"Aceptamos y damos la bienvenida... a la concentración de los negocios, industriales y comerciales, en manos de unos pocos... como algo esencial para el progreso futuro de la raza"
Andrew Carnegie
"Todas las teorías de un socialismo democrático representan un concepto igualitario de justicia, afirman el Estado constitucional democrático, luchan por la seguridad del Estado de bienestar para todos los ciudadanos, quieren limitar la propiedad privada de una manera socialmente aceptable y socialmente integral, y regulan políticamente el sector económico".
Thomas Meyer
"Las políticas del Estado de bienestar y de redistribución, importantes como son, no son suficientes. Porque la gente no solo se preocupa de la justicia distributiva, sino también de la justicia contributiva, es decir, que su trabajo sea reconocido, valorado y respetado".
Michael Sandel
“Yo le sirvo a usted no debido a lo que pueda obtener a cambio por hacerlo, sino porque usted necesita o requiere de mis servicios, y usted me sirve a mí por la misma razón”
Gerald Cohen
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1. Las diversas formas de propiedad precapitalista
2. Las experiencias de centralización económica
3. Las visiones contemporáneas de la igualdad económica
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El capitalismo ha sido objeto de críticas desde el siglo XIX, pues se le atribuye estar basado en la apropiación de la mayor parte de los excedentes económicos por parte de una minoría propietaria del capital, a expensas de la retribución del trabajo y del resto de la sociedad. Aunque la dinámica de acumulación ampliada de capital haya logrado altos niveles de producción e incrementos del nivel de vida promedio a pesar de sus fluctuaciones y crisis, coexiste con muy altas concentraciones de riqueza y poder y con niveles de pobreza que los ingresos generados por la economía podrían erradicar. Esto sería posible mediante una retribución del trabajo asalariado cercana a su aporte a la producción en la empresa y/o mediante redistribuciones de su valor social posteriores a esa producción con mecanismos de impuestos y transferencias de recursos monetarios y en servicios a la población. Es también criticado, más recientemente, por ser un sistema que, al funcionar maximizando exclusivamente las utilidades privadas, lleva a sobrepasar los límites planetarios de uso de los recursos naturales y a depredar los ecosistemas locales o bien reducir su resiliencia. Por ello, diversas corrientes de pensamiento sostienen que es un sistema económico que debe ser reemplazado o sustancialmente reformado, y que se debe considerar que en la histoia han existido y existen otros sistemas económicos de los cuales se pueden extraer enseñanzas útiles.
1. Las diversas formas de propiedad precapitalista
Diversos sistemas sociales a lo largo de la historia funcionaron con estructuras comunitarias de propiedad de la tierra. La propiedad comunal de la tierra ha sido un régimen extendido y persistente en la historia humana. Antes de la consolidación del feudalismo, las comunidades germánicas organizaban tierras de bosque, pastoreo y a veces cultivo bajo el sistema de la Mark (marca comunal), de uso colectivo. Entre los siglos XVI y XIX, hasta las enclosures acts, buena parte de la Inglaterra rural funcionaba con tierras comunales de pastoreo, leña y forraje de uso compartido por los aldeanos. Coexistían regímenes mixtos de propiedad privada de parcelas de cultivo con propiedad comunal de bosques y pastos. La mayoría de las naciones indígenas norteamericanas (algonquinos, iroqueses, sioux, entre muchos otros) no concebían la tierra como propiedad privada individual, sino como un recurso de uso colectivo del pueblo o clan, lo que chocó con los colonos europeos, que interpretaron la ausencia de cercas o títulos como "tierra sin dueño" (terra nullius), justificando el despojo en su beneficio. Algunos mecanismos de intercambio incluían la reciprocidad, donde el estatus se preservaba regalando o destruyendo riqueza (el potlatch) en vez de acumularla, en un ciclo continuo de donaciones y contra-donaciones entre grupos. En muchas regiones de la India precolonial, las aldeas (gram) gestionaban tierras comunes de pastoreo y bosque de uso colectivo, aunque coexistían con tierras cultivadas de tenencia individual o familiar. En gran parte de África, la tierra tradicionalmente no era "propiedad" individual sino que pertenecía al linaje, clan o comunidad, administrada por jefes o consejos de ancianos que asignaban el uso (no la propiedad) a las familias. Esto sigue vigente en muchas zonas rurales bajo sistemas de "tenencia consuetudinaria" reconocidos legalmente en países como Ghana o Tanzania junto al sistema de propiedad formal introducido por el colonialismo. En diversas islas del Pacífico, la tierra pertenece al clan o linaje. En Papúa Nueva Guinea, se estima que más del 95% de la tierra sigue bajo tenencia consuetudinaria comunal, uno de los porcentajes más altos del mundo, resistiendo tanto al colonialismo como a las presiones de privatización moderna.
En el caso de los Mapuche, antes de la llegada de los españoles al Chile actual, la unidad territorial y social básica era el lof como grupo de familias emparentadas, generalmente patrilineales, asentadas en un territorio determinado. La tierra era de propiedad colectiva del lof. Cada familia tenía derecho de uso sobre una parcela para algún cultivo y acceso a tierras comunes de pastoreo, caza y recolección de leña. No había una autoridad centralizada que reclamara propiedad última sobre toda la tierra del pueblo mapuche en su conjunto y el control era a nivel de cada lof y de agrupaciones mayores llamadas rewe (varios lof) y ayllarewe (varios rewe). La tierra (Mapu) no era solo un recurso productivo sino parte de un orden que incluía a los ancestros, espíritus (newen, pillan) y la comunidad. La tierra no se "posee" en sentido occidental, sino que se pertenece a ella tanto como ella a la comunidad. Los límites territoriales entre distintos lof eran reconocidos consuetudinariamente, y los conflictos se resolvían mediante negociación entre lonkos (jefes de comunidades) o, si escalaban, mediante enfrentamientos rituales/bélicos limitados. A diferencia de casi todo el resto de América, los mapuches lograron finalmente detener el avance español en la Guerra de Arauco de 1541-1641, estableciendo de facto una frontera en el río Biobío a partir de los parlamentos de Quilín, en que los españoles reconocen el territorio mapuche y conservan sólo el fuerte de Arauco. En el texto los mapuche aceptan al rey de España, pero éste les reconoce soberanía: la Corona nunca logró imponer la encomienda ni la propiedad privada de tipo español sobre el territorio mapuche reconocido Durante casi 300 años, el sistema de propiedad colectiva del lof continuó prácticamente intacto. El Estado chileno independiente, en cambio, luego de acuerdos de continuidad en 1825, decidió y logró en 1881 conquistar militarmente el territorio mapuche con una campaña militar que redujo drásticamente el territorio bajo control indígena hasta solo un 6% del territorio ancestral. Un nuevo cambio se produjo en 1990: la tierra de propiedad de comunidades mapuche -ampliada desde entonces- no puede ser enajenada, embargada, gravada, ni adquirida por prescripción, y al tratarse de propiedad colectiva, cualquier decisión debe contar con la aprobación de los socios de la comunidad.
En otros espacios se construyeron Imperios y Estados que asignaban centralizadamente la tierra. En el Egipto antiguo, toda la tierra pertenecía al faraón como representante divino, mientras los nobles y templos administraban parcelas en su nombre. En el feudalismo de Europa occidental, la tierra en teoría pertenecía al rey, pero en la práctica el poder estaba descentralizado en manos de los señores: el feudo europeo tendía a volverse hereditario y cuasi-privado. En otros sistemas el control estatal/imperial sobre la tierra fue mucho más fuerte. En el Imperio Otomano toda la tierra conquistada era teóricamente propiedad del sultán (miri o tierra estatal). Parte de los soldados recibían el derecho a cobrar impuestos de una parcela a cambio de servicio militar, pero no poseían la tierra, no podían venderla ni heredarla automáticamente. En la China imperial, el sistema de igualación de tierras usado en las dinastías Wei del Norte, Sui y Tang, el Estado asignaba parcelas a los campesinos según edad y necesidades, y las recuperaba a su muerte. La propiedad última era estatal/imperial, no de señores locales hereditarios. En el Japón feudal en teoría toda la tierra era del shogún, quien la redistribuía entre los señores (daimyo) según lealtad, pudiendo confiscarla.
En América Latina, los Incas (1197-1572) construyeron el Tahuantinsuyo, uno de los sistemas de gobernanza económica centralizada sin circulación monetaria más complejos, con mecanismos de reservas para enfrentar las contingencias e impuestos en trabajo (Murra, 1975). La tierra se dividía en tres partes: para el Inca, para el culto religioso y para la comunidad. El uso de la tierra era asignado y redistribuido por el Estado inca, junto a animales y tejidos. El poder era teocrático y el Inca era considerado descendiente del dios Sol (Inti). Una clase de administradores (muchos de la nobleza cusqueña u "orejones") gestionaba, sin escritura pero con una sofisticada contabilidad, el territorio mediante un sistema jerárquico decimal: la población se organizaba en unidades de 10, 100, 1,000 y 10,000 personas, cada una con un jefe responsable ante el nivel superior. Los quipus eran cuerdas con nudos que codificaban información numérica (censos, tributos, inventarios) y posiblemente narrativa. Los especialistas que los interpretaban eran los quipucamayocs. Esto permitía censar, movilizar fuerza de trabajo y soldados y recaudar tributo en trabajo con precisión. La unidad básica era la comunidad familiar extensa (ayllu), que trabajaba la tierra colectivamente y con mecanismos de reciprocidad. En materia de población, ganado y textiles se repite la misma lógica: el Estado inca extraía recursos y personas del control directo del ayllu local, los reorganizaba según sus propias prioridades políticas o económicas y luego devolvía una parte en forma de bienes redistribuidos, cargados de significado ritual y obligación recíproca. El ayllu conservaba una autonomía limitada sobre sus propios recursos comunitarios, pero siempre bajo la sombra del censo, la mita y la posibilidad de reasignación territorial. La redistribución de poblaciones bajo el sistema de mitimaes era uno de los instrumentos de control territorial más elaborados del Tahuantinsuyo.
El ganado camélido —llamas (para carga y carne) y alpacas (para lana)— era un recurso estratégico y estaba sujeto a un control estatal muy estricto. Los rebaños se dividían, igual que la tierra, en tres categorías: los del Estado, del culto religioso (Sol) y de la comunidad/ayllu. Los rebaños estatales y religiosos eran los más numerosos y estaban bajo administración directa de funcionarios imperiales. Cada ayllu tenía derecho de usufructo (no propiedad plena) sobre cierto número de animales comunitarios para transporte, carne, y lana básica para uso doméstico. El Estado periódicamente censaba los rebaños y podía requisar animales de los ayllus para reforzar los rebaños estatales, especialmente después de epidemias o pérdidas en las manadas imperiales. El pastoreo de los rebaños estatales muchas veces se asignaba como parte de la mita: miembros del ayllu debían turnarse para cuidar los rebaños del Inca o del Sol, sin que esto les diera derecho de propiedad sobre esos animales. La lana de alpaca o vicuña, especialmente la fina, era clasificada por calidad y destinada casi exclusivamente a los tejidos para la nobleza y el culto. La lana de llama, más burda, se destinaba al consumo doméstico en los ayllus. El textil era posiblemente el bien de mayor valor simbólico y político en el mundo inca. Existían acllas ("mujeres escogidas"), seleccionadas jóvenes de distintas comunidades y llevadas a centros especiales (acllawasi) para tejer textiles de alta calidad exclusivamente para el Estado, el culto y el Inca. Esta producción era completamente ajena al ayllu: las acllas eran extraídas de sus comunidades de origen, similar en lógica de control a los mitimaes. El Inca regalaba tejidos finos como mecanismo de reciprocidad y legitimación a curacas (jefes locales) que se sometían pacíficamente, a soldados destacados, o como parte de alianzas matrimoniales. Quienes lo recibían quedaban ligados a la reciprocidad (lealtad política, tributo en trabajo, servicio militar). Los textiles también se quemaban ritualmente en ofrendas, lo que subraya que su valor no era solo utilitario. Grandes cantidades de tejidos terminados se guardaban en los qollqas (depósitos estatales), junto con alimentos, para ser redistribuidos según necesidad política, militar o religiosa.
El Inca gobernaba con jerarquías locales en base a curacazgos (confederaciones de ayllus). Los administradores redistribuían bienes almacenados según necesidad. Un tambo era una construcción que servía de depósito de alimentos, vestidos, herramientas y armas a lo largo de los caminos que cruzaban el imperio, y que era usado por los funcionarios, los ejércitos en campaña y el Inca con su séquito. Todo esto se sustentaba en la mita como sistema de trabajo obligatorio rotativo, en el que cada comunidad debía aportar mano de obra por turnos para construir caminos, tambos, templos, terrazas agrícolas o servir en el ejército, a cambio de que el Estado los alimentara y vistiera durante ese tiempo. Más de 30 mil kilómetros de caminos conectaban el imperio desde el actual sur de Colombia hasta el río Maule en Chile, con las estaciones para descanso y almacenaje cada cierta distancia. Corredores especializados (los chasquis) transmitían mensajes en relevos, permitiendo una comunicación rápida a través de miles de kilómetros. Los pueblos conquistados podían mantener sus propios dioses, pero debían incorporar el culto oficial a Inti (el Sol) y reconocer al Inca, con uso del quechua como lengua administrativa unificadora, aunque no siempre reemplazaba las lenguas locales. El poder inca residió en su capacidad de organización territorial y económica, heredada en parte de las culturas andinas previas: las terrazas agrícolas (andenes) que permitían cultivar en pendientes, los avanzados sistemas de irrigación y una infraestructura vial y de almacenamiento que hacía posible sostener un imperio de unos 12 millones de habitantes en una geografía contrastada, desde la costa hasta altas montañas y selvas.
Los aztecas o mexicas, contemporáneos de los incas, tenían una economía cuyos intercambios funcioban con cuasi-monedas constituidas por granos de cacao y mantas de algodón (quachtli), que funcionaban como medios de cambio estandarizados en mercados (tianguis) bastante desarrollados, como el mercado de Tlatelolco. Combinaban el tributo imperial en trabajo (similar al inca) con mercados e intercambios, mecanismos que el Tahuantinsuyo no contemplaba.
En gran parte de estas modalidades de propiedad de la tierra, existió una jerarquía de derechos superpuestos: la comunidad/clan o el Estado retienen el derecho último sobre la tierra, mientras nobles o familias individuales tienen derechos de uso (usufructo) que pueden ser hereditarios de facto pero no vendibles libremente, algo muy distinto al concepto moderno de propiedad absoluta que se universalizó con el colonialismo y el capitalismo agrario. Esto ha permanecido en diversas sociedades bajo diversas modalidades, como es actualmente el caso de China para la tierra en su conjunto, o en diversos países para las tierras indígenas.
2. Los experiencias de centralización económica
En el siglo XX se produjeron experiencias de centralización estatal de la economía a partir de la revolución rusa de 1917 (hasta 1991). Previamente, en la Rusia zarista (1440-1917) no existía la plena propiedad privada de la tierra (en nombre de cuya redistribución se hizo la revolución de Octubre), cuya asignación dependía de la autoridad monárquica central (Figes, 2022): el zar otorgaba tierras a la nobleza a cambio de servicio militar/estatal: era una concesión condicional, no una propiedad hereditaria plena (a diferencia de la votchina, que sí era patrimonio heredable). Esto cambió en 1861 cuando la monarquía rusa, derrotada por las potencias europeas en la Guerra de Crimea en 1855, decididió abolir la servidumbre para modernizar su economía agraria, pero mantuvo atado legalmente al campesinado -que esperaba su emancipación de los terratenientes- a la comuna, que recibió tierras de la nobleza en un modelo de propiedad en el que la comuna debía pagar una especie de hipoteca adquirida por el Estado, además de pagar impuestos, la que asignaba la tierra según el tamaño de los hogares campesinos en una lógica igualitaria. La comunidad campesina se consagró como la unidad de administración del campo, con tierras que representaban el 40%–50% del suelo agrícola hacia fines del siglo XIX. Como las técnicas agrícolas eran atrasadas y la productividad baja, la deuda que ahogaba la economía campesina terminó abolida en el año revolucionario de 1905, el primer gran embate, aunque derrotado, contra el zarismo y su autocracia centralizada de la nobleza terrateniente cristiano-ortodoxa en un extenso imperio multiétnico. Después de una etapa de economía de guerra anterior y posterior a 1917, y luego de cerca de una década de "nueva política económica" con mercados campesinos y apertura a la inversión privada introducida por Lenin para salir de la asfixia económica, Stalin dio un vuelco desde fines de los años 1920 hacia una centralización completa y un modo de producción de comando y control. El estalinismo fue un régimen autoritario de partido único (dimensión institucional) y de propiedad estatal generalizada de los medios de producción material junto a una planificación central de precios y cantidades (dimensión económica).
China (1949), Vietnam (desde 1945 en el norte y desde 1976 en todo su territorio) y Cuba (1959) fueron otros casos significativos de introducción de economías estatalmente centralizadas en el siglo XX a partir de guerras civiles y revoluciones populares. También se implantaron, con diversas particularidades, sistemas de este tipo en diversos otros países después de la segunda guerra mundial, luego de guerras e invasiones en países europeos como Albania (1944-1992), Alemania Oriental (1945-1990), Bulgaria (1944-1990), Checoslovaquia (1948-1990), Estonia (1940-1991), Hungría (1946-1989), Letonia (1940-1991), Lituania (1940-1991), Polonia (1945-1989), Rumania (1944-1989) y en las distintas naciones que formaron parte de Yugoslavia (1945-1992). En este último caso, su líder Tito introdujo un sistema de autogestión de las empresas de propiedad pública y de intercambios descentralizados. En Asia, se establecieron sistemas económicos centralizados, además de en China y Vietnam, en Afganistán (1979-1992), Camboya (1979-1998), Corea del Norte (desde 1945), Laos (desde 1975), Mongolia (1924-1992). En el Medio Oriente, existieron regímenes de centralización estatal en Yemen del Sur (1967-1990) y en África en Angola (1975-1992), Benín (1975-1990), Congo (1969-1992), Etiopía (1974-1991), Mozambique (1975-1990) y Somalia (1969-1991).
Sólo se mantiene actualmente la centralización económica estatal generalizada en Corea del Norte, en un régimen político a la vez dinástico (desde 1945 gobierna la familia Kim, con hasta ahora dos transmisiones del poder de padre a hijo) y de partido único (Partido del Trabajo), con bases ideológicas nacionalistas, autárquicas y de predominio militar, mientras hasta 2009 su constitución definía el régimen como "marxista-leninista". Vietnam se encamina a una economía exportadora con amplia inversión extranjera, de lo que también se inspira Laos, aunque ambos países mantienen un régimen de partido único. Cuba hace lo propio y sigue afectada por el bloqueo muy costoso que sufre desde 1960 por parte de Estados Unidos y también por una estructura de propiedad estatal -concentrada crecientemente en el aparato militar- y de regulación de precios que limita los estímulos económicos, mientras ha realizado algunas reformas que incluyen una inversión extranjera en algunos sectores y la autorización de emprendimientos privados de pequeña escala, con una apertura mayor en 2026. Venezuela y Nicaragua han mantenido mercados y actores privados en su economía, aunque con una intervención gubernamental y militar discrecional.
La concepción socialista decimonónica
El origen moderno de la idea de la colectivización de la economía proviene de diversas corrientes socialistas que postularon en el siglo XIX que la explotación y pauperización de las clases sociales subordinadas era causada por la propiedad privada de los medios de producción. Se entendía que revertir esa situación solo podía hacerse desde el corazón del proceso económico, mediante el paso a la propiedad estatal de los medios de producción, y el caso de Marx como paso previo a la disolución del Estado. Se trataba, de acuerdo a Saint Simon y luego Engels, de pasar del «dominio político sobre los hombres» a una «administración de las cosas»:
«El gobierno de las personas es sustituido por la administración de las cosas y por la dirección de los procesos de producción».
Otras formas de apropiación colectiva, total o parcial, de los excedentes económicos de los poseedores privados de capital, pero sin desplazar totalmente la economía privada, tuvieron eco en el movimiento comunista internacional solo por breve tiempo en la etapa final de la vida de Lenin con la llamada "Nueva Política Económica", que sustituyó al "comunismo de guerra" y que duró de 1922 a 1928, y más tarde en las aperturas de China y de otros países centralizados al capital privado (ver más adelante).
Un camino muy distinto siguieron las experiencias socialdemócratas, iniciadas en los países nórdicos con pactos entre sindicatos y empresarios privados. Luego de que el SPD alemán se declaró a favor de la "economía social de mercado" en 1959 en el congreso de Bad Godesberg, muchos partidos socialistas europeos siguieron el camino de las economías mixtas y las regulaciones públicas antes que la estatización general de los medios de producción.
La visión centralizadora propuso desde sus orígenes poner directamente en manos de la administración del Estado los medios de producción y de cambio, aunque en el caso de Karl Marx esto debía ser temporal, pues su fin último era la creación de una propiedad colectiva directamente social. En el Manifiesto Comunista de 1848, Karl Marx y Friedrich Engels postularon que
"ser capitalista es ocupar un puesto, no simplemente personal, sino social, en el proceso de la producción. El capital es un producto colectivo y no puede ponerse en marcha más que por la cooperación de muchos individuos, y aún cabría decir que, en rigor, esta cooperación abarca la actividad común de todos los individuos de la sociedad. El capital no es, pues, un patrimonio personal, sino una potencia social. Los que, por tanto, aspiramos a convertir el capital en propiedad colectiva, común a todos los miembros de la sociedad, no aspiramos a convertir en colectiva una riqueza personal. A lo único que aspiramos es a transformar el carácter colectivo de la propiedad, a despojarla de su carácter de clase...Tan pronto como, en el transcurso del tiempo, hayan desaparecido las diferencias de clase y toda la producción esté concentrada en manos de la sociedad, el Estado perderá todo carácter político".
No obstante, Marx y Engels advirtieron en el Manifiesto Comunista que
"el proletariado andrajoso, esa putrefacción pasiva de las capas más bajas de la vieja sociedad, se verá arrastrado en parte al movimiento por una revolución proletaria, si bien las condiciones todas de su vida lo hacen más propicio a dejarse comprar como instrumento de manejos reaccionarios".
La generalización de la relación salarial y la expansión de la clase obrera hasta el punto de hacerse mayoritaria, la haría transformarse en fuerza revolucionaria al no tener nada que perder “más que sus cadenas” y lograr “expropiar a los expropiadores”. Pero esta evolución no se confirmó en los países capitalistas centrales. Más tarde, en el prólogo a la edición rusa de este texto de 1882, Marx y Engels señalaron, incluso, la posibilidad de caminos mixtos de socialización económica:
"el Manifiesto Comunista se proponía por misión proclamar la desaparición inminente e inevitable de la propiedad burguesa en su estado actual. Pero en Rusia nos encontramos con que, coincidiendo con el orden capitalista en febril desarrollo y la propiedad burguesa del suelo que empieza a formarse, más de la mitad de la tierra es propiedad común de los campesinos. Ahora bien -nos preguntamos-, ¿puede este régimen comunal del concejo ruso, que es ya, sin duda, una degeneración del régimen de comunidad primitiva de la tierra, trocarse directamente en una forma más alta de comunismo del suelo, o tendrá que pasar necesariamente por el mismo proceso previo de descomposición que nos revela la historia del occidente de Europa? La única contestación que, hoy por hoy, cabe dar a esa pregunta, es la siguiente: Si la revolución rusa es la señal para la revolución obrera de Occidente y ambas se completan formando una unidad, podría ocurrir que ese régimen comunal ruso fuese el punto de partida para la implantación de una nueva forma comunista de la tierra".
Marx agregó, al referirse admirativamente a la experiencia de la Comuna de París (1871), que
“nada podía ser más ajeno al espíritu de la Comuna que sustituir el sufragio universal por una investidura jerárquica...Las sociedades cooperativas unidas han de regular la producción nacional con arreglo a un plan común, tomándola bajo su control y poniendo fin a la constante anarquía y a las convulsiones periódicas, consecuencias inevitables de la producción capitalista”.
En la interpretación de Perry Anderson (1996), la idea de una emancipación universal suponía la existencia de un agente subjetivo: las nuevas relaciones de producción post-capitalistas serían puestas en práctica por el trabajador colectivo generado por la propia industria moderna, es decir la clase obrera cuya conducta prefiguraba los principios de la sociedad futura. A su vez, la institución clave de tal sociedad sería la planificación concertada de los productores libremente asociados, sin intercambios de mercado, que compartirían en común, a través de la abolición de la propiedad privada, sus medios fundamentales de existencia, distribuyendo los bienes producidos según la capacidad de cada cual en función de las necesidades de cada uno, en una sociedad sin clases y sin Estado.
La “expropiación de los expropiadores” no ocurrió sino a inicios del siglo XX y no en los principales países capitalistas europeos o en Estados Unidos. En cambio, las revoluciones exitosas realmente existentes que se propusieron sustituir el capitalismo se originaron en la descomposición extrema de Estados en situación de guerra externa y de guerra civil, como en Rusia en 1917 y China en 1949. Estas revoluciones establecieron regímenes de partido único sin libertades democráticas, prolongando las necesidades de la emergencia revolucionaria inicial. Realizaron una centralización económica estatal de la asignación de recursos (precios y cantidades de bienes fijados administrativamente a través de una planificación central obligatoria como principal mecanismo de coordinación) y de la propiedad de las empresas productivas y de distribución (con excepción en algunos casos de algún sector cooperativo y de propiedad campesina y más tarde de empresas de capitales extranjeros), como subraya Lavigne (1997). Así, existieron desde inicios del siglo XX, junto a la conformación de las economías mixtas, procesos de centralización estatal de la economía que alcanzaron un gran amplitud, abarcando a la ex Unión Soviética, a Europa del Este, a China, a parte de África y a Cuba en América Latina.
La planificación central soviética
La experiencia de centralización económica más significativa fue la de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas después de la revolución rusa de 1917 y la conformación progresiva de un partido-Estado, dirigida inicialmente por Vladimir Lenin y León Trotsky y su partido bolchevique, con la soberanía política confiada en principio a consejos obreros y campesinos (soviets). La Revolución de Octubre y sus consecuencias inmediatas implicaron elegir arreglos sociales alternativos en gran escala. Si en la antiguedad Tripolia, Teotihuacán o Ubaid-Uruk fueron escenarios de “audaces experimentos sociales, semejantes a un desfile carnavalesco de formas políticas”, en palabras de Graeber y Wengrow (2023), Petrogrado y Moscú también lo fueron durante los años inmediatamente posteriores a la Revolución de Octubre. Bajo el lema de “todo el poder a los sóviets”, cientos de espacios de consejos vecinales y asambleas autoorganizadas encarnaron, aunque brevemente, una experimentación social y la libertad de crear formas nuevas y diferentes de realidad social. Esto ocurrió luego de que el aparato del orden zarista fuera destruido, que Lenin insistiera en el derecho de las naciones a la autodeterminación, incluido el derecho a la independencia estatal, y que bolcheviques como Alexandra Kollontai impulsaran una legislación destinada a superar la familia nuclear patriarcal, mientras la homosexualidad masculina fue despenalizada en 1922. Muchas ciudades fueron rediseñadas y otras construidas desde cero, incorporando experimentos en urbanismo, arquitectura, vivienda pública, cuidado infantil, educación, transporte, artes plásticas, música, cine e investigación científica.
Al final de su vida, Lenin tuvo la lucidez de dar un vuelco a la etapa del “comunismo de guerra” de férrea planificación central, heredada de los mecanismos propios de la economía de guerra zarista, para dar lugar a la “nueva política económica” en 1921 con espacios para los mercados y para agentes privados con el objetivo de reanimar una economía exhausta. Lenin entendía que debía prolongarse durante largo tiempo, al menos hasta que existieran bases materiales y capacidades de gestión suficientes para una socialización más completa de la economía.
Después de octubre de 1917, se había abolido la propiedad privada de la tierra, sin indemnización, la que pasó a ser “propiedad de todo el pueblo”, mientras se entregó en uso a los campesinos, según normas igualitarias. No se creó inmediatamente una agricultura estatal o colectiva sino más bien una redistribución campesina masiva (el campesinado representaba el 80% de la población). Con la Constitución soviética de 1918, la propiedad de la tierra quedó definida como estatal, con prohibición de compra, venta o arriendo, pero con su uso entregado a los campesinos. El objetivo principal de la política de Lenin desde 1921 (y que duró hasta 1928) era permitir la producción mercantil en el campo, junto al comercio privado con las ciudades, así como permitir la entrada de capital extranjero mediante empresas mixtas entre el Estado soviético y capitalistas foráneos. Los campesinos explotaban parcelas familiares, decidían qué producir, poseían sus herramientas y ganado y vendían sus productos en un mercado agrícola legalizado tras el fin del “comunismo de guerra”, con propiedad privada sobre el producto y los medios de producción, aunque no sobre la tierra. Se reemplazó la requisición forzosa por un impuesto en especie y luego monetario, mientras el excedente podía venderse libremente. La consecuencia fue una recuperación de la producción y de los ingresos campesinos, lo que dio lugar a una estructura agraria diferenciada en campesinos pobres, medios (base del sistema de la NEP) y “kulaks” más ricos, con capacidad de acumulación.
Estas orientaciones de la NEP representaron un claro alejamiento de la inicial estatización general de los medios de producción, que se entendía era el objetivo económico del socialismo. Lenin había insinuado la idea del capitalismo de Estado en 1918, pero en 2022 señaló que
"pensaba que el capitalismo de Estado suponía un paso adelante comparado con aquella situación económica de la República Soviética y explicaba más adelante esta idea, enumerando simplemente los elementos del régimen económico de Rusia. Estos elementos eran, a mi juicio, los siguientes: “1) economía campesina patriarcal, es decir, natural en grado considerable; 2) pequeña producción mercantil (en ella se incluye la mayoría de los campesinos que venden cereales); 3) capitalismo privado; 4) capitalismo de Estado, y 5) socialismo”. Todos estos elementos económicos existían a la sazón en Rusia. Entonces me planteé la tarea de explicar las relaciones que existían entre esos elementos y si no sería oportuno considerar alguno de los elementos no socialistas, a saber, el capitalismo de Estado, superior al socialismo. Repito: a todos les parece muy raro que un elemento no socialista sea apreciado en más y considerado superior al socialismo en una república que se proclama socialista. Pero comprenderéis la cuestión si recordáis que nosotros no considerábamos, ni mucho menos, el régimen económico de Rusia como algo homogéneo y altamente desarrollado, sino que teníamos plena conciencia de que, al lado de la forma socialista, existía en Rusia la agricultura patriarcal, es decir, la forma más primitiva de agricultura… El Capitalismo de Estado, aunque no es una forma socialista, sería para nosotros y para Rusia una forma más ventajosa que la actual. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros no sobrestimábamos ni las formas embrionarias, ni los principios de la economía socialista, a pesar de que habíamos hecho ya la revolución social; por el contrario, entonces reconocíamos ya, en cierto modo: sí, habría sido mejor implantar antes el capital…Durante la revolución hay siempre momentos en que el enemigo pierde la cabeza, y si lo atacamos en uno de esos momentos, podemos triunfar con facilidad. Pero esto aún no quiere decir nada, puesto que nuestro enemigo, si posee suficiente dominio de sí mismo, puede agrupar con antelación sus fuerzas, etc. Entonces puede provocarnos con facilidad para que lo ataquemos, y después hacernos retroceder por muchos años. Por eso opino que la idea de que debemos prepararnos para un posible repliegue tiene suma importancia, y no sólo desde el punto de vista teórico."
Lenin había tomado nota del descontento popular:
"En 1921, después de haber superado la etapa más importante de la guerra civil, y de haberla superado victoriosamente, nos enfrentamos con una gran crisis política interna -yo supongo que la mayor- de la Rusia Soviética. Esta crisis interna puso al desnudo el descontento no sólo de una parte considerable de los campesinos, sino también de los obreros… ¿A qué se debía esta situación tan original y, claro es, tan desagradable para nosotros? La causa consistía en que habíamos avanzado demasiado en nuestra ofensiva económica, en que no nos habíamos asegurado una base suficiente, en que las masas sentían lo que nosotros aún no supimos entonces formular de manera consciente, pero que muy pronto, unas semanas después, reconocimos: que el paso directo a formas puramente socialistas, a la distribución puramente socialista, era superior a las fuerzas que teníamos y que si no estábamos en condiciones de replegarnos, para limitarnos a tareas más fáciles, nos amenazaría la bancarrota."
Lenin pensaba que era necesaria una etapa basada en lo que hoy suele denominarse una “economía mixta”, y consideraba que se debía mantener por un largo período para permitir una acumulación suficiente de capital. Postuló que era una etapa transitoria para liberar las fuerzas productivas que podía desactivarse y revertirse, con la perspectiva temporal de mantener estas políticas hasta que los nuevos cuadros estatales aprendiesen a gestionar la economía tan eficientemente como los capitalistas. No obstante, sus notas privadas sobre lo que se estaba construyendo, redactadas poco antes de morir, son bastante lapidarias sobre el estado del régimen soviético:
"En cinco años es imposible por completo reformar el aparato en medida suficiente, sobre todo atendidas las condiciones en que se ha producido nuestra revolución. Bastante es si en cinco años hemos creado un nuevo tipo de Estado en el que los obreros van delante de los campesinos contra la burguesía, lo que, considerando las condiciones de la hostil situación internacional, es una obra gigantesca. Pero la conciencia de que esto es así no debe en modo alguno cerrarnos los ojos ante el hecho de que, en esencia, hemos tomado el viejo aparato del zar y de la burguesía y que ahora, al advenir la paz y cubrir en grado mínimo las necesidades relacionadas con el hambre, todo el trabajo debe orientarse al mejoramiento del aparato."
Y agregaba:
"Se dice que era necesaria la unidad del aparato. ¿De dónde han partido estas afirmaciones? ¿No será de ese mismo aparato ruso que, como indicaba ya en uno de los anteriores números de mi diario, hemos tomado del zarismo, habiéndonos limitado a ungirlo ligeramente con el óleo soviético?… Nosotros llamamos nuestro a un aparato que en realidad nos es aún ajeno por completo y constituye una mezcla burguesa y zarista que no ha habido posibilidad alguna de superar en cinco años, sin ayuda de otros países y en unos momentos en que predominaban las “ocupaciones” militares y la lucha contra el hambre. En estas condiciones es muy natural que la “libertad de separarse de la unión”, con la que nosotros nos justificamos, sea un papel mojado incapaz de defender a los no rusos de la invasión del ruso genuino, chovinista, en el fondo un hombre miserable y dado a la violencia como es el típico burócrata ruso. No cabe duda que el insignificante porcentaje de obreros soviéticos y sovietizados se hundiría en este mar de inmundicia chovinista rusa como la mosca en la leche."
Subrayaba Lenin su profunda desconfianza del nacionalismo ruso:
"Nosotros, los integrantes de una nación grande, casi siempre somos culpables en el terreno práctico histórico de infinitos actos de violencia; e incluso más todavía: sin darnos cuenta, cometemos infinito número de actos de violencia y ofensas…Por eso, el internacionalismo por parte de la nación opresora, o de la llamada nación “grande” (aunque sólo sea grande por sus violencias, sólo sea grande como lo es un esbirro) no debe reducirse a observar la igualdad formal de las naciones, sino también a observar una desigualdad que de parte de la nación opresora, de la nación grande, compense la desigualdad que prácticamente se produce en la vida. Quien no haya comprendido esto, no ha comprendido la posición verdaderamente proletaria frente al problema nacional."
Luego de que Lenin falleciera en 2024, los líderes históricos de la revolución fueron desplazados y luego la mayoría asesinados, una vez que Joseph Stalin tomara el poder y convirtiera el régimen soviético en una dictadura personal en el marco del monopolio político del Partido Comunista gobernante y de la supresión de todo pluralismo en su seno. En la etapa estalinista y de movilización de guerra entre 1928 y 1952, se estableció un sistema de propiedad estatal generalizada de los medios de producción, con excepción de un sector de cooperativas agrícolas, en medio de una asignación autoritaria de los recursos y de oleadas de purgas en el partido gobernante. Una hambruna devastó el territorio de Ucrania y otras regiones de la URSS en el proceso de estatización de la tierra emprendida en 1932-1933, con la consecuencia estimada de 1,5 millones de personas fallecidas por sub-alimentación. Esto se acompañó de la fijación de precios y cantidades a producir en planes quinquenales guiados por una oficina de planificación central (Comisión Estatal de Planificación, Gosplan) y ministerios por sector industrial, lo que permitió movilizar recursos en la etapa de economía de guerra y dar soporte al esfuerzo bélico que permitió la derrota soviética del nazismo en alianza con Estados Unidos y Gran Bretaña.
La planificación central bajo Stalin funcionó como una férrea jerarquía político-administrativa de órdenes, cuotas y asignaciones físicas. No consistía en que el Gosplan calculase técnicamente las relaciones productivas en la economía: las prioridades fundamentales eran decididas políticamente por Stalin y el Politburó del partido único gobernante y luego traducidas en planes por los organismos económicos. Las grandes orientaciones fueron intencionar una industrialización acelerada, con prioridad a la la industria militar, la siderurgia, el carbón, la electricidad, la maquinaria y grandes complejos industriales y la infraestructura, junto a la colectivización de la agricultura y la reducción relativa del consumo presente para aumentar la inversión. El objetivo declarado fue transformar rápidamente a la URSS, todavía predominantemente agraria, en una potencia industrial autosuficiente y capaz de defenderse militarmente.
El Primer Plan Quinquenal asignó metas extraordinariamente elevadas a la industria pesada. El Gosplan preparaba metas como la cantidad de toneladas de acero, carbón o cemento; los kilovatios-hora de electricidad; el número de tractores, locomotoras o máquinas; las hectáreas sembradas y las cantidades de grano; las nuevas fábricas, minas y centrales eléctricas y el volumen final de inversiones y fuerza de trabajo requerida. La planificación se hacía principalmente en unidades físicas, más que mediante precios. Para ello se utilizaba el método de los balances materiales. Para cada producto se construía aproximadamente una identidad: producción interna + existencias + importaciones = usos productivos + inversión + consumo + exportaciones + reservas. A continuación había que verificar si esos insumos estaban disponibles y determinar qué organismos los recibirían. El sistema buscaba equilibrar las necesidades, aunque la información era incompleta y los planes no siempre eran técnicamente coherentes. Del plan quinquenal se descendía a planes anuales de producción por ministerio, sector y empresa. Cada empresa recibía un plan obligatorio que especificaba producción, variedad de productos, costos, salarios, inversiones y entregas a otras unidades. Una acería, por ejemplo, no decidía qué producir o a quién vender: recibía una meta de producción y órdenes de entrega a determinadas fábricas de maquinaria, ferrocarriles o empresas militares. Los insumos se distribuían administrativamente. El centro asignaba cupos o fondos de materiales en materia de acero; carbón; petróleo; cemento; maquinaria; madera; vagones ferroviarios; divisas para importar equipos.
El plan otorgaba a cada ministerio derechos sobre una cantidad determinada de esos recursos. Los ministerios distribuían después esos cupos entre sus empresas. Los precios existían, pero eran fijados administrativamente y no desempeñaban el mismo papel que en un mercado. Una escasez de acero no necesariamente aumentaba su precio para reducir la demanda: el acero se asignaba según la prioridad del usuario. La industria militar podía recibirlo mientras una industria de bienes de consumo quedaba sin suministro. Es lo que el economista húngaro Janos Kornai (1992) denominó la regulación penúrica, con la supremacía de una administración burocrática de empresas estatales sujetas a la planificación centralizada de cantidades y la fijación de precios administrativos, dando lugar a respuestas que desorganizaban el conjunto desde abajo. Para los directores de empresas, la subdeclaración de recursos y negociar a la baja las metas permitía cumplirlas mejor, exagerando sus necesidades de materias primas, subestimando su capacidad productiva, solicitando más trabajadores y equipos de los necesarios, ocultando reservas y acumulando inventarios, con distorsiones en cadena provocadas por la información inexacta: las empresas y los ministerios poseían información que el centro no tenía, ni podían transmitirlas a otros agentes productivos para permitir ajustes desecentralizados. En la práctica, esto producía un proceso permanente de negociación burocrática. El Gosbank, banco estatal, controlaba los flujos financieros y podía verificar si una empresa gastaba de acuerdo con el plan. Pero la restricción decisiva solía ser la disponibilidad física de materiales, no el crédito o el dinero disponible para las adquisiciones, y menos sus precios.
Si una empresa cumplía ampliamente su meta, el centro podía elevarle la cuota del período siguiente. Por eso resultaba racional ocultar capacidad productiva. Además, como las primas dependían de indicadores físicos, las empresas buscaban cumplir la meta sacrificando calidad o utilidad. El criterio central para evaluar a un director de fábrica era el cumplimiento del plan. Los directivos podían obtener primas y ascensos si alcanzaban las metas, mientras que el incumplimiento podía provocar sanciones y la pérdida del cargo e incluso la expulsión del Partido, y en los casos más extremos acusaciones de sabotaje que en los períodos de mayor represión podían terminar en la detención o ejecución. Los trabajadores eran movilizados mediante salarios por pieza, aumento de las normas de producción y campañas de emulación como el movimiento estajanovista (por el héroe del trabajo Stajanov), con una franja de trabajo forzado en el sistema penitenciario. Los sindicatos dejaron de actuar principalmente como organizaciones negociadoras frente al empleador y fueron incorporados al esfuerzo estatal por elevar la producción y disciplinar la fuerza de trabajo.
Entre fines de la década de 1920 y comienzos de 1930, la agricultura campesina fue reorganizada en granjas colectivas formalmente cooperativas y granjas directamente estatales. El Estado pasó a fijar cuotas obligatorias de entrega de grano y otros productos a precios administrados. Parte de esa producción abastecía las ciudades y parte se destinó a exportarse para obtener divisas con las que comprar maquinaria occidental. Las estaciones estatales de máquinas y tractores proporcionaban equipamiento a las granjas colectivas y servían como nuevos instrumentos de control.
El sistema consiguió concentrar una proporción excepcional de recursos en la inversión en la industria pesada. La URSS desarrolló rápidamente siderurgia, electricidad, maquinaria, transporte y capacidad militar; esa base industrial fue posteriormente crucial para sostener el esfuerzo bélico contra Alemania. Entre los costos se contó una colectivización que fue una campaña coercitiva acompañada de resistencia de los productores en la entrega de cuotas de producción, seguidas de represalias, expropiaciones, deportaciones, autodestrucción de ganado, con la consecuencia de la desorganización agrícola y la gravísima hambruna de 1932–1933. Y también una escasez de vivienda y una fuerte reducción del consumo de bienes básicos, con poca calidad y variedad, junto a formas de trabajo forzado y represión política y laboral, en medio de inversiones desproporcionadas o incompletas, con desperdicio de materiales e inventarios excesivos.
La planificación estalinista no fue tanto un cálculo técnico de millones de decisiones de producción como un sistema de movilización forzada de recursos. El poder político eligió unos objetivos prioritarios —industrialización, industria pesada y defensa— y empleó planes, asignaciones administrativas, incentivos y coerción para obligar al conjunto de la economía a servirlos. Fue eficaz para concentrar recursos rápidamente en sectores estratégicos, pero dejó una lastre de ineficiencia para coordinar una economía compleja en tiempos de paz, transmitir información fiable, mejorar la calidad de los bienes de equipo y de consumo y satisfacer las preferencias de la población.
No obstante, esto no tuvo consecuencias en el corto plazo. Se produjo un rápido ascenso de la potencia soviética tras la Segunda Guerra Mundial. La comparación del desempeño económico de la URSS con el de Estados Unidos y Alemania Federal fue favorable a la primera en varias etapas desde 1945.
Entre 1945–1950, la URSS promedió un crecimiento del PIB o equivalente -según las series de Maddison- de cerca de 9% anual, reflejando una reconstrucción acelerada, mientras en Estados Unidos fue de -1,9% anual en la salida de la economía de guerra. El período 1950–1973 fue la edad de oro del capitalismo de posguerra. En Alemania Federal creció el PIB en alrededor de 5,7% anual y la URSS un 4,9%, con Estados Unidos más atrás con un 4,0%. La etapa de 1973 hasta inicios de los años 1980 mostró una desaceleración general, en la que Estados Unidos tomó la ventaja con un 2,6% anual de crecimiento del PIB, mientras fue de 2,3% en Alemania y de solo 1,8% en la URSS. En la etapa final de la URSS, entre 1980 y 1990, el PIB creció alrededor de un 1,5% anual, a comparar con el 3,2% en Estados Unidos. La experiencia de supresión formal del mercado y de centralización estatal de la propiedad de los medios de producción y de asignación de los recursos del siglo XX en la URSS y Europa del Este entró en un estancamiento y finalmente derivó en 1991 en un colapso endógeno, que evolucionó de manera pacifica.
El partido-Estado soviético estableció un jerarquizado régimen burocrático-autoritario sin conseguir en el largo plazo una prosperidad colectiva mayor a la de los países capitalistas avanzados de su época, aunque logró un crecimiento significativo. La capacidad de la planificación centralizada resultó en la experiencia histórica inferior a su promesa de superación de Estados Unidos y Europa Occidental. El modelo de partido único y economía estatal centralizada inaugurado por la revolución rusa de 1917 y su posterior derivación estalinista, permitió a la URSS dotarse aceleradamente de grandes infraestructuras productivas sobre la base de la estatización de la industria, la organización autoritaria de la administración económica, la cuasi militarización del trabajo, y la colectivización forzada de la agricultura, que permitió la liberación de un flujo considerable de mano de obra. La centralización por el Estado de la mayor parte del excedente económico hizo posible concentrar masivamente las inversiones en algunas ramas consideradas prioritarias, comprimiendo al mismo tiempo de manera drástica el consumo popular, proceso que se acentuó durante el esfuerzo de guerra entre 1941 y 1945. Los planes quinquenales tuvieron por objetivo crear grandes industrias de base, incrementar el conjunto de la producción, desarrollar la agricultura, aumentar el nivel de vida y alcanzar los niveles de desarrollo de los grandes países capitalistas. Sólo algunas de estas metas fueron alcanzadas, en detrimento de las demás y con un costo social significativo, el que erosionó la adhesión de la población al sistema. La agricultura terminó por estancarse, estrechando la base del excedente que debía absorber la industria. El nivel de vida rural y urbano cayó. Las industrias de bienes de consumo y la vivienda fueron sacrificadas. Su retraso respecto de las industrias pesadas y del sector de bienes de producción adquirió un carácter estructural.
Permanecieron los problemas de coordinación de información desde las unidades productivas que dificultaban el cálculo económico y que condicionaban la eficiencia de la planificación de la producción (insumos y productos) y de la inversión. Esto se tradujo en cuellos de botella y atrasos frecuentes en la provisión de insumos y bienes finales, resueltos por un sistema de prioridades y las consiguientes penurias en el resto de sectores productivos, y en especial en muchos bienes de consumo. En la experiencia soviética de rígida planificación central, la inversión no tenía un costo internalizado por la empresa. Mientras ésta más crecía, mayor era el rol de su director, que a su vez buscaba el incremento máximo de su dimensión más que innovar. La innovación se tornó peligrosa, interrumpiendo la regularidad del proceso. Al mismo tiempo, la ausencia de penalización de la ineficiencia introdujo una restricción presupuestaria blanda, sin incentivos suficientes para la minimización de costos. El resultado de estos procesos fue un crecimiento de tipo extensivo, involucrando cada vez mayores cantidades de recursos antes que incrementos de productividad, crecimiento que en los años setenta y ochenta terminó por agotarse, hasta el derrumbe de la URSS en 1991. El desempeño económico del sistema soviético se deterioraría especialmente a lo largo de los años ochenta, con poca eficiencia en el uso de recursos, una economía paralela subterránea y daños ecológicos extendidos. Los comportamientos de los agentes económicos no susceptibles de coordinación en detalle por un centro planificador dieron así origen a la presencia persistente de desequilibrios en la oferta disponible de bienes y finalmente al colapso del sistema en la Unión Soviética y Europa del Este. Los escasos incentivos a la innovación y al aumento de la productividad terminaron por provocar una situación de marasmo económico y de descontento social.
Lo mismo ocurrió con la capacidad regulatoria de la planificación centralizada. El principio de desagregación del plan macroeconómico por grandes sectores en planes de rama por ministerio, los que a su vez establecían los planes por empresa, constituyó el corazón del carácter imperativo de la planificación soviética. Pero este esquema no pudo superar sus factores de contradicción social y técnica. Socialmente, muchos directores disimularon o sesgaron la información al sobreestimar las necesidades y subestimar las capacidades para obtener mayores holguras para la fijación y realización de las metas del plan, mientras no siempre fue posible imponer a los trabajadores las normas de trabajo, con el consiguiente cambio frecuente de empleo. Técnicamente, fue imposible centralizar con precisión suficiente y a tiempo la información necesaria para una asignación de los recursos suficientemente ajustada, con la consecuencia de interrupciones y situaciones de escasez de insumos en un desfase recurrente entre objetivos y resultados, destacando el papel de la desinformación parcial y la dispersión de las decisiones en una economía compleja, incluso cuando está centralizada y basada en la propiedad estatal, como se describe en los trabajos de Alec Nove (1987), Bernard Chavance (1988), Adam Przeworski (1995) y John Roemer (1995), entre otros. La planificación central se hizo cada vez menos posible de aplicar frente a las complejidades de coordinación de precios y cantidades en economías con progreso técnico acelerado. Fueron emergiendo dificultades insuperables para reunir centralizadamente la información pertinente sobre la multiplicación y diversificación generalizada de la producción de bienes y servicios y la dispersión espacial de sus respectivos procesos de producción. Los comportamientos conflictivos y no susceptibles de coordinación por el centro dieron origen a la presencia persistente de desequilibrios entre la demanda de las familias y la oferta disponible de bienes (Bettelheim & Chavance, 1985).
Bernard Chavance (1999) sostuvo, por su parte, que
"la formación de los sistemas socialistas puede interpretarse como una gigantesca experiencia social de innovación organizativa e institucional. Sin embargo, una vez establecidos, estos sistemas rápidamente se encontraron "encerrados"... La ausencia de emprendimiento y la regulación basada en la escasez, junto con la influencia limitada de los consumidores que acompaña a esta última, han debilitado la dinámica de la innovación de productos o procesos... reduciendo la capacidad de adaptación del sistema en su conjunto".
Otro balance fue el de Perry Anderson (1996), que concluyó que:
“La planificación centralizada realizó proezas notables en condiciones de asedio o de guerra, tanto en las sociedades comunistas como en las capitalistas. Pero en tiempos de paz, el sistema administrativo en los países comunistas se demostró totalmente incapaz de controlar el problema de la coordinación de los agentes en economías cada vez más complejas, y engendró niveles de derroche e irracionalidad que superan con creces los de las economías de mercado en el mismo período, para manifestar finalmente un síntoma de crac potencial”.
La experiencia soviética mostró que la centralización estatal genera múltiples problemas de coordinación y de información que dificultan la asignación de recursos y que, en el mejor de los casos, permite un crecimiento extensivo, incluso por períodos que pueden ser prolongados (lo que fue el caso en la URSS y los países del Este europeo entre 1950 y 1970), pero con un fuerte sacrificio del consumo.
La necesidad de una drástica reforma de la economía se transformó poco a poco en una evidencia para la dirigencia del partido único en la etapa final de la URSS, reforma que llegó muy tarde y fue insuficiente para impedir el desplome del sistema de planificación central. El resultado de estos procesos ha sido descrito del siguiente modo por el economista soviético Abel Aganbeguian (1989):
“las manifestaciones de marasmo y apatía condujeron a una parte de la población a perder toda motivación por el trabajo, a percibir la propiedad social como algo ajeno. Se establecieron tendencias a acaparar y a la corrupción. La justicia social fue transgredida. Los planes de crecimiento del bienestar no fueron ejecutados, se produjeron alzas de precios camufladas. La nivelación y fijación sin fundamentos del salario, los privilegios entregados a ciertas categorías de trabajadores ocasionaron enormes perjuicios. El alcoholismo, que afectó la salud de una parte de la población, se extendió ampliamente: constituye por lo demás una de las razones por las cuales, en los últimos veinte años, el promedio de vida en la URSS no aumentó y la mortalidad de los hombres en edad activa se incrementó”.
Esta experiencia de construcción de una nueva sociedad, iniciada en medio de una guerra civil prolongada, luego gravemente represiva en su etapa estalinista y con un estancamiento final, no logró traducir la esperanza emancipatoria que le dio origen: crear una sociedad sin la opresión política de las monarquías dominantes y sin explotación económica. Lejos estuvo de realizarse la abolición del Estado como aparato de dominación, esa maquinaria centralizada, en palabras de Marx (1867),
“con sus ubicuos y complicados órganos militares, burocráticos, clericales y judiciales que aprisionan a la vital sociedad civil como una boa constrictor”.
Suenan especialmente premonitorias las expresiones de la revolucionaria polaco-alemana Rosa Luxemburgo (1918) al dirigirse a Lenin y Trotsky desde la prisión alemana poco antes de ser asesinada por la policía:
“sin elecciones generales, una prensa no cohibida, la libertad de asociación y la libre lucha de las opiniones, la vida de toda institución pública desaparece, se convierte en una vida ficticia en la que la burocracia se mantiene como el único elemento activo. La vida pública comienza a adormecerse, unas docenas de líderes de partido, de energías inagotables e idealismos sin límites, dirigen y gobiernan, debajo de ellos hay una docena de cabezas sobresalientes que dirigen de verdad y una élite de obreros, convocada de vez en cuando a las asambleas, para aplaudir los discursos de los líderes, aprobar en forma unánime las resoluciones presentadas, es decir, en el fondo, una sociedad de camarillas – de hecho una dictadura, aunque no la dictadura del proletariado, sino la dictadura de un puñado de políticos - una dictadura en el sentido burgués puro, en el sentido del dominio de los jacobinos”.
Agregó Rosa Luxemburgo:
“Con toda seguridad, toda institución democrática tiene sus límites e inconvenientes, lo que indudablemente sucede con todas las instituciones humanas. Pero el remedio que encontraron Lenin y Trotsky, la eliminación de la democracia como tal, es peor que la enfermedad que se supone va a curar; pues detiene la única fuente viva de la cual puede surgir el correctivo a todos los males innatos de las instituciones sociales. Esa fuente es la vida política activa, sin trabas, enérgica, de las más amplias masas populares... Es un hecho conocido e indiscutible que es imposible pensar en un gobierno de las amplias masas sin una prensa libre y sin trabas, sin el derecho ilimitado de asociación y reunión...La libertad sólo para los que apoyan al gobierno, sólo para los miembros de un partido (por numeroso que este sea) no es libertad en absoluto. La libertad es siempre y exclusivamente libertad para el que piensa de manera diferente”.
El proyecto planificador central no solo se alejó de todo funcionamiento democrático, sino que no pudo resolver el problema de la información y la fluidez del sistema de comando y control, y sustituir de manera convincente al mercado y los intercambios descentralizados de manera estable, más allá de las situaciones de economía de guerra, por mucho que una economía de mercado no regulada tenga sus propios problemas en materia de fines sociales, inestabilidad y crisis productivas recurrentes, y que las regulaciones de los mercados tengan sus propios efectos indeseados. En palabras de Charles Bettelheim y Bernard Chavance (1985):
“Un plan que pretende reglamentarlo todo y preverlo todo fracasa en su objetivo. En una economía compleja y conflictiva, no se puede planificar en detalle. Dado que sigue siendo deseable obtener sino un manejo al menos una cierta orientación del desarrollo económico, el plan debe tener una amplitud que sea manejable y que por tanto deje subsistir apoyos, en particular deje funcionar el sistema de precios. La inmensa mayoría de los precios no puede ser fijada centralmente, sin lo cual se llega a una deriva completa de las decisiones económicas”.
Desde 1989, con la caída del muro de Berlín, y 1991, con la disolución de la URSS, se dio curso al cierre del ciclo de los “socialismos reales” iniciado en 1917. El corazón histórico de la centralización económica moderna terminó implosionando por su rigidez burocrática, dando lugar a la independencia de diversas naciones que formaban parte de la URSS en Europa y Asia y a una menos extendida Federación Rusa. Esta adoptó, luego de una transición convulsionada y socialmente costosa, una economía de capitalismo oligárquico y un régimen político de rasgos autoritarios. La transición de Rusia a la “economía de mercado” fue notoriamente traumática. Una descripción se encuentra en Elizabeth Brainerd (1998) que señala que, junto a la caída del PIB:
"la desigualdad salarial global casi dobló entre 1991 y 1994 y ha alcanzado un nivel superior al de Estados Unidos...Los `ganadores´ de esta transformación son los hombres jóvenes bien educados cuyas capacidades les permitieron explotar las nuevas oportunidades de ganancia en el sector privado de la economía. Los `perdedores´ son los trabajadores más viejos, hombres en particular, cuyo capital humano se devaluó...Las mujeres también aparecen entre las principales perdedoras de la transición".
El fin endógeno de la Unión Soviética en 1991 dejó en buena medida atrás la identificación del socialismo o de la democracia social con el modelo de régimen de partido único y de centralización estatal de la economía. En la interpretación de Zygmunt Bauman (2013), la parte capitalista del mundo bipolar de la guerra fría había avanzado hacia economías mixtas y Estados de bienestar para obstaculizar el modelo estalinista en la dirección de combatir la miseria, fortalecer el papel de los trabajadores y ampliar el acceso a la educación y la salud, pero “con mucho más éxito que el propio comunismo”. Cita la irónica frase del politólogo Roberto Toscano: “el comunismo fue algo realmente muy bueno para todos, salvo para aquellos que tuvieron la desgracia de vivir bajo ese sistema”. Por su parte, Tony Negri (2007) formuló una ácida observación sobre muchos de sus sostenedores en otras épocas:
"han pasado del fetichismo de la Unión Soviética y del socialismo real al abandono total de cualquier perspectiva de transformación de la vida y de la sociedad. Lo tremendo es que la experiencia burocrática que estos señores han tenido con las ideas y las expresiones del socialismo real se ha transfigurado bruscamente en cinismo, siguen siendo estalinistas sin ser ya socialistas".
Negri hace referencia a las sociedades post-soviéticas de Europa del Este, algunas de las cuales, como Hungría, evolucionaron hacia regresiones autoritarias, incluso formando parte de la Unión Europea. Rusia, por su parte, se transformó rápidamente en un régimen con una personalización del poder político, tradicional en ese país, junto a una fuerte concentración del poder económico privado en el mencionado capitalismo oligárquico.
La experiencia de Yugoslavia
En 1948, Stalin pidió a los comunistas yugoslavos que se deshicieran de la “camarilla titoísta” y regresaran al “camino correcto”, después de que el régimen de Tito, emergido de la resistencia a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, mostrara una posición de independencia. Los yugoslavos decidieron que el socialismo, como primera etapa de una nueva sociedad que debía buscar en el largo plazo la extinción del Estado, debía combinar la propiedad estatal de las fábricas pero entregando a los colectivos de trabajadores al menos su gestión directa. La discusión yugoslava sobre el socialismo autogestionado consideraba su sistema como una etapa más en la transición de la humanidad hacia un sistema más eficiente socialmente y más justo: si hubo feudalismo, luego capitalismo, ahora debía haber gestión democrática de las empresas. La implementación gradual de la autogestión laboral y la creación de consejos obreros comenzó a inicios de la década de 1950, bajo la idea que el sistema yugoslavo era uno de “producción mercantil socialista”. Esto planteaba interrogantes sobre la función objetivo de las empresas autogestionadas y sobre qué tratan de maximizar, a la vez que se debía definir qué se podía entender como “precio normal” en un sistema que no los fijaba centralmente.
Como señala Milanovic (2025), no hubo que esperar mucho para una respuesta neoclásica. El economista estadounidense Benjamin Ward señaló en un artículo en 1958 que las empresas maximizaban el ingreso por trabajador mientras pagaban un arriendo fijo por el capital, oficialmente propiedad de la sociedad, que era un impuesto sobre el valor de los activos fijos utilizados por las empresas. El artículo de Ward fue seguido de análisis de los efectos del comportamiento de las cooperativas autogestionadas que predijeron que emplearían menos trabajadores que una empresa capitalista equivalente, podrían reaccionar a un aumento del precio reduciendo la producción y subinvertirían al preferir distribuir la mayor parte de los ingresos como salarios.
Desde otro ángulo, el punto de partida de los economistas yugoslavos, según Grdešić y Žitko (2025), era diferente. Veían su tarea como la de observar y analizar el nuevo sistema, sus “leyes de movimiento” y descubrir cómo se comportan las “empresas socialistas productoras de mercancías”. Dos principales escuelas de pensamiento emergieron. Milorad Korać sostenía que la función objetivo de los productores en un socialismo descentralizado no podía ser la misma que la de las empresas capitalistas. En su opinión, el empresario maximiza beneficios totales, mientras el trabajador-empresario maximiza el ingreso neto de la empresa (es decir, el ingreso que queda después de la depreciación del capital). En la visión de Korać, incluso el rendimiento de los activos fijos (respecto de los cuales el Estado dejó gradualmente de cobrar arriendo) pertenece al colectivo de trabajo. La "escuela del ingreso" se acercó mucho a una posición libertaria de izquierda o incluso anarquista: lo que decidieran los consejos obreros estaba bien y si decidían usar todo el ingreso para pagarse salarios altos y no invertir nada, así debía ser, refutando a los economistas que temían que los trabajadores se pagarían salarios altos a expensas de la acumulación. Algunos sugirieron que no debía existir ningún límite a cuán altos podían ser los salarios y que la tributación debía ser mínima. La escuela del ingreso llevó a la “sacralización” de los colectivos obreros. No podían equivocarse.
Zoran Pjanić fue el principal autor de una hipótesis alternativa, la del “precio específico de producción” como “precio normal”: los colectivos obreros no eran muy distintos de los capitalistas y buscaban maximizar “beneficios” después de la depreciación y del pago del arriendo. Por eso Pjanić pensaba que el precio normal (precio de equilibrio de largo plazo) en el socialismo de mercado era un “precio específico de producción”, no diferente, en los factores que entran en su formación, del precio de producción bajo el capitalismo. La escuela del beneficio estaba (con razón) preocupada por la posibilidad de que los trabajadores decidieran renunciar a la inversión y la innovación, pagarse salarios altos y tomarse vacaciones, generar inflación de costos, todos fenómenos que la economía yugoslava efectivamente exhibió, con una alta inflación en los años 60 y 70. Por eso esta escuela estaba interesada en la política macroeconómica, la que la escuela del ingreso abandonó en gran medida confiando en que los trabajadores resolverían de algún modo estos problemas. Branko Horvat, por su `parte, combinó marxismo y keynesianismo de izquierda buscando fortalecer las funciones del gobierno federal para proporcionar un marco previsible en el cual las empresas pudieran prosperar y probar que una economía autogestionada podía superar a una capitalista. El debate entre la escuela del “ingreso” y la escuela del “beneficio” terminó con la desintegración de Yugoslavia en 1991 y la guerra entre varias de sus naciones constitutivas, lo que llevó al desmantelamiento de la autogestión y el paso a una economía dominada por empresas de capital privado.
El desempeño de Yugoslavia incluyó un período de dinamismo y apertura inéditos en el bloque de economías centralizadas de la época dominado por la URSS, seguido de posteriores desequilibrios macroeconómicos que terminaron erosionando la promesa inicial. Entre 1952 y 1960 el PIB creció alrededor de 6–7% anual y en los años sesenta el crecimiento siguió siendo de 5–6% anual, aunque más irregular, mientras la inversión fue de un 30-35% del PIB, contrariamente a las predicciones neoclásicas. Pero la inflación se volvió recurrente desde mediados de los años 1960, con ajustes salariales negociados por los consejos obreros que empujaban los costos con alta indexación salarial, en medio de precios flexibles de mercado. En 1980, la inflación superó el 40% anual y en 1989 se convirtió en hiperinflación. Durante los años 1970, Yugoslavia se financió con crédito occidental y su deuda externa pasó de casi cero en 1968 a más de 20 mil millones de dólares en 1980, al sufrir la crisis del petróleo y el aumento de las tasas de interés. Mientras, la autogestión profundizó las desigualdades entre repúblicas, con Eslovenia y Croacia más integradas al mercado occidental y Serbia, Bosnia, Macedonia y Kosovo relativamente más rezagadas. Así, se estancó el crecimiento en medio de una aceleración de la inflación y de una creciente carga de la deuda.
No obstante, en casi todos los indicadores de bienestar, como el PIB per cápita, el consumo, la vivienda, la libertad cultural y la innovación institucional, Yugoslavia superó al modelo soviético, pero su talón de Aquiles fue la inestabilidad macroeconómica, lo que la URSS evitó con la rigidez de su planificación central.
La experiencia de China
La centralización de la asignación de recursos se implantó en China después de la guerra civil culminada en 1949 con la victoria de los comunistas liderados por Mao Zedong sobre los nacionalistas del Kuomintang, que se replegaron a la isla de Taiwan. La reconstrucción de China como nación independiente se produjo a la salida de convulsiones críticas luego de la colonización occidental en el siglo XIX, las guerras con Japón (1894-1895 y 1937-1945) y la guerra civil posterior. Estas dejaron a esta vasta nación, cuya economía tuvo una mayor envergadura que la de Europa y produjo buena parte de las más importantes innovaciones tecnológicas hasta antes de la revolución industrial, como uno de los países más empobrecidos y con menor ingreso por habitante del mundo al término de la segunda guerra mundial.
Desde 1949, se instauró progresivamente la planificación central en un régimen de partido único. Su trasfondo histórico era la institucionalidad y cultura imperial ancestral de cuatro dinastías en 20 siglos, mientras su referencia inicial fue el modelo soviético de centralización instaurado en 1930 por Stalin. La reforma agraria de 1950–53 confiscó las tierras de los terratenientes y las distribuyó entre los campesinos pobres, con lo que el nuevo régimen de Mao ganó en popularidad. En 1953–58 el Estado empujó a los campesinos a agruparse primero en "cooperativas de producción mutua" (donde la tierra seguía siendo técnicamente del campesino), y luego en "cooperativas de nivel superior" (donde la tierra pasó a ser propiedad colectiva del grupo). A partir de 1958, el Gran Salto Adelante creó las "comunas populares", en las que la tierra pertenecía a la comuna en tanto unidad político-administrativa que agrupaba a miles de familias, mientras la producción era dirigida por el Estado central: los campesinos ya no decidían qué cultivar, cuánto producir ni cómo vender. Todo el excedente era entregado al Estado a precios fijados por el Estado. Los campesinos recibían a cambio puntos de trabajo (gōngfēn), una unidad de remuneración que se convertía en alimentos y bienes básicos. Ya nadie era dueño individualmente de la tierra, los animales, las herramientas o la cosecha. La opción de Mao fue extraer de manera centralizada excedentes de la producción campesina para ampliar la industria y sostener el poder del Estado, lo que incluyó la fabricación de armas nucleares a partir de 1964.
La primera etapa de planificación voluntarista de la industrialización y la extracción de excedentes agrarios se llevó a cabo durante el "Gran Salto Adelante", que se tradujo en una gran crisis productiva y una hambruna en 1958-60, que según algunos cálculos implicó la muerte de millones de personas. Los campesinos no tenían incentivo para producir, los cuadros locales inflaban las cifras de producción en medio de purgas y el Estado llegó a exportar grano en una situación de penuria de alimentos en el campo. Esta política provocó conflictos en la más alta jerarquía del régimen entre el líder histórico Mao y el entonces presidente de la República Popular China, Liu Chao-chi (que había sido elegido como secretario general del Partido en 1943, cargo sólo inferior al de presidente del partido, ocupado por Mao) y su aliado Deng Xiaoping, cuya relación con Mao se deterioró drásticamente debido a sus críticas al "Gran Salto Adelante". Mao las percibió como una amenaza a su autoridad ideológica y política y lanzó una contraofensiva durante la "Revolución Cultural" de 1966-76. Liu fue despojado de sus cargos y murió en prisión en 1969, siendo rehabilitado póstumamente a fines de los años setenta. Mao se confrontó con sus detractores en la burocracia post revolucionaria y en el partido único más proclives al pragmatismo económico y orientó el gobierno a la eliminación de los restos de "elementos capitalistas y tradicionales de la sociedad china". Este proceso provocó una etapa de violencias, represión y penurias, junto a una ruptura del orden jerárquico tradicional en medio de experiencias de autogobierno comunal. Hacia 1978, después de la muerte de Mao y diversas turbulencias, el grupo que se confrontó a Mao logró tomar las riendas del poder, subrayando los límites del modelo económico inicial de la revolución china para lograr mayores avances en las condiciones de vida de la población. Una de las primeras medidas del nuevo líder, Deng Xiaoping, fue establecer el "sistema de responsabilidad familiar" en el campo, en una sociedad que seguía siendo mayoritariamente rural: la tierra -y el suelo urbano- siguió siendo del Estado, pero se arrendó a familias individuales, quienes podían vender el excedente en mercados libres, lo que llevó a un aumento de la producción agrícola.
China abandonó la planificación central omnipresente de precios y cantidades, aunque mantuvo el régimen de partido único bajo los “cuatro principios cardinales” de Deng Xiaoping: "la vía socialista, la dictadura democrática popular, la dirección del PCCh y la supremacía ideológica del marxismo-leninismo y del pensamiento de Mao Zedong". Deng ejerció durante 20 años un poder vertical, incluyendo un papel decisivo en la represión de las demandas por más democracia de la Plaza de Tian'anmen en 1989, que culminó en la destitución del entonces secretario general reformista del PC chino, Zhao Ziyang.
Deng y sus sucesores introdujeron mecanismos de mercado en diversas áreas, junto a mantener y desarrollar un importante sector público productivo y una apertura a la creación de empresas privadas y mixtas con presencia de inversión extranjera, condicionada a la transferencia de tecnología. La planificación central de China evolucionó hacia un manejo gubernamental de las principales variables económicas que incluyó la consolidación de un esquema de empresas públicas junto a empresas mixtas y privadas en un marco de competencia regulada en mercados internos y de conquista de mercados externos. Estimuló asociaciones con capitales extranjeros para la integración en la economía mundial y el aprendizaje tecnológico endógeno. Organizó una fuerte economía industrial de exportación basada inicialmente en la manufactura simple basada en bajos salarios, hasta escalar a la elaboración de bienes e insumos de alto valor agregado mediante un progreso tecnológico progresivo, en medio de una gran inversión en infraestructuras.
Las reformas post maoístas a partir de 1978 no desmantelaron todos los mecanismos de planificación y se mantienen hasta la actualidad los planes quinquenales que orientan los ejes de la inversión y la innovación. Introdujeron en una primera fase, como se mencionó, los mercados rurales y autorizaron el uso familiar de la tierra bajo formas de arriendo, junto a la autonomización y privatización de empresas industriales. China conservó el control estatal de las áreas estratégicas, con empresas públicas, mixtas y privadas de capitales chinos, orientadas a insertarse en los mercados mundiales y alcanzar y superar la frontera tecnológica, incluyendo procesos de aprendizaje tecnológico acelerado y el incremento progresivo de la complejidad industrial en la industria textil y de muebles, la electrónica, la de máquinas herramientas, la automotriz, la aeronáutica y satelital y la informática y la microelectrónica. Hoy cubre prácticamente toda la gama de la manufactura moderna, con un avance por sobre otras economías en la producción de paneles solares, material de energía eólica, baterías y autos eléctricos, que la ponen en la punta de la transición energética a escala global.
China adaptó algunos de los principales instrumentos de las experiencias occidentales del siglo XX: el complejo militar-industrial, los ecosistemas de innovación, el apoyo estatal masivo a la investigación y al desarrollo de tecnologías estratégicas, con universidades de rango mundial y uso de capital de riesgo con apoyo a la creación de empresas en las administraciones provinciales en modalidades frecuentemente competitivas. La estrategia puesta en marcha por Deng Xiaoping se basó en una lógica de apropiación selectiva de las experiencias económicas exitosas para el aumento de sus capacidades propias.
La nueva política logró, desde niveles iniciales muy bajos, una expansión que se ha constituyó en el caso más rápido de crecimiento y transformación económica en solo unas cuatro décadas, al punto de convertir a China en uno de los polos dominantes de la economía mundial contemporánea, como lo fue en el pasado pre-industrial. El resultado ha sido el mayor aumento general de ingresos de una numerosa población en un vasto territorio en pocas décadas que haya conocido la historia humana. Su crecimiento del PIB fue de 9% promedio anual entre 1980 y 2024, a comparar con el 2% de los países del G7 en el mismo período, según los datos del FMI, acortando sustancialmente la brecha de PIB por habitante. En 1980, el PIB per cápita de Estados Unidos a paridad de poder de compra era casi 49 veces el de China; en 2024, pasó a 3,2 veces. China pasó en poco más de 40 años de alrededor de 2% del nivel de producción por habitante estadounidense a casi un tercio. China está en la actualidad cerca de convertirse, según la clasificación oficial del Banco Mundial, en una economía de ingresos altos, en contraste con su tuación cuando se incorporó al Banco Mundial como un país de ingresos bajos en abril de 1980, reemplazando a Taiwán. Así, un país con más de 1.000 millones de personas pasó de la categoría inferior a la superior de ingresos en un tiempo históricamente breve.
La urbanización y la transformación industrial de China han ocurrido a una escala 100 veces superior a la del Reino Unido, el primer país en urbanizarse e industrializarse, y a alrededor de 10 veces su velocidad, por lo que la revolución industrial china tiene 1.000 veces el impulso que ostentó la revolución industrial británica de inicios del siglo XIX. La evolución de China desde los años 1980 es un caso muy exitoso de transición desde una economía estatalmente centralizada, poco industrializada, predominantemente rural y pobre, a una economía desarrollista mixta de excepcional dinamismo industrial de orientación exportadora, con un rol central de las inversiones planificadas en la infraestructura y en los sectores industriales, especialmente de frontera tecnológica, junto a subsidios estatales, pero también permitiendo una fuerte competencia entre empresas y entre territorios que logran disminuciones de costos e innovaciones, además de un férreo control demográfico y del desplazamiento poblacional rural-urbano.
Según Jiang (2024), luego de la Revolución Cultural
"el crecimiento económico fue identificado como la fuente de legitimidad política más importante. El desempeño económico se ha convertido en el indicador para la promoción burocrática, lo que ha fusionado la política y la economía chinas. Este mecanismo de organización política les facilita a los dirigentes dar impulso a cualquier cambio deseado y en esto se basa precisamente el giro de China hacia el desarrollo tecnológico. Desde la década de 2010, los nuevos líderes quieren emular el desarrollo de alta calidad occidental en lugar de proveer a Occidente de productos de baja calidad, baratos e intensivos en trabajo".
De las potencias globales que dominaron el siglo XIX, solo China ha terminado siendo de manera peculiar una suerte de imperio rejuvenecido. El régimen de partido único establecido en 1949 gobierna un vasto territorio que los gobernantes étnicamente manchúes de la dinastía Qing (1644-1912) ensamblaron mediante la guerra y la diplomacia, siendo la última monarquía imperial de China, tras suceder a la dinastía Ming de 1368-1644, caracterizada por una expansión territorial significativa y una burocracia meritocrática. La China contemporánea ha constituido en las últimas décadas una fuerza militar de gran envergadura y disputa el control de territorios fronterizos en el Mar de China Meridional y el Himalaya. También ha impulsado la iniciativa de infraestructura “One Belt, One Road” lanzada en 2013 a lo largo de Eurasia, con beneficios para otras naciones pero que también amplía negocios con empresas estatales chinas, prolongado un proceso sistemático de aumento de su influencia económica en Europa, Asia y África. Hasta ahora, el poder blando chino desempeña un papel menor, aunque destaca su opción diplomática de no interferencia en los asuntos internos de otros países, sin perjuicio de una cooperación con la Federación Rusa en el conflicto de Ucrania e intercambios activos con Irán, especialmente en la compra de petróleo.
A su vez, China enfrenta desafíos de gobernanza con sus nacionalidades y religiones (los chinos Han representan más del 90% de los 1.400 millones de habitantes, pero hay también 55 minorías étnicas reconocidas oficialmente), especialmente en algunas regiones de frontera en las que la etnia Han no es la dominante, como en el Tíbet, en la Xinjiang musulmana y la Mongolia Interior. Las tierras de las minorías tibetana, uigur y mongola albergan ricos recursos minerales y agrícolas, y suponen una parte significativa del territorio de China. Estas minorías han vivido etapas de independencia en el pasado y viven en territorios expuestos a contactos con otros países, con sus propia lengua y escritura. La Constitución del país establece que "cada etnia tiene el derecho de usar y desarrollar su propio idioma" y "tiene el derecho a la autonomía".
También el régimen de partido único reconoce dinámicas de corrupción estatal. En palabras de Wang Qishan (2017), vicepresidente del país de 2018 a 2023, el Partido Comunista chino debió superar en materia de corrupción "unos conceptos tenues, una organización laxa, una disciplina blanda, una gobernanza débil y una cultura política malsana", lo que se ha traducido en un fortalecimiento del liderazgo del actual jefe de Estado Xi Jinping, en el poder desde 2012, en nombre de la disciplina partidaria y estatal y de la expansión económica y tecnológica China de largo plazo.
El actual proceso chino se propone crear “nuevas y cualitativas fuerzas productivas” e impulsar la innovación y el crecimiento a través de grandes inversiones en manufactura, particularmente en alta tecnología y energía limpia, así como un gasto robusto en investigación y desarrollo. Para estimular el crecimiento, se están aplicando las recetas ya probadas en la últimas décadas, es decir invertir fuertemente en el sector manufacturero, con apoyo de la banca estatal y los gobiernos territoriales, con la apuesta de que las mejoras tecnológicas conduzcan a un crecimiento de la economía capaz de incorporar a más trabajadores de los que pueda expulsar. Esto incluye nuevas fábricas que han ayudado a impulsar las ventas de paneles solares, autos eléctricos y otros productos vinculados a la transición energética en todo el mundo. China está dominando masivamente esos mercados. La prensa estatal alaba en particular las “tres novedades”: la energía fotovoltaica, las baterías y los vehículos eléctricos, en oposición a las “tres antigüedades”: la ropa, los muebles y los electrodomésticos de baja gama. El país está acelerando la instalación de campos de paneles solares en su territorio a un ritmo sin precedentes, tanto para salir de la dependencia del carbón como para absorber su producción: en 2023, China ha sumado más potencia de paneles fotovoltaicos que toda la capacidad instalada en Estados Unidos. La industria representa una gran parte de la economía del país y es más del doble de la proporción vigente en Estados Unidos. Un 31% de la manufactura mundial proviene hoy de China, contra un 20% en 2010, y cubre prácticamente toda la gama de productos.
China se propone mantener un crecimiento del orden de un 5% al año, con una regulación macroeconómica activa y una política industrial centrada en el desarrollo de la frontera tecnológica. La fuerte inversión urbana y territorial desde los años 1980 llevó a la postre a una burbuja inmobiliaria y a un menor crecimiento desde la recesión mundial de 2008-2009. El crecimiento desde la pandemia de COVID-19 ha sido más lento que en las cuatro décadas previas e inferior al de la India, aunque es muy superior al de los países del G7, que a su vez tienen un PIB por habitante mucho más alto. China ha experimentado una caída en la construcción de viviendas desde 2022, que junto a la producción de acero, vidrio y otros materiales fue, además de las exportaciones industriales, el mayor impulsor del crecimiento durante décadas, con una muy elevada tasa de inversión agregada. Su desafío próximo es articular más el esfuerzo de inversión con fortalecer el consumo, en medio de una tendencia de las familias al ahorro ante una seguridad social poco robusta, y a la vez reducir el desempleo juvenil y ayudar a las empresas fuertemente endeudadas del sector inmobiliario.
La sui generis evolución de China desde 1978 lleva a preguntarse ¿cuán socialista es el país? La apertura a la inversión extranjera, el acelerado crecimiento orientado a la exportación y la liberalización de diversos mercados internos han hecho de la China urbana una sociedad de ingresos medios y sacado a cientos de millones de chinos de las áreas rurales de la pobreza.
Siguiendo los criterios de Barry Naughton (2017), “no existe una definición generalmente aceptada de ‘socialismo’ y no parece tener mucho sentido argumentar si una realidad compleja coincide con una simple y arbitrariamente definida etiqueta”, por lo que avanza “cuatro características que están relacionadas de modo plausible a un amplio rango de concepciones del socialismo, es decir hablamos de características descriptivas del socialismo antes que de ´modelos’”. Estas son, para este autor, primero la capacidad de moldear (shape) los resultados económicos, es decir de controlar los flujos de activos e ingresos a través de la imposición y la autoridad regulatoria, lo que no implica necesariamente mantener una generalizada “propiedad estatal de los medios de producción”. Segundo, la intencionalidad de hacerlo, pues un gobierno socialista se propone moldear la economía para obtener resultados que sean diferentes de los que produciría un mercado no intervenido. Tercero, la orientación a la redistribución, dado que un gobierno socialista típicamente se justifica a sì mismo en tanto beneficia a los ciudadanos menos aventajados, por lo que parece natural buscar evidencia sobre el éxito de las políticas en materia de crecimiento inclusivo, seguridad social y redistribución a favor de los pobres. Cuarto, un gobierno socialista debe disponer de algún mecanismo a través del cual el grueso de la población pueda influenciar la política económica y social, y que la política muestre al menos alguna capacidad parcial de respuesta (responsiveness) a las cambiantes preferencias de la población.
Naughton evalúa que China es hoy muy distinta tanto de la economía de comando de hace 40 años como de la economía de “capitalismo salvaje” de hace 20 años. Diagnostica que el gobierno tiene en China mucha más influencia sobre la economía que en virtualmente cualquier economía avanzada o de ingresos medios, mientras las empresas y bancos estatales son predominantes y los planes quinquenales tienen incidencia interna y externa. Este autor calcula que en 2015 solo el 12% del empleo estaba en empresas estatales, pero que el gobierno controlaba el 39% de los activos industriales, el 85% de los activos bancarios, el conjunto del sector de telecomunicaciones y transportes y lo fundamental de los servicios de educación y científicos y tecnológicos, cifras que se mantienen grosso modo en la actualidad: las estimaciones varían, pero se calcula que las empresas estatales aportan entre 25% y 30% del PIB de China y concentran alrededor de 40% de la inversión total en activos fijos, mientras el sector estatal emplea entre 15% y 20% de la fuerza laboral urbana (unas 70–80 millones de personas). Sectores como el petróleo y el gas están estructurados para generar rentas monopólicas y el gobierno ha mantenido el control de casi todas las instituciones financieras y de la provisión de servicios básicos. Las tierras agrícolas, que representan el 55% de la superficie de China, están directamente controladas por las autoridades locales o bien alquiladas por ellas a los agricultores. En las ciudades, la propiedad de los edificios no incluye el terreno sobre el cual están construidos, que pertenece al gobierno local y lo alquila al propietario. El Estado mantenía en 2017 un 55% de la propiedad de las empresas y los inversores extranjeros algo más del 10% (Piketty, 2021). La participación del sector privado (empresas con menos del 10 % de propiedad estatal) en la capitalización de mercado de las 100 principales empresas chinas cotizadas alcanzó al 40% a fines de 2025, tras un descenso desde su mayor valor de mediados de 2021, cuando alcanzó el 55 %. Alcanzaba solo un 8% en 2010 (PIIE, 2025). El sector estatal incluye tanto las empresas de propiedad mixta (15%), en las que el Estado posee entre el 10 % y el 50 %, como las empresas estatales con participación de 51% y más. Algunas de las empresas públicas chinas se encuentran entre las mayores del mundo: tres de las diez mayores empresas globales por ventas son empresas estatales chinas en la clasificación de 2025 de la revista Fortune.
La principal empresa tecnológica, Huawei, es propiedad y está controlada por sus 90 mil empleados, que participan en derechos de acciones. Aunque muchas fueron privatizadas desde los años 90, las "empresas de ciudades y aldeas" son empresas públicas de propiedad colectiva local, donde teóricamente la titularidad corresponde a la comunidad —e indirectamente a los trabajadores locales— y los derechos de uso se delegan a los gestores. En 2024, las empresas privadas representaron más de la mitad del comercio exterior y de los ingresos fiscales de China, y más del 80 % del empleo urbano. El Partido Comunista gobernante controla casi todos los medios de comunicación.
En materia de condiciones de vida, el crecimiento más alto por más tiempo en la historia humana, con un Producto Interno Bruto por habitante que creció a una tasa de 7-8% al año durante cerca de 40 años, ha significado que hacia 2014 ese PIB fuera 20 veces mayor que el de 1978. El Índice de Desarrollo Humano muestra logros en materia de ingresos, educación y salud que situaron a China en 2022 en el rango de países de desarrollo humano “alto” (0.89) y no ya el rango “bajo” (0.48) de 1990. Por su parte, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, la reducción del número absoluto de pobres entre 1981 y 2010 representó el 95% de la reducción de las personas pobres en el mundo, medida la pobreza monetaria por una línea de menos de $1 al día por persona. En cambio, la distribución del ingreso se deterioró, pasando China de ser una de las sociedades de alta población más igualitarias a una con un coeficiente de Gini –mientras más cerca de 100 más desigual la distribución del ingreso- de 37.1 en 2022, a comparar con el de 39.8 de Estados Unidos y el 52.9 de Brasil, por ejemplo, según los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
China mantiene una relativamente baja capacidad estatal de proveer seguridad social y redistribución, pues el progreso social se ha centrado en el empleo y el sustancial aumento de los salarios y los ingresos autónomos de la población. Desde 1986, desarrolla una política activa de identificación de las comunas pobres, a un cuarto de las cuales realiza transferencias para desarrollo económico e infraestructura, alimentación y préstamos subsidiados, aunque las transferencias monetarias directas a las personas pobres abarcan unos 70 millones de personas con prestaciones bajas. En los últimos años han aumentado los esfuerzos de ampliación de la seguridad social en salud y pensiones en el mundo rural y los migrantes, donde las reformas de Deng las habían prácticamente desmantelado. El impuesto a los ingresos personales representa solo un 1,3% del PIB, por lo que el sistema redistributivo de impuestos-transferencias es de baja intensidad, con una fuerte diferenciación entre los residentes urbanos y los rurales (50% de la población). La provisión de bienes públicos y de infraestructuras ha beneficiado a amplios segmentos de la población, pero el cuidado ambiental es de bajo impacto. Si a lo anterior se agrega la dificultad de reconvertir las fuentes de crecimiento de la economía desde la inversión (40% del PIB por décadas) al consumo, se concluye que la disponibilidad a responder las preferencias de la población es bastante escasa, en el contexto de un sistema unipartidista políticamente centralizado, con presencia de grupos de interés de desigual poder en la estructura estatal y con prácticas de corrupción denunciadas por el propio liderazgo político. Así, para Naughton
“China satisface en la actualidad nuestros dos primeros criterios: el gobierno tiene la capacidad y la intención de moldear los resultados económicos. En el tercer y cuarto de nuestros criterios –redistribución y responsiveness- China los satisface menos altamente que los primeros dos”, algo así como un "semi-socialismo".
Branko Milanovic (2025), por su parte, sostiene que en China existe hoy un capitalismo de Estado bajo la conducción de un partido único que declara mantener los fines del socialismo. Para llegar a esa conclusión, este autor compara la reflexión de Lenin después de la primera etapa de la revolución rusa y la de Deng después de la convulsionada revolución cultural china.
El punto de partida de Lenin, expresado en su texto de abril de 1917, El Estado y la revolución, escrito a días de la revolución de octubre mientras se ocultaba en Finlandia, se basó en los escritos de Marx y Engels sobre el socialismo y sobre la Comuna de París y buscaba convencer a los líderes de la Segunda Internacional sobre la justeza de su análisis de la guerra mundial y sobre su llamado a transformarla en una guerra revolucionaria socialista. Trazó el sistema que seguiría a la revolución socialista en Rusia como uno que en el plano económico implicaba la nacionalización de los medios de producción y la toma de decisiones centralizada, mientras en el plano político trasladaba el poder a los soviets (consejos de obreros y campesinos) como dictadura del proletariado (razón por la cual disolvió la asamblea constituyente elegida en los días posteriores a la revolución). Como señala Milanovic (2025),
"estrictamente hablando, la dictadura del proletariado, tal como la discute Lenin, es compatible tanto con el sistema de partido único como con el multipartidismo".
Se trataba de una acepción social del régimen político, del mismo modo que los regímenes capitalistas eran para Marx dictaduras de los capitalistas bajo una forma democrática multipartidista o bajo gobiernos autoritarios.
En abril de 1922, Lenin como jefe del gobierno soviético y después de una dura guerra civil y una intervención militar extranjera múltiple, pronunció cinco años después su último gran discurso ante el XI Congreso del Partido Comunista. En él defendió la Nueva Política Económica (NEP), que era atacada por sectores del partido bolchevique como la llamada "Oposición Obrera", liderada por Shliápnikov, y los partidarios de la industrialización forzada, como Preobrazhenski. El caso es que las políticas de la NEP eran lo opuesto a las que Lenin había planteado en 1917. Si bien mantenía el objetivo final, cambió completamente de táctica.
Lenin explicaba en El Estado y la revolución:
“La revolución consiste en… destruir el ‘aparato administrativo’ y toda la maquinaria del Estado, sustituyéndola por una nueva… Abolir la burocracia de inmediato, por completo y en todas partes, es imposible. Es una utopía. Pero destruir la vieja maquinaria burocrática de inmediato y comenzar a construir una nueva… eso no es una utopía.”
En cambio, siguiendo a Milanovic, el discurso de 1922 puede leerse como un resumen anticipado y elogioso de las políticas aplicadas por el gobierno chino desde 1978: introducir el capitalismo para reforzar el control de un partido único y, en última instancia, avanzar hacia el socialismo. La realidad de construir el socialismo no había resultado como Lenin esperaba en abril de 1917. Cinco años después —tras la guerra civil, el comunismo de guerra, las intervenciones extranjeras y la rebelión de los marinos de Kronstadt, que habían sido la punta de lanza de la revolución de octubre— su enfoque era otro, sin citas de Marx y con afirmaciones tajantes de que el sistema creado en Rusia era algo que Marx no podía haber previsto ni imaginado. El nuevo sistema, argumentaban Lenin entonces y el Partido Comunista Chino hoy, puede reconciliarse con la doctrina marxista señalando que las revoluciones socialistas ocurrieron en regiones menos desarrolladas y requerían medios distintos:
“¿Son hoy las condiciones sociales y económicas de nuestro país tales como para inducir a verdaderos proletarios a entrar en las fábricas? No. Esto sería cierto según Marx; pero Marx no escribió sobre Rusia; escribió sobre el capitalismo en general, desde el siglo XV. Eso fue cierto durante seiscientos años, pero no lo es para la Rusia actual...Todos los libros más o menos comprensibles sobre capitalismo de Estado que han aparecido hasta ahora fueron escritos bajo condiciones y en una situación donde el capitalismo de Estado era capitalismo. Ahora las cosas son distintas; y ni Marx ni los marxistas pudieron prever esto. No debemos mirar al pasado.”
El objetivo principal del discurso de 1922 era permitir la pequeña propiedad campesina y la producción mercantil en el campo, y el comercio privado con las ciudades, así como permitir la entrada de capital extranjero mediante empresas mixtas entre el Estado soviético y capitalistas foráneos. Ambas representaban un claro alejamiento de la socialización de los medios de producción y la planificación centralizada que Lenin había defendido cinco años antes. Lenin distingue entre el capitalismo de Estado bajo condiciones capitalistas y el capitalismo de Estado bajo condiciones socialistas. En el primero, el Estado quita poder al sector privado para preservar mejor la dictadura del capital; en el segundo, el poder político reside firmemente en el Partido Comunista, pero muchas funciones económicas se delegan a capitalistas para aumentar la producción. El capitalismo de Estado es una etapa transitoria hacia el socialismo. Esto es lo que el Partido Comunista Chino sostiene desde que comenzaron las reformas en 1978, incluyendo lo que Lenin planteaba en 1922: descolectivización de la agricultura y apertura a la economía privada y al capital extranjero. Pero aunque la NEP era, según Lenin, necesaria por razones económicas, no debía llevar nunca al control capitalista sobre las decisiones políticas. Estas debían permanecer centralizadas en manos del Partido Comunista: “el capitalismo de Estado es un capitalismo que seremos capaces de contener, y cuyos límites podremos fijar”.
En este enfoque, el capitalismo de Estado es una etapa transitoria, que una vez que libere las fuerzas productivas y se haya alcanzado un mayor ingreso, puede desactivarse, revertirse y ser reemplazado por las políticas socialistas originales. Es decir, el capitalismo de Estado es una etapa adicional entre el capitalismo y el socialismo, impuesta por el hecho de que las revoluciones socialistas tuvieron lugar en países subdesarrollados. Lenin señala como condición temporal la necesidad de mantener estas políticas hasta que los cuadros comunistas aprendan a gestionar la economía mejor, es decir, tan eficientemente como los capitalistas. Así, la visión de Lenin no es incompatible con un capitalismo de Estado que dure cien años, como predijo Deng Xiaoping.
En 1992, luego de 14 años de reforma, Deng formulaba los perfiles de una economía socialista del siguiente modo:
“En cuanto a que haya más planificación o más mercado, no es allí donde radica la diferencia esencial entre socialismo y capitalismo. Economía planificada no es sinónimo de socialismo, pues en el capitalismo también hay planificación; y economía de mercado tampoco es sinónimo de capitalismo, ya que en el socialismo también hay mercado. La planificación y el mercado son mecanismos económicos. La esencia del socialismo radica en el desarrollo de las fuerzas productivas, la eliminación de la explotación, la erradicación de la polarización, y alcanzar la prosperidad común”.
El término "economía de mercado socialista" fue introducido por Jiang Zemin durante el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de China en 1992. La visión oficial China defendió esa idea en tanto era conducida por el partido-Estado gobernante como una etapa considerada necesaria para el desarrollo de la economía, pero hasta un punto en el que una "economía socialista planificada" sería posible. El actual líder chino, Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista desde noviembre de 2012, y sus predecesores inmediatos, han descrito la construcción de la "economía de mercado socialista con características chinas" como el objetivo a perseguir, pero ya sin referencia a una economía socialista planificada. La definición de Xi Jinping en el 20 Congreso del Partido Comunista en 2022 es la siguiente:
"China es un país socialista de dictadura democrática popular bajo la dirección de la clase obrera, que se basa en una alianza de trabajadores y agricultores; todo el poder del Estado en China pertenece al pueblo. La democracia popular es el elemento vital del socialismo y es parte integrante de nuestros esfuerzos por construir un país socialista moderno en todos los aspectos...Debemos mantener y mejorar el sistema económico socialista de China. Debemos consolidar y desarrollar el sector público y fomentar, apoyar y orientar el desarrollo del sector no público. Nos aseguraremos de que el mercado desempeñe un papel decisivo en la asignación de recursos y de que el gobierno desempeñe mejor su papel".
Branko Milanovic (2026) sostiene que el éxito económico y civilizacional de China se logró sobre una base fundada en la adaptación de una ideología europea como el marxismo, que a su vez fue producto de la Ilustración europea, la filosofía alemana y la economía política inglesa, pero que
"para tener éxito y transformar a China como lo hizo en los últimos cuarenta años, tuvo que fusionar esos elementos esencialmente extranjeros con ideologías domésticas, primero, las derivadas en gran medida del legalismo, y luego del confucianismo. Mezcló de manera eminente tradiciones ideológicas europeas y chinas en una sola, que produjo crecimiento económico y mejoró la vida de millones de personas".
El régimen económico chino se puede definir, en definitiva, como un sistema de economía dirigida y mixta en materia de propiedad y de mecanismos de asignación de recursos, con un amplio espacio para empresas privadas y para la competencia de mercado entre empresas, incluso las estatales, pero siempre con un predominio sistémico de la orientación pública definida por el partido único gobernante. Éste se apoya en una planificación de la inversión y en la mantención de la propiedad estatal de las infraestructuras y de la tierra y el suelo (con un derecho de uso que puede ser transferido dentro de plazos fijados por el Estado), con numerosas empresas estatales consideradas estratégicas (o con participación pública) y una banca predominantemente pública, con más del 60% de los activos bancarios.
Referencias y lecturas adicionales
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Anderson, P. (1996). “El capitalismo después del comunismo”, ¿Hay alternativa al capitalismo? Congreso Marx Internacional. Kai Ediciones.
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3. Las visiones contemporáneas de la igualdad económica
La evolución de las experiencias de centralización económica no han terminado con la crítica al predominio de los poderes económicos privados en las sociedades contempioráneas. Esta subraya que esos poderes suelen aspirar a contener y disminuir la injerencia pública y de las comunidades en la vida económica y de las empresas, pues son agentes que solo procuran maximizar el rendimiento de su capital y su acumulación. A su vez, los proyectos de ampliación del funcionamiento de las esferas socializadas en las economías se sustentan en la convicción de que el capitalismo como sistema crea y reproduce desigualdades evitables y procuran limitarlas o reemplazarlas de acuerdo a determinados criterios de justicia.
La igualdad y los criterios de justicia
Pueden denominarse genéricamente como postcapitalistas los sistemas económicos que dejan de funcionar primordialmente por la acumulación ampliada de capital privado y modifican la apropiación de excedentes y la asignación de recursos para limitar las distancias distributivas entre categorías sociales en materia de ingresos y activos y permitir el acceso universal incondicional a determinados umbrales de bienes materiales e inmateriales, junto a reducir sustancialmente los niveles de emisión de contaminantes o de alteraciones a los ecosistemas.
Su punto de partida es la proposición según la cual parte importante de las diferencias de posición social entre seres humanos no son naturales e inevitables, sino que están socialmente determinadas. La justificación biológica de todas las formas de desigualdad tiene una larga historia: la afirmación de que determinados grupos sufren de manera desproporcionada por fallas heredadas de capacidad y de carácter se ha utilizado para explicar una notable variedad de desigualdades.
Desde la genética, Reich (2018) descarta la existencia de características biológicas entre los seres humanos que determinen las jerarquías sociales o que pudieran justificar diferencias de trato en materia de libertades, oportunidades y derechos, ya sea entre los géneros al interior de las sociedades humanas o bien entre categorías de la población:
"Las diferencias entre los sexos son mucho más profundas que las que existen entre poblaciones humanas, reflejando más de 100 millones de años de evolución y adaptación...¿Cómo acomodamos las diferencias biológicas entre hombres y mujeres? Creo que la respuesta es obvia: debemos reconocer que existen diferencias genéticas entre varones y hembras y, al mismo tiempo, otorgar a cada sexo las mismas libertades y oportunidades sin tener en cuenta esas diferencias. Está claro, a juzgar por las inequidades que persisten entre mujeres y hombres en nuestra sociedad, que cumplir estas aspiraciones en la práctica es un desafío. Sin embargo, conceptualmente es sencillo. Y si esto es así entre hombres y mujeres, entonces sin duda lo será también con cualquier diferencia que podamos encontrar entre poblaciones humanas, la gran mayoría de las cuales será mucho menos profunda."
La investigación reciente no ha encontrado diferencias de magnitud relevante, más allá de situaciones individuales, que pudieran atribuir los resultados socioeconómicos a la herencia genética. En The American Gene, Chernomas, Hudson & Chernomas (2025) detallan las investigaciones que señalan que apoyarse en la naturaleza como explicación es erróneo, mostrando que la herencia socioeconómica creada por las condiciones en las que las distintas poblaciones estratificadas trabajaron y vivieron ofrece una explicación mucho mejor que la naturaleza para esos resultados. Los estudios diseñados para distinguir la genética intrafamiliar del entorno interfamiliar muestran que el componente genético directo de las diferencias de comportamiento es pequeño, y que el componente predictivo verdaderamente utilizable es mínimo.
A su vez, diversos autores concluyen que los cambios observados en salud, educación e ingresos para las minorías raciales, por ejemplo en Estados Unidos después de la legislación de derechos civiles, para las mujeres con la entrada de nuevas cohortes a la educación superior y al trabajo profesional o para los países que logran un rápido desarrollo, no se pueden atribuir a desplazamientos en el genoma humano. Las diferencias genéticas modulan las trayectorias individuales, pero dentro de una configuración social dada. Los pobres, los marginados o los grupos desfavorecidos no lo son “por culpa de los genes”. Si se modifican la escolaridad, la nutrición, los derechos legales, los entornos urbanos y las oportunidades laborales, también se modifica la “inteligencia” medida por test y otros instrumentos, así como los componentes de los resultados en salud y vitales. El entorno resulta ser, por tanto, el lugar en el cual se crean las diferencias sociales y dónde operan las políticas que pueden mitigarlas.
Las desigualdades sociales son entonces primordialmente de origen histórico y pueden ser declaradas legítimas o ilegítimas normativamente, lo que supone definir los sujetos de la igualdad (¿quiénes?), las dimensiones (¿en qué?) y los criterios de corrección (¿cómo?) y así determinar qué desigualdades son socialmente aceptables o no.
Norberto Bobbio (1994) subrayó que la igualdad no significa que todos sean o deban ser idénticos, sino que dos o más sujetos sean iguales respecto de algo. Si bien existen desigualdades de talento de orden biogenético, con posibilidades limitadas de corrección, diversas desigualdades son consideradas inadmisibles en la era moderna, lo que impulsó, por ejemplo, la abolición de la esclavitud y el voto censitario desde el siglo XIX.
Diversas disciplinas se han ocupado de establecer criterios de justicia para identificar y corregir determinados niveles de desigualdad de posiciones sociales, riqueza e ingreso que las sociedades, sus culturas y sus sistemas políticos consideran, o no, deben ser modificados. Se trata de definiciones normativas más allá de la economía, pero con consecuencias sobre cómo organizar la economía. Entre esas definiciones normativas se encuentra la igualdad ante la ley y el respeto a derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales y la prohibición de discriminaciones por sexo, raza u orientación sexual. Su finalidad es procurar una igualdad de oportunidades y una igualdad de resultados en las condiciones básicas de existencia en ámbitos como el acceso a la alimentación, abrigo, atención de salud, vivienda, servicios urbanos, educación, cultura y comunicación y un medio ambiente resiliente. Esto requiere sistemas de redistribución entre posiciones sociales y de los flujos de ingresos que emanan de esas posiciones sociales.
Las posturas del liberalismo político defienden básicamente la idea de igualdad ante la ley y la igualdad formal de oportunidades (la no interferencia estatal y la no discriminación legal), mientras las posturas republicanas e igualitarias se proponen que a) la libertad se entienda como "no dominación" y la igualdad formal se extienda a las condiciones materiales y culturales que la hacen posible (no discriminación según la posición social e inexistencia de poderes económicos de tipo plutocrático) y b) establecer límites a la desigualdad de resultados, en virtud del principio de reciprocidad comunitaria, mientras en algunas dimensiones, como la salud, defienden un igualitarismo radical (el tratamiento de una enfermedad debe ser el mejor disponible para todos sin excepción, en el límite de los recursos disponibles). En esta perspectiva emergió en el siglo XX el Estado social como instrumento para amortiguar desigualdades de origen, reducir la transmisión heredada de ventajas y desventajas y procurar garantizar derechos efectivos a toda la ciudadanía.
En Capital e ideología (2019), Thomas Piketty sostiene que la desigualdad no es una consecuencia inevitable del progreso económico, sino el resultado de decisiones políticas, ideológicas y sociales específicas que han justificado y estructurado la distribución de la riqueza a lo largo del tiempo. Realiza una larga investigación para mostrar como cada sociedad ha desarrollado un “sistema justificativo” o ideología para explicar y legitimar sus desigualdades, desde las sociedades esclavistas y feudales hasta el capitalismo contemporáneo. Para Piketty, estas ideologías cambian con el tiempo y no están determinadas por leyes económicas inmutables, y han movilizado temas como la defensa de la propiedad privada y la meritocracia para legitimaciones modernas de la desigualdad, del mismo modo que antes lo fueron la religión o el linaje. Para este autor, las desigualdades contemporáneas están ligadas a la concentración patrimonial y a la falta de movilidad social. La globalización y la liberalización de capitales han favorecido a las élites económicas, debilitando los mecanismos redistributivos y fiscales del Estado-nación, incluyendo el ascenso de lo que llama una “izquierda brahmánica” (más educativa que obrera) y de una “derecha mercantil”, que han fragmentado las bases de un proyecto redistributivo universalista, dejando un vacío que han aprovechado los nacionalismos identitarios.
Otros autores han sostenido a lo largo de la historia que los gobernantes ocupan esa posición de manera "natural" por pertenecer a estratos cuyos vínculos de sangre y honor les confieren esa condición, o directamente por voluntad de algún dios. Ya en parte de la Grecia antigua había quienes afirmaban que los no helenos eran esclavos por naturaleza debido a sus facultades cognitivas menos desarrolladas. La escuela utilitarista, siguiendo a Jeremy Bentham, postula que una acción, norma o institución es justa si maximiza el placer (asimilado al bienestar en la economía neoclásica) para el mayor número y minimiza el dolor o sufrimiento. La igualdad es entonces instrumental, no un principio, y debe ser objeto de un cálculo. Por ejemplo, si la utilidad marginal del ingreso es decreciente, entonces transferir recursos de ricos a pobres puede aumentar la utilidad total. Una norma es justa si maximiza el bienestar agregado, aunque genere desigualdades y sacrifique intereses individuales. El utilitarismo permite sacrificar derechos básicos por una mayor felicidad agregada.
En siglo XIX se pusieron por delante las virtudes y el espíritu emprendedor competitivo, en una especie de darwinismo social. El empresario norteamericano Andrew Carnegie (1889) llegó a escribir que
"La ley de la competencia... está aquí; no podemos eludirla; no se han encontrado sustitutos para ella; y aunque la ley puede ser a veces dura para el individuo, es la mejor para la raza, porque asegura la supervivencia del más apto en todos los ámbitos. Aceptamos y damos la bienvenida, por tanto... a la concentración de los negocios, industriales y comerciales, en manos de unos pocos... como algo esencial para el progreso futuro de la raza... Debe haber un gran margen para el ejercicio de una habilidad especial en el comerciante y en el fabricante que deben manejar asuntos a gran escala. Que este talento para la organización y la gestión es raro entre los hombres se demuestra por el hecho de que invariablemente obtiene enormes recompensas, sin importar dónde o bajo qué leyes o condiciones...Es una ley, tan cierta como cualquiera de las otras mencionadas, que los hombres dotados de este talento peculiar para los negocios, bajo el libre juego de las fuerzas económicas, deben, necesariamente, pronto estar recibiendo más ingresos de los que pueden gastar juiciosamente en sí mismos; y esta ley es tan beneficiosa para la raza como las demás. Las objeciones a los cimientos sobre los cuales se basa la sociedad no vienen al caso, porque la condición de la raza es mejor con estos que con cualquier otro que se haya intentado..."
Incluso hay quienes siguen postulando que lo que otorga un derecho legítimo a la riqueza y al poder es el coeficiente intelectual heredado genéticamente, como lo hace una parte de los dueños de las grandes empresas tecnológicas actuales. Un premio Nobel ultraliberal como Robert Lucas (2003) sostiene que importa más incrementar la producción que fijarse en la distribución de los ingresos:
"entre las tendencias más dañinas para una economía solvente, la más seductora, y en mi opinión la más venenosa, es el foco en cuestiones de distribución. El potencial de mejoramiento de la vida de las personas pobres encontrando diversas vías de distribución de la producción existente es nada comparado con el potencial aparentemente ilimitado de incrementar la producción".
Los primeros socialistas elaboraron en el siglo XIX, por su parte, criterios de justicia distributiva con una visión centrada en el cambio de propiedad de los medios de producción. En su Crítica al Programa de Gotha (1875), Karl Marx definió el horizonte socialista del siguiente modo:
“En la medida en que el trabajo se desarrolla socialmente, convirtiéndose así en fuente de riqueza y de cultura, se desarrollan también la pobreza y el desamparo del que trabaja, y la riqueza y la cultura del que no lo hace". Superar esta drástica división de la sociedad en clases debía conducir en una primera fase a un sistema en que "el productor individual obtiene de la sociedad -después de hechas las obligadas deducciones- exactamente lo que ha dado...su cuota individual de trabajo...Ahora nada puede pasar a ser propiedad del individuo, fuera de los medios individuales de consumo. Pero, en lo que se refiere a la distribución de estos entre los distintos productores, rige el mismo principio que en el intercambio de mercancías equivalentes: se cambia una cantidad de trabajo, bajo una forma, por otra cantidad igual de trabajo, bajo otra forma distinta".
Este criterio distributivo del "a cada cual según su trabajo", medido en horas y hechas las deducciones para hacer crecer la base productiva y distribuir recursos a los que no están en condiciones de trabajar, es para Marx necesario en una primera etapa, aunque
"reconoce, tácitamente, como otros tantos privilegios naturales, las desiguales aptitudes individuales, y, por consiguiente, la desigual capacidad de rendimiento. En el fondo es, por tanto, como todo derecho, el derecho de la desigualdad... Prosigamos: un obrero está casado y otro no; uno tiene más hijos que otro, etc., etc. A igual trabajo y, por consiguiente, a igual participación en el fondo social de consumo, uno obtiene de hecho más que otro, uno es más rico que otro, etc. Para evitar todos estos inconvenientes, el derecho no tendría que ser igual, sino desigual".
Este tipo de lógica es la que dio curso en la historia de fines del siglo XIX y en el siglo XX a los derechos sociales y a las redistribuciones según necesidades. Para Marx, esto debía culminar en un criterio distributivo
"cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva", en el que "sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en sus banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades!".
Los procesos de transición de una situación a otra, de un derecho a otro, debían ser dejados al curso de la historia y no a diseños calificados de utópicos, sin llegar a definir la relación entre las necesidades socialmente cubiertas (¿cuales?) ni precisarse cómo se logra el aporte de cada cual según sus capacidades, ni tampoco la obtención de los "manantiales de riqueza" que le darían sustento (¿cómo?).
La historia siguió efectivamente su curso y dio lugar a luchas sociales que modificaron el capitalismo salvaje en el siglo XIX, con los primeros compromisos de seguridad social en la Alemania de Bismarck hacia 1880, e hicieron emerger en el siglo XX diversos tipos de Estados de bienestar basados en economías mixtas. Y también a revoluciones y a los llamados "socialismos reales", principalmente a partir de 1917 en Rusia y de 1949 en China, fruto de la descomposición de naciones en guerra en periferias inicialmente pobres, sin tradiciones democráticas ni mayor base industrial. Estas revoluciones fueron rápidamente acosadas militar y económicamente y debieron privilegiar para sobrevivir la industrialización forzada y los esfuerzos de guerra. El consumo presente fue subordinado a esos fines, con las consiguientes obligaciones de trabajo y mantención de precarias condiciones de vida mediante la provisión racionada de bienes básicos, salvo la parcial excepción de las elites gobernantes. Los sistemas de asignación burocrática de los recursos terminaron por colapsar y perder legitimidad, al no observarse cambios en la condición asalariada ni el logro de mejores niveles de vida comparativos.
Bajo el impulso intelectual de Friedrich Hayek, Milton Friedman y Robert Nozick, el neoliberalismo dio nueva vida al utilitarismo y al liberalismo económico clásicos y a las corrientes marginalistas, cuya visión descarta la idea de justicia social en beneficio de sociedades de mercado basadas en la persecución del interés individual, lo que expandiría mejor el bienestar general y tendería al equilibrio general. Esta corriente no tuvo problemas en asociarse a regímenes autoritarios, como fue el caso de los dos primeros al venir a Chile a defender la dictadura de Pinochet y a los Chicago Boys. Hoy inspira a los radicales Milei o Trump y a diversas expresiones cuya estrategia es la minimización de los Estados de bienestar, y del Estado en general (reducido a una especie de "vigilante nocturno"), y poner fin a las políticas de reducción de las desigualdades, que considera moralmente infundadas.
La obra de Nozick (1971) recalca que cualquier impuesto obligatorio utilizado para financiar servicios o beneficios distintos de los que constituyen el Estado mínimo es injusto, porque ese impuesto equivale a una especie de “trabajo forzado” para el Estado por parte de quienes deben pagar el impuesto, incompatible con los derechos naturales liberales, empezando por el de propiedad. Salvo, y ahí sigue estando parte fundamental del tema distributivo, corregir "las injusticias pasadas" y que las pertenencias adquiridas de modo violento, clandestino o fraudulento vuelvan a sus verdaderos dueños. Esta limitación da por válida como "derecho natural" la distribución del ingreso según la productividad marginal en situaciones de mercado, teorizada de modo más que discutible por la economía neoclásica.
John Rawls (1971) introdujo renovados debates en defensa de la idea de justicia ("qué cosa corresponde a quién"). Para este autor, las exigencias de una sociedad justa parten con la identificación de bienes primarios de carácter social (los bienes de carácter natural son en su concepto la salud y los talentos, no susceptibles de igualación equitativa) que reparte en tres categorías: las libertades fundamentales, el acceso a las diversas posiciones sociales y las “bases sociales del respeto de sí mismo”. Una sociedad justa sería aquella cuyas instituciones reparten los bienes primarios sociales de manera equitativa entre sus miembros, tomando en cuenta que estos difieren en términos de bienes primarios naturales. Esta distribución equitativa debe, según Rawls, hacerse bajo tres principios: el de igual libertad (toda persona tiene un derecho igual al conjunto más extendido de libertades fundamentales iguales que sea compatible con un conjunto similar de libertades para todos), el de diferencia (que afirma que las eventuales desigualdades sociales y económicas que emergen en el marco de las instituciones que garantizan la igual libertad se justifican sólo si permiten mejorar la situación de los miembros menos aventajados de la sociedad) y el de igualdad equitativa de las oportunidades (vinculadas a funciones y posiciones a las cuales todos tienen el mismo acceso, a talentos dados). Si los talentos innatos de dos personas son los mismos, las instituciones deben asegurar a uno y otro las mismas posibilidades de acceso a las posiciones sociales que escojan. Rawls razona a partir del individualismo metodológico, incluyendo la hipótesis del "velo de la ignorancia", es decir una situación en la que nadie sabe en qué posición social le tocará vivir y tiene, por tanto, motivos para que su distribución sea equitativa, en vez de postular una redistribución por acción colectiva dadas las estructuras sociales vigentes. Pero es una buena base para identificar las desigualdades injustas y sus correcciones, pues de estos principios puede deducirse en términos prácticos la necesidad para una sociedad justa de la limitación de las desigualdades de riqueza e ingresos, de la prohibición del nepotismo y de las discriminaciones arbitrarias y el acceso universal a la enseñanza.
Ronald Dworkin, por su parte, insistió (2000) en que un gobierno legítimo tiene que tratar a todos los ciudadanos con igual respeto y consideración. Y puesto que en la distribución económica que consigue una sociedad existe una influencia de su sistema legal y político, ese requisito impone a la distribución condiciones igualitarias. Dworkin se apoya en dos principios fundamentales: la necesidad objetiva de que prospere la vida de todo ser humano, sea cual fuere su condición, y la responsabilidad que debe tener toda persona de definir su propia vida y conseguir que prospere, como base de su tesis de que la verdadera igualdad es la igualdad en el valor de los recursos que cada persona tiene a su disposición, y no de los éxitos que logra. La igualdad, la libertad y la responsabilidad individual no están para Dworkin en conflicto sino que fluyen y refluyen las unas de las otras. Defiende entonces un criterio de justicia distributiva basado en la igualdad de recursos. Dworkin mantuvo la visión igualitaria de Rawls sobre la arbitrariedad en la distribución de talentos, discapacidades y riqueza heredada, pero propuso un mecanismo consistente en un seguro que compensase esa distribución, manteniendo las personas la responsabilidad por sus preferencias más que basarse en el acceso a bienes primarios. Sin embargo, como señalan John Roemer y Alain Tranoy (2016), Dworkin solo discutió de forma informal el mercado hipotético de seguros, y al examinarlo con más detalle surgen diversas dificultades. Cuando se compran y luego se cobran las pólizas de seguro a la manera dworkiniana, puede darse una situación en la que la riqueza se transfiera de una persona discapacitada a una persona no discapacitada, aun cuando ambas tengan preferencias idénticas respecto al riesgo y sus dotaciones en la lotería del nacimiento sean iguales en riqueza. Esto constituye una patología para un igualitario de recursos, pues la persona discapacitada debería terminar con más recursos transferibles que la persona no discapacitada, dado que aquella dispone de menos recursos no transferibles.
Para Amartya Sen (1979, 2009), el enfoque de la justicia que se focaliza en el mérito derivado de la productividad marginal o en los bienes primarios sociales no considera suficientemente las "capacidades" muy desiguales de transformar esos bienes y recursos en "funcionamientos", para lo que propone actuar sobre el conjunto de capacidades que hacen posibles dichos funcionamientos, con bienes que proporcionan a las personas, por ejemplo, poder desplazarse, conseguir empleo o gozar de atenciones de salud y de acceso a la educación. Sen define la capacidad de una persona como el conjunto de vectores de funcionamientos disponibles para ella y abogó por la igualdad de las capacidades. Sostiene que la justicia requiere al menos que todos dispongan de un cierto número de capacidades fundamentales, según modalidades y medios que pueden variar considerablemente de un contexto sociocultural a otro, y que incluye la capacidad de participar en la vida colectiva, fundando un enfoque basado en atacar la pobreza –entendida como ausencia de capacidades más que de ingresos– no sólo absoluta sino también relativa.
Jon Elster (1997) procuró enunciar una redistribución justa como una concepción de sentido común del bienestar, que se traduce en cuatro proposiciones para el funcionamiento social, cada una de las cuales modifica la anterior:
1) maximizar el bienestar total;
2) apartarse de esa meta si es necesario para asegurarse que todos alcancen un nivel mínimo de bienestar;
3) apartarse de la exigencia de un mínimo de bienestar en el caso de las personas que están por debajo de él debido a sus propias elecciones, pues la sociedad no tiene la obligación de compensar a las personas por males evitables que recaen sobre ellas como resultado predecible de su comportamiento libremente elegido, y
4) apartarse del principio de no apoyar a estas personas si su fracaso para hacer planes para el futuro y reaccionar a los incentivos se debe a una pobreza y privación graves.
En el enfoque de Elster, se debe tomar especialmente en cuenta las diferencias entre individuos cuando proceden de las capacidades naturales o de discapacidades, es decir de factores no controlables. Y a la vez no buscar compensar las disparidades de esfuerzo, que emanan a su vez de diferencias de gustos y preferencias, pero sí considerar sus condicionamientos sociales.
La noción de igualdad compleja de Michael Walzer (1983) había contrastado de modo pertinente con el esfuerzo tradicional de la filosofía política de buscar axiomas o principios fundamentales de justicia sin distinguir sus ámbitos de aplicación. Este autor defiende una concepción de igualdad que preserve la separación de las diversas esferas de la vida social y la inconvertibilidad de las categorías de bienes constitutivas de cada una de ellas. El criterio de igualdad de trato (como la igualdad ante la ley y el voto) o de resultados (como en las atenciones de salud y las condiciones básicas de vida socialmente definidas) es pertinente en sus dominios específicos, como lo es el de igualdad de oportunidades en otros dominios (como en la educación y la vida de las empresas).
Michael Sandel (2020) ha llamado la atención sobre el mal uso del concepto de meritocracia. Que las posiciones sociales e institucionales se obtengan individualmente por el mérito de cada cual, con resultados desiguales que en principio se originan en esfuerzos diferentes, hace de la meritocracia, en palabras de Sandel,
"un ideal atractivo, especialmente si la alternativa es el privilegio heredado, patronazgo, nepotismo y corrupción. Asignar importantes roles sociales a aquellos que están calificados es algo bueno. Si requiero cirugía, necesito un médico muy bien calificado para que me opere. Entonces, el mérito en sí es algo bueno, y es una alternativa deseable frente a otras... El primer problema de la meritocracia es que las oportunidades en realidad no son iguales. El segundo problema ...(es) que quienes tienen éxito crean que éste se debe a sus propios méritos y que, por tanto, merecen todas las recompensas que las sociedades de mercado otorgan a los ganadores...La meritocracia crea arrogancia entre los ganadores y humillación hacia los que se han quedado atrás".
Su recomendación es pasar de
"la 'retórica del ascenso' hacia un proyecto enfocado en la dignidad del trabajo... (y) reconocer que el trabajo no es solo un modo de ganarse la vida, sino también una manera de contribuir al bien común, y obtener reconocimiento, respeto, estima social, por haber hecho ese trabajo. Esto sugiere que la políticas del Estado de bienestar y de redistribución, importantes como son, no son suficientes. Porque la gente no solo se preocupa de la justicia distributiva, sino también de la justicia contributiva, es decir, que su trabajo sea reconocido, valorado y respetado... (lo) que provee a las personas un sentido de dignidad y orgullo, como miembros, ciudadanos de una comunidad política".
Al haber desigualdades iniciales, la selección por mérito suele terminar reproduciendo esas desigualdades en los resultados y rendimientos, haciendo imposible la igualdad efectiva de oportunidades. El mérito es un atributo con componentes múltiples que, de no considerarse con suficiente complejidad cualitativa, puede terminar discriminando por factores sociales o de origen o por sus preferencias individuales a personas suficientemente capacitadas para iniciar trayectorias u ocupar lugares de su preferencia en la sociedad.
Otros autores han insistido en que una agenda de igualdad real de oportunidades debe incluir no solo la corrección de las barreras que impiden la igualdad formal de oportunidades y de acceso a distintos empleos y posiciones sociales, sino transformar las condiciones estructurales de desigualdad de acceso a esas diferentes posiciones sociales. Esto requiere impedir la dominación de poderes privados asimétricos sobre el resto de la sociedad (Pettit, 1997) y toda forma de discriminación arbitraria. Y también impedir el despotismo de burocracias no controladas democráticamente por los ciudadanos, las que terminan por apropiarse de la acción estatal en su beneficio. Es la idea de libertad como no dominación, distinta a la de la libertad como no interferencia.
Deben, por tanto, construirse instituciones que permitan contrarrestar la dominación de actores estatales y económicos sobre las opciones de las personas en las condiciones materiales dadas de existencia. La igualdad de oportunidades y sus requisitos pueden no ser una condición suficiente de justicia distributiva y deben completarse con la "igualdad socialista de oportunidades", de acuerdo a Gerald Cohen (2011), que apunta a reducir la desigualdad solo a las diferencias distributivas que se originan en elecciones personales. John Roemer propone en un sentido similar compensar a las personas por eventuales desventajas en la lotería del nacimiento, pero haciéndolas responsables de sus decisiones y de sus niveles de esfuerzo. En palabras de Roemer y Tranoy (2016):
"Toda discusión sobre la responsabilidad también suscita la espinosa cuestión del libre albedrío. Si la responsabilidad es un elemento central en la conceptualización de la igualdad de oportunidades, ¿es necesario abordar el problema del libre albedrío al enunciar una teoría de la justicia distributiva? Una respuesta práctica a esta pregunta —que en nuestra experiencia basta para los economistas en ejercicio, aunque no para algunos filósofos— es considerar que el grado de responsabilidad de las personas viene determinado en el contexto de una sociedad dada. En cada momento, el sistema político y jurídico de cada país sostiene una visión específica sobre la responsabilidad individual que se aplica en la vida cotidiana. Por tanto, puede considerarse qué medidas de política pública debería adoptar una sociedad determinada para promover la igualdad de oportunidades, basándose en la realidad de la responsabilidad individual avalada por esa sociedad".
Según Cohen, se debería, además, promover un sentido de comunidad y la construcción de instituciones económicas más allá del interés personal inmediato a partir del principio de "reciprocidad comunitaria" según el cual
“yo le sirvo a usted no debido a lo que pueda obtener a cambio por hacerlo, sino porque usted necesita o requiere de mis servicios, y usted me sirve a mí por la misma razón”.
Cohen ilustra su modelo de reciprocidad comunitaria con la situación propia de un paseo para acampar entre amigos, en el que nadie maximiza un beneficio individual, se comparte según necesidad y capacidad y nadie cobra por cocinar o realizar una u otras tareas de beneficio común, sin regateo, cálculo contractual o incentivos monetario, ni usar talentos como poder de negociación, junto a compartir cargas y beneficios equitativamente. En este enfoque, el Estado no “extrae recursos” como en Nozick, sino que “coordina contribuciones equitativas”.
En el caso del mercado, este autor señala que la reciprocidad del intercambio -pago por algo que necesito o deseo a un precio que resulta suficientemente conveniente para el oferente- es puramente instrumental, motivada por la codicia y eventualmente el miedo, y en el mejor de los casos limita los mejores motivos a la familia inmediata y a los amigos. En el caso de la comunidad, la reciprocidad se logra a través de la generosidad mutua y celebra virtudes y no vicios, lo que supone que a las personas les importen los demás, que siempre que sea necesario y posible cuiden de ellos y que, además, se preocupen de que a los unos les importen los otros. Cohen ofrece una definición que invoca a Einstein con aprobación: el socialismo es el intento de la humanidad de "superar y avanzar más allá de la fase depredadora del desarrollo humano", aunque no existan mecanismos automáticos de fácil adopción para convertirlo en el corazón de la economía. No obstante, observa que la generosidad caracteriza muchos aspectos de la vida social y no se limita a la toma de decisiones familiares, pues abarca áreas como partes de la atención de salud, la enseñanza y las actividades asistenciales, mientras en los desastres naturales y las emergencias a menudo se desecha las relaciones mercantiles y se actúa con la reciprocidad de la generosidad. Para Cohen, una sociedad justa no debe regirse solo por reglas e incentivos, sino por un ethos moral compartido, que lleva a sus miembros a cooperar entre sí no para maximizar ventajas personales, sino en un espíritu de mutuo beneficio y consideración igualitaria.
Así, para estos autores una agenda de igualdad efectiva de oportunidades debe incluir no solo la corrección de las barreras que impiden la igualdad formal de oportunidades y de acceso a distintos empleos y posiciones sociales, sino transformar las condiciones estructurales de desigualdad de acceso a esas diferentes posiciones sociales. Esto requiere impedir la dominación de poderes privados asimétricos sobre el resto de la sociedad y toda forma de discriminación arbitraria. El paso siguiente, en este enfoque, es la reciprocidad comunitaria, que incluye considerar las consecuencias de las acciones del presente en las nuevas generaciones y en la resiliencia de los ecosistemas para mantener en condiciones adecuadas la vida humana en el planeta, con mecanismos definidos por regímenes democráticos que impidan el despotismo de burocracias estatales no controladas por los ciudadanos que terminen por desviar la acción colectiva en su beneficio.
Por otra parte, existe una correlación entre las opiniones de las personas sobre la redistribución según sea su percepción del éxito económico como algo ganado o algo en buena medida heredado. Quienes atribuyen ese éxito al esfuerzo personal tienden a oponerse a las políticas redistributivas, mientras que quienes creen que el origen familiar y las conexiones juegan un papel importante son más favorables a esas medidas. Fisman, Kuziemko y Vannutelli (2021) muestran que, cuando se ofrece a las personas la posibilidad de cambiar la distribución del ingreso, se preocupan por tres grupos: los muy pobres (a quienes favorecen positivamente), los muy ricos (a quienes penalizan), y sus “vecinos de ingreso” inmediatos por encima de ellos (también penalizados). Capozza y Srinivasan (2024) estiman, a partir de una muestra representativa de la población estadounidense, la disposición de los individuos a redistribuir dinero entre ciudadanos de distintas clases de ingresos. Encuentran que los pesos asignados por la población general son más progresivos que los implícitos en las políticas actuales de impuestos y transferencias, lo que sugiere que la población desea una redistribución más amplia que la existente.
Las transferencias monetarias públicas, la tributación sobre los ingresos y las cotizaciones obligatorias, que configuran el ingreso disponible de las familias, disminuyen en conjunto las desigualdades en la población activa en un promedio de 25% en la OCDE. Este efecto es más amplio en los países nórdicos, Bélgica y Alemania y más limitado en Suiza, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá (Blanchet, Chancel & Gethin, 2022).
Logros y límites de las experiencias socialdemócratas
Las experiencias socialdemócratas desde la posguerra en el siglo XX se han propuesto históricamente morigerar, mediante vías democráticas, las consecuencias del capitalismo, reduciendo el sufrimiento de quienes salen perdiendo en el sistema. Su enfoque fue abandonar la idea de una "economía administrada" al estilo soviético por una "economía con mercados regulados" o una "economía social de mercado". Este ha ampliado la provisión pública de bienes de consumo colectivo, socializado mecanismos para enfrentar los riesgos de desempleo, enfermedad y vejez sin ingresos y creado sistemas de ingresos básicos, así como instrumentos de control de la depredación ambiental, con resultados globalmente positivos en materia de desigualdad distributiva relativa, de derechos de los trabajadores y de condiciones de vida.
Estos procesos han mantenido el debate sobre las posibles alternativas al capitalismo y siguen alimentando una amplia literatura sobre la vigencia de la idea socialista democrática. La mejor definición es tal vez la de Thomas Meyer (2007):
"Todas las teorías de un socialismo democrático representan un concepto igualitario de justicia, afirman el Estado constitucional democrático, luchan por la seguridad del Estado de bienestar para todos los ciudadanos, quieren limitar la propiedad privada de una manera socialmente aceptable y socialmente integral, y regulan políticamente el sector económico".
Pero las experiencias socialdemócratas, incluyendo las nórdicas, han sido menos ambiciosas en la limitación de la propiedad privada -los fondos de trabajadores propuestos en Suecia para adquirir la mayor parte de la propiedad accionaria en los años setenta no prosperaron- y en la socialización del excedente, que sigue determinando lo medular del funcionamiento económico, a pesar de haber obtenido desde el siglo XX grandes logros. El Plan Meidner, llamado así por el economista sindical Rudolf Meidner, fue una propuesta presentada en 1975 a la central sindical sueca LO, elaborada principalmente por Meidner y Anna Hedborg, para crear fondos colectivos de asalariados —löntagarfonder— que adquirieran gradualmente la propiedad de las grandes empresas. Los sindicatos aplicaban una política de “salario igual para trabajo igual”, procurando que las remuneraciones no dependieran de la rentabilidad de cada empresa. Esto significaba que los trabajadores de empresas muy rentables renunciaban a exigir todos los aumentos que esas empresas podían pagar. La moderación salarial fortalecía la competitividad, pero dejaba en las empresas exitosas una “capacidad salarial no utilizada”, que terminaba convirtiéndose en mayores beneficios para los propietarios. En palabras de Meidner, la solidaridad entre trabajadores podía terminar aumentando la desigualdad entre capital y trabajo. Su propuesta original establecía que las empresas rentables debían destinar aproximadamente el 20% de sus beneficios anuales a los fondos de asalariados. Pero la contribución no se pagaría normalmente en dinero. La empresa emitiría nuevas acciones por ese valor y las transferiría al fondo correspondiente. Los propietarios originales conservarían sus acciones, pero su porcentaje de propiedad se iría diluyendo gradualmente. Año tras año, los fondos acumularían acciones y derechos de voto. En las compañías más rentables, podrían llegar eventualmente a ser accionistas mayoritarios. Por eso el plan fue interpretado como una vía gradual hacia la socialización de la propiedad empresarial, sin nacionalización inmediata ni confiscación directa de las acciones existentes. Las acciones no se repartirían entre los empleados de cada empresa. Un trabajador no tendría una cuenta individual que pudiera vender o retirar. Los fondos pertenecerían colectivamente al conjunto de los asalariados y serían administrados por representantes para evitar que las acciones terminaran nuevamente concentradas en manos privadas y para mantener el capital dentro de las empresas y destinarlo a inversión, en vez de transformarlo inmediatamente en consumo. Los beneficios debían favorecer a todos los trabajadores, incluso a quienes trabajaran en empresas que no aportaran al fondo. Los dividendos podían financiar formación profesional, seguridad laboral y otros objetivos colectivos. Para Meidner, se trataba de contrarrestar la concentración de la riqueza y del poder económico y aumentar la influencia de los trabajadores mediante la participación en la propiedad y en los directorios empresariales. El esquema pretendía conservar una economía con empresas, mercados y precios fluctuantes, pero modificar progresivamente quién era propietario del capital y quién ejercía los derechos de decisión. El plan original de 1975–1976 no llegó a aplicarse pues produjo una intensa oposición empresarial y política, y fue sucesivamente moderado por el Partido Socialdemócrata. En 1983 el Parlamento aprobó una versión más limitada que creó cinco fondos regionales, financiados mediante un impuesto sobre beneficios extraordinarios y una pequeña cotización sobre la masa salarial. Estos compraban acciones en el mercado, en vez de recibir obligatoriamente nuevas acciones, ningún fondo podía controlar más del 8% de una empresa y se limitó el volumen total que podían acumular, mientras parte de sus rendimientos se destinó al sistema de pensiones.
El Plan Meidner proponía que una fracción de las utilidades generadas por las empresas se transformara gradualmente en propiedad colectiva de los asalariados. No era simplemente un impuesto redistributivo ni un sistema de participación individual en las ganancias: buscaba modificar, a largo plazo, la distribución de la propiedad y del poder económico. Puede caracterizarse como una estrategia de socialización gradual del capital a través de fondos sindicales dentro de una economía de mercado. La versión realmente aplicada en Suecia fue mucho más cercana a fondos públicos de inversión y pensiones que al proyecto transformador concebido originalmente por Meidner. El gobierno de centroderecha de Carl Bildt los abolió en 1991. No existe hoy un equivalente nacional exacto al Plan Meidner. Los mecanismos vigentes en otras partes suelen escoger sólo una parte de su diseño: propiedad de los trabajadores, pero empresa por empresa; fondos colectivos de inversión, pero sin control sindical; participación en utilidades, pero sin propiedad; fondos públicos, pero pertenecientes a todos los ciudadanos.
Lo singular de Meidner era que buscaba transformar sistemáticamente la distribución de la propiedad, no sólo complementar los salarios o fomentar el ahorro: las empresas más rentables irían creando, mediante nuevas acciones, el poder económico colectivo que terminaría modificando quién controlaba el capital.
Por su parte, en Alemania se ha moldeado el «Estado social» establecido en la Constitución de posguerra gracias a la influencia de la socialdemocracia y del socialcristianismo, lo que se traduce entre otras cosas en una co-gestión en las empresas de más de 500 asalariados, con un tercio del directorio supervisor reservado a los sindicatos y trabajadores, y hasta la mitad en las de más de 2 mil; casos de participación del Estado regional en la propiedad de empresas, como Volkswagen, la principal empresa automotriz del mundo, con el 12% de las acciones y un 20% del directorio en manos de Baja Sajonia y una negociación colectiva de salarios obligatoria por rama y territorio entre sindicatos y empleadores. Cabe consignar que el economista Bruno Gleitze ya había propuesto en 1958 fondos financiados con una parte de las utilidades y administrados por los sindicatos. La socialdemocracia alemana y sectores sindicales acogieron la idea, pero nunca se aplicó: sindicatos como IG Metall prefirieron concentrarse en la cogestión, los salarios y la redistribución tributaria. Fue un antecedente directo del Plan Meidner. En todo caso, el «Estado social» establecido desde la posguerra incluye la negociación colectiva obligatoria por rama y territorio entre sindicatos y empleadores; un piso de pensiones asegurado por un sistema público de reparto con cotizaciones paritarias de empleadores y trabajadores de 20% del salario, más complementos privados; un servicio de salud y dependencia universal, con un seguro médico obligatorio público que cubre al 90% de la población, independientemente de los ingresos, la edad, el origen social y el riesgo de enfermedad personal, con opciones de seguros privados regulados; un sistema escolar en el que el 92% de la matrícula es pública, con 40.000 centros de enseñanza general y profesional y 798.000 docentes para 11 millones de alumnos y alumnas y 240 universidades públicas y gratuitas que matriculan al 90% de los y las estudiantes (todas las universidades de primer nivel son públicas); un “sueldo ciudadano” para quienes han agotado sus derechos en el seguro de desempleo, con obligación de buscar empleo y una formación profesional gratuita para 3,7 millones de beneficiarios.
Los modelos socialdemócratas se han centrado en mejorar la distribución del ingreso interviniendo en la relación capital/trabajo y en la redistribución directa y mediante la seguridad social de los resultados de la producción. Estos han mostrado no ser menos productivos que los de capitalismo libremercadista: la producción por hora trabajada es algo menor en Alemania que en Estados Unidos, pero es superior en Dinamarca, Suecia y Noruega. Entre 2015 y 2022, la productividad laboral ha crecido más en Suecia que en Estados Unidos. Un crecimiento de esa productividad puede reflejar ganancias de innovación y eficiencia general, un mayor uso de capital o una menor proporción en el empleo de trabajadores de baja productividad. Los países con elementos del modelo socialdemócrata han logrado, gracias a sus políticas de innovación, laborales, sociales y redistributivas, algunos de los mejores indicadores de productividad y a la vez de bienestar en el mundo, y los menores índices de desigualdad. Esa desigualdad es en esos países inferior a 0,3 en la escala de 0 a 1 del índice de Gini, mientras en Estados Unidos es de 0,4 y en Chile de 0,45.
Un caso ilustrativo es nuevamente el de Suecia (Dube, 2026), país que mantiene bajos niveles de desigualdad de ingresos gracias a la predistribución y aún con una creciente concentración de la riqueza en la cima. Aunque ha visto durante las últimas tres décadas cambios y reducciones en las prestaciones de bienestar, mantiene una afiliación sindical muy alta (66 %) y una cobertura también muy elevada de la negociación colectiva (88 %), con muchos acuerdos que se negocian a nivel nacional cubriendo la mayoría de los lugares de trabajo (el sistema de kollektivavtal). El nivel de vida sueco, medido por el ingreso o el salario promedio, es algo menor que el de Estados Unidos, pero la brecha se reduce cuanto se observa la mediana. El PIB por habitante, ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA) de canastas comparables de bienes, muestra que Suecia se sitúa en un 84 % del nivel de Estados Unidos. Suecia comenzó el siglo XIX siendo mucho más pobre que Estados Unidos, pero cerró la mayor parte de la brecha hacia mediados del siglo XX, y desde entonces ha estado apenas un poco por debajo del nivel de PIB estadounidense. En gran medida, los niveles de vida promedio en ambos países han evolucionado de manera bastante cercana. El salario promedio sueco es aproximadamente un 72 % del salario promedio estadounidense. Pero el promedio puede inducir a error aquí, pues el promedio estadounidense está inflado hacia arriba por su larga cola superior, un conjunto de ingresos muy altos que Suecia no tiene en la misma magnitud. Si se observa al trabajador medio, a través de la mediana como medida estadística, la sueca se sitúa en 92 % de la estadounidense. Hace algunos años la brecha era aún menor, y durante buena parte de la década de 2010 la mediana sueca incluso superó a la estadounidense, alcanzando un máximo de alrededor de 6 % por encima de la paridad en torno a 2012, antes de retroceder. Así, el trabajador situado en la mitad de la distribución salarial sueca vive aproximadamente igual de bien que el trabajador situado en la mitad de la distribución salarial estadounidense. A su vez, la dispersión salarial es distinta. El trabajador que se sitúa en el percentil 90, que gana más que nueve de cada diez trabajadores, gana en Suecia 2,2 veces más en promedio de lo que gana el trabajador de abajo que está en el percentil 10. En Estados Unidos, el trabajador de arriba gana alrededor de 4,8 veces lo que gana el trabajador de abajo. Suecia tiene uno de los niveles más bajos de desigualdad salarial en la base de datos de la OCDE, agrupada con sus vecinos nórdicos, mientras que Estados Unidos se ubica cerca de la parte alta. Aunque su razón 90-10 aumentó ligeramente desde cerca de 1,8 a comienzos de los años 1990 hasta 2,2 hoy, se trata de un incremento modesto partiendo desde una base muy comprimida. En contraste, la razón estadounidense partió de un nivel más alto y se ensanchó con fuerza hasta alrededor de 2015, antes de estabilizarse e incluso retroceder algo desde entonces.
Según Dube, no es que Suecia haya quedado a salvo de los vientos de la automatización o la globalización. La diferencia es institucional, pues Suecia fija los salarios en gran medida mediante la negociación colectiva sectorial. Los sindicatos y asociaciones empresariales negocian los salarios industria por industria, y los acuerdos resultantes cubren alrededor del mencionado 88 % de los trabajadores. Aunque Suecia (como otros países nórdicos) no tiene salario mínimo legal, los pisos salariales negociados colectivamente cumplen esa función. Es interesante que la norma se fija primero en el sector exportador y luego se adopta en los sectores no transables de la economía. Todo esto remite a la “política salarial solidaria” propuesta por Gösta Rehn y Rudolf Meidner en los años setenta, quienes sostenían que un régimen salarial tan compresivo es bueno para los trabajadores, pero también mejora la productividad, un argumento que ha encontrado evidencia nueva en la literatura económica reciente.
Gracias a su política monetaria y fiscal, Estados Unidos pasó 75 de los 95 meses (79 %) del período 2018-2025 con una tasa de desempleo inferior a 4,5 %, mientras durante 1980-2017 la proporción había sido solo de 10 %. En contraste, la tasa de desempleo sueca estuvo cerca de 5,9 % durante el período 2018-2025. Suecia redistribuye, pero ahí no está la fuente principal de su mayor igualdad de ingresos. Si se resume la desigualdad con el coeficiente de Gini, donde 0 significa que todos ganan lo mismo y 1 que una sola persona lo tiene todo, para el ingreso de mercado, antes de que impuestos y transferencias, y se compara luego con el ingreso disponible se constata el rol del Estado de bienestar. El Gini de mercado de Suecia está alrededor de 0,43, bastante bajo según estándares internacionales y menor que el de Francia (0,52), Alemania (0,51) o Estados Unidos (0,51). Suecia parte desde la línea de salida siendo mucho más igualitaria que la mayoría de sus pares; la única excepción en la figura es Suiza. La cantidad que Suecia comprime adicionalmente mediante impuestos y transferencias es en realidad bastante menor que en Francia o Alemania. Francia reduce su Gini en alrededor de 0,22 y Alemania en 0,20; en cambio, Suecia lo reduce solo en 0,14. Solo Estados Unidos y Suiza redistribuyen menos. Aun así, Suecia termina con uno de los Ginis de ingreso disponible más bajos del mundo, alrededor de 0,29, pero no porque redistribuya más sino porque su distribución de ingreso de mercado es mucho más igualitaria, especialmente en los salarios.
Esto es lo que algunos autores denominan predistribución, es decir actuar sobre la distribución del ingreso de mercado a través de las instituciones que fijan los salarios, en lugar de solo corregirla después mediante impuestos y transferencias. En gran medida, la igualdad sueca se construye en el piso de la fábrica —en el convenio colectivo— antes de que intervenga la autoridad tributaria. Nada de esto significa que la desigualdad en Suecia haya permanecido completamente inmóvil. La desigualdad del ingreso de los hogares ha aumentado en Suecia: la razón 90-10 del ingreso disponible pasó de alrededor de 2,6 a mediados de los años 1970 a 3,3 en 2023, un aumento que coincidió con recortes en las transferencias. Al mismo tiempo, sigue estando entre las más bajas de la OCDE, y muy por debajo de la cifra estadounidense de 6,4. La participación del 1 % superior en el ingreso nacional antes de impuestos en Suecia ha aumentado desde alrededor de 7 % en 1980 hasta casi 10 % hoy, habiendo alcanzado un máximo superior al 13 % a mediados de los años 2000. Eso sigue siendo mucho más bajo que el 21 % del 1 % superior en Estados Unidos, a pesar del desplazamiento continuo del ingreso nacional desde el trabajo hacia el capital. En Suecia, la participación neta del capital en el ingreso nacional —beneficios, rentas, retornos a la propiedad, según la medición de la World Inequality Database— ha subido desde alrededor de 21 % en 1970 hasta 31 % hoy e incluso supera ligeramente a Estados Unidos (29 %). La historia más importante sobre el aumento de la desigualdad en Suecia tiene que ver con la concentración de la riqueza. Hoy, el 1 % más rico de Suecia posee alrededor de 28 % de la riqueza personal neta, aproximadamente el mismo nivel que Alemania y Francia, y cerca de tres veces su participación en el ingreso (alrededor de 10 %). Así, el alcance de la compresión salarial tiene límites cuando se considera la concentración patrimonial. Aquí Suecia se ubica en la mitad del grupo, con Estados Unidos (35 %) y Suiza (31 %) mostrando mayor concentración, mientras que Países Bajos (14 %) está sustancialmente más abajo.
Visiones contemporáneas de superación del capitalismo
¿Puede afirmarse, como Immanuel Wallerstein (2008) frente a la gran recesión de 2008-2009, que “el capitalismo llega a su fin”, pues “las posibilidades de acumulación real del sistema han alcanzado sus límites”? Su argumento es que
"el capitalismo, desde su nacimiento en la segunda mitad del siglo XVI, se nutre del diferencial de riqueza entre un centro en el que convergen las ganancias y periferias (no necesariamente geográficas) cada vez más empobrecidas".
Y esas periferias en Asia y América Latina crean ahora, en su visión, un desafío insuperable para la “economía-mundo” creada por Occidente, que ya no puede controlar los costos de la acumulación (los precios de la mano de obra y de las materias primas y los impuestos). Eric Hobsbawm (2008) expuso, por su parte, una reflexión más matizada sobre las causas y salidas a la crisis de 2008-2009 y el futuro del capitalismo:
"Tenemos los mismos incentivos que había en los '30: si no se hace nada, el peligro político y social es profundo y eso es, después de todo, la forma en que el capitalismo se reformó a sí mismo durante y después de la guerra, bajo el principio de ‘nunca más’ a los riesgos del 30...Creo que esta crisis está siendo más dramática por los más de 30 años de una cierta ideología ‘teológica’ del libre mercado, que todos los gobiernos en Occidente han seguido. Porque como Marx, Engels y Schumpeter han previsto, la globalización -que está implícita en el capitalismo- no sólo destruye una herencia de tradición sino también es increíblemente inestable: opera a través de una serie de crisis. Y esto está siendo reconocido como el fin de una era específica. Sin dudas, se hablará más de Keynes y menos de Friedman y Hayek. Todos están de acuerdo en que, de una forma u otra, habrá un mayor rol para el Estado. Ya hemos visto al Estado como el prestamista de última instancia. Quizás regresaremos a la idea del Estado como el empleador de última instancia, que es lo que fue bajo FDR (Franklin Delano Roosevelt) en el "New Deal" en Estados Unidos. Lo que sea, será un emprendimiento público de acción e iniciativa, que será algo que orientará, organizará y dirigirá también la economía privada. Será mucho más una economía mixta que lo que ha sido".
En los debates más recientes, se pone el acento en la extraordinaria concentración de los ingresos y la riqueza global en los llamados "tecno-oligarcas" y en su voluntad de control de las instituciones democráticas en su favor, además de algunos que se inclinan por la instauración de regímenes autoritarios o sin Estados que protejan a los no propietarios.
Como afirma Nick French (2025), el capitalismo se basa en la captura de la mayor parte del excedente por los capitalistas en detrimento de los trabajadores y esto ha ocurrido incluso en las sociedades socialdemócratas en su mejor momento. Esto lleva en la actualidad a que los muy ricos ejerzan una influencia indebida cada vez mayor sobre el proceso político mediante el lobby, el financiamiento de campañas de grupos proclives y la amenaza de retiro de inversiones en caso de que no riunfen, lo que mina la propia democracia. Sostiene este autor que, al dejar ingentes cantidades de riqueza y poder en manos de los capitalistas y permitirles determinar el rumbo económico, la socialdemocracia a la postre no logra impedir que los capitalistas socaven los compromisos socialmente progresivos, aunque las sociedades socialdemócratas hayan logrado un mayor grado de igualdad y limitado la influencia política del capital altamente concentrado. Pero, en su visión, esos logros se han erosionado tarde o temprano, y han hecho perder fuerza política y electoral a la socialdemocracia en casi todas partes. Una variante ha sido incluso la de disminuir drásticamente el rol de los Estados de bienestar, en los que se puede denominar proyectos "social-liberales", cuyas expresiones han sido figuras británicas como Tony Blair, estadounidenses como Bill Clinton o brasileñas como Fernando Henrique Cardoso. Un buen ejemplo de esta diferencia se aprecia en los cambios que sufrió el programa del Partido Laborista británico en los años noventa. En 1918, el Labour adoptó entre sus objetivos la nacionalización de gran parte de la industria privada. El texto de la Cláusula IV reclamaba “la propiedad común de los medios de producción, distribución e intercambio”. En 1995, Tony Blair modificó la Cláusula IV y definió el objetivo de su partido en términos de un conjunto de valores —solidaridad, respeto, tolerancia— en lugar de cambios en las relaciones de propiedad.
En la perspectiva anticapitalista de Erik Olin Wright (2018):
"Sí, hay crecimiento económico, innovación tecnológica, aumento de la productividad y masificación de los bienes de consumo, pero junto con el crecimiento económico capitalista viene la indigencia para muchos cuyos medios de vida han sido destruidos por el avance del capitalismo, la precariedad para los que están en la parte inferior del mercado laboral y el trabajo alienante y tedioso para la mayoría. El capitalismo ha generado aumentos masivos de productividad y riqueza extravagante para algunos, pero mucha gente sigue luchando por llegar a fin de mes. El capitalismo es una máquina que aumenta tanto la desigualdad como el crecimiento. Y eso, sin mencionar que está cada vez más claro que el capitalismo, impulsado por la búsqueda incesante de ganancias, está destruyendo el medio ambiente."
Así, una parte de los socialistas va más allá de la socialdemocracia tradicional y se propone socializar, mediante combinaciones de propiedad social, estatal y privada con y sin fines de lucro y de regulaciones públicas, no solo los servicios de bienes colectivos y con externalidades como la infraestructura, la investigación y difusión tecnológica, la educación y la salud pública, sino también las finanzas de desarrollo y selectivamente la producción, mediante una banca pública que permita orientar una parte de la inversión, la especialización productiva y los bordes de la inserción internacional, así como empresas públicas estratégicas, que estén en particular a cargo de la extracción y elaboración de recursos naturales, y fondos salariales que participen en las empresas privadas concentradas.
Para ellos, lo esencial, como en el mencionado plan Meidner, sigue siendo redefinir las relaciones de propiedad, en tanto sostienen que el capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada de los activos productivos de la sociedad capturados por una clase minoritaria. En la visión tradicional, debía ser abolida en la esfera de los “medios de producción” y reemplazada por la propiedad estatal. Pero esta visión ha debido hacerse cargo del balance de las experiencias de centralización económica estatal, que terminaron construyendo sistemas dominados por un grupo burocrático restringido y sin formas democráticas de gobierno (ver el capítulo respectivo), con un dinamismo económico limitado por una asignación de recursos que no permite suficientemente la innovación y excluye los intercambios descentralizados y las iniciativas económicas autónomas.
Estas corrientes socialistas, asumiendo que la centralización económica burocrática no es compatible con la democracia ni permite alcanzar grados suficientes de prosperidad equitativa, enfatizan que los esquemas social-liberales no se proponen -y los socialdemócratas no logran- restringir la dominación capitalista sobre las condiciones de vida de la mayoría, por lo que termina prevaleciendo la precariedad y subordinación a los intereses del capital de la mayoría social que vive de su trabajo. Por ello insisten en la necesidad de procesos de minimización de largo plazo de la esfera capitalista en la estructura económica. Su enfoque suele valorar las experiencias socialdemócratas, pero postula ir más allá en los mecanismos de socialización económica.
Eric Olin Wright (2018) concluye que el capitalismo como sistema debe superarse por la magnitud de sus defectos:
"En diferentes épocas y lugares, se han establecido muchas políticas para compensar la deformación de la libertad y la democracia que provoca el capitalismo. Se pueden imponer restricciones públicas a la inversión privada de manera que se erosione la rígida frontera entre lo público y lo privado; un sector público fuerte y formas activas de inversión estatal pueden debilitar la amenaza de la movilidad del capital; las restricciones al uso de la riqueza privada en las elecciones y la financiación pública de las campañas políticas pueden reducir el acceso privilegiado de los ricos al poder político; la legislación laboral puede reforzar el poder colectivo de los trabajadores tanto en la esfera política como en el lugar de trabajo; y una amplia variedad de políticas de bienestar pueden aumentar la libertad real de quienes no tienen acceso a la riqueza privada. Cuando las condiciones políticas son adecuadas, las características antidemocráticas y restrictivas de la libertad del capitalismo pueden paliarse, pero no eliminarse. Domesticar el capitalismo de esta manera ha sido el objetivo central de las políticas defendidas por los socialistas en las economías capitalistas de todo el mundo. Pero para que la libertad y la democracia se realicen plenamente, no basta con domesticar el capitalismo. Hay que superarlo".
Para este autor, históricamente el anticapitalismo estuvo animado por cuatro lógicas de resistencia diferentes: las de destruir el capitalismo, domesticar el capitalismo, escapar del capitalismo y erosionar el capitalismo, lógicas que coexisten y se entremezclan, mientras propone una estrategia que combine “domesticar y erosionar” el capitalismo para superar sus consecuencias sociales y ambientales. Domesticar son las políticas socialdemócratas, erosionar es favorecer las antiguas y nuevas formas de producción colaborativa y socializada.
En palabras de Olin Wright (2018):
"Las cooperativas de trabajo son una auténtica utopía que surgió junto al desarrollo del capitalismo. Tres importantes ideales emancipatorios son la igualdad, la democracia y la solidaridad. Todos ellos se ven obstaculizados en las empresas capitalistas, donde el poder se concentra en manos de los propietarios y sus sustitutos, los recursos internos y las oportunidades se distribuyen de forma muy desigual y la competencia socava continuamente la solidaridad. En una cooperativa de trabajo, todos los activos de las empresas son propiedad conjunta de los propios empleados, que también gobiernan la empresa de forma democrática, con una sola persona y un solo voto. En una cooperativa pequeña, este gobierno democrático puede organizarse en forma de asambleas generales de todos los miembros; en cooperativas más grandes, los trabajadores eligen consejos de administración para supervisar la empresa…Tienen el potencial de contribuir a erosionar el dominio del capitalismo cuando amplían el espacio económico en el que pueden operar los ideales emancipatorios anticapitalistas. Las agrupaciones de cooperativas de trabajadores podrían formar redes; con formas adecuadas de apoyo público, esas redes podrían extenderse y profundizarse para constituir un sector de mercado cooperativo; ese sector podría –en ciertas circunstancias– expandirse para rivalizar con el dominio del capitalismo."
Se aproximan a esa formulación el sector social y solidario actualmente existente, que se ha desarrollado a lo largo del tiempo y que representa el 6% del empleo en la Unión Europea y el 6,5% en Estados Unidos («non profit private organizations») y el 10% ddel PIB en Francia. Se agregan a estos esquemas distintos de la lógica capitalista -promovida por el liberalismo económico- la educación y atención de salud universales y gratuitas y la variedad de transferencias monetarias y subsidios a las familias con hijos y a los grupos de menos ingresos o los aportes condicionados a la búsqueda de empleo.
La producción colaborativa entre iguales que ha surgido en la era digital tiene, por su parte, como ejemplo más conocido el de Wikipedia, en el dominio del conocimiento. Esta fórmula dejó atrás un mercado tricentenario de enciclopedias (ahora es casi imposible producir una enciclopedia de propósito general comercialmente viable). Wikipedia es producida de forma totalmente no capitalista por cientos de miles de editores no remunerados de todo el mundo que contribuyen al patrimonio mundial y la ponen a disposición de todo el mundo de forma gratuita. Se financia mediante una especie de economía del regalo que proporciona los recursos de infraestructura necesarios. Wikipedia es heterogénea, con entradas de alta calidad y otras muy insuficientes, pero es un ejemplo de cooperación a gran escala, altamente productiva y organizada sobre una base no capitalista.
Otros autores toman las distinciones de Fernand Braudel sobre los pisos de la economía para postular que el capitalismo puede ser superado en un proceso de cambios estructurales si se refuerza y regula con sentido de interés general los dos primeros pisos de la economía -el de la economía de subsistencia y de intercambios simples de la economía familiar y cooperativa y el de los intercambios monetarios de mercados desconcentrados y descentralizados- y se restringe el tercer piso (Laville, 2004; Viveret, 2013). Y señalan que es posible concebir una sociedad en la que el capitalismo, el tercer piso, deje de ser dominante, pero no reemplazado por decreto mediante la centralización económica en manos del Estado, sino en un proceso evolutivo.
Un rediseño de fronteras con una socialización de la inversión pero sin fijación central de precios y cantidades a producir, es lo que ha ido ocurriendo en parte en China desde la década de 1980. Su éxito económico ha sido considerable, pero en el marco de un régimen de partido único. Desde 2014 se ha convertido en la segunda mayor economía nacional, el mayor exportador y fabricante de manufacturas, el poseedor del mayor superávit en cuenta corriente del mundo, titular de la mayor cantidad de reservas internacionales y también del fondo soberano más grande, con la tasa de crecimiento del PIB más rápida de cualquier nación en las últimas dos décadas, un ritmo de modernización tecnológica acelerado y uno de los conjuntos de políticas que le ha permitido sacar a millones de personas de la línea de pobreza cada año. Estos éxitos pueden atribuirse al papel emprendedor y de guía desempeñado por el Estado chino, que incluye crédito selectivo centralizado para la innovación y el desarrollo y así orientar la innovación, con una función estratégica otorgada a los bancos de inversión pública para proveer el financiamiento necesario. Nada indica que este tipo de roles no puedan ser realizados también por Estados desarrollistas con regímenes democráticos en otras realidades. En la interpretación de Burlamaqui (2020), ya Joseph Schumpeter tenía en mente una definición específica de socialismo vinculada a su teorización de la “socialización de la inversión”:
"La definición de socialismo de Schumpeter no se centra en la expropiación estatal de los medios de producción ni en la erradicación de la propiedad privada, sino más bien en su socialización, lo cual implica esencialmente rediseñar las fronteras y los modos de interacción entre las esferas privada y pública."
Estos proyectos de democracia social se proponen reestructurar la economía en su conjunto en el largo plazo, avanzando hacia un sistema que combine la propiedad pública, las cooperativas de trabajadores y diversas formas de propiedad sin fines de lucro o con fines combinados, con un sector de propiedad privada con fines de lucro importante pero que no determina la orientación de la economía y de las relaciones sociales.
Se plantean como una corriente que acepta la posibilidad de que las realidades políticas y económicas hagan que alcanzar el nivel de socialdemocracia de la Suecia de los 70 sea lo máximo factible a corto o mediano plazo. Pero, al mismo tiempo, postulan que dónde los socialdemócratas ven un punto final, con logros que se han erosionado tarde o temprano por un poder económico que permanece con capacidad de producir regresiones sociales y democráticas, mantienen el ideal de desplazar el predominio capitalista. Esto no implica no preservar espacios de economía privada regulada, pero avanzando en la superación progresiva del trabajo asalariado subordinado mediante fondos salariales en las grandes empresas privadas y ampliando la socialización de una parte significativa de la inversión, los ingresos y diversas actividades económicas en una economía mixta. Terminar con el trabajo asalariado subordinado supone pasar del «a cada cual según su trabajo» al «de cada cual según sus capacidades a cada cual según sus necesidades», entendidas las primeras como el trabajo cooperativo y mixto y las segundas como las socialmente determinadas.
Thomas Piketty (2019, 2021) aboga en este sentido por un "socialismo participativo y descentralizado", que combine propiedad social, cogestión empresarial, fuerte progresividad fiscal y transparencia patrimonial global como base para una sociedad más equitativa. También propone contemplar la introducción de formas de democracia económica en las empresas maduras, con incidencia de los trabajadores en la orientación y resultados de su actividad y con una fuerte limitación de la herencia de activos económicos. En un sentido similar, en Estados Unidos el senador Bernie Sanders presentó en junio de 2026 un proyecto para que un fondo soberano público reciba, mediante un impuesto pagado en acciones, el 50% de la propiedad de las mayores compañías de inteligencia artificial. El fondo tendría derechos de voto y distribuiría sus beneficios entre la población. Es más un fondo ciudadano o público que un fondo de asalariados, pues sería administrado por una comisión pública y pertenecería al conjunto de la ciudadanía, no a los trabajadores de esas empresas.
La Vía de Edgar Morin (2011), por su parte, propone una orientación más amplia hacia lo que llama "una metamorfosis que incluya la simbiosis de las sociedades con la biosfera y la reconstrucción democrática", pasando de lo que denomina “policrisis” a un “nuevo comienzo” en base a una alianza entre individuos, comunidades y Estados. Sostiene que solo el pensamiento complejo, que sea capaz de enlazar disciplinas, escalas y dimensiones (física, biológica, social, ética), puede comprender y transformar la realidad, pues al reducirse a compartimentos se producen cegueras cognitivas que agravan los problemas que se pudiera pretender resolver. Propone una economía del “bien vivir” (prosperidad con sobriedad, circuitos cortos, eco-eficiencia, relocalización selectiva) que reintegre trabajo, cooperación y creatividad y mida el progreso por la calidad de vida y no por el PIB. Plantea una “vía política” en tres círculos concéntricos entre lo local, con democracia participativa y autogobierno; lo nacional-regional, con Estados capaces de regular mercados y garantizar derechos y lo planetario, con una gobernanza global solidaria mediante una ONU reforzada, tribunales ambientales y tributos a las transacciones financieras. Postula que sin una mutación de valores (solidaridad, autocontrol del consumo, cultura de paz) no habrá transición. Así, Morin defiende una "ecología de la acción" en que cada acto puede encadenarse con otros en procesos colectivos de cambio, con el trasfondo de una reforma educativa que enseñe a “vivir la complejidad" para conjugar ciencia, arte, ciudadanía y cuidado de sí mismo y de los otros. Es un llamado a una responsabilidad que deje de lado lo que denomina el catastrofismo paralizante y la fe ciega en el progreso técnico, mediante una confianza activa en el potencial creativo humano.
Una sociedad post-capitalista o parcialmente post-capitalista, debe, en todo caso, partir del capitalismo realmente existente y sus potencialidades de cambio y avanzar a nuevas articulaciones económicas e institucionales. Puede basarse en una economía mixta reforzada, con empresas autónomas y en competencia pero mejor reguladas social y ambientalmente, con o sin fines de lucro o con fines combinados. Esta debe estar en interacción con un Estado social, proveedor de redistribuciones equitativas de amplio espectro y de bienes públicos financiados con impuestos a las transacciones, los ingresos y los patrimonios sujetos al principio de progresividad.
El post-capitalismo supone, si se entiende como redistribución del poder entre los ciudadanos, además de un régimen democrático pluralista y de libertades, con separación de poderes y descentralizado, un Estado económico con capacidades de moldear los mercados y realizar una "socialización compleja" de la orientación general de la economía. Debe proponerse asegurar, regulando las condiciones de trabajo y la demanda agregada, el trabajo decente y el pleno empleo. Pero no debe ser solo el regulador de los mercados para evitar depredaciones ambientales, abusos de monopolio y de las condiciones del trabajo. Debe también asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de ahorro y de provisión de moneda y crédito para el financiamiento de largo plazo y el acceso a mercados y a transferencia tecnológica a todo el espectro de empresas. Su tarea debe ser estimular una innovación tecnológica al servicio de las necesidades humanas junto al apoyo a la resiliencia de los ecosistemas y a la preservación y expansión de los bienes comunes. Debe orientar en el largo plazo la diversificación productiva que distribuya mejor en los territorios las actividades y mejore las condiciones del vínculo con la economía internacional. Esto supone asegurar producciones estratégicas y, por lo tanto, gestionar empresas públicas selectivas, y sistemas amplios de innovación y desarrollo tecnológico. Y también introducir de modo progresivo, especialmente a través de impuestos a la riqueza y a las grandes herencias bajo la forma de cesión de activos como forma de pago, lo que John Roemer (2020) llama una economía compartida:
"los mercados seguirían asignando recursos y las empresas seguirían acumulando utilidades, pero los trabajadores e inversionistas recibirían todos los ingresos de la empresa. Tras pagar el precio de mercado del trabajo (el salario) a los trabajadores y el precio del capital (la renta / tasa de interés) a los inversionistas, las utilidades se distribuirían a los trabajadores e inversionistas de manera proporcional a sus aportes a la empresa."
Una transformación productiva de largo plazo de este tipo requiere de políticas de estímulo de la producción de cercanía y los intercambios de reciprocidad del primer piso material de las sociedades (economía familiar e informal y economía social y solidaria), así como de los intercambios de mercado regulados y no asimétricos de un segundo piso económico (con producción y consumo sostenibles y con diversos agentes descentralizados y estatales) que incorpore el progreso técnico, las economías de escala y la articulación mutuamente beneficiosa en cadenas globales de suministro de bienes intermedios y finales.
Una sociedad post-capitalista democrática no podría incluir la centralización estatal de la economía, sino sostenerse en una economía mixta con un Estado regulador de los mercados, que organiza la cobertura social de los riesgos de desempleo, enfermedad y vejez sin ingresos y que es también inversor y productor estratégico, por lo que gestiona empresas estatales en algunos sectores y participaciones en empresas privadas para cautelar el interés nacional, pero que deja una autonomía normada a la gran mayoría de las empresas para tomar sus decisiones, ya sea que se orienten por los fines de lucro de sus dueños, los cooperativos de sus participantes, o los de interés general y de servicio público y solidario, o bien por fines mixtos. Por definición, no podría regirse por un régimen político de dictadura o de partido único, sino por uno democrático, con instituciones plurales, representativas y participativas basadas en la elección periódica de las autoridades por el pueblo.
Como se observa, este tipo de enfoques de superación del capitalismo no implica eliminar los mercados, sino que preservarlos en los ámbitos en que son útiles para el incremento del bienestar de la sociedad en base a un poder estatal democrático que los intervenga social y ambientalmente, los haga más simétricos en materia de agentes intervinientes y por tanto competitivos en beneficio del consumidor. Tampoco implica eliminar las empresas con fines de lucro, siempre que estén sujetas a las regulaciones de interés general, no concentren la economía más allá de las necesidades de obtención de economías de escala ni se extiendan a los ámbitos sociales y personales en los que el lucro no debe existir (Sandel, 2013).
Mantener una igualdad efectiva de oportunidades y grados significativos de reciprocidad comunitaria supone en definitiva limitar la concentración del poder económico y construir un esquema regulatorio y tributario que no lleve al ahogo burocrático sino a uno que sea suficiente para lograr los objetivos de desconcentración de los mercados, protección de los consumidores, apoyo a la innovación y creatividad productiva, negociación colectiva equitativa de los salarios y condiciones de trabajo, desmercantilización de la provisión de los bienes públicos y de la preservación de los bienes comunes, distribución de ingresos básicos universales a lo largo de la vida para erradicar la pobreza, supone sistemas tributarios con lógica de progresividad, de estímulo del incremento de las capacidades humanas y de promoción del ahorro y la inversión, preservando intercambios descentralizados que mantengan esquemas de competencia que beneficien a los usuarios y su bienestar.
El Estado social, en combinación el Estado económico, está llamado a asegurar, por razones de eficiencia y equidad en el funcionamiento económico de conjunto, el acceso universal -y ya no solo selectivo según el nivel de ingresos de mercado- a la educación, la atención de salud, la vivienda y el urbanismo sostenibles, así como a sistemas de pensiones y redistribuciones tributarias y transferencias que permitan ingresos básicos universales a lo largo de la vida para proporcionar un nivel de vida modesto y sobrio, pero digno. Se debe resolver así el problema del hambre y uno de los daños del capitalismo: la pobreza y el desempleo en medio de la abundancia.
En este tipo de enfoques se otorga un especial sentido emancipador a los sistemas de ingresos universales, incondicionales y permanentes, como el de Alaska para redistribuir las regalías mineras o el de Nueva Zelandia para un ingreso igualitario para todos los adultos mayores. Estos son un factor de erradicación de las privaciones más agudas, pero también amplían el potencial de erosión del dominio del capitalismo al canalizar los recursos hacia formas no capitalistas de actividad económica: una de las razones por las que las cooperativas de trabajo suelen ser frágiles es porque deben generar ingresos suficientes no sólo para cubrir los costos materiales de producción, sino también para proporcionar un salario básico a sus miembros. Si se garantizara un ingreso básico independientemente del éxito de la cooperativa en el mercado, las cooperativas de trabajo serían mucho más sólidas. Esto también significaría un menor riesgo para los préstamos de los bancos.
El Estado social debe ocuparse de construir esquemas de vivienda social y de transporte y urbanismo al margen del mercado, aprendiendo de las experiencias exitosas de gobiernos locales en diversas partes del mundo. Esto incluye desmercantilizar al menos parcialmente la vivienda, de modo que el acceso a una casa segura, confiable y de buena calidad no dependa del salario y explorar caminos basados en la cooperación cotidiana, la ayuda mutua y nuevas formas de provisión colectiva. La socialización del cuidado es una de las banderas del feminismo socialista que recogen los proyectos emancipadores. En este punto, Hester y Srnicek (2024) recuperan las experiencias de cocinas colectivas, lavanderías compartidas y servicios públicos pensados para racionalizar el trabajo doméstico. La restauración de un modelo familiar conservador, junto con la restricción del aborto y el divorcio, desactivó esa primera tentativa de socialización del cuidado. La expansión del suburbio estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial supuso la consolidación de un modelo opuesto, con la vivienda unifamiliar como símbolo de éxito. La casa aparece como espacio de protección, pero privatizando el cuidado y fragmentando los lazos sociales. No es solo un activo económicos sino que induce la pasividad a través de distracciones individualizadas. En la actualidad, estas configuraciones habitacionales con electrodomésticos inteligentes, ambientes controlados por datos y objetos conectados se presentan como alivios al trabajo, pero en realidad operan como dispositivos para extraer ganancias, información y control. La casa se convierte, entonces, en el ancla de un presente sin horizonte, donde las rutinas de cuidado privatizado sostienen la reproducción social del capital con intersección entre clase, género y raza. En contraposición, Hester y Srnicek proponen el concepto de "lujo público" -como alternativa al lujo privado asociado al consumo exclusivo– a través de una infraestructura compartida, gratuita y de alta calidad que aligere la carga doméstica y eleve la calidad de vida. No se trata ya de acumular objetos en cada hogar, sino de generar servicios colectivos que devuelvan tiempo y energía a quienes viven de su trabajo.
En continuidad con su crítica a las soluciones individualizadas, Hester y Srnicek rechazan la idea de que el desigual reparto de género de las tareas domésticas pueda resolverse únicamente ampliando la participación de las mujeres en el mercado laboral. Aunque tienen efectos positivos fundamentales –como una mayor autonomía material y una cierta reducción del trabajo doméstico de las mujeres– advierten que esta estrategia equivale a «cambiar una forma de sujeción por otra», salvo que se acompañe de la reducción de la jornada laboral y el ingreso básico universal: «el futuro del trabajo...es el cuidado», sostienen los autores. En los países de altos ingresos, recuerdan, la alternativa para resolver las tareas domésticas oscila entre «una máquina costosa o una sirvienta barata».
Así, una alternativa a la privatización y mercantilización general de las actividades económicas y sociales es una "economía social con Estado y mercados", entendida como un proyecto democrático de transformación de la economía capitalista mediante el gobierno social y ecológico de los mercados, con formas mixtas de propiedad y predominio de formas sociales de asignación de los recursos.
Los enfoques de democracia social postulan, en definitiva, que la democracia es el espacio y límite de su accionar, por lo que las sociedades post-capitalistas existirán o no según lo vayan determinando las mayorías sociales y electorales en cada nación y grupo de naciones. Y requerirán de la construcción de consensos y de aumentos sistemáticos tanto de las capacidades y probidad de las institucionales estatales como de las capacidades para cooperar en diversos ámbitos de las organizaciones económicas de mercado y las no capitalistas y sin fines de lucro. Es el enfoque de quienes no son partidarios de las sociedades que se organizan alrededor de la acumulación privada ilimitada de capital y del libre mercado, dadas sus consecuencias en materia de concentración del poder económico y político, de desigualdad del ingreso y la riqueza, de persistencia de la pobreza y el desempleo en medio de la abundancia, de subordinación del trabajo asalariado, de mercantilización generalizada de las relaciones sociales, de carencia de bienes públicos suficientes para el bienestar de la mayoría y de una depredación ambiental que fragiliza la supervivencia humana futura.
Referencias y lecturas adicionales
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