"Aceptamos y damos la bienvenida... a la concentración de los negocios, industriales y comerciales, en manos de unos pocos... como algo esencial para el progreso futuro de la raza"
Andrew Carnegie
"Todas las teorías de un socialismo democrático representan un concepto igualitario de justicia, afirman el Estado constitucional democrático, luchan por la seguridad del Estado de bienestar para todos los ciudadanos, quieren limitar la propiedad privada de una manera socialmente aceptable y socialmente integral, y regulan políticamente el sector económico".
Thomas Meyer
"Las políticas del Estado de bienestar y de redistribución, importantes como son, no son suficientes. Porque la gente no solo se preocupa de la justicia distributiva, sino también de la justicia contributiva, es decir, que su trabajo sea reconocido, valorado y respetado".
Michael Sandel
“Yo le sirvo a usted no debido a lo que pueda obtener a cambio por hacerlo, sino porque usted necesita o requiere de mis servicios, y usted me sirve a mí por la misma razón”
Gerald Cohen
1. Los criterios de igualdad social
2. Las propuestas contemporáneas de socialización económica
3. Las vías del bienestar equitativo y sostenible
1. Los criterios de igualdad social
Los sistemas económicos que dejan de subordinarse a la acumulación ilimitada de capital privado y modifican la asignación de recursos para alcanzar determinados umbrales de igualdad de acceso a bienes materiales e inmateriales, pueden denominarse genéricamente como postcapitalistas. Su punto de partida es la proposición según la cual parte importante de las diferencias de posición social entre seres humanos no son naturales e inevitables, sino que están socialmente determinadas.
Desde la genética, autores como David Reich (2018) descartan la existencia de características biológicas que pudieran justificar diferencias de trato en materia de libertades, oportunidades y derechos entre los géneros al interior de las sociedades humanas o entre categorías de la población:
"Las diferencias entre los sexos son mucho más profundas que las que existen entre poblaciones humanas, reflejando más de 100 millones de años de evolución y adaptación...¿Cómo acomodamos las diferencias biológicas entre hombres y mujeres? Creo que la respuesta es obvia: debemos reconocer que existen diferencias genéticas entre varones y hembras y, al mismo tiempo, otorgar a cada sexo las mismas libertades y oportunidades sin tener en cuenta esas diferencias. Está claro, a juzgar por las inequidades que persisten entre mujeres y hombres en nuestra sociedad, que cumplir estas aspiraciones en la práctica es un desafío. Sin embargo, conceptualmente es sencillo. Y si esto es así entre hombres y mujeres, entonces sin duda lo será también con cualquier diferencia que podamos encontrar entre poblaciones humanas, la gran mayoría de las cuales será mucho menos profunda."
De este punto de partida emergen definiciones normativas más allá de la economía, pero con consecuencias sobre cómo organizar la economía. Diversas disciplinas se ocupan de establecer criterios de justicia para identificar y corregir determinados niveles de desigualdad de posiciones sociales, riqueza e ingreso que las sociedades, sus culturas y sus sistemas políticos consideran, o no, que deben ser modificados. Entre esas definiciones normativas se encuentra la igualdad ante la ley y el respeto a derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales y la prohibición de discriminaciones por sexo, raza u orientación sexual. Su finalidad es procurar una igualdad de oportunidades y una igualdad de condiciones básicas de existencia en ámbitos como el acceso a la alimentación, abrigo, atención de salud, vivienda, servicios urbanos, educación, cultura y comunicación y un medio ambiente resiliente. Esto requiere sistemas de redistribución entre posiciones sociales y de los flujos de ingresos que emanan de esas posiciones sociales.
En Capital e ideología (2019), Thomas Piketty sostiene que la desigualdad no es una consecuencia inevitable del progreso económico, sino el resultado de decisiones políticas, ideológicas y sociales específicas que han justificado y estructurado la distribución de la riqueza a lo largo del tiempo. Realiza una larga investigación para mostrar como cada sociedad ha desarrollado un “sistema justificativo” o ideología para explicar y legitimar sus desigualdades, desde las sociedades esclavistas y feudales hasta el capitalismo contemporáneo. Para Piketty, estas ideologías cambian con el tiempo y no están determinadas por leyes económicas inmutables, y han movilizado temas como la defensa de la propiedad privada y la meritocracia para legitimaciones modernas de la desigualdad, del mismo modo que antes lo fueron la religión o el linaje. Para este autor, las desigualdades contemporáneas están ligadas a la concentración patrimonial y a la falta de movilidad social. La globalización y la liberalización de capitales han favorecido a las élites económicas, debilitando los mecanismos redistributivos y fiscales del Estado-nación, incluyendo el ascenso de lo que llama una “izquierda brahmánica” (más educativa que obrera) y de una “derecha mercantil”, que han fragmentado las bases de un proyecto redistributivo universalista, dejando un vacío que han aprovechado los nacionalismos identitarios.
Otros pensadores han sostenido a lo largo de la historia que los gobernantes lo son de manera natural por pertenecer a estratos cuyos vínculos de sangre y honor les confieren esa condición, o directamente por voluntad de algún dios. Ya en parte de la Grecia antigua había quienes afirmaban que los no helenos eran esclavos por naturaleza debido a sus facultades cognitivas menos desarrolladas. En siglo XIX se pusieron por delante las virtudes y el espíritu emprendedor competitivo, en una especie de darwinismo social. El empresario Andrew Carnegie (1889) llegó a escribir que
"La ley de la competencia... está aquí; no podemos eludirla; no se han encontrado sustitutos para ella; y aunque la ley puede ser a veces dura para el individuo, es la mejor para la raza, porque asegura la supervivencia del más apto en todos los ámbitos. Aceptamos y damos la bienvenida, por tanto... a la concentración de los negocios, industriales y comerciales, en manos de unos pocos... como algo esencial para el progreso futuro de la raza... Debe haber un gran margen para el ejercicio de una habilidad especial en el comerciante y en el fabricante que deben manejar asuntos a gran escala. Que este talento para la organización y la gestión es raro entre los hombres se demuestra por el hecho de que invariablemente obtiene enormes recompensas, sin importar dónde o bajo qué leyes o condiciones...Es una ley, tan cierta como cualquiera de las otras mencionadas, que los hombres dotados de este talento peculiar para los negocios, bajo el libre juego de las fuerzas económicas, deben, necesariamente, pronto estar recibiendo más ingresos de los que pueden gastar juiciosamente en sí mismos; y esta ley es tan beneficiosa para la raza como las demás. Las objeciones a los cimientos sobre los cuales se basa la sociedad no vienen al caso, porque la condición de la raza es mejor con estos que con cualquier otro que se haya intentado..."
En la actualidad, incluso hay quienes postulan que lo que otorga un derecho legítimo a la riqueza y al poder es el coeficiente intelectual heredado genéticamente, como lo hace una parte de los dueños de las grandes empresas tecnológicas actuales. Un premio Nobel ultraliberal como Robert Lucas (2003) sostiene que importa más incrementar la producción que fijarse en la distribución de los ingresos:
"entre las tendencias más dañinas para una economía solvente, la más seductora, y en mi opinión la más venenosa, es el foco en cuestiones de distribución. El potencial de mejoramiento de la vida de las personas pobres encontrando diversas vías de distribución de la producción existente es nada comparado con el potencial aparentemente ilimitado de incrementar la producción".
Los primeros socialistas elaboraron en el siglo XIX, por su parte, criterios de justicia distributiva con una visión centrada en el cambio de propiedad de los medios de producción. En su Crítica al Programa de Gotha (1875), Karl Marx definió el horizonte socialista del siguiente modo:
“En la medida en que el trabajo se desarrolla socialmente, convirtiéndose así en fuente de riqueza y de cultura, se desarrollan también la pobreza y el desamparo del que trabaja, y la riqueza y la cultura del que no lo hace". Superar esta drástica división de la sociedad en clases debía conducir en una primera fase a un sistema en que "el productor individual obtiene de la sociedad -después de hechas las obligadas deducciones- exactamente lo que ha dado...su cuota individual de trabajo...Ahora nada puede pasar a ser propiedad del individuo, fuera de los medios individuales de consumo. Pero, en lo que se refiere a la distribución de estos entre los distintos productores, rige el mismo principio que en el intercambio de mercancías equivalentes: se cambia una cantidad de trabajo, bajo una forma, por otra cantidad igual de trabajo, bajo otra forma distinta".
Este criterio distributivo del "a cada cual según su trabajo", medido en horas y hechas las deducciones para hacer crecer la base productiva y distribuir recursos a los que no están en condiciones de trabajar, es para Marx necesario en una primera etapa, aunque
"reconoce, tácitamente, como otros tantos privilegios naturales, las desiguales aptitudes individuales, y, por consiguiente, la desigual capacidad de rendimiento. En el fondo es, por tanto, como todo derecho, el derecho de la desigualdad... Prosigamos: un obrero está casado y otro no; uno tiene más hijos que otro, etc., etc. A igual trabajo y, por consiguiente, a igual participación en el fondo social de consumo, uno obtiene de hecho más que otro, uno es más rico que otro, etc. Para evitar todos estos inconvenientes, el derecho no tendría que ser igual, sino desigual".
Este tipo de lógica es la que dio curso en la historia de fines del siglo XIX y en el siglo XX a los derechos sociales y a las redistribuciones según necesidades. Para Marx, esto debía culminar en un criterio distributivo
"cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva", en el que "sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en sus banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades!".
Los procesos de transición de una situación a otra, de un derecho a otro, debían ser dejados al curso de la historia y no a diseños calificados de utópicos, sin llegar a definir la relación entre las necesidades socialmente cubiertas (¿cuales?) ni precisarse cómo se logra el aporte de cada cual según sus capacidades, ni tampoco la obtención de los "manantiales de riqueza" que le darían sustento (¿cómo?).
La historia siguió efectivamente su curso y dio lugar a luchas sociales que modificaron el capitalismo salvaje en el siglo XIX, con los primeros compromisos de seguridad social en la Alemania de Bismarck hacia 1880, e hicieron emerger en el siglo XX diversos tipos de Estados de bienestar basados en economías mixtas. Y también a revoluciones y a los llamados "socialismos reales", principalmente a partir de 1917 en Rusia y de 1949 en China, fruto de la descomposición de naciones en guerra en periferias inicialmente pobres, sin tradiciones democráticas ni mayor base industrial. Estas revoluciones fueron rápidamente acosadas militar y económicamente y debieron privilegiar para sobrevivir la industrialización forzada y los esfuerzos de guerra. El consumo presente fue subordinado a esos fines, con las consiguientes obligaciones de trabajo y mantención de precarias condiciones de vida mediante la provisión racionada de bienes básicos, salvo la parcial excepción de las elites gobernantes. Los sistemas de asignación burocrática de los recursos terminaron por colapsar y perder legitimidad, al no observarse cambios en la condición asalariada ni el logro de mejores niveles de vida comparativos.
Bajo el impulso intelectual de Friedrich Hayek, Milton Friedman y Robert Nozick, el neoliberalismo dio nueva vida al utilitarismo y al liberalismo económico clásicos y a las corrientes marginalistas, cuya visión descarta la idea de justicia social en beneficio de sociedades de mercado basadas en la persecución del interés individual, lo que expandiría mejor el bienestar general y tendería al equilibrio general. Esta corriente no tuvo problemas en asociarse a regímenes autoritarios, como fue el caso de los dos primeros al venir a Chile a defender la dictadura de Pinochet y a los Chicago Boys. Hoy inspira a los radicales Bolsonaro, Milei o Trump y a diversas expresiones cuya estrategia es la minimización de los Estados de bienestar, y del Estado en general (reducido a una especie de "vigilante nocturno"), y poner fin a las políticas de reducción de las desigualdades, que considera moralmente infundadas. Según Nozick (1971), cualquier impuesto obligatorio utilizado para financiar servicios o beneficios distintos de los que constituyen el Estado mínimo es injusto, porque ese impuesto equivale a una especie de “trabajo forzado” para el Estado por parte de quienes deben pagar el impuesto, incompatible con los derechos naturales liberales, empezando por el de propiedad. Salvo, y ahí sigue estando parte fundamental del tema distributivo, corregir "las injusticias pasadas" y que las pertenencias adquiridas de modo violento, clandestino o fraudulento vuelvan a sus verdaderos dueños. Esta limitación da por válida como "derecho natural" la distribución del ingreso según la productividad marginal en situaciones de mercado, teorizada de modo más que discutible por la economía neoclásica.
John Rawls (1971) introdujo renovados debates en defensa de la idea de justicia (qué cosa corresponde a quién). Para este autor, las exigencias de una sociedad justa parten con la identificación de bienes primarios de carácter social (los bienes de carácter natural son en su concepto la salud y los talentos, no susceptibles de igualación equitativa) que reparte en tres categorías: las libertades fundamentales, el acceso a las diversas posiciones sociales y las “bases sociales del respeto de sí mismo”. Una sociedad justa sería aquella cuyas instituciones reparten los bienes primarios sociales de manera equitativa entre sus miembros, tomando en cuenta que estos difieren en términos de bienes primarios naturales. Esta distribución equitativa debe, según Rawls, hacerse bajo tres principios: el de igual libertad (toda persona tiene un derecho igual al conjunto más extendido de libertades fundamentales iguales que sea compatible con un conjunto similar de libertades para todos), el de diferencia (que afirma que las eventuales desigualdades sociales y económicas que emergen en el marco de las instituciones que garantizan la igual libertad se justifican sólo si permiten mejorar la situación de los miembros menos aventajados de la sociedad) y el de igualdad equitativa de las oportunidades (vinculadas a funciones y posiciones a las cuales todos tienen el mismo acceso, a talentos dados). Si los talentos innatos de dos personas son los mismos, las instituciones deben asegurar a uno y otro las mismas posibilidades de acceso a las posiciones sociales que escojan. Rawls razona a partir del individualismo metodológico, incluyendo la hipótesis del "velo de la ignorancia", es decir una situación en la que nadie sabe en qué posición social le tocará vivir y tiene, por tanto, motivos para que su distribución sea equitativa, en vez de postular una redistribución por acción colectiva dadas las estructuras sociales vigentes. Pero es una buena base para identificar las desigualdades injustas y sus correcciones, pues de estos principios puede deducirse en términos prácticos la necesidad para una sociedad justa de la limitación de las desigualdades de riqueza e ingresos, de la prohibición del nepotismo y de las discriminaciones arbitrarias y el acceso universal a la enseñanza.
Ronald Dworkin, por su parte, insistió (2000) en que un gobierno legítimo tiene que tratar a todos los ciudadanos con igual respeto y consideración. Y puesto que en la distribución económica que consigue una sociedad existe una influencia de su sistema legal y político, ese requisito impone a la distribución condiciones igualitarias. Dworkin se apoya en dos principios fundamentales: la necesidad objetiva de que prospere la vida de todo ser humano, sea cual fuere su condición, y la responsabilidad que debe tener toda persona de definir su propia vida y conseguir que prospere, como base de su tesis de que la verdadera igualdad es la igualdad en el valor de los recursos que cada persona tiene a su disposición, y no de los éxitos que logra. La igualdad, la libertad y la responsabilidad individual no están para Dworkin en conflicto sino que fluyen y refluyen las unas de las otras. Defiende entonces un criterio de justicia distributiva basado en la igualdad de recursos. Dworkin mantuvo la visión igualitaria de Rawls sobre la arbitrariedad en la distribución de talentos, discapacidades y riqueza heredada, pero propuso un mecanismo consistente en un seguro que compensase esa distribución, manteniendo las personas la responsabilidad por sus preferencias más que basarse en el acceso a bienes primarios. Sin embargo, como señalan John Roemer y Alain Tranoy (2016), Dworkin solo discutió de forma informal el mercado hipotético de seguros, y al examinarlo con más detalle surgen diversas dificultades. Cuando se compran y luego se cobran las pólizas de seguro a la manera dworkiniana, puede darse una situación en la que la riqueza se transfiera de una persona discapacitada a una persona no discapacitada, aun cuando ambas tengan preferencias idénticas respecto al riesgo y sus dotaciones en la lotería del nacimiento sean iguales en riqueza. Esto constituye una patología para un igualitario de recursos, pues la persona discapacitada debería terminar con más recursos transferibles que la persona no discapacitada, dado que aquella dispone de menos recursos no transferibles.
Para Amartya Sen (1979, 2009), el enfoque de la justicia que se focaliza en el mérito derivado de la productividad marginal o en los bienes primarios sociales no considera suficientemente las "capacidades" muy desiguales de transformar esos bienes y recursos en "funcionamientos", para lo que propone actuar sobre el conjunto de capacidades que hacen posibles dichos funcionamientos, con bienes que proporcionan a las personas, por ejemplo, poder desplazarse, conseguir empleo o gozar de atenciones de salud y de acceso a la educación. Sen define la capacidad de una persona como el conjunto de vectores de funcionamientos disponibles para ella y abogó por la igualdad de las capacidades. Sostiene que la justicia requiere al menos que todos dispongan de un cierto número de capacidades fundamentales, según modalidades y medios que pueden variar considerablemente de un contexto sociocultural a otro, y que incluye la capacidad de participar en la vida colectiva, fundando un enfoque basado en atacar la pobreza –entendida como ausencia de capacidades más que de ingresos– no sólo absoluta sino también relativa.
Jon Elster (1997) procuró enunciar una redistribución justa como una concepción de sentido común del bienestar, que se traduce en cuatro proposiciones para el funcionamiento social, cada una de las cuales modifica la anterior:
1) maximizar el bienestar total;
2) apartarse de esa meta si es necesario para asegurarse que todos alcancen un nivel mínimo de bienestar;
3) apartarse de la exigencia de un mínimo de bienestar en el caso de las personas que están por debajo de él debido a sus propias elecciones, pues la sociedad no tiene la obligación de compensar a las personas por males evitables que recaen sobre ellas como resultado predecible de su comportamiento libremente elegido, y
4) apartarse del principio de no apoyar a estas personas si su fracaso para hacer planes para el futuro y reaccionar a los incentivos se debe a una pobreza y privación graves.
En el enfoque de Elster, se debe tomar especialmente en cuenta las diferencias entre individuos cuando proceden de las capacidades naturales o de discapacidades, es decir de factores no controlables. Y a la vez no buscar compensar las disparidades de esfuerzo, que emanan a su vez de diferencias de gustos y preferencias, pero sí considerar sus condicionamientos sociales.
La noción de igualdad compleja de Michael Walzer (1983) había contrastado de modo pertinente con el esfuerzo tradicional de la filosofía política de buscar axiomas o principios fundamentales de justicia sin distinguir sus ámbitos de aplicación. Este autor defiende una concepción de igualdad que preserve la separación de las diversas esferas de la vida social y la inconvertibilidad de las categorías de bienes constitutivas de cada una de ellas. El criterio de igualdad de trato (como la igualdad ante la ley y el voto) o de resultados (como en las atenciones de salud y las condiciones básicas de vida socialmente definidas) es pertinente en sus dominios específicos, como lo es el de igualdad de oportunidades en otros dominios (como en la educación y la vida de las empresas).
Michael Sandel (2020) ha llamado la atención sobre el mal uso del concepto de meritocracia. Que las posiciones sociales e institucionales se obtengan individualmente por el mérito de cada cual, con resultados desiguales que en principio se originan en esfuerzos diferentes, hace de la meritocracia, en palabras de Sandel,
"un ideal atractivo, especialmente si la alternativa es el privilegio heredado, patronazgo, nepotismo y corrupción. Asignar importantes roles sociales a aquellos que están calificados es algo bueno. Si requiero cirugía, necesito un médico muy bien calificado para que me opere. Entonces, el mérito en sí es algo bueno, y es una alternativa deseable frente a otras... El primer problema de la meritocracia es que las oportunidades en realidad no son iguales. El segundo problema ...(es) que quienes tienen éxito crean que éste se debe a sus propios méritos y que, por tanto, merecen todas las recompensas que las sociedades de mercado otorgan a los ganadores...La meritocracia crea arrogancia entre los ganadores y humillación hacia los que se han quedado atrás".
Su recomendación es pasar de
"la 'retórica del ascenso' hacia un proyecto enfocado en la dignidad del trabajo... (y) reconocer que el trabajo no es solo un modo de ganarse la vida, sino también una manera de contribuir al bien común, y obtener reconocimiento, respeto, estima social, por haber hecho ese trabajo. Esto sugiere que la políticas del Estado de bienestar y de redistribución, importantes como son, no son suficientes. Porque la gente no solo se preocupa de la justicia distributiva, sino también de la justicia contributiva, es decir, que su trabajo sea reconocido, valorado y respetado... (lo) que provee a las personas un sentido de dignidad y orgullo, como miembros, ciudadanos de una comunidad política".
Al haber desigualdades iniciales, la selección por mérito suele terminar reproduciendo esas desigualdades en los resultados y rendimientos, haciendo imposible la igualdad efectiva de oportunidades. El mérito es un atributo con componentes múltiples que, de no considerarse con suficiente complejidad cualitativa, puede terminar discriminando por factores sociales o de origen o por sus preferencias individuales a personas suficientemente capacitadas para iniciar trayectorias u ocupar lugares de su preferencia en la sociedad.
Otros autores han insistido en que una agenda de igualdad real de oportunidades debe incluir no solo la corrección de las barreras que impiden la igualdad formal de oportunidades y de acceso a distintos empleos y posiciones sociales, sino transformar las condiciones estructurales de desigualdad de acceso a esas diferentes posiciones sociales. Esto requiere impedir la dominación de poderes privados asimétricos sobre el resto de la sociedad (Pettit, 1997) y toda forma de discriminación arbitraria. Y también impedir el despotismo de burocracias no controladas democráticamente por los ciudadanos, las que terminan por apropiarse de la acción estatal en su beneficio. Es la idea de libertad como no dominación, distinta a la de la libertad como no interferencia.
Deben, por tanto, construirse instituciones que permitan contrarrestar la dominación de actores estatales y económicos sobre las opciones de las personas en las condiciones materiales dadas de existencia. La igualdad de oportunidades y sus requisitos pueden no ser una condición suficiente de justicia distributiva y deben completarse con la "igualdad socialista de oportunidades", de acuerdo a Gerald Cohen (2011), que apunta a reducir la desigualdad solo a las diferencias distributivas que se originan en elecciones personales. John Roemer propone en un sentido similar compensar a las personas por eventuales desventajas en la lotería del nacimiento, pero haciéndolas responsables de sus decisiones y de sus niveles de esfuerzo. En palabras de Roemer y Tranoy (2016):
"Toda discusión sobre la responsabilidad también suscita la espinosa cuestión del libre albedrío. Si la responsabilidad es un elemento central en la conceptualización de la igualdad de oportunidades, ¿es necesario abordar el problema del libre albedrío al enunciar una teoría de la justicia distributiva? Una respuesta práctica a esta pregunta —que en nuestra experiencia basta para los economistas en ejercicio, aunque no para algunos filósofos— es considerar que el grado de responsabilidad de las personas viene determinado en el contexto de una sociedad dada. En cada momento, el sistema político y jurídico de cada país sostiene una visión específica sobre la responsabilidad individual que se aplica en la vida cotidiana. Por tanto, puede considerarse qué medidas de política pública debería adoptar una sociedad determinada para promover la igualdad de oportunidades, basándose en la realidad de la responsabilidad individual avalada por esa sociedad".
Según Cohen, se debería, además, promover un sentido de comunidad y la construcción de instituciones económicas más allá del interés personal inmediato a partir del principio de "reciprocidad comunitaria" según el cual
“yo le sirvo a usted no debido a lo que pueda obtener a cambio por hacerlo, sino porque usted necesita o requiere de mis servicios, y usted me sirve a mí por la misma razón”.
En el caso del mercado, este autor señala que la reciprocidad del intercambio -pago por algo que necesito o deseo a un precio que resulta suficientemente conveniente para el oferente- es puramente instrumental, motivada por la codicia y eventualmente el miedo, y en el mejor de los casos limita los mejores motivos a la familia inmediata y a los amigos. En el caso de la comunidad, la reciprocidad se logra a través de la generosidad mutua y celebra virtudes y no vicios, lo que supone que a las personas les importen los demás, que siempre que sea necesario y posible cuiden de ellos y que, además, se preocupen de que a los unos les importen los otros. Cohen ofrece una definición que invoca a Einstein con aprobación: el socialismo es el intento de la humanidad de "superar y avanzar más allá de la fase depredadora del desarrollo humano", aunque no existan mecanismos automáticos de fácil adopción para convertirlo en el corazón de la economía. No obstante, observa que la generosidad caracteriza muchos aspectos de la vida social y no se limita a la toma de decisiones familiares, pues abarca áreas como partes de la atención de salud, la enseñanza y las actividades asistenciales, mientras en los desastres naturales y las emergencias a menudo se desecha las relaciones mercantiles y se actúa con la reciprocidad de la generosidad.
Así, para estos autores una agenda de igualdad efectiva de oportunidades debe incluir no solo la corrección de las barreras que impiden la igualdad formal de oportunidades y de acceso a distintos empleos y posiciones sociales, sino transformar las condiciones estructurales de desigualdad de acceso a esas diferentes posiciones sociales. Esto requiere impedir la dominación de poderes privados asimétricos sobre el resto de la sociedad y toda forma de discriminación arbitraria. El paso siguiente, en este enfoque, es la reciprocidad comunitaria, que incluye considerar las consecuencias de las acciones del presente en las nuevas generaciones y en la resiliencia de los ecosistemas para mantener en condiciones adecuadas la vida humana en el planeta, con mecanismos definidos por regímenes democráticos que impidan el despotismo de burocracias estatales no controladas por los ciudadanos que terminen por desviar la acción colectiva en su beneficio.
Por otra parte, existe una correlación entre las opiniones de las personas sobre la redistribución según sea su percepción del éxito económico como algo ganado o algo en buena medida heredado. Quienes atribuyen ese éxito al esfuerzo personal tienden a oponerse a las políticas redistributivas, mientras que quienes creen que el origen familiar y las conexiones juegan un papel importante son más favorables a esas medidas. Fisman, Kuziemko y Vannutelli (2021) muestran que, cuando se ofrece a las personas la posibilidad de cambiar la distribución del ingreso, se preocupan por tres grupos: los muy pobres (a quienes favorecen positivamente), los muy ricos (a quienes penalizan), y sus “vecinos de ingreso” inmediatos por encima de ellos (también penalizados). Capozza y Srinivasan (2024) estiman, a partir de una muestra representativa de la población estadounidense, la disposición de los individuos a redistribuir dinero entre ciudadanos de distintas clases de ingresos. Encuentran que los pesos asignados por la población general son más progresivos que los implícitos en las políticas actuales de impuestos y transferencias, lo que sugiere que la población desea una redistribución más amplia que la existente.
Las transferencias monetarias públicas, la tributación sobre los ingresos y las cotizaciones obligatorias, que configuran el ingreso disponible de las familias, disminuyen en conjunto las desigualdades en la población activa en un promedio de 25% en la OCDE. Este efecto es más amplio en los países nórdicos, Bélgica y Alemania y más limitado en Suiza, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá (Blanchet, Chancel & Gethin, 2022).
Los “Estados de bienestar” amplían la provisión pública de bienes de consumo colectivo y crean mecanismos para enfrentar los riesgos de desempleo, enfermedad y vejez sin ingresos y sistemas de impuestos y transferencias para asegurar una mayor igualdad de oportunidades a través de la educación y establecer ingresos básicos. Estos procesos se traducen en regulaciones amplias de los mercados de bienes, de capitales y sobre todo del trabajo, así como en un gasto público que en algunos casos llega a más de 50% del Producto Interior Bruto. En esta lógica se inscriben las experiencias de los países nórdicos y otros países europeos continentales.
En Alemania, por ejemplo, el «Estado social» establecido en la posguerra incluye la negociación colectiva obligatoria por rama y territorio entre sindicatos y empleadores; un piso de pensiones asegurado por un sistema público de reparto con cotizaciones paritarias de empleadores y trabajadores de 20% del salario, más complementos privados; un servicio de salud y dependencia universal, con un seguro médico obligatorio público que cubre al 90% de la población, independientemente de los ingresos, la edad, el origen social y el riesgo de enfermedad personal, con opciones de seguros privados regulados; un sistema escolar en el que el 92% de la matrícula es pública, con 40.000 centros de enseñanza general y profesional y 798.000 docentes para 11 millones de alumnos y alumnas y 240 universidades públicas y gratuitas que matriculan al 90% de los y las estudiantes (todas las universidades de primer nivel son públicas); un “sueldo ciudadano” para quienes han agotado sus derechos en el seguro de desempleo, con obligación de buscar empleo y una formación profesional gratuita para 3,7 millones de beneficiarios. Para financiar este Estado social, los impuestos y cotizaciones llegaban en 2023 en Alemania al 38% del PIB. Esta cifra es todavía superior en los países nórdicos, con un 41% en Noruega y Suecia, 42% en Finlandia y 43% en Dinamarca, según la OCDE. En el caso de Noruega, un importante exportador de petróleo, el Estado recauda un total cercano al 80% de las utilidades del sector, sumando su participación como accionista (el 70% de la empresa de petróleo Equinor y el 51% en todo proyecto de petróleo asociado con privados) y las regalías e impuestos. Estas cargas no han impedido su éxito económico, desmintiendo aquello de que “a más impuestos menos crecimiento”, pues los países con modelos socialdemócratas se sitúan hoy entre los países de mayor PIB por habitante. En 2022, a paridad de poder de compra, éste alcanzaba unos 66.6 mil dólares en Alemania, 62.8 mil en Finlandia, 68.2 mil en Suecia, 77.9 mil en Dinamarca y 121.3 mil en Noruega, en este caso con el aporte adicional del petróleo, mientras en Estados Unidos llegaba a 76,3 mil dólares. En Chile, los impuestos alcanzaban el 21% del PIB en 2023, mucho menos que cuando los países citados tenían un PIB por habitante equivalente al de Chile en la actualidad, siempre según la OCDE, pero con una desigualdad sustancialmente mayor.
La producción por hora trabajada es algo menor en Alemania que en Estados Unidos, pero es superior en Dinamarca, Suecia y Noruega. Entre 2015 y 2022, la productividad laboral ha crecido más en Suecia que en Estados Unidos. Un crecimiento de esa productividad puede reflejar ganancias de innovación y eficiencia general, un mayor uso de capital o una menor proporción en el empleo de trabajadores de baja productividad. Los países con políticas de innovación, laborales, sociales y redistributivas logran algunos de los mejores indicadores de productividad y a la vez de bienestar en el mundo, y los menores índices de desigualdad. Esa desigualdad es en esos países inferior a 0,3 en la escala de 0 a 1 del índice de Gini, mientras en Estados Unidos es de 0,4 y en Chile de 0,45.
2. Las propuestas contemporáneas de socialización económica
Hay quienes no son partidarios de las sociedades que se organizan alrededor de la acumulación privada ilimitada de capital y del libre mercado, es decir el capitalismo, dadas sus consecuencias en materia de concentración del poder económico y político, de desigualdad del ingreso y la riqueza, de persistencia de la pobreza y el desempleo en medio de la abundancia, de subordinación del trabajo asalariado, de mercantilización generalizada de las relaciones sociales, de carencia de bienes públicos suficientes para el bienestar de la mayoría y de una depredación ambiental que fragiliza la supervivencia humana futura. En palabras de Erik Olin Wright (2021):
"Sí, hay crecimiento económico, innovación tecnológica, aumento de la productividad y masificación de los bienes de consumo, pero junto con el crecimiento económico capitalista viene la indigencia para muchos cuyos medios de vida han sido destruidos por el avance del capitalismo, la precariedad para los que están en la parte inferior del mercado laboral y el trabajo alienante y tedioso para la mayoría. El capitalismo ha generado aumentos masivos de productividad y riqueza extravagante para algunos, pero mucha gente sigue luchando por llegar a fin de mes. El capitalismo es una máquina que aumenta tanto la desigualdad como el crecimiento. Y eso, sin mencionar que está cada vez más claro que el capitalismo, impulsado por la búsqueda incesante de ganancias, está destruyendo el medio ambiente."
Los proyectos socialdemócratas
Otros proyectos se han propuesto históricamente paliar en contextos democráticos las consecuencias del capitalismo reduciendo el sufrimiento de quienes salen perdiendo en el sistema pero manteniendo el predominio de la propiedad privada de los instrumentos de producción y construyendo Estados de bienestar, como las experiencias socialdemócratas desde la posguerra en el siglo XX. Estos han ampliado la provisión pública de bienes de consumo colectivo, socializado mecanismos para enfrentar los riesgos de desempleo, enfermedad y vejez sin ingresos y creado sistemas de ingresos básicos, así como instrumentos de control de la depredación ambiental. Estos procesos han mantenido el debate sobre las posibles alternativas al capitalismo y siguen alimentando una amplia literatura sobre la vigencia de la idea socialista democrática. La mejor definición es tal vez la de Thomas Meyer (2007):
"Todas las teorías de un socialismo democrático representan un concepto igualitario de justicia, afirman el Estado constitucional democrático, luchan por la seguridad del Estado de bienestar para todos los ciudadanos, quieren limitar la propiedad privada de una manera socialmente aceptable y socialmente integral, y regulan políticamente el sector económico".
En esta lógica se inscriben las experiencias socialdemócratas de los países nórdicos. Por su parte, en Alemania se ha moldeado el «Estado social» establecido en la Constitución de posguerra gracias a la influencia de la socialdemocracia y del socialcristianismo, lo que se traduce entre otras cosas en una co-gestión en las empresas de más de 500 asalariados, con un tercio del directorio supervisor reservado a los sindicatos y trabajadores, y hasta la mitad en las de más de 2 mil; casos de participación del Estado regional en la propiedad de empresas, como Volkswagen, la principal empresa automotriz del mundo, con el 12% de las acciones y un 20% del directorio en manos de Baja Sajonia y una negociación colectiva de salarios obligatoria por rama y territorio entre sindicatos y empleadores.
Los modelos socialdemócratas no son menos productivos que los de capitalismo libremercadista: la producción por hora trabajada es algo menor en Alemania que en Estados Unidos, pero es superior en Dinamarca, Suecia y Noruega. Entre 2015 y 2022, la productividad laboral ha crecido más en Suecia que en Estados Unidos. Un crecimiento de esa productividad puede reflejar ganancias de innovación y eficiencia general, un mayor uso de capital o una menor proporción en el empleo de trabajadores de baja productividad. Los países con elementos del modelo socialdemócrata han logrado, gracias a sus políticas de innovación, laborales, sociales y redistributivas, algunos de los mejores indicadores de productividad y a la vez de bienestar en el mundo, y los menores índices de desigualdad. Esa desigualdad es en esos países inferior a 0,3 en la escala de 0 a 1 del índice de Gini, mientras en Estados Unidos es de 0,4 y en Chile de 0,45.
La objeción a esos modelos desde posturas socializadoras más radicales, como subraya Nick French (2025), surge de la opinión de que, dado que el capitalismo se basa en la dominación de los trabajadores por parte de los capitalistas y su captura de la mayor parte del excedente, esto ocurre incluso en las sociedades socialdemócratas en su mejor momento, lo que lleva a que los muy ricos ejerzan una influencia indebida sobre el proceso político mediante el lobby, la financiación de campañas y la amenaza de retiro de inversiones, lo que mina la democracia. Sostiene este autor que al dejar ingentes cantidades de riqueza y poder en manos de los capitalistas y permitirles determinar el rumbo económico, la socialdemocracia facilitó que los capitalistas socavaran los compromisos temporal socialmente progresivos, aunque las sociedades socialdemócratas han logrado un mayor grado de igualdad que muchas sociedades capitalistas y han limitado la influencia política del capital concentrado. Pero esos logros se han erosionado tarde o temprano, y han hecho perder fuerza política y electoral a la socialdemocracia en todas partes. Una variante ha sido incluso la de disminuir el rol de los Estados de bienestar, en los que se puede denominar proyectos "social-liberales", cuyas expresiones han sido figuras británicas como Tony Blair, estadounidenses como Bill Clinton o brasileñas como Fernando Henrique Cardoso. Un buen ejemplo de esta diferencia se aprecia en los cambios que sufrió el programa del Partido Laborista británico en los años noventa. En 1918, el Labour adoptó entre sus objetivos la nacionalización de gran parte de la industria privada. El texto de la Cláusula IV reclamaba “la propiedad común de los medios de producción, distribución e intercambio”. En 1995, Tony Blair modificó la Cláusula IV y definió el socialismo en términos de un conjunto de valores —solidaridad, respeto, tolerancia— en lugar de en función de un nuevo orden de relaciones de propiedad.
Las visiones contemporáneas de superación del capitalismo
Para los proyectos anticapitalistas tradicionales lo esencial sigue siendo cambiar las relaciones de propiedad, en tanto sostienen que el capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada de los activos productivos de la sociedad, capturados por una clase minoritaria, la que debiera ser abolida en la esfera de los “medios de producción” y reemplazada por la propiedad estatal. Pero estos proyectos suelen no hacerse cargo del balance de las experiencias de centralización económica estatal que terminaron en sistemas burocráticos dominados por un partido único o por un grupo dirigente restringido, alejados de cualquier forma democrática de gobierno. Además, a pesar de éxitos parciales, suelen acompañarse de un dinamismo económico limitado, en medio de una asignación de recursos que no permite suficientemente la innovación al no contemplar intercambios descentralizados y de iniciativa autónoma.
El derrumbe de la Unión Soviética en 1991 dejó en buena medida atrás la identificación del socialismo o de la democracia social con el modelo de régimen de partido único y de centralización estatal de la economía al que dio lugar. En la interpretación de Zygmunt Bauman (2013), la parte capitalista del mundo bipolar de la guerra fría había avanzado hacia economías mixtas y Estados de bienestar para obstaculizar el modelo estalinista en la dirección de combatir la miseria, fortalecer el papel de los trabajadores y ampliar el acceso a la educación y la salud, pero “con mucho más éxito que el propio comunismo”. Cita la irónica frase del politólogo Roberto Toscano: “el comunismo fue algo realmente muy bueno para todos, salvo para aquellos que tuvieron la desgracia de vivir bajo ese sistema”. Por su parte, Tony Negri (2007) formuló una ácida observación sobre muchos de sus sostenedores en otras épocas:
"han pasado del fetichismo de la Unión Soviética y del socialismo real al abandono total de cualquier perspectiva de transformación de la vida y de la sociedad. Lo tremendo es que la experiencia burocrática que estos señores han tenido con las ideas y las expresiones del socialismo real se ha transfigurado bruscamente en cinismo, siguen siendo estalinistas sin ser ya socialistas".
Negri hace referencia a las sociedades post-soviéticas de Europa del Este, algunas de las cuales, como Hungría, evolucionaron hacia regresiones autoritarias, incluso formando parte de la Unión Europea. Rusia, por su parte, se transformó rápidamente en un régimen con una personalización del poder político tradicional en ese país, junto a una fuerte concentración del poder económico privado en un capitalismo oligárquico. La transición de Rusia a la “economía de mercado” fue notoriamente traumática. Una descripción se encuentra en Elizabeth Brainerd (1998) que señala que, junto a la caída del PIB:
"la desigualdad salarial global casi dobló entre 1991 y 1994 y ha alcanzado un nivel superior al de Estados Unidos...Los `ganadores´ de esta transformación son los hombres jóvenes bien educados cuyas capacidades les permitieron explotar las nuevas oportunidades de ganancia en el sector privado de la economía. Los `perdedores´ son los trabajadores más viejos, hombres en particular, cuyo capital humano se devaluó...Las mujeres también aparecen entre las principales perdedoras de la transición".
Hay también corrientes que, asumiendo que la centralización económica burocrática no es compatible con la democracia ni permite alcanzar grados suficientes de equidad y prosperidad, enfatizan que los esquemas social-liberales no se proponen -y los socialdemócratas no logran- restringir la dominación capitalista sobre las condiciones de vida de la mayoría, por lo que termina prevaleciendo la precariedad y subordinación a los intereses del capital de la mayoría social que vive de su trabajo. Por ello insisten en la necesidad de procesos de minimización de la esfera capitalista en la estructura económica. Su enfoque suele valorar las experiencias socialdemócratas, pero postula ir más allá en los mecanismos de socialización económica.
Eric Olin Wright (2025) sostiene que el capitalismo como sistema debe superarse por la magnitud de sus defectos:
"En diferentes épocas y lugares, se han establecido muchas políticas para compensar la deformación de la libertad y la democracia que provoca el capitalismo. Se pueden imponer restricciones públicas a la inversión privada de manera que se erosione la rígida frontera entre lo público y lo privado; un sector público fuerte y formas activas de inversión estatal pueden debilitar la amenaza de la movilidad del capital; las restricciones al uso de la riqueza privada en las elecciones y la financiación pública de las campañas políticas pueden reducir el acceso privilegiado de los ricos al poder político; la legislación laboral puede reforzar el poder colectivo de los trabajadores tanto en la esfera política como en el lugar de trabajo; y una amplia variedad de políticas de bienestar pueden aumentar la libertad real de quienes no tienen acceso a la riqueza privada. Cuando las condiciones políticas son adecuadas, las características antidemocráticas y restrictivas de la libertad del capitalismo pueden paliarse, pero no eliminarse. Domesticar el capitalismo de esta manera ha sido el objetivo central de las políticas defendidas por los socialistas en las economías capitalistas de todo el mundo. Pero para que la libertad y la democracia se realicen plenamente, no basta con domesticar el capitalismo. Hay que superarlo".
Para este autor, históricamente el anticapitalismo estuvo animado por cuatro lógicas de resistencia diferentes: las de destruir el capitalismo, domesticar el capitalismo, escapar del capitalismo y erosionar el capitalismo, lógicas que coexisten y se entremezclan, mientras propone una estrategia que combine “domesticar y erosionar” el capitalismo para superar sus consecuencias sociales y ambientales. Domesticar son las políticas socialdemócratas, erosionar es favorecer las antiguas y nuevas formas de producción colaborativa.
Estos proyectos de democracia social no se oponen a mejoras de la condición social de las mayorías en el marco del capitalismo, pero se proponen reestructurar la economía en su conjunto en el largo plazo, avanzando hacia un sistema que combine la propiedad pública, las cooperativas de trabajadores y diversas formas de propiedad sin fines de lucro o con fines combinados, con un sector de propiedad privada con fines de lucro importante pero que no determina la orientación de la economía y de las relaciones sociales. Se plantean como una corriente que acepta la posibilidad de que las realidades políticas y económicas hagan que alcanzar el nivel de socialdemocracia de la Suecia de los 70 sea lo máximo factible a mediano plazo. Pero, al mismo tiempo, constatan que donde los socialdemócratas ven un punto final, con logros que se han erosionado tarde o temprano por un poder económico que permanece con capacidad de producir regresiones sociales, mantienen el ideal de desplazar el predominio capitalista, aunque preservando espacios significativos de economía privada regulada, pero avanzando en la superación progresiva del trabajo asalariado subordinado y ampliando la socialización de una parte significativa de la inversión, los ingresos y diversas actividades económicas en una economía mixta. Terminar con el trabajo asalariado subordinado supone pasar del «a cada cual según su trabajo» al «de cada cual según sus capacidades a cada cual según sus necesidades», entendidas las primeras como el trabajo cooperativo y las segundas como las socialmente determinadas. En palabras de Olin Wright:
"Las cooperativas de trabajo son una auténtica utopía que surgió junto al desarrollo del capitalismo. Tres importantes ideales emancipatorios son la igualdad, la democracia y la solidaridad. Todos ellos se ven obstaculizados en las empresas capitalistas, donde el poder se concentra en manos de los propietarios y sus sustitutos, los recursos internos y las oportunidades se distribuyen de forma muy desigual y la competencia socava continuamente la solidaridad. En una cooperativa de trabajo, todos los activos de las empresas son propiedad conjunta de los propios empleados, que también gobiernan la empresa de forma democrática, con una sola persona y un solo voto. En una cooperativa pequeña, este gobierno democrático puede organizarse en forma de asambleas generales de todos los miembros; en cooperativas más grandes, los trabajadores eligen consejos de administración para supervisar la empresa…Tienen el potencial de contribuir a erosionar el dominio del capitalismo cuando amplían el espacio económico en el que pueden operar los ideales emancipatorios anticapitalistas. Las agrupaciones de cooperativas de trabajadores podrían formar redes; con formas adecuadas de apoyo público, esas redes podrían extenderse y profundizarse para constituir un sector de mercado cooperativo; ese sector podría –en ciertas circunstancias– expandirse para rivalizar con el dominio del capitalismo."
Se aproximan a esa formulación el sector social y solidario actualmente existente, que se ha desarrollado a lo largo del tiempo y que representa el 6% del empleo en la Unión Europea y el 6,5% en Estados Unidos («non profit private organizations») y el 10% ddel PIB en Francia. Se agregan a estos esquemas distintos de la lógica capitalista -promovida por el liberalismo económico- la educación y atención de salud universales y gratuitas y la variedad de transferencias monetarias y subsidios a las familias con hijos y a los grupos de menos ingresos o los aportes condicionados a la búsqueda de empleo.
La producción colaborativa entre iguales que ha surgido en la era digital tiene, por su parte, como ejemplo más conocido el de Wikipedia, en el dominio del conocimiento. Esta fórmula dejó atrás un mercado tricentenario de enciclopedias (ahora es casi imposible producir una enciclopedia de propósito general comercialmente viable). Wikipedia es producida de forma totalmente no capitalista por cientos de miles de editores no remunerados de todo el mundo que contribuyen al patrimonio mundial y la ponen a disposición de todo el mundo de forma gratuita. Se financia mediante una especie de economía del regalo que proporciona los recursos de infraestructura necesarios. Wikipedia es heterogénea, con entradas de alta calidad y otras muy insuficientes, pero es un ejemplo de cooperación a gran escala, altamente productiva y organizada sobre una base no capitalista.
Algunos autores toman las distinciones de Fernand Braudel sobre los tres pisos de la economía para postular que el capitalismo puede ser superado en un proceso de cambios estructurales si se refuerza y regula con sentido de interés general los dos primeros pisos de la economía -el piso de la economía de subsistencia y de intercambios simples de la economía familiar y cooperativa y el piso de los intercambios monetarios de mercados desconcentrados y descentralizados- y se restringe el tercer piso (Laville, 2004; Viveret, 2013). Y que es posible concebir una sociedad en la que el capitalismo, el tercer piso, deje de ser dominante, pero no reemplazado por decreto mediante la centralización económica en manos del Estado, sino en un proceso evolutivo.
En la interpretación de Burlamaqui (2020), ya Joseph Schumpeter tenía en mente una definición específica de socialismo vinculada a su teorización de la “socialización de la inversión”:
"La definición de socialismo de Schumpeter no se centra en la expropiación estatal de los medios de producción ni en la erradicación de la propiedad privada, sino más bien en su socialización, lo cual implica esencialmente rediseñar las fronteras y los modos de interacción entre las esferas privada y pública."
Este rediseño de fronteras con una socialización de la inversión pero sin planificación central de precios y cantidades, es lo que ha ido ocurriendo en China desde la década de 1980 con un éxito económico considerable, pero con el también considerable problema de sostenerse en un régimen de partido único. Desde 2014 se ha convertido en la segunda mayor economía nacional, el mayor exportador y fabricante de manufacturas, el poseedor del mayor superávit en cuenta corriente del mundo, titular de la mayor cantidad de reservas internacionales y también del fondo soberano más grande, con la tasa de crecimiento del PIB más rápida de cualquier nación en las últimas dos décadas, un ritmo de modernización tecnológica acelerado y uno de los conjuntos de políticas que le ha permitido sacar a millones de personas de la línea de pobreza cada año. Estos éxitos pueden atribuirse al papel emprendedor desempeñado por el Estado chino, que incluye la centralidad del crédito selectivo para la innovación y el desarrollo, el papel clave del Estado en orientar la innovación y la función estratégica otorgada a los bancos de inversión y desarrollo para proveer la financiación necesaria. Nada indica que este tipo de roles no puedan ser realizados también por Estados desarrollistas democráticos en otras realidades.
La Vía de Edgar Morin (2011), entre diversos otros autores, propone una orientación más amplia hacia lo que llama "una metamorfosis que incluya la simbiosis de las sociedades con la biosfera y la reconstrucción democrática", pasando de lo que denomina “policrisis” a un “nuevo comienzo” en base a una alianza entre individuos, comunidades y Estados. Sostiene que solo el pensamiento complejo, que sea capaz de enlazar disciplinas, escalas y dimensiones (física, biológica, social, ética), puede comprender y transformar la realidad, pues al reducirse a compartimentos se producen cegueras cognitivas que agravan los problemas que se pudiera pretender resolver. Propone una economía del “bien vivir” (prosperidad con sobriedad, circuitos cortos, eco-eficiencia, relocalización selectiva) que reintegre trabajo, cooperación y creatividad y mida el progreso por la calidad de vida y no por el PIB. Plantea una “vía política” en tres círculos concéntricos entre lo local, con democracia participativa y autogobierno; lo nacional-regional, con Estados capaces de regular mercados y garantizar derechos y lo planetario, con una gobernanza global solidaria mediante una ONU reforzada, tribunales ambientales y tributos a las transacciones financieras. Postula que sin una mutación de valores (solidaridad, autocontrol del consumo, cultura de paz) no habrá transición. Así, Morin defiende una "ecología de la acción" en que cada acto puede encadenarse con otros en procesos colectivos de cambio, con el trasfondo de una reforma educativa que enseñe a “vivir la complejidad" para conjugar ciencia, arte, ciudadanía y cuidado de sí mismo y de los otros. Es un llamado a una responsabilidad que deje de lado lo que denomina el catastrofismo paralizante y la fe ciega en el progreso técnico, mediante una confianza activa en el potencial creativo humano.
Thomas Piketty (2019, 2021) aboga en este sentido por un "socialismo participativo y descentralizado", que combine propiedad social, cogestión empresarial, fuerte progresividad fiscal y transparencia patrimonial global como base para una sociedad más equitativa. También propone contemplar la introducción de formas de democracia económica en las empresas maduras, con incidencia de los trabajadores en la orientación y resultados de su actividad y con una fuerte limitación de la herencia de activos económicos.
Una sociedad post-capitalista o parcialmente post-capitalista, debe, en todo caso, partir del capitalismo realmente existente y sus potencialidades de cambio y avanzar a nuevas articulaciones económicas e institucionales. Puede basarse en una economía mixta reforzada, con empresas autónomas y en competencia pero mejor reguladas social y ambientalmente, con o sin fines de lucro o con fines combinados. Esta debe estar en interacción con un Estado social, proveedor de redistribuciones equitativas de amplio espectro y de bienes públicos financiados con impuestos a las transacciones, los ingresos y los patrimonios sujetos al principio de progresividad.
El Estado social está llamado a asegurar, por razones de eficiencia y equidad en el funcionamiento económico, el acceso universal -y ya no solo selectivo según el nivel de ingresos de mercado- a la educación, la atención de salud, la vivienda y el urbanismo sostenibles, así como a sistemas de pensiones y redistribuciones tributarias y transferencias que permitan ingresos básicos universales a lo largo de la vida para proporcionar un nivel de vida modesto y sobrio, pero digno. Se debe resolver así el problema del hambre y uno de los daños del capitalismo: la pobreza y el desempleo en medio de la abundancia. Pero también amplía el potencial de erosión del dominio del capitalismo al canalizar los recursos hacia formas no capitalistas de actividad económica: una de las razones por las que las cooperativas de trabajo suelen ser frágiles es porque deben generar ingresos suficientes no sólo para cubrir los costos materiales de producción, sino también para proporcionar un salario básico a sus miembros. Si se garantizara un ingreso básico independientemente del éxito de la cooperativa en el mercado, las cooperativas de trabajo serían mucho más sólidas. Esto también significaría un menor riesgo para los préstamos de los bancos.
El post-capitalismo supone, si se entiende como redistribución del poder entre los ciudadanos, además de un régimen democrático pluralista y de libertades, con separación de poderes y descentralizado, un Estado económico con capacidades de moldear los mercados y realizar una "socialización compleja" de la orientación general de la economía. Este debe ser no solo regulador de los mercados para evitar depredaciones ambientales, abusos de monopolio y de las condiciones del trabajo. Debe asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de ahorro y de provisión de moneda y crédito para el financiamiento de largo plazo y el acceso a mercados y a transferencia tecnológica a todo el espectro de empresas. Además, debe proponerse asegurar, regulando las condiciones de trabajo y la demanda agregada, el trabajo decente y el pleno empleo. Su tarea debe ser estimular una innovación tecnológica al servicio de las necesidades humanas junto al apoyo a la resiliencia de los ecosistemas y a la preservación y expansión de los bienes comunes. Debe orientar en el largo plazo la diversificación productiva que distribuya mejor en los territorios las actividades y mejore las condiciones del vínculo con la economía internacional. Esto supone asegurar producciones estratégicas y, por lo tanto, gestionar empresas públicas selectivas, y sistemas amplios de innovación y desarrollo tecnológico. Y también introducir de modo progresivo, especialmente a través de impuestos a las grandes herencias bajo la forma de cesión de activos como forma de pago, lo que John Roemer (2020) llama una economía compartida:
"los mercados seguirían asignando recursos y las empresas seguirían acumulando utilidades, pero los trabajadores e inversionistas recibirían todos los ingresos de la empresa. Tras pagar el precio de mercado del trabajo (el salario) a los trabajadores y el precio del capital (la renta / tasa de interés) a los inversionistas, las utilidades se distribuirían a los trabajadores e inversionistas de manera proporcional a sus aportes a la empresa."
Una transformación productiva de largo plazo de este tipo requiere de políticas de estímulo de la producción de cercanía y los intercambios de reciprocidad del primer piso material de las sociedades (economía familiar e informal y economía social y solidaria), así como de los intercambios de mercado regulados y no asimétricos de un segundo piso económico (con producción y consumo sostenibles y con diversos agentes descentralizados y estatales) que incorpore el progreso técnico, las economías de escala y la articulación mutuamente beneficiosa en cadenas globales de suministro de bienes intermedios y finales.
Así, una alternativa a la privatización y mercantilización general de las actividades económicas y sociales es un proyecto democrático de transformación socializadora de la economía mediante el gobierno social y ecológico de los mercados y con formas mixtas de propiedad. Una sociedad post-capitalista democrática no podría incluir la centralización estatal de la economía, sino sostenerse en una economía mixta con un Estado regulador de los mercados, que organiza la cobertura social de los riesgos de desempleo, enfermedad y vejez sin ingresos y que es también inversor y productor estratégico, por lo que gestiona empresas estatales en algunos sectores y participaciones en empresas privadas para cautelar el interés nacional, pero que deja una autonomía normada a la gran mayoría de las empresas para tomar sus decisiones, ya sea que se orienten por los fines de lucro de sus dueños, los cooperativos de sus participantes, o los de interés general y de servicio público y solidario, o bien por fines mixtos. Por definición, no podría regirse por un régimen político de dictadura o de partido único, sino por uno democrático, con instituciones plurales, representativas y participativas basadas en la elección periódica de las autoridades por el pueblo.
Como se observa, este tipo de enfoques de superación del capitalismo no implica eliminar los mercados, sino preservarlos en los ámbitos en que son útiles para el incremento del bienestar de la sociedad en base a un poder estatal democrático que los intervenga social y ambientalmente, los haga más simétricos en materia de agentes intervinientes y por tanto competitivos en beneficio del consumidor. Tampoco implica eliminar las empresas con fines de lucro, siempre que estén sujetas a las regulaciones de interés general, no concentren la economía más allá de las necesidades de obtención de economías de escala ni se extiendan a los ámbitos sociales y personales en los que el lucro no debe existir (Sandel, 2013).
Mantener una igualdad efectiva de oportunidades y grados significativos de reciprocidad comunitaria supone en definitiva limitar la concentración del poder económico y construir un esquema regulatorio y tributario que no lleve al ahogo burocrático sino a uno que sea suficiente para lograr los objetivos de desconcentración de los mercados, protección de los consumidores, apoyo a la innovación y creatividad productiva, negociación colectiva equitativa de los salarios y condiciones de trabajo, desmercantilización de la provisión de los bienes públicos y de la preservación de los bienes comunes, distribución de ingresos básicos universales a lo largo de la vida para erradicar la pobreza, lo que supone sistemas tributarios con lógica de progresividad, de estímulo del incremento de las capacidades humanas y de promoción del ahorro y la inversión, preservando intercambios descentralizados que mantengan esquemas de competencia que beneficien a los usuarios y su bienestar. En todo caso, ampliar el funcionamiento de las esferas socializadas inevitablemente provoca una confrontación política recurrente con el poder económico oligárquico, que aspira a disminuir la injerencia pública y de las comunidades en la vida económica y de las empresas y que postula que solo así se maximiza el rendimiento de su capital, frecuentemente apoyado por un fuerte dominio mediático. Los enfoques de democracia social postulan que la democracia es el espacio y límite de su accionar, por lo que las sociedades post-capitalistas existirán o no según lo vayan determinando las mayorías sociales y electorales en cada nación y grupo de naciones. Y requerirán de la construcción de consensos y de aumentos sistemáticos tanto de las capacidades y probidad de las institucionales estatales como de las capacidades para cooperar en diversos ámbitos de las organizaciones económicas de mercado y las no capitalistas y sin fines de lucro.
Se orientan en este sentido emancipador los sistemas de ingresos universales, incondicionales y permanentes -como el de Alaska para redistribuir las regalías mineras o el de Nueva Zelandia para un ingreso igualitario para todos los adultos mayores- así como los diversos esquemas de vivienda social, transporte y urbanismo al margen del mercado. Esto incluye la idea de desmercantilizar la vivienda, de modo que el acceso a una casa segura, confiable y de buena calidad no dependa del salario y explorar caminos basados en la cooperación cotidiana, la ayuda mutua y nuevas formas de provisión colectiva. La socialización del cuidado es una de las banderas del feminismo socialista. En este punto, Hester y Srnicek recuperan la experiencia de las comunas soviéticas como un «momento notable de experimentación» frente al modelo de vivienda unifamiliar. La primera comuna de Moscú incluía cocinas colectivas, lavanderías compartidas y servicios públicos pensados para racionalizar el trabajo doméstico. La restauración de un modelo familiar conservador, junto con la restricción del aborto y el divorcio, desactivó esa primera tentativa de socialización del cuidado. La expansión del suburbio estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial supuso la consolidación de un modelo opuesto, con la vivienda unifamiliar como símbolo de éxito. La casa aparece como espacio de protección, pero privatizando el cuidado y fragmentando los lazos sociales. No es solo un activo económicos sino que induce la pasividad a través de distracciones individualizadas. En la actualidad, estas configuraciones habitacionales con electrodomésticos inteligentes, ambientes controlados por datos y objetos conectados se presentan como alivios al trabajo, pero en realidad operan como dispositivos para extraer ganancias, información y control. La casa se convierte, entonces, en el ancla de un presente sin horizonte, donde las rutinas de cuidado privatizado sostienen la reproducción social del capital con intersección entre clase, género y raza. En contraposición de propone el concepto de "lujo público" (Hester y Srnicek, 2024) como alternativa al lujo privado asociado al consumo exclusivo– a través de una infraestructura compartida, gratuita y de alta calidad que aligere la carga doméstica y eleve la calidad de vida. No se trata ya de acumular objetos en cada hogar, sino de generar servicios colectivos que devuelvan tiempo y energía a quienes hoy viven exhaustos.
En continuidad con su crítica a las soluciones individualizadas, Hester y Srnicek rechazan la idea de que el desigual reparto de tareas pueda resolverse únicamente ampliando la participación de las mujeres en el mercado laboral. Aunque reconocen efectos positivos –como mayor autonomía material o cierta reducción del trabajo doméstico–, advierten que esta estrategia equivale a «cambiar una forma de sujeción por otra», salvo que se acompañe de la reducción de la jornada laboral y el ingreso básico universal: «el futuro del trabajo...es el cuidado», sostienen los autores. también aparece con fuerza. En los países de altos ingresos, recuerdan, la alternativa para resolver las tareas domésticas oscila entre «una máquina costosa o una sirvienta barata».
¿Puede afirmarse, como Immanuel Wallerstein (2008) frente a la gran recesión de 2008-2009, que “el capitalismo llega a su fin”, pues “las posibilidades de acumulación real del sistema han alcanzado sus límites”? Su argumento es que
"el capitalismo, desde su nacimiento en la segunda mitad del siglo XVI, se nutre del diferencial de riqueza entre un centro en el que convergen las ganancias y periferias (no necesariamente geográficas) cada vez más empobrecidas".
Y esas periferias en Asia y América Latina crean ahora, en su visión, un desafío insuperable para la “economía-mundo” creada por Occidente, que ya no puede controlar los costos de la acumulación (los precios de la mano de obra y de las materias primas y los impuestos). Eric Hobsbawm (2008) expuso, por su parte, una reflexión más matizada sobre las causas y salidas a la crisis de 2008-2009 y el futuro del capitalismo:
"Tenemos los mismos incentivos que había en los '30: si no se hace nada, el peligro político y social es profundo y eso es, después de todo, la forma en que el capitalismo se reformó a sí mismo durante y después de la guerra, bajo el principio de ‘nunca más’ a los riesgos del 30...Creo que esta crisis está siendo más dramática por los más de 30 años de una cierta ideología ‘teológica’ del libre mercado, que todos los gobiernos en Occidente han seguido. Porque como Marx, Engels y Schumpeter han previsto, la globalización -que está implícita en el capitalismo- no sólo destruye una herencia de tradición sino también es increíblemente inestable: opera a través de una serie de crisis. Y esto está siendo reconocido como el fin de una era específica. Sin dudas, se hablará más de Keynes y menos de Friedman y Hayek. Todos están de acuerdo en que, de una forma u otra, habrá un mayor rol para el Estado. Ya hemos visto al Estado como el prestamista de última instancia. Quizás regresaremos a la idea del Estado como el empleador de última instancia, que es lo que fue bajo FDR (Franklin Delano Roosevelt) en el "New Deal" en Estados Unidos. Lo que sea, será un emprendimiento público de acción e iniciativa, que será algo que orientará, organizará y dirigirá también la economía privada. Será mucho más una economía mixta que lo que ha sido".
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