La idea de un mundo situado bajo “vigilancia total” ha parecido durante mucho tiempo un delirio utópico o paranoico, fruto de la imaginación más o menos alucinada de los obsesos de la conspiración. Sin embargo, hay que reconocer la evidencia: vivimos, aquí y ahora, bajo la mirada de una especie de imperio de la vigilancia. Sin que lo sepamos, cada vez más nos observan, nos espían, nos vigilan, nos controlan, nos fichan. Cada día, nuevas tecnologías se refinan en el seguimiento de nuestro rastro. Satélites y drones de mirada penetrante nos siguen desde el espacio. En las terminales de los aeropuertos, escáneres biométricos analizan nuestros andares, “leen” nuestro iris y nuestras huellas digitales. Cámaras de infrarrojos miden nuestra temperatura. Las pupilas silenciosas de las cámaras de vídeo nos escrutan en las aceras de las ciudades o en los pasillos de los hipermercados. También siguen nuestra pista en el trabajo, en las calles, en el autobús, en el banco, en el metro, en el estadio, en los aparcamientos, en los ascensores, en los centros comerciales, en las carreteras, en las estaciones, en los aeropuertos…

Esta vigilancia constante también se lleva a cabo con ayuda de chivatos tecnológicos que la gente adquiere libremente: ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, abonos de transporte, tarjetas bancarias inteligentes, tarjetas comerciales de fidelidad, localizadores GPS, etc. Y quienes nos vigilan hoy son, sobre todo, esas marcas de las que dependemos: Facebook, Apple, Google, Amazon y Microsoft. No hay nada más allá de esos canales Por ejemplo, el portal Yahoo!, que consultan regular y voluntariamente unos 800 millones de personas, captura una media de 2.500 rutinas al mes de cada uno de sus usuarios. En cuanto a Google, cuyo número de usuarios sobrepasa los mil millones, dispone de un impresionante número de sensores para espiar el comportamiento de cada usuario (1). Para Google, que es la sociedad con mayor capitalización en bolsa, nuestros datos son una mercancía que vender, una materia prima que tiene más valor que el petróleo o el oro. Estos viajan desde las empresas hasta la NSA (la Agencia de Seguridad estadounidense) o al Consejo de Estado norteamericano, que ni siquiera es un órgano de inteligencia. Así que al final, el Estado nos vigila, pero hoy lo hace a través de intermediarios privados.

Empresas comerciales y agencias publicitarias registran nuestra vida. Pero, sobre todo, bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo o contra otras plagas (pornografía infantil, blanqueo de dinero, narcotráfico), los Gobiernos –incluidos los más democráticos– se erigen en Gran Hermano y ya no dudan en infringir sus propias leyes para espiarnos mejor. En secreto, los nuevos Estados orwellianos buscan establecer ficheros exhaustivos de nuestros contactos y de nuestros datos personales tal y como figuran en diferentes soportes electrónicos. Tras la ola de ataques terroristas que ha golpeado, desde hace algunos años, ciudades como Nueva York, París, Boston, Ottawa, Londres o Madrid, las autoridades no han dudado en utilizar el gran pavor de las sociedades conmocionadas para intensificar la vigilancia y para reducir más la protección de nuestra vida privada. La guerra permanente (y necesaria) contra el terrorismo les proporciona una coartada moral impecable y favorece la acumulación de un impresionante arsenal de leyes para proceder a la vigilancia y al control social integral. En España redactaron la “Ley Mordaza” para combatir, dijeron, el terrorismo, que es un estupendo carburante para aumentar el control sobre la sociedad. Ya había muchísimas normas contra los grupos armados desde los años 70, y ahora tenemos una nueva. En Francia se conservan leyes que se aprobaron, de forma excepcional, durante las guerras de descolonización. La “Patriot Act” (de Estados Unidos) ocurrió después de los atentados de 2001. Quizá no estemos ante la caricatura de Orwell, pero esto es una guerra permanente: el terrorismo mañana desaparecerá y estas normas se quedarán.

Lo triste de todo ello es que esta vigilancia es indolora. Por una parte, muchos ciudadanos se resignan, como si de una especie de fatalidad de la época se tratara, al fin de nuestro derecho al anonimato. Por otra parte, esta preocupación de defender nuestra vida privada puede parecer reaccionaria o “sospechosa” porque solo aquellos que tienen algo que esconder intentan esquivar el control público. Por lo tanto, las personas que consideran que no tienen nada que reprocharse ni nada que ocultar, no son hostiles a la vigilancia del Estado. Sobre todo si ésta, tal y como lo prometen y lo repiten las autoridades, está acompañada por una ganancia sustancial en materia de seguridad. Sin embargo, este discurso –“Dadme un poco de vuestra libertad, os la devuelvo centuplicada en garantía de seguridad.”– es una estafa. La seguridad total no existe, no puede existir. Es un engaño. Sin embargo, la “vigilancia total” se ha convertido en una realidad indiscutible.

Contra la estafa de la seguridad, cantinela constante de todos los poderes, recordemos la lúcida advertencia lanzada por Benjamin Franklin, uno de los autores de la Constitución estadounidense: “Un pueblo dispuesto a sacrificar un poco de libertad por un poco de seguridad no merece ni lo primero ni lo segundo. Y acaba perdiendo las dos”. La filósofa contemporánea Hanna Arendt subraya en su libro La condición humana: “El fin de la vida privada sería una auténtica calamidad existencial”, y en su obra señala los peligros para la democracia de una sociedad donde la distinción entre la vida privada y la vida pública estaría establecida de forma insuficiente, lo que, según Arendt, significaría el fin del hombre libre. Y arrastraría a nuestras sociedades, de manera implacable, hacia nuevas formas de totalitarismo.

¿Habrá alguna solución? Probablemente. Internet, como todo aquello que nos ha aportado algún progreso, tiene un ingrediente accidental. Cuando se inventó el tren, llegaron los accidentes de tren. En Internet, ese accidente es la vigilancia de masas. Estamos ante los primeros minutos de vida de un canal de comunicación con siglos de existencia por delante. Por eso busco esta toma de conciencia y propongo que escribamos una carta de derechos para Internet. No podemos permitir que el accidente se convierta en la norma.

(1). El motor Google Search, por ejemplo le permite saber dónde se encuentra el internauta, lo que busca y en qué momento. El navegador Google Chrome, un megachivato, envía directamente a Alphabet (la empresa matriz de Google) todo lo que hace el usuario en materia de navegación. Google Analytics elabora estadísticas muy precisas de las consultas de los internautas en la Red. Google Plus recoge información complementaria y la mezcla. Gmail analiza la correspondencia intercambiada, lo cual revela mucho sobre el emisor y sus contactos. El servicio DNS (Domain Name System, o Sistema de nombres de dominio) de Google analiza los sitios visitados. YouTube, el servicio de vídeos más visitado del mundo, que pertenece también a Google –y, por tanto, a Alphabet–, registra todo lo que hacemos en él. Google Maps identifica el lugar en el que nos encontramos, adónde vamos, cuándo y por qué itinerario... Y desde el momento en que encendemos un smartphone con Android, Google sabe inmediatamente dónde estamos y qué estamos haciendo.

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