"La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión sociales y la falta de participación en la adopción de decisiones. El crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover la igualdad." Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe.
Comprendiendo la Pobreza como esta ausencia de oportunidades, resulta indispensable abordarla con un enfoque multidimensional y de interseccionalidad; analizando de manera holística los factores y contextos que generan los altos índices de pobreza, así como las consecuencias de esta y su impacto en la obstaculización para el establecimiento de una condición de igualdad sustantiva para todas las personas.
Las infografías anteriores publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL ) en el Informe sobre Medición de la pobreza serie 2008-2018, publicado el '5 de Agosto de 2019, se integran con la intención de exponer el panorama que pondera en nuestro País, señalando que este es el informe oficial más actualizado sobre medición de la Pobreza, destacando que debido a la Pandemia causada por COVID-19, los índices de Pobreza han aumentado exponencialmente, por lo que resulta urgente implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todas las personas, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.
5 de agosto de 2
De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día).
Elevar el salario mínimo para que en 2030 se haya recuperado el poder adquisitivo que tenía en 1977.
Asegurar pago igual para trabajo de igual valor de mujeres y hombres, para desaparecer la brecha salarial en 2030, con un nivel de ingresos que garantice un salario decente de acuerdo a los estándares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Diseñar, destinar fondos suficientes y operar una política universal de cuidados a nivel nacional que en 2030 logre una cobertura de al menos 50%.
Garantizar los derechos de los y las trabajadoras domésticas, para que en 2030 logren el 100% del registro en el sistema de seguridad social.
De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Garantizar educación gratuita en las zonas marginadas en 2020, en atención a la universalidad y la gratuidad de la educación pública de preescolar hasta preparatoria, que mandata el artículo tercero constitucional.
Promover proyectos de economía social y solidaria con acciones afirmativas para mujeres, que contribuyan a reducir a la mitad la economía informal en 2030.
Promover huertos familiares para aumentar los ingresos de las familias y las mujeres solas al producir sus propios alimentos, lo que contribuirá a la sostenibilidad alimentaria y con su venta, fortalecer la economía comunitaria en los barrios marginales y hacer crecer el mercado interno.
Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.
Ampliar la cobertura, con calidad, del Seguro Popular, el suministro de medicinas auténticas, el acceso al servicio de maternidad, incluyendo la atención a enfermedades crónicas y/o degenerativas, para en 2030, lograr cobertura universal en el servicio de salud integral para mujeres y hombres de todas las edades.
Establecer el seguro de desempleo a nivel nacional, con acciones afirmativas para mujeres y jóvenes, lo que contribuirá a mejorar los mercados comunitarios y reducir índices de delitos juveniles.
Establecer y transparentar la pensión universal no contributiva, acelerando el otorgamiento a mujeres, las que presentan el mayor rezago en el acceso, para lograr la cobertura completa en 2030.
Establecer un esquema de protección social universal con cobertura creciente.
De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación.
Garantizar microcréditos suficiente y oportunos para las mujeres a tasas anuales que no sean superiores a dos puntos arriba de la inflación, medida con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Garantizar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en la propiedad de la tierra, en las herencias, en los trámites de financiamiento y créditos, incluyendo acciones afirmativas.
Dar becas y apoyos para los y las hijas de las mujeres que habitan en zonas marginadas para que estudien y con ello contribuir a erradicar el trabajo infantil en 2030.
Diseñar estrategias nacionales en el sector educativo para conseguir aumentar la cobertura de las escuelas de horario completo y extendido, y realizar campañas para distribuir el trabajo reproductivo (doméstico y de cuidado) para lograr actividades compartidas entre mujeres y hombres y que en 2030 reduzca a la mitad la brecha existente en la distribución del trabajo reproductivo en 2015.
De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales.
Desarrollar una Cultura de la Prevención del riesgo de desastres a través de la apropiación del conocimiento que favorezca la cohesión y la solidaridad social.
Disponer de reservas de suelo urbano para atender a los asentamientos irregulares con el fin garantizar, en caso necesario, su reubicación sin afectaciones a sus derechos y/o la regularización de la prestación de servicios públicos con sostenibilidad. (NAU)
Establecer políticas de creación de reservas de suelo urbano para cooperativas de vivienda que apoyen la construcción social del hábitat en suelos aptos que realizan las mujeres.
Instrumentar políticas de democratización del usufructo igualitario de plusvalías y recuperación de la función social del suelo.
Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para que implementen programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.
Revisar y mejorar, a través de procesos participativos con las y los usuarios, los programas oficiales que atienden problemas de marginación y pobreza sobre todo de mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Lograr que los comedores comunitarios -que en algunas localidades constituyeron una semilla poderosa de empresarialidad para las mujeres- transiten hacia una integración de productos alimenticios locales que contribuyan al desarrollo económico local, a dejar de comprar alimentos procesados de grandes consorcios trasnacionales y a la formación de un sector empresarial de mujeres que las empodere en lo económico, en lo político y en lo físico para vivir una vida libre de violencia.
Lograr que PROSPERA sea una acción afirmativa temporal, a ser sustituida por programas de protección social universal y programas de incorporación de las y los usuarios en la economía formal, vertiente que comenzó a desarrollarse en este programa en 2016, todavía sin resultados publicados para medir su impacto. Y que cuente con comités ciudadanos efectivos que atiendan el ejercicio transparente y pertinente del gasto.
Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza.
Instrumentar acciones para garantizar que las autoridades de todos los niveles conozcan y apliquen las disposiciones contenidas en la Agenda Global, con especial cuidado en la incorporación de la perspectiva de género. (NAU).
Incorporar la perspectiva de género en la Ley de Coordinación Fiscal y en los Lineamientos de los Fondos del Ramo 33, los que consideran recursos importantes para infraestructura social. Esto armonizará esta Ley con la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que mandata la incorporación de la perspectiva de género en el recurso etiquetado para el Ramo 33.
Flexibilizar los lineamientos del Ramo 33 para que se adapte su ejercicio a las necesidades y requerimientos de mujeres y hombres en las localidades.
1.1.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza, desglosada por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural)
1.2.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza, desglosada por sexo
y edad
1.2.2 Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza, en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones
nacionales
1.3.1 Proporción de la población cubierta por sistemas o niveles mínimos de protección social, desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de accidentes de trabajo, los pobres y los vulnerables
1.4.1 Proporción de la población que vive en hogares con acceso a los servicios básicos
1.4.2 Proporción del total de la población adulta con derechos seguros
de tenencia de la tierra: a) que posee documentación reconocida legalmente al respecto y b) considera seguros sus derechos, desglosada por sexo y tipo
de tenencia
1.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes
1.5.2 Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial
1.5.3 Número de países que adoptan y aplican estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con el Marco
de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
1.5.4 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en consonancia
con las estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres
1.a.1 Proporción de los recursos generados a nivel interno que el gobierno asigna directamente
a programas de reducción de la pobreza
1.a.2 Proporción del gasto público total que se dedica a servicios esenciales (educación, salud y protección social)
1.a.3 Suma del total de las subvenciones y asignaciones no generadoras
de deuda dedicadas directamente a programas de reducción de la pobreza en proporción al PIB
1.b.1 Proporción de los gastos públicos periódicos y de capital que se dedica a sectores que benefician de forma desproporcionada
a las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables
La pobreza, en la población de todos los países, siempre ha existido; si ahora se ubica en el centro del debate de numerosas cumbres y conferencias mundiales se debe al crecimiento acelerado de este fenómeno social en países de bajo nivel de desarrollo, pero también de nivel medio y alto de desarrollo.
Múltiples ejemplos de este proceso de pauperización están a la vista, provocando enormes movimientos migratorios. Colocar las principales causas de esta situación, que adquiere dimensiones inaceptables en México, resulta fundamental, para lograr erradicar las causas estructurales que la mantienen y reproducen.
En este breve diagnóstico puntualizaremos algunos aspectos de este proceso, que será retomado en otros ODS desde diferentes ámbitos.
Los factores fundamentales en los procesos de pauperización de la población en México han sido la Política Salarial, la Política de Gasto Social y la Política de Fomento Industrial que solamente ha beneficiado a la Gran Empresa. Todas ellas han tenido un enorme impacto diferenciado en la calidad de vida de las mujeres, pues si bien es cierto en nuestro país, la pobreza tiene el rostro de las niñas y mujeres que la padecen día con día, por lo que resulta urgente comenzar por la desfeminización de la misma. Visibilizar que las niñas, mujeres y adolescentes somos las más vulnerables y que el pertenecer a los índices de pobreza y de pobreza extrema en México, acrecenta nuestro estado de vulnerabilidad e indefensión.
La ONU define la pobreza como la ausencia de oportunidades; Una persona se considera en situación de pobreza multidimensional cuando sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presenta carencias sociales en al menos uno de los siguientes seis indicadores:
· Rezago educativo
· Acceso a los servicios de salud
· Acceso a la seguridad social
· Calidad y espacios de la vivienda
· Servicios básicos en la vivienda
· Acceso a la alimentación
De acuerdo a CONEVAL 2008, 47.2 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza multidimensional, de los cuales 24.4 millones son mujeres,
· 42.6 millones de mujeres son vulnerables por ingreso, es decir, que no presentan carencias sociales pero tiene un ingreso bajo.
· 4 17.6 millones de mexicanas son vulnerables por carencias sociales, es decir, que tiene una o más carencias sociales y tienen un ingreso que les permite tener un bienestar económico.
· 410.3 millones de mexicanas no tiene carencias sociales y tienen un ingreso que les permite tener un bienestar económico.
Uno de los compromisos en la Declaración de Beijing establecido por los Gobiernos firmantes, fue la erradicación de la pobreza basada en el crecimiento económico sostenido, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la justicia social exige la participación de la mujer en el desarrollo económico y social e igualdad de oportunidades, y la participación plena y en pie de igualdad de mujeres y hombres en calidad de agentes y de beneficiarios de un desarrollo sostenible centrado en la persona; así como Promover la independencia económica de la mujer, incluido su empleo, y erradicar la carga persistente y cada vez mayor de la pobreza que recae sobre las mujeres, combatiendo las causas estructurales de esta pobreza mediante cambios en las estructuras económicas, garantizando la igualdad de acceso a todas las mujeres, incluidas las de las zonas rurales, como agentes vitales del desarrollo, a los recursos productivos, oportunidades y servicios públicos.
Sin embargo, a pesar de los compromisos internacionales establecidos por nuestro País en aras de erradicar la pobreza, a pesar de los programas sociales e implementación de políticas públicas en pro de la igualdad; en México, según el CONEVAL, se estima un aumento de entre 8,9 y 9,8 millones de personas que no pueden cubrir el gasto de los alimentos básicos por la crisis de la covid-19, mencionando que quienes se ven más afectada por la crisis económica, inmaneciendo en concidiones de pobreza, son las mujeres.
De acuerdo con la CEPAL, México se encontraría ubicado como el cuarto país que vería acrecentar más el porcentaje de personas en situación de pobreza, incluso más que el promedio de la región, y el quinto que más aumentaría en pobreza extrema entre los países latinoamericanos”
En México, 42,4% de las mujeres se encuentran en situación de pobreza y, de ellas, 7,4% en situación de pobreza extrema, según el Coneval, que advierte que “casi 1 de cada 6 mujeres en México no puede acceder a la canasta alimentaria aún destinando todo su ingreso a este propósito”. Además, el 14% de ellas carece de servicios de salud
México es actualmente el país de América Latina con el más bajo salario mínimo .
Los países de la gráfica se dividieron en cuatro categorías para el análisis en la evolución de su salario mínimo: 1) seis países evitaron el deterioro de su salario mínimo desde la década de los ochenta; 2) nueve países lo hicieron desde la década de los noventa, grupo en el que está la mayoría; 3) cuatro países comenzaron a protegerlo en el siglo XXI; y 4) los países que no han hecho nada para cambiar su política salarial desde 1980. En este caso sólo está México.
Al deterioro salarial se agrega el hecho de que las mujeres perciben un ingreso menor para trabajo de igual valor, y que pagan más impuestos indirectos (IVA) por el consumo de productos asociados a la menstruación y artículos de belleza personal.
Fuente Elaboraciones propias con datos de CEPAL y la OIT.
La reducción en esta política ha sido considerable y el deterioro ha sido más acentuado en educación y salud, como se advierte en las gráficas presentadas más adelante.
Cuando se reducen los gastos en salud, la familia debe encargase de su paciente hospitalizado y son las mujeres las que generalmente realizan esta actividad.
Cuando en educación los gastos se contraen, no existen jornadas escolares prolongadas, la cobertura de educación inicial y preescolar es limitada, las mujeres amplían el tiempo dedicado al cuidado infantil como consecuencia de los roles de género tradicionales que les asignan ese papel.
Existe la idea de que el país no ha tenido política industrial en el periodo de aplicación de políticas de ajuste estructural, que se inician al final de la década de los ochenta, pero no es así. La política en este caso ha favorecido a la Gran Empresa.
Para el vínculo existente entre el fomento industrial, la pobreza y las mujeres, diremos que la gran empresa ha preferido contratar a las mujeres como empleadas que considera más dóciles, a quien puede pagar menos o hacerlo a través de maquila remota que ha sujetado a las mujeres a intensas jornadas de trabajo e ingresos precarios.
Las acciones emblemáticas que se propone el gobierno para atender este objetivo resultan insuficientes e ineficaces, con un alto contenido asistencial y clientelar que debe erradicarse. Tal es el caso de la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) tiene como objetivo contribuir al acceso de los derechos sociales y a la reducción de las carencias; el programa Papelito Habla sirve como instrumento para brindar certeza jurídica sobre el patrimonio a través de la regularización de la tenencia de casas o terrenos; el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario que beneficia a las empresas microfinancieras por las altas tasas que cobran, pero no a las y los pobres; el Programa para la Mujer Rural, que no cuenta con indicadores de impacto para medir sus resultados y la Cartilla Social instrumento focalizado que se propone como una herramienta para la detección y prospección de personas vulnerables a programas específicos, como sistema de articulación y empoderamiento.
Lo que se requiere es una política pública integral en el marco de los derechos humanos, que atienda las directrices que establece la Agenda Operativa Global. Se requiere una política salarial en el marco del Trabajo Decente; una política de gasto público apegada a directrices internacionales, por ejemplo el 8% del PIB el nivel del gasto en educación; una política industrial de largo aliento para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), y un nuevo modelo económico que ponga en el centro a las personas.
La pobreza es una violación a los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 inciso 1 a la letra señala:
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
La erradicación de la pobreza se ubica, entonces, en el ámbito del acceso a la justicia, pero también, en atención a la vertiente del derecho que aborda los derechos sociales como derechos justiciables, va más allá de si algo es justo o no lo es, sino refiere a la responsabilidad gubernamental en el ejercicio de este derecho de todos los y las habitantes del país.
De acuerdo con los indicadores nacionales de pobreza y carencias del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, CONEVAL (2016), del total de la población del país:
53.4 millones de personas (43.6%) se encuentran en situación de pobreza, 9.4 millones de personas (7.6%) se encuentran en pobreza extrema.
8.3 millones de personas indígenas (71.9%) se encuentran en condiciones de pobreza, 3.2 millones de personas indígenas (28.0%) están en pobreza extrema.
7.8 millones de personas (6.4%) de la población tiene ingresos inferiores a la línea internacional de la pobreza.
32.9 millones de personas (26.8%) se encuentran en situación vulnerable por carencias sociales.
21.4 millones de personas (17.5%) tienen ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo.
27.9 millones de mujeres se encuentran en situación de pobreza (44.0%), y 4.8 millones de mujeres están en pobreza extrema (7.7%).
Comentarios
Sustantivos
Los indicadores de medición de la pobreza son muy altos para un país que pertenece a la OCDE.
Entre 2010 y 2016 el porcentaje de población que vive por debajo del umbral de pobreza aumentó para todos los rangos de edad.
Lo mismo sucedió en ambos sexos en donde el porcentaje de las mujeres es mayor.
El rango de edad más afectado por la pobreza es el de cero a 18 años de edad.
Sobre las características de los indicadores
Registran rezago en oportunidad.
Si tiene desagregación por territorio en algunos casos.
No tienen desagregación por sexo y edad.
Cambió de metodología el INEGI, lo que generó inconformidad, incluso al interior del Instituto.
Recomendaciones sobre indicadores
Mejorar la oportunidad.
Desagregar por sexo y edad.
Revisar nuevamente esta metodología de cálculo de los indicadores de pobreza.
El año de 2017 es una actualización propia que considera sólo el costo del daño de los sismos reportados en http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico, y la información del PIB que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en Criterios Generales de Política Económica 2018.
El porcentaje de 2017 es más del doble del recurso que se destina en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Notación: G: Global, N: Nacional, NE: Nacional y con desglose por entidad federativa, SD: Sin Desglose geográfico.
Calcularlos a la brevedad.
En todo aquello que se refiera a personas, construirlos desagregados por sexo, edad y territorio.
1.3.1 Proporción de la población cubierta por niveles mínimos o sistemas de protección social, desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de accidentes de trabajo y los pobres y los grupos vulnerables.
1.4.1 Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos.
1.4.2 Proporción del total de la población adulta, por sexo y por tipo de tenencia, con derechos seguros de tenencia de la tierra, que posee documentación reconocida legalmente al respecto y que percibe esos derechos como seguros.
1.5.2 Pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) mundial.
1.5.3 Número de países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local.
1.a.1 Proporción de recursos asignados por el gobierno directamente a programas de reducción de la pobreza.
1.a.2 Proporción del gasto público total en servicios esenciales (educación, salud y protección social).
1.b.1 Proporción del gasto público periódico y de capital destinado a sectores que benefician de forma desproporcionada a las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables.
1.a.2 Proporción del gasto público total en servicios esenciales (educación, salud y protección social) como porcentaje del gasto programable
Decrece en educación
Decrece en salud a partir de 2013
Es insignificante en recreación
Muestra una tendencia sin cambio en protección social
Fuente: Elaboraciones propias con datos del Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), consultado en mayo de 2018.
1.a.2 bis Proporción del gasto público en servicios educativos y de salud como porcentaje del PIB
Educación
El porcentaje de la inversión en educación en el PIB, está muy lejos de la recomendación del 8% de la UNESCO
No logra despegarse de su valor máximo en 1982.
Salud
Niveles bajos que deberán compararse con estándares internacionales.
Fuente: Elaboraciones propias con datos tomado de Eduardo Zepeda Miramontes, 1994. El Gasto Social en México: de la estabilización ortodoxa al neoliberalismo social. EI Colegio de la Frontera Norte. No. Especial: Pobreza. Y del Banco de Información Económica del INEGI, consultado en mayo de 2018.
Medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad entre mujeres y hombres. (CEDAW)
Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado.
La protección social abarca una variedad de políticas y acciones en diversos ámbitos que deben promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en el mercado laboral, la alimentación, la salud, las pensiones y el cuidado; también debe buscarse el logro de ciertos niveles dignos de ingreso. Una clave fundamental para evaluar los sistemas de protección social consiste en determinar si logran contribuir a la promoción de los DESC y cómo responden a las dinámicas de riesgos y a su distribución social: si estos se diversifican, o si se reducen o amplían las brechas entre la dotación de ingresos, el riesgo individual y los niveles de protección deseados. https://www.cepal.org/es/temas/proteccion-social