1. Escuchar a la víctima —sin esperar de ella un comportamiento determinado— a fin de estar en condiciones de establecer cuáles son las mejores medidas que se deben tomar para su caso. Ninguna de las actitudes, medidas, comentarios o preguntas que se hagan en la entrevista, deberá sugerir que la víctima es responsable de lo que le sucedió.

2. En caso de ser necesario, canalizar a la víctima para que sea atendida física y psicológicamente de forma inmediata. La CEAV y la CONAVIM, a través de la línea 01800Háblalo, pueden hacerse cargo de este tipo de atención.

3. Asesorar a la víctima sobre los elementos necesarios para acreditar la violencia de la que fue objeto y la mejor forma de conservar y presentar la evidencia.

4. Ubicar si existen otras víctimas además de la que hace la solicitud de intervención, a fin de brindarles la atención necesaria.

5. Solicitar que se realice un análisis de riesgo. En un marco de colaboración, la FEVIMTRA o la FEPADE pueden solicitar a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación que realice este análisis y diseñe un plan de seguridad —que tome en cuenta a la víctima, las implicaciones culturales y de género en el caso concreto, así como el derecho a continuar participando en un proceso electoral o en asuntos públicos— con medidas de protección que deberán ejecutar las autoridades correspondientes.

6. Dar aviso y contactar con las autoridades correspondientes que estén en capacidad de atender el caso.

7. Otorgar las órdenes de protección que correspondan y, en su caso, las medidas necesarias para evitar que los daños sean irreparables. Estas medidas deberán definirse en congruencia con las aspiraciones de las víctimas. Los ministerios públicos y los órganos jurisdiccionales pueden brindar este tipo de medidas.

8. Brindar la asesoría necesaria para que la víctima esté en condiciones de tomar una decisión respecto a las acciones jurídicas que podría llevar a cabo

9. Contactar a la víctima con organizaciones y redes de apoyo.