y comunitario- entre mujeres y hombres. Con unidades habitacionales que respondan a formas urbanas productivas e inclusivas y con ello, a las necesidades de sustento económico de las mujeres y acorde con las tendencias del mercado de trabajo, con ejercicio presupuestal con transparencia y rendición de cuentas. (NAU)

• Asegurar para 2019 (año en que se realizarán el Plan Nacional de Desarrollo, 9 Planes de desarrollo de entidades federativas y cerca de 1600 planes municipales de desarrollo) la participación ciudadana paritaria amplia de mujeres, en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del desarrollo urbano, sin simulaciones.

• Asegurar para 2019 la transparencia y rendición de cuentas en el presupuesto municipal.

• Armonizar y completar la legislación y reglamentación que protege a las mujeres contra la discriminación y la violencia.

• Realizar acciones afirmativas para lograr el avance de las mujeres en el empleo, el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación y a la participación política.

• Promover inversiones adecuadas en infraestructuras accesibles y sostenibles y en sistemas de servicios de agua, saneamiento e higiene, aguas residuales, gestión de desechos sólidos, alcantarillado urbano, reducción de la contaminación del aire y gestión de aguas pluviales; acceso universal y equitativo al agua potable a precio asequible para todos y todas.

• Avanzar en el fortalecimiento de la gobernanza urbana, con mecanismos de participación ciudadana vinculatorios, diversos, paritarios y responsables en procesos de toma de decisiones comunitarios, de planificación y seguimiento con la contribución de todos los segmentos de la sociedad.

Meta 11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

• Revisar, evaluar y alinear a estos objetivos en los llamados Pueblos Mágicos, para que atiendan las necesidades y expectativas de los habitantes de estas comunidades y no sólo la de los desarrolladores turísticos.

• Vincular de manera estrecha la protección de patrimonio cultural y natural a los planes y programas de desarrollo económico.

• Garantizar el conocimiento de la historia y del patrimonio cultural y natural de las comunidades en todos los niveles educativos en lugar de estandarizar y homologar todos los contenidos educativos, con estrategias que promuevan el muralismo y los cronistas de las comunidades juveniles con acciones afirmativas para las mujeres.

• Promover un desarrollo cultural que respete la igualdad entre mujeres y hombres y toda su diversidad incluyendo el modelo de Educando para la Paz en el sistema educativo nacional.

• Apoyar patrimonio cultural para el desarrollo urbano sostenible y reconocer su función como estímulo identitario de participación y responsabilidad.

• Garantizar el ordenamiento y uso sostenible de los recursos naturales y de la tierra. Establecer incentivos por la reforestación extrema y remanglización.

Meta 11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de persona de bajos recursos y personas en situaciones de vulnerabilidad, atendiendo las necesidades particulares de las mujeres, niños niñas y adolescentes. (Sendai)

• Hacer obligatoria la difusión de mapas y de planes de manejo de riesgos en todas las comunidades urbanas y rurales y asegurar que las mujeres los conozcan.

• Incluir a la población de mujeres y hombres de las comunidades en la elaboración de planes de prevención de riesgo de desastres para incorporar sus necesidades diversas.

• Incluir a especialistas y a organizaciones de la sociedad civil, así como la asistencia internacional en la planeación del uso del agua y el uso de tecnologías para su abasto.

• Vigilar, con ayuda de especialistas y de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura y de desarrollo inmobiliario para que garanticen la pertinencia, la calidad y el ejercicio transparente del presupuesto.

• Contar con capacitación y programas de aprovechamiento del agua para las mujeres.

Meta 11.6

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita en las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de todo tipo.

• Desarrollar la cultura de reciclado y aprovechamiento de la basura que incluya empresas que amplíen la oferta de posibilidades productivas para las mujeres.

• Eliminar y prohibir la importación de gasolinas de mala calidad.

• Fomentar y apoyar el uso de catalizadores de las cocinas de restaurantes y hoteles para reducir la huella de carbón.

• Revisar y actualizar la planeación urbana con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, con una representación paritaria de mujeres y hombres y con el apoyo y asesoría de especialistas garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. (NAU)

• Fomentar y apoyar el desarrollo de proyectos de uso de energía solar para viviendas y equipamiento urbano en general.

Meta 11.7

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

• Adecuar los espacios públicos a las necesidades de cada comunidad teniendo en cuenta los diferentes climas y con el objetivo central de promover la convivencia y asegurar la protección a mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas mayores y discapacitadas. (NAU)

• Promover y apoyar con programas y recursos todos los tipos de agricultura urbana en la propiedad privada y en los espacios públicos. (NAU)

• Garantizar espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad, amigables para las mujeres, para las familias, que propicien la interacción y la convivencia social e intergeneracional, las expresiones culturales. la participación política, como corresponde, que fomenten la cohesión social, la inclusión y la seguridad en sociedades pacíficas y pluralistas, en donde las necesidades de todos los hombres y mujeres se atiendan, reconociendo sus necesidades específicas. (NAU)

• Realizar la reforestación extrema que ya está siendo aplicada en varios estados del país, por organizaciones sociales especialistas en el tema.

• Mejorar los barrios marginales y asentamientos informales, construyendo edificios y espacios públicos de calidad con enfoques integrados y participativos, para atender las necesidades de mujeres, niños, niñas y adolescentes.

• Promover la optima utilización del espacio público con parque y zonas de recreación de bolsillo.

Meta 11.a

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.

• Promover mercados modernizados de abastecimiento locales sanos, asequibles y sostenibles para todos, con negocios fortalecidos y apoyados con asistencia técnica a empresas con servicios alojadas en universidades, que fortalezcan las cadenas de valor y desarrollen acciones afirmativas para mujeres productoras. (NAU)

• Propiciar un desarrollo más equilibrado entre las regiones a través de la infraestructura que vincule lo rural-urbano y lo periurbano con la construcción y el mantenimiento de vías de comunicación, caminos y brechas rurales y de todo tipo entre las comunidades locales para la interacción y la conectividad, diseñadas con la participación de las mujeres para considerar sus necesidades específicas de movilidad en su acceso a servicios educativos, de salud, de abasto y de negocios.

• Que las asociaciones público privadas incorporen al sector social para atender el interés comunitario y las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, con seguimiento y evaluación, transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.

• Destinar recursos suficientes para desarrollar competencias y habilidades que apoyen el desarrollo económico local con esquemas de finanzas populares y economía social y solidaria para aumentar la productividad económica local e iniciativas productivas comunitarias y cooperativas sin fines de lucro, para avanzar en el crecimiento sostenible e incluyente y reducir la informalidad de los emprendimientos e iniciativas comunitarias.

Meta 11.b

De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

• Desarrollar y difundir diagnósticos y planes de acción frente al cambio climático en todas las comunidades, con participación de la población local de mujeres y hombres y con asesoría de especialistas.

• Apoyar el desarrollo de proyectos comunitarios de mitigación y adaptación al cambio climático.

• Incorporar en los programas educativos el conocimiento sobre el cambio climático y sus efectos diferenciados en las comunidades.

• Difundir y promover, mediante mecanismos financieros accesibles, las tecnologías de energía renovable y no contaminante para todos los hogares a nivel familiar.

• Reforzar las finanzas municipales a través de la promoción de la economía local, la coordinación interinstitucional eliminando la atomización de los programas públicos del mismo giro y fomentando la cooperación intersectorial para la aplicación efectiva de la NAU.

• Realizar programas para la mitigación del cambio climático con participación paritaria de mujeres, a través de la aplicación de presupuestos participativos.

• Incorporar mujeres en paridad y transversalidad en la perspectiva de género en presupuestos participativos.

• Contar con consejos de participación ciudadana con la participación paritaria de las mujeres y sin simulación en el desarrollo de sus acciones.

• Promover el desarrollo de la cultura de la ciencia aplicada a la mitigación y adaptación al cambio climático con contenidos educativos que formen parte de la malla curricular.

• Construir equipamiento urbano -edificios, escuelas, hospitales, hoteles- bajo los principios de ciudades seguras y con tecnologías de Zero-Net.

Meta 11.c

Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.

• Incorporar de manera obligatoria en las escuelas y facultades de ingeniería y arquitectura el conocimiento sobre la Nueva Agenda Urbana, los ODS y los compromisos internacionales adquiridos por México en materia de construcción de infraestructura, equipamiento y vivienda.

• Promover acuerdos de cooperación Norte Sur y Sur-Sur que atiendan las necesidades diferenciadas de mujeres en todos los temas.

Meta 11.d

Contar con políticas, estrategias, creación de capacidad y adopción de medidas políticas que tengan en cuenta edad y género; seguridad alimentaria y nutrición, salud y bienestar y promuevan seguridad sin discriminación ni violencia.

• Fomentar y apoyar la agricultura urbana, cuyos excedentes puedan mejorar la economía familiar a través de esquema de economía social y solidaria, y su aporte a la mejora en la seguridad alimentaria.

• Garantizar instrumentos y mecanismos inclusivos para la seguridad urbana y la prevención de la delincuencia y la violencia, en particular contra las mujeres, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes y personas adultas mayores, utilizando las directrices y las metodologías establecidas por los programas de ciudades seguras.

Breve diagnóstico

Elaboración:

María Luisa Cabral Bowling

y

Dulce María Romo Zúñiga

“No puede haber desarrollo sostenible sin igualdad de género”.

Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.” #DePromesasARealidad #ObjetivosMundiales

En el año 2000 la Asamblea General de la ONU y Estados miembro adoptaron los Objetivos del Milenio (2000-2015), de entre los que destaca en materia ambiental el ODM 7: garantizar la sosteniblidad del medio ambiente; en el que se refería preponderantemente a
"los recursos naturales básicos y los ecosistemas que se deben gestionar de manera sostenible a fin de satisfacer la demanda alimentaria de la población y otras necesidades ambientales, sociales y económicas. El cambio climático, la creciente escasez de agua y los conflictos por el acceso a los recursos son todos ellos elementos que plantean desafíos a la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria". (FAO; S/f)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. El propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo.

Los ODS sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con los que se emprendió en 2000 una iniciativa mundial para abordar la indignidad de la pobreza. Los ODM eran objetivos medibles acordados universalmente para hacer frente a la pobreza extrema y el hambre, prevenir las enfermedades mortales y ampliar la enseñanza primaria a todos los niños, entre otras prioridades del desarrollo. (PNUD, S/f)

De los 17 ODS el número 11 atiende a diversas preocupaciones que ha traído el auge industrial y el rápido crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo -como resultado de la creciente población y del incremento en la migración- ha provocado un incremento explosivo de las mega urbes, especialmente en el mundo desarrollado, y los barrios marginales se están convirtiendo en una característica más significativa de la vida urbana.

Dentro de las tareas que se proponen en dicho objetivo de la Agenda 2030 se encuentra mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades que también implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva. (LURConsultores; S/f)

En las dos décadas de este siglo XXI vivimos las consecuencias del desarrollo mal planificado y obsoleto de las ciudades en México. A partir de los noventa se ha realizado de manera especialmente desordenada, acentuado la desigualdad y la polarización social, sin planeación integral, sin tomar en cuenta el bien común, el entorno y los recursos naturales, las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, sin atender las necesidades de los grupos más vulnerables por etnicidad y/o edad, en todos los tipos de pobreza: de ingresos, de patrimonio, de acceso a servicios sociales, alimentaria, de capacidades. El crecimiento urbano ha privilegiado los intereses de los llamados desarrolladores y la especulación inmobiliaria de grandes empresas e incluso de grandes corporaciones transnacionales. El resultado ha sido ciudades construidas básicamente pensando en los automóviles y no en las personas y menos en sus necesidades diferenciadas por sexo, edad, etnicidad y cultura; ciudades con áreas de desarrollo dispares y inequitativas, áreas periféricas alejadas de los centros de trabajo, con malos servicios de transporte y movilidad, con una distribución muy desigual de todo tipo de servicios, básicos y de proximidad, con alta inseguridad, incidencia delictiva y violencia de todo tipo: familiar, comunitaria, institucional, patrimonial, permeadas en la mayoría de los casos por el narcotráfico y todo lo que trae consigo el crimen organizado: corrupción y delitos de alto impacto e impunidad.

Con una enorme desigualdad en materia de vivienda: acceso, créditos, costos, características. Ciudades desvinculadas de su entorno natural. Sin mecanismos democráticos de planeación y evaluación del crecimiento urbano; sin transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de sus presupuestos; con un manejo inadecuado de los desechos de todo tipo: basura, drenaje, desechos industriales, prácticas nocivas que se han recrudecido durante la pandemia de SARS COVID-2019 y que es necesario retomar constantemente, sobre todo para ser reconocidas y tratadas en su justo medio en este proceso electoral 2020-2021, que candidatas y candidatos de las contiendas a legisladores, munícipes, alcaldías y cuerpos colegiados de cabildos los conozcan, reconozcan y se comprometan a resolver.

Para ello, los siguientes datos:

ANTECEDENTES.

De 1940 a 1990 la urbanización de México permaneció ligada a los avatares de la economía nacional. Las relaciones del binomio concentración demográfica-industrialización tuvieron como escenario principal la Ciudad de México. La población de la metrópoli registró un crecimiento explosivo en épocas de bonanza económica, el cual se desaceleró en tiempos de dificultades económicas (Ruíz, 1993)

La economía mexicana transitó por etapas claramente definidas. De 1940 a 1970 experimentó un crecimiento económico sostenido, con cierta consistencia del tipo de cambio y una inflación en general baja, que dio lugar a términos como "desarrollo estabilizador" y "milagro mexicano". El período 1970-1982 fue escenario de un crecimiento disparejo, con precios menos estables y un manejo más flexible del gasto público, etapa que luego de la alucinación del auge petrolero desembocó en una deuda externa exorbitante; esos años se bautizaron, a manera de retruécano como la "docena trágica". De 1982 a 1988 el desplome de los precios internacionales del crudo, los pagos del servicio de la deuda externa, las presiones inflacionarias, la caída de los salarios reales y la restricción del gasto público alimentaron la mayor crisis económica en medio siglo. (Ruíz, 1993)

A partir de 1988 1os ejes de la política gubernamental fueron la preocupación por la estabilidad de los precios, la apertura de la economía al exterior y la privatización de empresas paraestatales. A diferencia de los numerosos estudios sobre la economía nacional, que permiten definir las etapas anteriores, la investigación en tomo a la Ciudad de México ha sido escasa y ha tenido otro rumbo. (Ruíz, 1993)

Apenas en los años sesenta, cuando la preocupación por la elevada concentración demográfica y económica en la capital del país dieron paso a pronósticos del futuro, se inició el estudio sistemático de fenómenos como los movimientos migratorios, la expansión física de la ciudad y, en menor medida, el surgimiento de nuevas áreas comerciales en la metrópoli. Con el tiempo el espectro de los temas se amplió a los de concentración industrial, asentamientos irregulares, agentes inmobiliarios y vivienda, transporte, abasto, subsidios a los servicios urbanos, movimientos sociales urbanos y otros. Más que el campo de la economía, estos estudios se encaminan hacia las disciplinas de la demografía, la sociología e incluso la antropología. Los pocos trabajos de tipo económico se refieren a variables muy agregadas o son de carácter sectorial. La investigación en economía urbana es prácticamente nula. Es difícil encontrar publicaciones sobre materias como valores y uso del suelo urbano, estructura espacial de la ciudad, localización residencial y finanzas locales (Ruíz, 1993), aunque ahora contamos con herramientas de consulta que se han desarrollado desde INEGI y CONEVAL, las encuestas y censos que refieren estudios especializados de carácter territorial y que cruzan aspectos económicos y sociales pero aún necesitan ser más “finos” y puntuales en la certeza y claridad en la información y contar con la obvia participación de los gobiernos estatales y municipales así como de la participación de la población (ver INEGI /PROGRAMAS en https://www.inegi.org.mx/datos/#Programas)

La distribución de la población en el territorio mexicano a partir de los años 50 se caracteriza por tener una fuerte concentración de personas en pocas ciudades, y a la vez, una gran cantidad de localidades pequeñas y dispersas en el territorio nacional. El acelerado proceso de urbanización de los años 90 a la fecha ha propiciado una fuerte concentración de la población en pocas ciudades, de tal modo en 2005, más de 63% de la población del país residía en solo 550 localidades de 15 mil y más habitantes, en cambio, cerca del 99% de las localidades tienen menos de cinco mil habitantes y condiciones de rezago más acentuadas.

Dada la importancia de los proyectos sobre el entorno urbano, destacada por informes como el que presentó ONU-Hábitat sobre el Estado de las ciudades en América Latina y el Caribe 2012 o el de CEPAL-CELADE en el cual se afirma que debe adoptarse como acuerdo de trabajo que los temas de entorno, equipamiento y medio ambiente se incorporen a los censos para definir la calidad y adecuación de la vivienda, en particular la urbana. En 2014, aprovechando ahora la actualización del Marco Geoestadístico Nacional de cara al levantamiento de la Encuesta Intercensal 2015, el INEGI se propuso actualizar la información sobre la disponibilidad de mobiliario urbano e infraestructura vial, la restricción del paso a peatones y automóviles, además de la presencia de comercio y servicios en la vía pública; así como, la disponibilidad de servicios de transporte público foráneo, agua y saneamiento, actividades económicas en la localidad, daños por fenómenos naturales, lengua indígena y la problemática principal de la localidad. Para ello se elaboró por primera vez en 2010 el Programa de Investigación del INEGI “Características de los localidades y del entorno urbano” y en 2014, en etapa a la Encuesta Intercensal de 2015.

En México según datos de la Encuesta Intercensal del 2015 presentados por INMUJERES en: Desigualdad en cifras Derecho de las mujeres a una vivienda propia (INMUJERES, 2016), de la población propietaria de vivienda el 56% son hombres propietarios únicos y solo 35.3 % de las mujeres son propietarias únicas de su vivienda; en el ámbito urbanos el 57.3% de la población propietaria de vivienda son hombres y 2.7% mujeres y la situación es más grave en el ámbito rural en donde 69.9% de la población propietaria son hombres y el 30.1% son mujeres. Los datos de las viviendas del Censo 2020 no vienen desglosados por sexo de la persona de referencia en el hogar.

Los cambios en la vivienda en México y la afectación a las mujeres durante la pandemia no están disponibles.

A causa de la pandemia limpiar y desinfectar todas las superficies que son tocadas frecuentemente, así como realizar baño, cambio y aseo de ropa diario de todos los integrantes de la familia son acciones que conllevan a un uso más intensivo de agua en el hogar (IMSS, 2020), implica mayor utilización de agua en los hogares y mayor carga en tareas de limpieza para las mujeres.

Así mismo y según el Reporte del Estado de las Ciudades de México 2016, CAMINO HACIA LA PROSPERIDAD URBANA , conocida como la Iniciativa Ciudades prósperas, encontramos:

Limitaciones de la información

En particular, se observaron limitaciones relevantes respecto a aspectos relativos a espacios geográficos, determinados por localidad, entidad, región, etc.

Así mismo limitación respecto de la información ambiental, tales como emisión de contaminantes (CO2, PM10 y PM2.5, entre otros), manejo de residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales; respecto a información sobre la red de transporte público, tales como tiempo y costo de traslado, paraderos, reparto modal, y longitud y tipo de la red; diagnóstico y seguimiento de actividades de participación ciudadana relacionadas con el uso, goce, disfrute, gestión y resultados del espacio habitado, habitable, de conservación, etc.

Generación y consumo de energía renovable

Las ciudades mexicanas utilizan una proporción extremadamente baja de energía proveniente de fuentes renovables. Esto es un problema, ya que la generación de energía utilizando combustibles fósiles que además no son renovables, es una fuente relevante de contaminación del aire, afecta la salud pública y contribuye al cambio climático global, representando un riesgo para la sostenibilidad de las ciudades. No existen políticas públicas suficientes y de alto impacto que prevean la transición energética de las ciudades hacia fuentes de energía renovables con un menor impacto ambiental, lo que se aprecia en los transportes, en buena parte de la producción industrial y en los servicios urbanos más contaminantes. Sin embargo se debe cuidar que los proyectos de energías limpias no destruyan el entorno, no afecten las rutas migratorias de las aves y de otras especies protegidas, no despojen a las comunidades de sus territorios, no contaminen con derrames de aceites o con contaminación auditiva.

Economía urbana

Las ciudades mexicanas no tienen economías particularmente dinámicas, lo que se refleja en un producto urbano per cápita relativamente bajo, y en un aprovechamiento limitado de la concentración de población para desarrollar economías de aglomeración. Estas condiciones se ven reflejadas también en mercados laborales que no logran ofrecer oportunidades de empleo bien remunerado para todos y en el crecimiento muy dinámico del empleo informal y de baja productividad en buena parte de las ciudades del país. Es factible que estas limitaciones sean agravadas por el patrón de crecimiento urbano expansivo e ineficiente que han seguido prácticamente la totalidad de las ciudades, que restringe aún más el aprovechamiento de economías de aglomeración y reduce la competitividad.

Se deben propiciar los mercados de proximidad, los proyectos productivos urbanos comunitarios en armonía con el desarrollo productivo y comercial de localidades, comarcas, regiones, etc.

Finanzas locales

Las ciudades mexicanas son profundamente dependientes financieramente de las transferencias provenientes de la Federación y de los gobiernos estatales. Los mecanismos de recaudación y de generación de recursos propios mediante prestación de servicios y aprovechamientos son muy débiles, desarticulando la relación de corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía, destacando en este contexto, la muy pobre recaudación de impuestos territoriales a nivel local que coloca al país en una de las últimas posiciones entre los países de América. Por un lado, estas debilidades incrementan la dependencia financiera de los gobiernos locales, los arreglos con grupos económicos poderosos ajenos al bien común y por el otro favorecen el endeudamiento público que pone aún más presión sobre las finanzas municipales.

Debe haber una mayor participación ciudadana en las decisiones que afectan en interés común en las ciudades y una mayor transparencia y rendición de cuentas en los municipios

Pobreza urbana e inequidad económica

Las ciudades mexicanas sufren de importantes asimetrías en ingreso y distribución de la riqueza, lo que se refleja en profundas diferencias en calidad de vida, acceso a espacios habitacionales adecuados y servicios públicos de calidad y en tasas de pobreza relativamente altas. Estos problemas tienen una clara representación espacial en la segregación que enfrentan los grupos sociales de menor ingreso que carecen de oferta de suelo para vivienda adecuadamente localizado y servicios en las ciudades del país; también se refleja en las condiciones de precariedad que se han ido acumulando en muchos desarrollos habitacionales de vivienda social, que carecen de muchas amenidades y equipamientos urbanos y por su localización lejana con relación a los centros urbanos han impactado el ingreso familiar al grado de acelerar el abandono de las viviendas.

El Covid 19 ha desnudado y agravado las condiciones de precariedad en las ciudades, haciendo evidente el poco valor y la poca atención que se le da a las condiciones de una vida digna en el ámbito urbano, sobre todo para los sectores de menores ingresos y en muchos casos las mujeres.

Calidad ambiental

Conforme las ciudades mexicanas han crecido poblacionalmente y se han expandido en el territorio, han visto pérdidas importantes en su calidad ambiental, con la correspondiente afectación de la salud de su población. La capacidad para manejar residuos sólidos y tratar aguas residuales se ha visto rebasada por un crecimiento urbano desordenado que no toma en cuenta sus impactos en la generación de basura y de aguas residuales. Al tiempo, el modelo preponderante de transporte, basado en el automóvil privado y con sistemas de transporte público de mala calidad, ineficientes y contaminantes, han afectado seriamente la calidad del aire, en particular en las grandes aglomeraciones y están afectando su productividad, con lo cual se impacta seriamente las posibilidades de prosperidad de la Nación.

Expansión urbana y densidad poblacional

Las ciudades mexicanas han seguido un patrón de crecimiento expansivo, insustentable y descontrolado, impactando de forma negativa las áreas naturales a su alrededor, incrementando sustancialmente el costo para proveer servicios públicos de calidad, y creando inequidades espaciales entre quienes pueden asentarse en zonas adecuadas, y quienes se ven obligados a establecerse en zonas irregulares, con servicios públicos de mala calidad o inexistentes, y lejanos de los centros laborales sin servicios de proximidad para salud, educación, trabajo. Adicionalmente, la densidad poblacional ha disminuido reduciendo de igual modo la densidad económica, agudizando los problemas de movilidad y reduciendo la calidad ambiental.

Transporte público y movilidad

No obstante que la mayor parte de la población urbana de México se mueve en transporte público, el modelo de transporte que han impulsado las políticas públicas en las ciudades se basa en el automóvil particular, lo que ha favorecido la expansión urbana desmedida y ha impactado negativamente en el desarrollo de sistemas de transporte público de calidad. El transporte basado en el automóvil particular es insustentable por diversas razones: las necesidades de infraestructura vial tienden a rebasar la capacidad de los gobiernos locales para mantenerla y ampliarla, es un transporte altamente contaminante, inequitativo y regresivo, porque favorece a quien goza de mayor ingreso. La preocupación de los gobiernos por aumentar la velocidad de los automóviles dentro de las áreas urbanas, los ha llevado a concentrar las inversiones en vialidades de alta velocidad y en distribuidores viales, que se han convertido en barreras artificiales entre barrios y colonias fracturando social y espacialmente a las ciudades, dividiendo comunidades y vecindarios, afectando los ecosistemas, la calidad ambiental y la salud de la población, además de impactar muy negativamente la imagen urbana.

Espacio público

Las ciudades mexicanas gozan de un acceso moderadamente bueno a los espacios públicos, aunque han experimentado una pérdida creciente de áreas verdes y una tendencia a la sustitución de los espacios públicos como los parques, a favor de los centros comerciales como lugares de encuentro comunitario. Más aún, los espacios públicos han tendido a decaer, en particular aquellos que no se encuentran en las zonas consolidadas de las ciudades, situación muy grave en los conjuntos de vivienda social y en los asentamientos precarios e informales. Faltan muchos espacios públicos verdes y sostenibles en colonias o asentamientos de medianos y bajos ingresos.

Acceso a tecnologías de la información y comunicación

Las ciudades mexicanas enfrentan un rezago importante en el aprovechamiento de las TICs que se ve reflejado en un acceso muy limitado a internet en las viviendas y a internet de banda ancha. Esta situación representa un obstáculo directo al desarrollo humano y económico de los habitantes urbanos, porque la economía global depende cada vez más de estas tecnologías al grado de convertirse en un factor determinante para la participación en el mercado laboral. Adicionalmente, el internet se ha consolidado como una de las fuentes más importantes de información, conocimiento y trabajo, de modo que quien no cuenta con acceso adecuado a esta tecnología está en una situación de desventaja. Se requieren espacios públicos con acceso libre al espacio internauta.

Inclusión de género

Las ciudades mexicanas incluyen aún de forma inequitativa a hombres y mujeres en la educación básica. La brecha entre ambos sexos es considerablemente más amplia en algunos ámbitos de la vida urbana; el reflejo más claro es la disparidad en el ingreso, en donde la única razón aparente para explicarla es el sexo de las personas.

Se necesita la diferenciación del espacio como productor de sociedad, en donde no sea solo la superficie o lugar para el desarrollo de actividades sino el medio físico, integral, que permita el pleno ejercicio de derechos.

Educación

Los indicadores muestran un buen desempeño educativo de las ciudades mexicanas. Sin embargo, hay limitaciones relevantes relacionadas con la calidad de la educación y las condiciones en que se brinda, que se reflejan en los resultados insuficientes de las pruebas estandarizadas con reconocimiento internacional. Por lo tanto, es necesario mantener y consolidar las políticas que permiten el acceso a la educación básica para todos, pero es necesario complementarlas con políticas que garanticen mejoras continuas de la calidad de la educación, y que permitan contar con escuelas en condiciones dignas que favorezcan el desarrollo humano de todos los involucrados en la comunidad educativa, particularmente los estudiantes. En el nivel más alto del sector educativo también se ve la brecha de género.

Actualmente, el 55 % de las personas en el mundo vive en ciudades. Según un nuevo informe de la Organización, se estima que esta proporción aumentará hasta un 13 % de cara a 2050, por lo que el desarrollo sostenible dependerá cada vez más de que se gestione de forma apropiada el crecimiento urbano, especialmente en los países de ingresos medios y bajos que son los que liderarán el proceso.

En 2018 el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU explicaba que se prevé que el 68 % de la población vivirá en zonas urbanas de cara a 2050.

La causa reside en que parte de la población mundial desplazará su lugar de residencia de las áreas rurales a las urbanas y, a esta predicción, se unen las perspectivas de crecimiento demográfico, según las que cerca de 2500 millones de personas adicionales vivirán en las ciudades para esa fecha.

Se prevé que este aumento se producirá de forma desigual en términos geográficos y que, además, algunas de las urbes que actualmente presentan un mayor tamaño podría ver reducido su número de habitantes.

“La urbanización va a continuar y lo va a hacer más rápido en los países de ingresos bajos y medios”, señala Lina Bassarsky, oficial de asuntos de población.

En México según la ONU En las próximas décadas, buena parte del crecimiento demográfico en México será urbano. Esto significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2030, en las que se concentrará 83.2% de la población nacional y en donde muy probablemente, sea la población pobre la que predominará.

Ahora bien, de prevalecer el patrón territorial expansivo que caracteriza a las ciudades del país, podrán avizorarse dos escenarios:

• Por una parte, se incrementarán las distancias, tiempos y costos de los trayectos urbanos; crecerán las externalidades negativas o costos sociales y se requerirá de mucha mayor inversión para lograr mayor conectividad espacial. Si persiste el enfoque de movilidad que tiende a impulsar el uso del automóvil, se agudizarán las afectaciones al medio ambiente y la inequidad y desigualdad socio-económica, considerando la tendencia a que las ciudades concentren proporcionalmente (y en términos absolutos) cada vez más población de bajo ingreso.

• Por la otra, los asentamientos humanos ilegales / informales / irregulares, tenderán a expandirse por la falta de oferta de suelo habitacional bien localizado, considerando que las mejores localizaciones periurbanas serán acaparadas por el mercado formal inmobiliario. Esto puede significar para muchas ciudades, la ocupación creciente de lugares inadecuados para el asentamiento humano y con riesgos diversos.

“Esto implica un reto formidable para México, porque es en las ciudades donde se concentran las fuerzas productivas, políticas, científicas y culturales, al grado que la prosperidad del país está depositada en ellas. Por ello es fundamental ordenarlas, hacerlas más productivas y competitivas, reduciendo sensiblemente la inequidad y desigualdad social y su huella ambiental”

De acuerdo con el documento ampliado del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2013-2018 (SEDATU, 2013), la metropolización es probablemente el fenómeno socio-espacial de mayor relevancia en la actualidad y para el futuro:

Como hemos visto el territorio no es solo la Ciudad, debemos reconocer la importancia de los espacios rurales. En el quinto informe sobre la situación de los pueblos indígenas “Derechos a tierras, territorios y recursos”, divulgado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA)

Pese a que el mundo reconoce cada vez más a la naturaleza en el corazón de las culturas indígenas y valora los conocimientos tradicionales sobre la conservación del medio ambiente, deja fuera de la hoja de ruta para el desarrollo sostenible los derechos colectivos de estos pueblos a sus territorios y recursos, destaca un informe sobre el tema y afirma que mientras esas garantías no sean efectivas no se lograrán las metas de desarrollo.

Los pueblos indígenas se han distinguido históricamente por su relación respetuosa con la naturaleza, que ha demostrado ser menos mucho menos dañina en términos de degradación del planeta. Hoy, el mundo aprecia cada vez más esos conocimientos tradicionales de conservación del medio ambiente y es consciente de lo que pueden aportar a las estrategias de mitigación del cambio climático; sin embargo la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible no reconoce ampliamente todos los derechos de esas comunidades.

Relación de ODS 11 con otros ODS

En el planeta todo se conecta de una u otra manera. Las acciones que adoptemos para cumplir un determinado objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) podrán impactar de manera positiva en el logro de otros.

Los 17 ODS agrupados en función de los Tres Pilares del Desarrollo Sostenible (Medio ambiente, sociedad y economía) facilitan su comprensión y la definición de los planes para cumplirlos. Pero las acciones para lograr estos objetivos no funcionan de manera aislada porque todo en el planeta está interconectado.

Por ejemplo, si queremos erradicar la pobreza, el medio natural en el que se desenvuelve determinado grupo humano debe ofrecer la posibilidad de realizar algún tipo de actividad que genere ingresos. Por lo tanto, en un área geográfica que tenga problemas de escasez de agua, es muy difícil desarrollar una actividad económica sostenible, en especial las relacionadas con la agricultura.

Otro ejemplo es que la pérdida de biodiversidad afecta de manera considerable el equilibrio de los ecosistemas; estas alteraciones pueden derivar en aumento de la población de una determinada especie animal o vegetal, convirtiéndola en plaga que a su vez destruye cultivos. Entonces, proteger la biodiversidad debe ser prioritario para lograr sistemas económicos sostenibles. (Lurconsultores; S/f)

Diversas metas de los 17 ODS coadyuvan a la realización del ODS 11 Ciudades y comunidades Sostenibles, entre las cuales encontramos el derecho a la vivienda adecuada, no sólo aquellas centradas en el espacio doméstico, sus instalaciones, su entorno inmediato o la forma de habitarlo, sino también a través de la reducción de las tasas de pobreza y hambre, al acceso al agua, a la salud y educación, la eliminación de la brecha de género, el incremento de los niveles de inclusión e igualdad socioeconómica, entre muchos otros. Asimismo, las metas propuestas para el ODS 11 se involucran y complementan para el cumplimiento de otras agendas globales como las que hemos visto: La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, la CEDAW y sus recomendaciones Generales, La el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiamento para el desarrollo, el Acuerdo de París sobre cambio climático y la Nueva Agenda Urbana (NAU).

Diagnóstico de las ciudades en México desde Pensadoras Urbanas.

Respecto de los principales problemas de las ciudades en México, las ciudades y la economía urbana no han desarrollado las características necesarias para ser incluyentes, justas, sostenibles para la comunidad en general y para las mujeres en específico; la deuda de género es cada vez mayor para habitantes y visitantes de todas las edades que ven afectada su situación de vulnerabilidad por género en las ciudades, no importa el tamaño ni la “vocación” de dichas ciudades.

La densidad poblacional en zonas urbanas es en sí un gran problema que intensifica necesidades de servicios, disponibilidad de agua potable, acceso a alimentos, eliminación de desechos, depredación del medio ambiente.

Institucionalmente INEGI, CONEVAL; la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano; SEMARNAT; SALUD; SEMAR; etc. los estudios de estratificación territorial se realizan según la definición de INEGI. Una Área Geoestadística Básica AGEB urbana es un área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera, y sólo son asignadas al interior de las zonas urbanas que son aquellas con población mayor o igual a 2,500 habitantes y en las cabeceras municipales.(CONEVAL, AGEB rezago social; s/f)

Según los resultados del Censo de Población y vivienda 2020, realizado durante la pandemia COVID 19, de las 126014 024 personas que residen en México, 51.2% corresponden a mujeres y 48.8% a hombres, La edad mediana en nuestro país es de 29 años, por lo que México ocupa el lugar número 11 en población a nivel mundial.

Se contaron 185,243 localidades rurales y 4,189 urbanas. (INEGI, CUÉNTAME; marzo 2021).

Siete de cada diez pobres viven en zonas urbanas, según la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de los 55.3 millones de mexicanos que se encuentran en situación de pobreza y que padecen alguna carencia social, 69 por ciento (38.3 millones de personas) se encuentran en zonas urbanas y 31 por ciento (17 millones) en zonas rurales. Y desde luego es en las áreas urbanas en donde se manifiesta la polarización más agresiva.

La pobreza es un factor determinante en el contraste entre zonas urbanas y rurales, sin embargo en ambos tipos de localidades humanas la encontramos presente la cual se ha visto recrudecida en mayor medida con los fenómenos económicos, sociales y políticos que trajo la pandemia por COVID 19; CONEVAL expresa que respecto de las líneas de pobreza extrema por ingresos, en junio de 2020 fue de 6.4% para el ámbito rural y de 5.6% para el ámbito urbano. Este incremento es superior al de la inflación anual general, el cual es de 3.3%. alimentaria) en junio de 2020 fue de -0.7% para el ámbito rural y de -0.6% para el urbano. (CONEVAL, Actualización de las Líneas de Pobreza por Ingresos; Emergencia sanitaria de la COVID-19; junio 2020)

El crecimiento desordenado de las Ciudades que se rige por las pautas de comportamiento del modelo económico excluyente y concentrador, que ensancha la periferia a otras ciudades y muchas veces las convierte en ciudades dormitorio y complica la movilidad. La pandemia del COVID 19 plantea nuevos retos para el trabajo en casa, los costos de los servicios, la falta de espacios adecuados para la convivencia en las viviendas,

Mayores conflictos por la propiedad y el uso del suelo, mercantilización, falta de regulación o de aplicación de las leyes de protección para las personas y para el medio ambiente y falta de prevención de desastres.

Planeación de la vivienda urbana y construcción mercantilizada que no atiende las necesidades y las posibilidades de todas las personas, en particular de las mujeres.

La privatización, la securización y la contaminación del espacio se ha privilegiado y los procesos de uso del espacio como traslados, convivencia, etc. se han visto trastocados de manera negativa sin que ello sea atendido por las autoridades competentes.

La exclusión social y económica y la segregación espacial de los sectores de bajos ingresos, de niñas y niños, de las mujeres, de las personas adultas mayores, de la población indígena y afrodescendiente son una realidad irrefutable en las ciudades y los asentamientos humanos.

Desconocimiento y violación de los derechos humanos en México ya señalado por la ONU.

Falta de recursos y de infraestructura suficiente para atender la salud, incluyendo abasto accesible de medicamentos.

Agua insuficiente, mal distribuida, de mala calidad en muchas localidades.

Infraestructura deficiente, sin mantenimiento, ni modernización que no atienda las necesidades diferenciadas de todas las personas, decidida por intereses económicos más que por atender el interés común que contemple las necesidades diferenciadas de todas las personas para respetar de manera integral todos sus derechos.

Falta de espacios públicos de calidad, accesibles, útiles y amables para todas las personas de todas las edades y todas las condiciones.

Transporte deficiente, con pobre planeación sin participación ciudadana y por lo tanto sin atender las necesidades de todas las personas, de todas las edades y de todas las condiciones.

Incipiente conocimiento y desarrollo de la agricultura urbana, doméstica y comunitaria.

Alimentos de mala calidad, pocos alimentos frescos de producción local, altos precios, mal etiquetados, sin información sobre su origen y sus propiedades. Los alimentos orgánicos de calidad son costosos y sólo son accesibles para una minoría de personas. Producción transnacionalizada, basada en tecnología no adecuada para la salud y para la conservación de la naturaleza y en la publicidad engañosa y sin protección para los consumidores locales.

Desarticulación de los mercados locales; transnacionalización de la economía. Los mercados globales han desmantelado el campo y desarticulado los vínculos entre el campo y la ciudad. Las cadenas de valor a nivel local y regional están desarticuladas. Tratados de libre comercio basados en el neoliberalismo. Los mercados locales son precarios por la pérdida del poder adquisitivo de la población, resultado de las políticas salariales. Las cadenas de valor están afectadas por la falta de cultura asociativa de la población en LAC. Sólo las grandes transnacionales desarrollan cadenas de valor para su propio beneficio, pero desconectan los mercados nacionales y locales.

Mercantilización de la investigación y de la producción de semillas genéticamente modificadas y de fertilizantes.

Se privilegia la ganancia privada sobre el interés público, falta regulación, controles y de rendición de cuentas y predomina la externalización de costos ambientales y sociales.

La cultura patriarcal desconoce el valor de la aportación de las mujeres al bienestar social. Aunque las mujeres tengan igual o mejor capacitación que los hombres, las condiciones para encontrar un empleo decente son más difíciles para las mujeres. Falta de claridad sobre la desigualdad de género y todas sus implicaciones para la vida de hombres y mujeres de todas las edades.

Políticas de homologación neoliberal que destruyen el patrimonio cultural de las comunidades.

Falta de voluntad política para ampliar o incluso hacer efectivos los espacios de participación ciudadana.

Falta de voluntad política para ampliar o incluso hacer efectivos los espacios de participación ciudadana.

Se ha concentrado en pocas manos y aumentado la desigualdad de forma no vista en el pasado, generando en el proceso delincuencia, violencias y miseria económica y moral muy extendida.

Crecientes problemas de inseguridad en las ciudades, violencia, delincuencia, impunidad, corrupción en las instituciones de seguridad.

Desde la década de los 80 la frase ha sido "la mejor política industrial es la que no existe" bajo la lógica de más mercado y menos Estado. En realidad, la política industrial solo ha privilegiado a la Gran empresa quien no vincula, o lo hace de manera subordinada, a las MIPYMES.

Durante un largo período de tiempo en el pasado siglo, el desarrollo tecnológico estuvo orientado a la búsqueda de beneficios económicos, sin atender debidamente el consumo material o energético, los riesgos ambientales o los peligros para la salud humana.

No existen apoyos para promover la economía social y solidaria y la sociedad no está capacitada para aplicar este modelo.

Se ha promovido y tolerado el comercio informal de manera desordenada y sin objetivos claros, se ha utilizado como único recurso estatal para paliar la crisis económica. La Ubicación irregular de comerciantes daña espacios públicos, produce contaminación y desperdicios, limita el libre y seguro tránsito de peatones, perturba el aspecto de los sitios donde se establecen.

Agotamiento de las fuentes tradicionales de energía; encarecimiento de la energía; mala administración y corrupción en la producción y suministro de energías.

La degradación ambiental sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo sostenible en todo el mundo. El cambio climático y la crisis económica aumentan la vulnerabilidad y los riesgos de desastres. Los gobiernos y las organizaciones no han atendido la gravedad del problema y sobre todo contar con perspectiva de género.

Así mismo las violencias de todo tipo (sexual, comunitaria, social, económica, etc.) se han recrudecido en los ámbitos urbanos, por ejemplo en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) al menos 21 de cada 100 mujeres mayores de 18 años en zonas urbanas sufrieron acoso o violencia sexual en espacios públicos durante el segundo semestre de 2020, en pleno escenario de confinamiento debido a la pandemia de COVIS SARS 19.

De acuerdo con los resultados del trigésimo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de marzo de 2021, durante ese mes 66.4% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto a los registrados en marzo y diciembre de 2020, que fueron de 73.4 y 68.1%, respectivamente. En esta edición, 17 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos respecto a diciembre de 2020: 12 tuvieron reducciones y 5 incrementaron. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 71%, mientras que para los hombres fue de 60.9 por ciento. (INEGI, ENSU; CIFRAS marzo 2021)

Así mismo la información sobre violencia en general y sobre violencia en contra de las mujeres o los delitos de odio, aún y cuando son monitoreados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad y Protección Ciudadana solo se han considerado “listas”, a veces incompletas, informes, estadísticas e infografías que lejos de tranquilizar y dar confianza sobre la actuación de prevención y sanción a violentadores, infractores y delincuentes se distingue que no hay una reacción eficaz contra la violencia y delitos en donde muchas veces los principales acusados son miembros de la policía, de la Guardia Nacional o del Ejército toda vez que en algunos casos por petición de los gobiernos municipales, estatales o por instrucción federal intervienen como fuerzas del orden. (Gobierno de México. S/f. Incidencia delictiva. Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública)

Otra situación paradigmática es la proliferación de grupos de delincuentes a los que se les relaciona con el “crimen organizado”, refiriéndose a actividades de tráfico de drogas y tráfico de personas, los cuales se creía actuaban solo en zonas alejadas de las grandes ciudades, sin embargo cada vez en más frecuente y claro que sus actividades son realizadas en cualquier localidad, acechan a habitantes, proliferan los secuestros, robos, cobro de “derecho de piso” a comerciantes establecidos e informales, etc.

Según el censo de 2020 en México viven actualmente 2 millones 838 personas con discapacidad. Ignorar e invisibilizar las desventajas de personas que viven con diferentes capacidades -motriz, visual, auditiva, falta o no funcionalidad de alguna parte del cuerpo, etc- en las que las barreras de movilidad, transporte, acceso a la educación, a la salud y el trabajo, entre otras han sido una forma de revictimizar a esas personas. Además han sido marginadas de áreas de oportunidad y desarrollo como lo es la participación política, como es el caso del Proceso Electoral 2020-2021 en la que conforme a los mandatos legales los partidos políticos debieran postular candidaturas de personas discapacitadas en razón de 6 de mayoría relativa y 2 de representación proporcional, que no fueron cumplidas.

Es notorio que la población de mujeres y de otros grupos en desventaja sobrevive, esta expuesta a múltiples segregaciones por proteger su integridad, su vida, la necesidad de obtener recursos de los que depende su persona y su familia.

Responsabilidades

En este rubro las primeras autoridades responsables son los ayuntamientos y los gobiernos de Alcaldías en las disposiciones administrativas de la Ciudad de México, pero también es responsabilidad de los gobiernos municipales, locales y del gobierno federal difundir y propiciar la capacitación para el cumplimento de los compromisos firmados para lograr los objetivos y metas de la Nueva Agenda Urbana (NAU).

Debe haber una vinculación más estrecha de la Secretaría de Relaciones Exteriores con los gobiernos estatales y municipales para contribuir en el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos internacionales y que los funcionarios públicos, sobre todo aquellos con capacidad de decisión conozca el alcance y la importancia de los acuerdos y convenciones que México ha firmada en este caso en particular de la Declaración de Quito de 2016 y el logro de los ODS y las agendas globales que tienen que ser abordadas de manera integral, armonizada y coordinada y aterrizadas en todas las instancias de gobierno, debemos esforzarnos por lograr ciudades y asentamientos humanos en donde todas las personas puedan disfrutar de iguales derechos y oportunidades. (Declaración de Quito, Sept. 2016) y el logro de los ODS y las agendas globales que tienen que ser abordadas de manera integral, armonizada y coordinada y aterrizadas en todas las instancias de gobierno con la participación no simulada de las sociedades locales.

Obtenidos de la fuente: http://agenda2030.mx

Indicadores para los que no se dispone de series estadísticas, no se dispone de metodología o de estándares internacionales para su construcción

Relación entre ODS 11 y los instrumentos Internacionales para la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres.

Los instrumentos internacionales han sido muy puntuales en el destino que pretenden defender los derechos de las mujeres y que se conciben como un amplio paraguas en el que la reivindicación, protección, defensa, reparación del daño y medidas de no repetición de la afectación de derechos de grupos vulnerables, en contenido general, también es cierto que abundan en señalar aspectos más puntuales que implican sobre todo para los Estados que participan del arreglo internacional, de tal suerte que son indicativos más no limitativos de la progresividad en la protección de los Derechos humanos y en específico de nuestro interés en MIRA PENSADORAS URBANAS en lo que respecta a la perspectiva de género.

ODS 11 en relación con la Declaración y la Plataforma de Beijing

ODS 11 en relación con CEDAW

ODS 11 y relación con Recomendaciones Generales de Comité CEDAW

ODS 11 y los marcos globales en desarrollo y medio ambiente

La dinámica social urbana, las tendencias al desarrollo sostenible y las dinámicas ambientales actuales sobre todo referidas al cambio climático y la ocurrencia e impacto de desastres resultan un desafío considerable para todos los países; por ello se recurre a los acuerdos de carácter regional e internacional respecto de la necesidad de desarrollar y fortalecer las capacidades para describir, medir, prevenir, planear, mitigar, financiar, etc. a través de medidas comunes los impactos en la vida de los seres vivos.

ODS 11 Y NAU (NUEVA AGENDA URBANA), 2016

El Objetivo 11 de la Agenda de Desarrollo Sostenible está estrechamente vinculado a la Nueva Agenda Urbana (NAU).

La Nueva Agenda Urbana se aprobó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016. La Asamblea General de las Naciones Unidas refrendó la Nueva Agenda Urbana en su sexagésimo octava sesión plenaria de su septuagésimo primer período de sesiones, el 23 de diciembre de 2016. (ONU HÁBITAT, 2017).

La NAU se integra por los siguientes documentos: 1) la Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos, 2) Plan de Aplicación de Quito para la Nueva Agenda Urbana y la Hoja de Ruta hacia Hábitat III. (ONU HÁBITAT, 2017).

Destaca en sus contenidos que todas las personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a los beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer, y en el que la comunidad internacional reconsidere los sistemas urbanos y la forma física de nuestros espacios urbanos como un medio para lograrlo. (ONU HÁBITAT, 2017; p. IV)

Las metas específicas del Objetivo 11 que se articulan para lograr ciudades y comunidades sostenibles consideran aspectos físicos como: la vivienda y los servicios básicos adecuados; sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles; zonas verdes y espacios públicos seguros e inclusivos, y; el patrimonio cultural y natural, entre otros. Además, destaca que es necesario poner atención a: los vínculos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales; reducir los desastres y la vulnerabilidad de la población, y; reducir el impacto ambiental de las ciudades. Finalmente, es de destacar que existe una meta específica sobre la planificación y gestión participativas, como un elemento necesario para lograr comunidades inclusivas.

El Plan de aplicación de la NAU considera que para la transformación en pro del desarrollo urbano sostenible, los asentamientos humanos deben ser inclusivos, prósperos, resilientes y ambientalmente sostenibles, tal como se plantea en el ODS 11. En este sentido, la NAU no sólo está vinculada con la Agenda 2030, sino que es un plan de acción para las metas de un objetivo específico.

En el trasfondo de la NAU, lo que se plantea es el ideal de “el derecho a la ciudad”, entendido como que todas las personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a los beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer. Sin embargo, para algunos autores como David Harvey, el derecho a la ciudad es mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo, sino que también es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos.

Aunque tanto el Objetivo de “Ciudades y Comunidades Sostenible” y la “Nueva Agenda Urbana”, incorporan elementos de participación ciudadana y gobernanza urbana dentro de sus metas y plan de acción, no ocupan la centralidad ni el mismo enfoque que Henry Lefebvre y David Harvey lo otorgan a la capacidad de construir, decidir y crear la ciudad por parte de los habitantes como un derecho humano. (IMJUVE, 11 julio 2018)

La NAU representaría una "hoja de ruta" extensa del ODS 11, sin embargo en lo específico, en la siguiente tabla, respecto de las Ciudades y comunidades sostenibles, tenemos que:

ODS 11 Y EL ACUERDO DE PARÍS 2015.

ODS 11 y Marco de Sendai, 2015.

El Marco de Sendai es el instrumento sucesor del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. El Marco de Acción de Hyogo se concibió para dar un mayor impulso a la labor mundial en relación con el Marco Internacional de Acción del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales de 1989 y la Estrategia de Yokohama para un Mundo Más Seguro: Directrices para la prevención de los desastres naturales, la preparación para casos de desastre y la mitigación de sus efectos, adoptada en 1994, así como su Plan de Acción, y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de 1999. El Marco de Sendai se basa en elementos que garantizan la continuidad del trabajo hecho por los Estados y otras partes interesadas en relación con el Marco de Acción de Hyogo, y presenta una serie de innovaciones que se solicitaron durante las consultas y las negociaciones.

Género en el Marco de Hyogo:

1) existen personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, entre ellas, las mujeres;

2)los desastres recurrentes, de pequeña escala y evolución lenta impactan a las familias y constituyen un alto porcentaje de las pérdidas;

3) es necesario involucrar a los actores pertinentes, entre ellos, a las mujeres;

4) hay que fortalecer la gobernanza y las participación plena y significativa (4 y 14)

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 se adoptó en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón) el 18 de marzo de 2015. Este es el resultado de una serie de consultas entre las partes interesadas que se iniciaron en marzo de 2012 y de las negociaciones intergubernamentales que tuvieron lugar entre julio de 2014 y marzo de 2015, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (ONU; Marco de Sendai, 2016)

ODS 11 y "Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible", 2016.

En este documento, que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presenta a los Estados miembros en su trigésimo sexto período de sesiones, se complementa analíticamente a la Agenda 2030 sobre la base de la perspectiva estructuralista del desarrollo y desde el punto de vista de los países de América Latina y el Caribe. Sus propuestas se centran en la necesidad de impulsar un cambio estructural progresivo que aumente la incorporación de conocimiento en la producción, garantice la inclusión social y combata los efectos negativos del cambio climático. El foco de las reflexiones y propuestas para avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo radica en el impulso a la igualdad y la sostenibilidad ambiental.

La creación de bienes públicos globales y de sus correlatos a nivel regional y de políticas nacionales es el núcleo desde el que se expande la visión estructuralista hacia un keynesianismo global y una estrategia de desarrollo centrada en un gran impulso ambiental.

ODS 11 Y Acuerdo de Escazú, 2020.

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo es una proposición​ de las Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible. Fue aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992; en su principio no. 10 destaca que. PRINCIPIO 10

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

Por esa razón la CEPAL desarrolla el Observatorio del Principio 10, y establece la vigilancia sobre leyes, políticas, jurisprudencia y tratados que garantizan que los derechos de las personas a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río, sean aplicados cabalmente. (CEPAL, S/f)

Respecto de El Acuerdo de Escazú, histórico instrumento legal, es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único en su tipo en el mundo que ha emergido hasta ahora de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), se abrió a la firma de todos los Estados el 27 de septiembre de 2018; firmado el 27 de septiembre de 2018 por México y entró en vigor el 22 de abril de 2021.

El Acuerdo de Escazú busca asegurar que todas las personas tengan acceso a información oportuna y confiable, puedan participar de manera efectiva en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y accedan a la justicia en asuntos ambientales, contribuyendo así al cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Busca la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de capacidades y la cooperación.

Pretende contribuir a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible.

Incorpora directrices tendientes a que los Estados que forman parte del acuerdo impulsen y promuevan la transparencia, participación del público en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente, o contravenga alguna norma jurídica relacionada a esta materia.

Asimismo, establece el compromiso de cada parte de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. (EFE; 23 enero 2021)

Aunque se trata de un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región. En él se abordan aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional y se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres. También se incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y como queda expuesto en el cuadro anterior las especificaciones respecto a la perspectiva de género son realimente escasas, incluso a pesar de la corta vida de dicho instrumento internacional ya hay suficientes e interesantes estudios respecto al tema. (Ver: Arreguín, P. (2021) El Acuerdo de Escazú y la ciudadanía ambiental de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas).

ODS 11 y "Hacer las promesas Realidad: la igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" (2018).

En el Informe de ONU MUJERES Hacer las promesas Realidad: la igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2018) se señala:

En los países donde es especialmente frecuente que las mujeres de medios urbanos vivan en viviendas precarias, 130 las dos formas más habituales de necesidades domésticas insatisfechas son la falta de materiales de construcción duraderos y la falta de servicios mejorados de saneamiento, que imponen riesgos y cargas importantes a las mujeres, dado que son ellas quienes pasan más tiempo en el hogar y, por lo tanto, se encuentran más expuestas a los peligros que ello conlleva para la salud y la higiene. A pesar de que no esté tan generalizada como la falta de saneamiento y de viviendas duraderas, la falta de acceso al agua potable y el hacinamiento que experimentan buena parte de las y los habitantes de barrios marginales hacen que las familias sean más vulnerables a las enfermedades y que aumente el tiempo que dedican las mujeres a recolectar agua y cuidar de las personas enfermas. (p. 16)

Dificultades que plantea la medición Las especificidades nacionales y locales respecto a la clasificación de las unidades de vivienda pobres e informales hacen que la comparabilidad de los datos entre países resulte todo un desafío. En la actualidad se trabaja para optimizar la medición a través de cuestionarios mejorados; sin embargo, la utilización de los datos de las encuestas conlleva limitaciones importantes para la precisión de este indicador. Esto se debe a que las encuestas omiten a la población sin hogar y a menudo no recogen en su totalidad a los grupos de población a los que resulta difícil acceder, como los que viven en zonas geográficas extensas y densamente pobladas, que tienen una alta probabilidad de ser clasificados como habitantes de barrios marginales. Además, la mayoría de las encuestas no recopilan información sobre las y los habitantes de los barrios marginales desglosada por sexo (:116)

Aunque tanto el Objetivo de “Ciudades y Comunidades Sostenible” y la “Nueva Agenda Urbana”, incorporan elementos de participación ciudadana y gobernanza urbana dentro de sus metas y plan de acción, no ocupan la centralidad ni el mismo enfoque que Henry Lefebvre y David Harvey lo otorgan a la capacidad de construir, decidir y crear la ciudad por parte de los habitantes como un derecho humano.

En este sentido, los nuevos movimientos sociales urbanos, preocupados por reivindicar temas como la desigualdad social y la pobreza, el cambio climático y cuestiones medioambientales, el uso de medios de transporte no contaminantes, la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos, y la defensa de áreas verdes y el espacio público, entre otros, pueden contribuir a abogar por el derecho de los habitantes a la capacidad de imaginar, crear y construir las ciudades y comunidades que habitan.

En estos nuevos movimientos sociales, es posible distinguir dos características que todos tienen en común, sobre todo en los años recientes: a) una alta participación y protagonismo de las y los jóvenes, y b) el uso intensivo de redes sociales y medios digitales de comunicación.

ODS 11 y ADDIS ABEBA, 2015.

La Agenda de Acción de Addis Abeba es un acuerdo histórico que provee la base para implementar la agenda de desarrollo sostenible, que alinea la financiación y las políticas con las prioridades económicas, sociales y medioambientales. (ONU, Departamento de asuntos sociales y Económicos, S/f)

El documento fue elaborado por los 193 Estados miembros de la ONU bajo el liderazgo de Etiopía, el país sede de la Conferencia y contiene más de cien medidas concretas que abarcan todas las fuentes de financiamiento y contemplan una amplia variedad de aspectos entre los que destacan la ciencia y la tecnología, las innovaciones y el comercio.

Establece también la movilización de recursos nacionales a través de una ampliación de la base tributaria, una mejora de los sistemas recaudatorios y un combate a la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos.

Asimismo, compromete a los países a cumplir con la partida de asistencia oficial al desarrollo, sobre todo hacia los países menos desarrollados, y estipula una mayor cooperación Sur-Sur.

Los recursos se asignarán a los mayores desafíos económicos, sociales y ambientales que afronta la humanidad. (ONU, Noticias ONU; 15 julio 2015)

La Agenda de Addis se fundamenta en el Consenso de Monterrey de 2002 y la Declaración de Doha de 2008 y presenta unas bases sólidas para realizar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Incluye acuerdos y recomendaciones sobre políticas que giran en torno a siete temas principales:

(i) recursos nacionales públicos;

(ii) actividad financiera y comercial privada nacional e internacional;

(iii) cooperación internacional para el desarrollo;

(iv) el comercio internacional como motor del desarrollo;

(v) la deuda y la sostenibilidad de la deuda;

(vi) tratamiento de las cuestiones sistémicas; y

(vii) ciencia, tecnología, innovación y creación de capacidad.

El apartado final está dedicado a la información, la supervisión y el seguimiento. La Agenda de Addis establece también un sólido y detallado proceso para dar seguimiento y revisar los resultados de la financiación al desarrollo, además de los medios para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. (ONU, Departamento de asuntos sociales y Económicos, S/f)

ODS 11 Y SARS-COVID 19.

ONU en su página de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 11) explica: Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento económico, ya que contribuyen al 60 % aproximadamente del PIB mundial. Sin embargo, también representan alrededor del 70 % de las emisiones de carbono mundiales y más del 60 % del uso de recursos.

La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados (como la recogida de residuos y los sistemas de agua y saneamiento, carreteras y transporte), lo cual está empeorando la contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado.

El impacto de la COVID-19 será más devastador en las zonas urbanas pobres y densamente pobladas, especialmente para el mil millón de personas que vive en asentamientos informales y en barrios marginales en todo el mundo, donde el hacinamiento también dificulta cumplir con las medidas recomendadas, como el distanciamiento social y el autoaislamiento.

El organismo de las Naciones Unidas para los alimentos, la FAO, advirtió de que el hambre y las muertes podrían aumentar de manera significativa en las zonas urbanas que no cuentan con medidas para garantizar que los residentes pobres y vulnerables tengan acceso a alimentos.

Las ciudades se encuentran en la primera línea de la acción mundial para enfrentar la pandemia, dichas propuestas y acciones se han expresado en el documento Respuestas de gestión de riesgos urbanos y de desastres a COVID-19 (Word Bank, 2020) respecto de la lucha contra la pandemia y sus efectos duraderos. Alrededor del mundo, la COVID-19 está amenazando a las ciudades y comunidades, poniendo en peligro, no solo la salud pública, sino también la economía y el tejido social.

ONU-Hábitat, el organismo de las Naciones Unidas para la vivienda y el desarrollo urbano, está trabajando con los Gobiernos a nivel nacional y local para ayudarlos a prepararse, prevenir, responder y recuperarse de la pandemia de la COVID-19. El Plan de Respuesta COVID-19 de ONU-Hábitat (ONU HÁBITAT, abril 2020) aspira a lo siguiente:

• Apoyar a los Gobiernos locales y las soluciones comunitarias en asentamientos informales.

• Proporcionar datos urbanos, esquemas y conocimientos basados en datos empíricos para tomar decisiones fundamentadas.

• Mitigar el impacto económico e iniciar la recuperación.

El marco normativo y de programas COVID-19 de ONU-Hábitat (Abril 2020) proporciona orientaciones para tomar medidas a nivel mundial, regional y nacional.

La Comisión Económica para África de las Naciones Unidas ha propuesto un apoyo específico para los Gobiernos municipales con el objetivo de mitigar y responder a los efectos económicos de la COVID-19. Las ciudades de África representan más del 50 % del PIB de la región, y la COVID-19 probablemente afecte duramente a las ciudades africanas con fuertes descensos de la productividad, el empleo y los ingresos. (ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible; S/f).

AVANCE DE INDICADORES DE ODS 11 EN MÉXICO, 2019.

Indicadores propuestos por Pensadoras Urbanas para ODS 11

• Programas y acciones de protección del patrimonio cultural y natural de las localidades que incluyen las necesidades y las perspectivas de las mujeres y atienden las necesidades de niños, niñas y adolescentes, persona adultas mayores y discapacitadas

• Número de proyectos de desarrollo apoyados con recursos municipales para promover la protección del patrimonio cultural y natural de las localidades que incluyen las necesidades y las perspectivas de las mujeres y atienden las necesidades de niños, niñas y adolescentes, persona adultas mayores y discapacitadas

• Mapas de riesgo de cada localidad que incluyen las afectaciones de las mujeres sobre todo en las comunidades más vulnerables

• Cursos de capacitación a grupos de mujeres para el manejo de riesgos de desastre

• Recursos etiquetados para la prevención de riesgos de desastres en los asentamientos irregulares para reubicación

• Recursos etiquetados para la prevención de riesgos de desastres en zonas vulnerables de las comunidades municipales

• Plan de manejo de basura y otros contaminantes en las localidades municipales que atienda lo estipulado en el Marco de Sendai, Acuerdo de París y Nueva Agenda Urbana

• Cursos de capacitación para funcionarios para el manejo sostenible de los desechos urbanos e industriales.

• Proyectos con presupuesto para el manejo sostenible de los desechos municipales que atienda lo estipulado en el Marco de Sendai, Acuerdo de París y Nueva Agenda Urbana

• Espacios públicos municipales que llenan los requerimientos para proteger las necesidades de las mujeres, niños y niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, adecuados al clima y a la cultura de las comunidades del municipio, diseñados con participación ciudadana.

• Espacios públicos de proximidad en las colonias periféricas que llenan los requerimientos para proteger las necesidades de las mujeres, niños y niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, adecuados al clima y a la cultura de las comunidades del municipio, diseñados con participación ciudadana.

• Programa de apoyo municipal a mercados de abastecimiento locales sanos, asequibles para todos y sostenibles. (NAU)

• Apoyos para redes productivas sostenibles que estén basadas en las demandas de las mujeres que propicien la interacción y la conectividad entre las zonas urbanas y rurales y con zonas periurbanas con Perspectiva de Género y diseñadas con participación de las mujeres.

• Programas de apoyo a iniciativas comunitarias y a proyectos de economía social y solidaria que promuevan la productividad económica sostenible, crecimiento equitativo, comercio y mercados locales, formales e informales

• Inventario de mercados y cadenas de valor locales que propicien la vinculación ente las comunidades urbanas y rurales de los municipios atendiendo las necesidades e iniciativas de las mujeres y de los grupos sociales más vulnerables

• Plan de acción municipal y por cada localidad frente al cambio climático que contemple la participación y la consideración de las necesidades y expectativas de las mujeres

• Recursos etiquetados para apoyar el desarrollo de proyectos comunitarios de mitigación y adaptación al cambio climático.

• Planes de estudio que incorporan el conocimiento sobre el cambio climático y sus efectos diferenciados en las comunidades.

• Proyectos municipales para proporcionar tecnología de energía renovable y no contaminante que sea accesible para todos los hogares a nivel familiar.

• Programa de reforzamiento de las finanzas municipales; coordinación y cooperación para la aplicación efectiva de la NAU.

• Consejos ciudadanos de ordenamiento territorial y/o imagen urbana que incorporan mujeres en paridad y tienen transversalidad en la perspectiva de género

• Avances municipales en la promoción de presupuestos participativos.

• Incorporación de manera obligatoria en las escuelas y facultades de ingeniería y arquitectura el conocimiento sobre la Nueva Agenda Urbana, los ODS y los compromisos internacionales adquiridos por México en materia de construcción, vivienda y desarrollo urbano.

• Acciones de promoción de acuerdos de cooperación Norte Sur y Sur-Sur que atiendan las necesidades diferenciadas de mujeres en todos los temas.

• Instrumentos y mecanismos municipales para la seguridad urbana y la prevención de la delincuencia y la violencia, que incluyen la transversalidad de la perspectiva de género para combatir la violencia contra las mujeres, personas discapacitadas, niños, niñas y adolescentes y personas adultas mayores.

• Sistema integral e integrado de indicadores de bienestar: pobreza, educación, salud, empleo, ingresos, seguridad social desagregado por sexo de la población de mujeres y hombres de la tercera edad.

• Marcos normativos para regular el derecho a la ciudad.

• Legislación en materia de vivienda que incluya los principios del derecho a la ciudad para mujeres y hombres y que contemple la posibilidad de adaptación a necesidades diferentes y no viviendas mínimas iguales.

• Leyes y reglamentos de Desarrollo Urbano, de Asentamientos Humanos, de fomento económico, gestión ambiental, con un enfoque de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, derechos humanos e indicadores de género.

• Estadísticas sobre la disminución de la brecha de desigualdad social y de género, por sector: participación política, educación, salud, trabajo, etc.

• Organizaciones ciudadanas y/o Consejos consultivos integrados y acciones emprendidas.

• Principios de inclusión, equidad, perspectiva de género y derechos humanos incorporados a la normatividad municipal y estatal.

• Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el municipio.

• Presupuestos suficientes en (delegaciones) Alcaldías y municipios, para atender las prioridades detectadas en los Atlas Comunitarios de Riesgos.

• Observatorios ciudadanos de seguimiento al ejercicio del presupuesto municipal.

• Porcentaje de cobertura por colonias con infraestructura adecuada en pavimento, alumbrado público, recolección de basura, drenaje pluvial, semáforos, puentes peatonales.

• Indicadores de bienestar y de acceso a servicios urbanos, sanitarios, de educación, de salud y recreativos de los habitantes de asentamientos irregulares.

• Porcentaje de hogares con jefatura de mujeres y hombres que viven en zonas periféricas sin infraestructura y sin servicios, o asentamientos informales (desglosado por tipo de servicio: agua, energía, drenaje).

• Porcentaje de hogares con jefatura de mujeres y hombres que viven en espacios con más de tres personas por habitación o de 3 metros cuadrados de espacio por persona.

• Porcentaje de hogares con jefatura de mujeres y de hombres que vive en viviendas con piso y materiales duraderos.

• Porcentaje de hogares con jefatura de mujeres y de hombres que vive en viviendas que no se encuentra en una zona peligrosa

• Proporción de viviendas de hogares con jefatura de mujeres y de hombres construidas en lugares peligrosos.

• Porcentaje de hogares con jefatura de mujeres y de hombres en áreas urbanas con una tenencia segura, que poseen derechos documentados sobre la vivienda.

• Porcentaje de mujeres y hombres en la ciudad urbana por quintiles que gasta más del 30 por ciento de sus ingresos en alojamiento.

• Mecanismos de apoyo para la adquisición de la vivienda (créditos, cooperativas, etc).

• Porcentaje de presupuesto destinado al mejoramiento de vivienda precaria y reubicaciones hacia zonas seguras, mantenimiento de UH como parte del patrimonio urbano.

• Proporción del presupuesto destinado a la construcción y mantenimiento de los espacios públicos (desagregado por parques, espacios deportivos con grupos deportivos o de activación físicas y con instructores asignados, bibliotecas, espacios culturales, paradas de autobuses).

• Proporción de espacios públicos abiertos y protegidos accesibles para personas con discapacidades, mujeres, niños y niñas, adultos mayores.

• Porcentaje de espacios públicos por habitante.

• Porcentaje de espacios públicos acondicionados para la convivencia urbana.

• Mecanismos para promover la producción de la Economía Social y Solidaria con participación de mujeres.

• Número de Centros de Negocios Comunitarios.

• Número de comités o asociaciones vecinales constituidos o reactivados, organizaciones ciudadanas y/o Consejos consultivos integrados y acciones emprendidas.

• Plan integral de manejo del agua en el municipio: captación, reserva y distribución de agua.

• Instalaciones hidráulicas rehabilitadas.

• Alcantarillado para la captación y distribución del agua pluvial en funcionamiento.

• Promedio de tiempo, en horas y minutos que utilizan mujeres y hombres, por medio de transporte y por nivel de ingresos, para trasladarse a su trabajo.

• Líneas de transporte con mantenimiento y monitoreo de rutas, horarios y seguimiento de quejas.

• Plan integral de modernización del transporte urbano que incluya: modalidades de transporte, rutas, paraderos, unidades, tarifas, sustentabilidad.

• Porcentaje de transporte público con facilidades para personas discapacitadas, mujeres con niños y embarazadas (autobús, taxi, peseros).

Pensadoras Urbanas: nuestras propuestas de política para ciudades y comunidades sostenibles ODS 11

La población mundial es cada vez más urbana, lo cual plantea oportunidades y riesgos para las mujeres y las niñas: la falta de acceso a fuentes de energías limpias, agua potable e instalaciones sanitarias mejoradas en viviendas de barrios marginales, por ejemplo, provoca efectos adversos en la salud de las mujeres.

(ONU MUJERES. 14 FEB 2018. HACER LAS PROMESAS REALIDAD.)

Necesario:

Contribuir a garantizar el acceso a los servicios básicos para todas las personas (meta 11.1); involucra a funcionarios de nivel federal, estatal y municipal y que vincule a los prestadores de servicios del ramo privado y que se tome en cuenta la opinión de la población usuaria.

Contribuir a la planeación y ordenación sistemas de transporte público seguros, asequibles, accesibles y sostenibles (meta 11.2); involucra a funcionarios de nivel federal, estatal y municipal y que vincule a los prestadores de servicios del ramo privado y que se tome en cuenta la opinión de la población usuaria.

Contribuir a un proceso de urbanización inclusiva y sostenible (meta 11.3); involucra a funcionarios de nivel federal, estatal y municipal y que vincule a los prestadores de servicios del ramo privado y que se tome en cuenta la opinión de la población establecida.

Contribuir a garantizar el patrimonio cultural y natural del mundo (meta 11.4); involucra a funcionarios de nivel federal, estatal y municipal y que vincule la opinión de la población establecida así como que se respete y sean progresivos los medios de protección de la vida natural de los territorios. (ONU HÁBITAT, 2019)

Para ello proponemos:

Impulsar agendas de trabajo a nivel local, para abonar a la transformación del patrón territorial de los asentamientos humanos en concordancia con las políticas de descentralización y de desarrollo económico, como medio para reducir los costos sociales de las grandes concentraciones urbanas, así como la dispersión de las áreas rurales.

Necesaria la aplicación y ejercicio inmediato de “la sostenibilidad autoimpuesta”, no es solo el ahorro sino el consumo inteligente de bienes comunes naturales.

Necesario incorporación inmediata a la “conectividad” y el uso de datos informáticos para todas las mujeres, de toda condición y edad; el acceso a medios de comunicación local como las señales de radio y televisión para facilitar el acceso a la información y la creación y fortalecimiento de redes de mujeres y beneficiar el derecho a la información en su idioma o forma de comunicación.

Incorporación de la perspectiva de género en la regulación local, municipal y de alcaldía correspondiente.

Armonización legislativa para una verdadera transversalización de la perspectiva de género.

Transversalidad de la perspectiva de género en todas las políticas públicas.

Incorporar mujeres en paridad en Consejos de participación ciudadana para el ordenamiento territorial, para prevención de la violencia, para planificación urbana, para el manejo del agua, para el manejo de GIRD Gestión integral de riesgos y desastres.

Contar con programas y acciones para asegurar la provisión de agua para las mujeres en asentamientos irregulares.

Apoyar proyectos de energía renovable y no contaminante a nivel de los hogares y de grandes empresas.

Promover empleo decente para las mujeres en todas las condiciones.

Salario remunerado para trabajos de cuidado, reconocimiento del trabajo doméstico con derechos garantizados, salarios iguales para trabajos iguales, reconocimiento de los derechos laborales especiales de las mujeres.

Desarrollar programas de activación laboral para mujeres. Crear redes de cadenas de valor entre mujeres en las ciudades y en las zonas rurales en las comunidades con actividades de apoyo para conectar insumos de actividades primarias de ciencia y tecnología, industria, actividades deportivas y artísticas, promoviendo los recursos humanos locales.

Establecer apoyos para capacitación y programas de aprovechamiento del agua para las mujeres.

Programas, proyectos y acciones locales para promover y apoyar la producción local de las mujeres. Establecer apoyos económicos para proyectos productivos que las mujeres puedan realizar en sus hogares. Capacitación y apoyos para proyectos de agricultura urbana que apoye la alimentación de las familias en sus hogares y capacitación y apoyos económicos para que las mujeres puedan manejar semillas originarias. Convocatoria de proyectos con apoyos para mujeres sobre todo en los asentamientos irregulares para actividades que promuevan la creación y protección de patrimonios cultuales comunitarios. Capacitar y promover formas de organización (unidades domésticas, emprendimientos familiares o comunitarios, cooperativas, asociaciones en general, redes, empresas de capital y públicas, etc.) Apoyar con varios tipos de recursos a las mujeres con hijos para realizar estudios. Contar con apoyos etiquetados a proyectos culturales que atiendan la desigualdad entre hombres y mujeres y su diversidad.

Asegurar los servicios públicos suficientes y sostenibles en las áreas urbanas periféricas. Diseñar programas y acciones especiales para atender las necesidades de todas las mujeres en los asentamientos irregulares. Generar proyectos de apoyo a mujeres en zonas vulneradas por desastres sobre todo de los grupos más vulnerables.

Desarrollar las cadenas de valor de las mujeres, en el ámbito rural y urbano, Generando Centros de Negocios Comunitarios para mujeres; proyectos productivos para mujeres sobre todo en asentamientos irregulares y zonas marginadas.

Certificar empresas en igualdad de género.

Generar, reforzar y actualizar continuamente la formación cívica respecto al derecho a la Ciudad, con perspectiva de DDHH y género, en el ámbito educativo y en la dinámica cotidiana, para que sea parte de la vida en comunidad.

Involucrar a todas y todos los integrantes de las comunidad en la planeación y acción del desarrollo de las comunidades, en la ordenación territorial, el desarrollo y establecimiento de vías de comunicación, servicios públicos como transporte (desde su implementación, infraestructura, condiciones de las mismas respecto de funcionabilidad, seguridad, eficiencia, satisfacción ergonómica, accesibilidad material y económica); instalaciones de acceso al agua, a la recolección, gestión y transformación de desechos de todo tipo; etc.

Entre otras.

Glosario de Términos

Nueva Agenda Urbana (NAU)

La NAU es una guía para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades para una amplia gama de actores (estados, líderes urbanos y regionales, donantes, programas de las Naciones Unidas, academia, la sociedad civil, entre otros) para los próximos 20 años. Busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación urbana, y la economía urbana. Procura crear un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y desarrollo. Se aprobó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016. La Asamblea General de las Naciones Unidas refrendó la Nueva Agenda Urbana en su sexagésimo octava sesión plenaria de su septuagésimo primer período de sesiones, el 23 de diciembre de 2016.

ONU-Habitat

Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, asume el liderazgo en temas urbanos, con mandato otorgado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1978, para abordar asuntos del crecimiento urbano y conocimiento en procesos de desarrollo urbano.

Objetivo de la NAU

Una ciudad y asentamientos humanos para todos y todas, con igualdad en el uso y el disfrute para generaciones presentes y futuras, inclusivos, sin discriminación, justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles con prosperidad y la calidad de vida.

Viviendas asequibles

Con acceso a espacios públicos y servicios básicos de calidad para todos y todas, con mayor seguridad, que favorezca la interacción social e intergeneracional y el reconocimiento de la diversidad; con sistemas de ordenación y uso de la tierra y de registro de la propiedad y sistemas financieros cabales transparentes y sostenibles; con políticas, instrumentos, mecanismos y modelos de financiación; con códigos de construcción resiliente, en regulaciones y permisos de construcción, ordenanzas y leyes del uso del suelo y reglamentos de ordenación; combatir y prevenir la especulación, desplazamientos, falta de vivienda y desalojos forzosos arbitrarios; elaborar análisis diferenciado de oferta y demanda de vivienda basado en datos desglosados de buena calidad, oportunos y fiables.

Urbanización planificada y ordenamiento territorial

Con fortalecimiento de la gobernanza, participación de todos y todas; especial atención a retos singulares y nuevos en desarrollo urbano; Reorientar la manera de planificar, financiar, desarrollar, administrar y gestionar ciudades y asentamientos humanos; crear plataformas inclusivas, en consonancia con políticas nacionales, con participación significativa en procesos de decisiones planificación y seguimiento; contribuciones de todos los segmentos de la sociedad; movilidad y transporte incluyente y eficiente; servicios urbanos resilientes adecuados; manejo sostenible del patrimonio natural y cultural; apoyar la producción social del hábitat; fortalecer la cohesión social.

Gobernanza urbana

Políticas urbanas inclusivas, aplicables y participativas; fortalecer la gobernanza local con estructuras administrativas y de gestión propias, de conformidad con la legislación y las políticas nacionales, en alianza con las comunidades, la sociedad civil y el sector privado; Estudiar la posibilidad de aumentar las asignaciones de recursos financieros y humanos, para mejorar y prevenir el surgimiento de barrios marginales y asentamientos informales, con estrategias más allá de las mejoras físicas y ambientales para asegurar su integración en las dimensiones social, económica, cultural y política de las ciudades.

RECURSOS

ACNUR (S/f) Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Disponible en https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf

AGENDA 2030 México (2019) Indicadores. ODS 11. Disponible en http://agenda2030.mx/ODSGoalSelected.html?ti=T&cveArb=ODS0110&goal=0&lang=es#/ind

Alatorre, J. (2016) Cambio climático, el Acuerdo de París y los ODS [ECLAC] disponible en https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/11._jose_eduardo_alatrorre_sr_sept2016.pdf

Arreguín, P. (2021) El Acuerdo de Escazú y la ciudadanía ambiental de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Disponible en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/17551.pdf

Cabral, M. (Septiembre 2016) Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos. Traducción de MIRA Pensadoras Urbanas /María Luisa Cabral Bowling. Disponible en https://www.eltelegrafo.com.ec/images/cms/DocumentosPDF/2016/Habitat_III_Nueva__Agenda_Urbana_10_Septiembre_2016_MLC_MIRA.pdf

C E PA L con base en: Olhoff, et al. (2015) “The adaptation finance gap update with insights from theINDCs”. United Nations Environment Programme (UNEP). P. 8. Disponible en https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/119467272/UNEP_Adaptation_Finance_Gap_Update_Web_1_1.pdf

CEPAL (2020) Acuerdo de Escazú. Disponible en https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu

CEPAL (2016) Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. Disponible en https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/40159/S1600653_es.pdf

CEPAL (S/f) Observatorio del Principio 10. Disponible en https://observatoriop10.cepal.org/es/rights/informacion

Comité CEDAW (S/f) Recomendaciones Generales. Disponible en https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales_CEDAW.html

CIH (2012) Construyendo otros mundos posibles. Derecho a la Ciudad, sustentabilidad y buen vivir en América Latina. Disponible en https://hic-al.org/wp-content/uploads/2019/02/Construyendo_otros_mundos_posibles.pdf

CONEVAL (Junio 2020) Actualización de las Líneas de Pobreza por Ingresos; Emergencia sanitaria de la COVID-19. Disponible en https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Lineas_bienestar/Lineas_de_pobreza_COVID_19_junio_2020.pdf

CONEVAL (S/f) AGEBs Rezago social a nivel zonas urbanas, Disponible en https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Rezago_social_AGEB_2010.aspx

El Orden Mundial. (07 oct 2020) La evolución de las ciudades más pobladas del mundo desde 1950 hasta 2035. Línea del tiempo activa [blog] Disponible en https://elordenmundial.com/mapas/evolucion-ciudades-mas-pobladas-mundo-desde-1950/

EFE (23 enero 2021) México ratifica Acuerdo de Escazú. Disponible en https://www.efe.com/efe/america/mexico/mexico-ratifica-el-acuerdo-de-escazu-que-entrara-en-vigor-22-abril/50000545-4447235

FAO (09 de marzo de 2017) Perspectiva de Género en el Marco de Sendai. Disponible en https://es.slideshare.net/FAOoftheUN/perspectiva-de-gnero-en-el-marco-de-accin-de-sendai

FAO (S/f) ODM 7. Disponible en http://www.fao.org/sustainable-development-goals/mdg/goal-7/es/

Gobierno de la República, México. (S/f) ODS 11. Disponible en https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/11-ciudades-y-comunidades-sostenibles

Gobierno de México (11 septiembre 2017) Relación de ODS 11 con otros ODS. [Blog] Disponible en https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/11-ciudades-y-comunidades-sostenibles

Gobierno de México (20 octubre 2018) Las recomendaciones de Comité CEDAW a México. [CONAVIM]. Disponible https://www.gob.mx/conavim/articulos/las-recomendaciones-del-comite-cedaw-a-mexico

Gobierno de México (S/f) Incidencia delictiva. Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública [Blog] Disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/incidencia-delictiva?idiom=es

Harvey, D. (2013), Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Madrid: Akal.

IIDH (2000) CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER CEDAW y Protocolo Facultativo. Disponible en https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1838/convencicion-cedaw-protocolof-2004.pdf

IMJUVE (2018) METAS Y OBJETIVOS DE ODS 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES. Disponible en https://www.gob.mx/imjuve/es/articulos/ods-11-ciudades-y-comunidades-sostenibles?idiom=es

INEGI (2021) ENSU; CIFRAS marzo 2021. Disponible en https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=6458

INEGI (Marzo 2021) Cuéntame. Población urbana y rural. Disponible en http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema_P

KILN (S/f) MAPA DE CARBONO INTERACTIVO. Disponible en http://www.carbonmap.org/?lang=es#

Léonard, P. (2019) Marcos Globales y regionales de la Agenda 2030: ODS, Sendai y Horizontes 2030. Disponibles en https://www.cepal.org/sites/default/files/courses/files/1.1agenda-sendai-horizontes.pdf

LURConsultores (S/f) ODS agrupados por tema general del interés [imagen]. Disponible en https://www.lurconsultores.com/gestion-ambiental/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible-ods-biosfera/#.YJNM8aGZIzs

ONU( 15 julio 2015) Los países alcanzan acuerdo histórico para financiar la nueva agenda de desarrollo” [Noticias ONU]. Disponible en https://news.un.org/es/story/2015/07/1334931

ONU (S/f) “Contra la Desigualdad, Guterres propone “un impuesto de la solidaridad” para los que se han beneficiado de la pandemia. [Departamento de asuntos sociales y Económicos] disponible en https://www.un.org/development/desa/es/key-issues/financing.html

ONU (2020) Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 11. Disponible en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

ONU HABITAT MÉXICO (25 de mayo 2017) LA NUEVA AGENDA URBANA. https://www.youtube.com/watch?v=yYyzBI8jGp4&t=5s

ONU HABITAT (2017) Nueva Agenda Urbana. Disponible en http://uploads.habitat3.org/hb3/NUA-Spanish.pdf

ONU HABITAT (20 junio 2017) Proyección del Sistema Urbano Nacional (SUN), 2010-2030 (CONAPO) Disponible en https://onuhabitat.org.mx/index.php/tendencias-del-desarrollo-urbano-en-mexico#_ftn1

ONU HÁBITAT (2019) Contribución de la vivienda al cumplimiento de la agenda 2030. Disponible en https://onuhabitat.org.mx/index.php/contribucion-de-la-vivienda-al-cumplimiento-de-la-agenda-2030

ONU HÁBITAT (abril 2020) El marco normativo y de programas COVID-19. Disponible en https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/04/covid19_policy_and_programmatic_framework_eng-02.pdf

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/04/covid19_policy_and_programmatic_framework_eng-02.pdf

ONU HÁBITAT (abril 2020) Plan de Respuesta COVID-19 de ONU-Hábitat. Disponible en https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/04/final_un-habitat_covid-19_response_plan.pdf

ONU MUJERES (2017) Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.” Disponible en https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs

ONU MUJERES (2017) Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.” Disponible en #DePromesasARealidad #ObjetivosMundiales

ONU MUJERES (14 febrero 2018). HACER LAS PROMESAS REALIDAD. Disponible en https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs

PNUD (S/f) Antecedentes de los ODS. Disponible en https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/background.html

Ruiz, C. (1993) “El desarrollo del México urbano: cambio de protagonista” en Revista Comercio Exterior. Disponible en http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/250/2/RCE2.pdf

World Bank (2020) Urban and Disaster Risk Management Responses to COVID-19 Disponible en https://pubdocs.worldbank.org/en/575581589235414090/World-Bank-Urban-DRM-COVID-19-Responses.pdf.