POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS ARCHIVOS Y LOS REPOSITORIOS DE DOCUMENTOS
Las políticas de construcción y fortalecimiento de los sistemas nacionales de bibliotecas, archivos y museos que aseguren la organización, el acceso y la preservación de datos, información y conocimiento de un movimiento social, institución o de una nación (gobierno, sociedad civil, sector académico-científico, entre otros) son centrales para el régimen democrático y para la sociedad en su conjunto, por distintos motivos.
Por un lado, las huellas que dejaron las personas en su paso por la historia permiten a investigadoras e investigadores de diversas disciplinas (historia, sociología, antropología, economía, derecho, periodismo) comprender las diferentes dimensiones de la vida social, política, económica o cultural de las sociedades del pasado. Además de posibilitar la construcción de conocimientos novedosos sobre lo ocurrido en diferentes momentos.
Por otro lado, en el caso de los procesos políticos o acontecimientos que se caracterizan por formas de violencia masiva, la documentación tiene además un valor probatorio muy relevante. La guarda, organización y acceso a estas fuentes contribuye al trabajo de la justicia y a la concreción de las políticas de reparación a las víctimas de la violencia estatal. Esta finalidad de los archivos cobra particular importancia a la hora de juzgar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el terrorismo de Estado en la Argentina.
En América Latina, los archivos vinculados a las violaciones a los derechos humanos ocupan un lugar central en los procesos de consolidación de sus democracias. Los documentos y los testimonios en los juicios o comisiones de verdad, o los producidos por los organismos de derechos humanos son una pieza fundamental en la lucha contra la impunidad y en la construcción de la memoria colectiva en la región, en los marcos de los procesos de justicia transicional. Se entiende por justicia transicional los procesos penales contra los responsables de los crímenes, los procesos de esclarecimiento de la verdad o investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de órganos no judiciales; la reparación individual, colectiva, material y simbólica, y las reformas jurídicas e institucionales.