Durante la transición democrática, para poder conocer el funcionamiento del terrorismo de Estado, establecer responsabilidades, denunciar, llevar adelante los juicios y las políticas reparatorias hacia las víctimas, los documentos sobre lo ocurrido en esos años fueron, desde el principio, pruebas imprescindibles que acompañaron las demandas de Memoria, Verdad y Justicia. Como sugiere la investigadora Da Silva Catela, al conjunto de los archivos relacionados con la dictadura, tanto los producidos por el propio Estado represor como por los organismos de derechos humanos, es posible llamarlos “Archivos de la represión” o “Archivos de la memoria”. La autora nos ofrece la siguiente definición sobre estos repositorios: “... conjunto de objetos secuestrados a las víctimas o producidos por las fuerzas de seguridad (policías, servicios de inteligencia, fuerzas armadas) en acciones represivas (allanamientos, persecución, secuestros, tortura, desaparición, asesinatos, etc.) perpetradas durante las últimas dictaduras militares en los países del Cono Sur. Muchas veces se incluye dentro de esta categoría a los acervos producidos por instituciones de derechos humanos como producto de las acciones de denuncia y de búsqueda de información relativa a hechos de la represión” (2).
En este sentido, estos archivos pueden ser:
A)Archivos generados por instituciones de seguridad del Estado, con fines represivos o meramente administrativos.
B) Archivos generados por comisiones investigadoras, con fines de conocimiento de la verdad, procesos judiciales y acciones reparatorias.
C) Archivos generados por la sociedad civil y/o por el Estado con fines de defensa, oposición, denuncia, resistencia y memoria sobre lo ocurrido.
El CDMR, como hemos venido comentando, nace fruto de un camino recorrido de constantes tareas en busca del diálogo y la reflexión sobre nuestra memoria colectiva. Todas las acciones llevadas adelantes hicieron posible la creación de un ente institucional, de un organismo municipal dependiente de la Secretaría de Educación, de un Centro Documental que promueva la búsqueda, catalogación y guarda de archivos de memoria, de un espacio en construcción activo y permanente que convoque a la participación popular, a las organizaciones civiles, a los sindicatos, a las escuelas, a las demás instituciones y ciudadanía en general.
ARCHIVO, MEMORIA Y DEMOCRACIA
Durante las últimas décadas se organizaron distintos archivos vinculados a la memoria y los derechos humanos. En relación con esto, también se descubrieron archivos “ocultos o clasificados”, se reunió la documentación dispersa, se organizó y puso a disposición para su consulta en archivos. Esto permitió instalar en la opinión pública el debate sobre la importancia de una política pública en torno a los archivos en una sociedad democrática.
El filósofo Jacques Derrida analizó esta relación en su libro Mal de archivo (1995), donde argumenta que la política de archivos permite dar cuenta del grado de democratización de una sociedad. Allí sostiene que “la democratización efectiva se mide siempre por este criterio esencial: la participación y el acceso al archivo, a su constitución y a su interpretación. Por el contrario, las infracciones a la democracia se miden por lo que una obra reciente llama ‘archivos prohibidos’”.(3)
(2) Da Silva Catela, Ludmila. “El mundo de los archivos”, en Da Silva Catela, Ludmila y Jelin, Elizabeth (eds.), Los archivos de la represión. Documentos, memoria y verdad, pp. 209-210. Madrid, Siglo XXI, 2002.
(3) Jacques Derrida, Mal de archivo. Una impresión freudiana, p. 12. Madrid, Editorial Trotta, 1997.
