Los  principios de la economía

1. Definiciones

2. Los debates contemporáneos en economía

Resumen

1. Definiciones

La economía es una disciplina sujeta a visiones e interpretaciones diversas y respecto de la cual no existe una sola definición, sino las propias de distintas escuelas de pensamiento. En este texto la definimos como la disciplina de las ciencias humanas que estudia el modo en que las sociedades utilizan los recursos de los que disponen para producir, distribuir ingresos y consumir bienes y, así como sus consecuencias sobre el bienestar humano y los ecosistemas. Una definición sintética en un sentido similar es la de Edmund Phelps (1986), para quien

"la economía es el lugar en el que se combinan los deseos con los recursos para producir los bienes de los participantes. Dado que para ello se necesitan recursos, las posibilidades de producción de una economía dependen de su dotación de recursos".

Paul Krugman, Robin Wells y Kathleen Graddy (2022) postulan, asimismo, que:

"la Economía es la ciencia social que estudia la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios…Una economía es un sistema para coordinar las actividades productivas de la sociedad".

Aunque las primeras doctrinas económicas se remontan a la antigua China y a los filósofos griegos, lo medular de ellas ha sido enunciado en su forma moderna por autores hoy considerados clásicos como François Quesnay (1694-1774), Adam Smith (1723-1790) y David Ricardo (1772-1823) y su posterior crítico Karl Marx (1818-1883), y luego por autores denominados neoclásicos. Entre ellos se cuenta a Léon Walras (1834-1910), William Stanley Jevons (1835-1882), Alfred Marshall (1842-1924) y Arthur Cecil Pigou (1877-1959) y a autores posteriores de la llamada síntesis neoclásica como John Hicks (1904-1989) y Paul Samuelson (1915-2009) o de la escuela monetarista y neoliberal como Milton Friedman (1912-2006), Friedrich Von Hayek (1899-1992) y Robert Lucas (1937-2023). Las corrientes críticas o parcialmente críticas a sus fundamentos o a sus recomendaciones de política incluyen a autores como John Maynard Keynes (1883-1946), Karl Polanyi (1886-1964), Michal Kalecki (1899-1970), Joan Robinson (1903-1983), Nicholas Kaldor (1908-1986), Paul Sweezy (1910-2004), Elinor Ostrom (1933-2012), Amartya Sen (1933), Lance Taylor (1940-2022), Joseph Stiglitz (1943), Claudia Goldin (1946), Paul Krugman (1953), Daren Acemoglu (1967), Thomas Piketty (1971) o Esther Duflo (1972). Así, han existido y existen diferentes visiones sobre el objeto de la economía, los sistemas económicos deseables y las políticas económicas apropiadas. A su vez, las ideas económicas influyen en las sociedades contemporáneas y en sus decisiones pues, como afirmó en 1936 el economista británico John Maynard Keynes, “los hombres prácticos, que creen que están exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún difunto economista”. 

La objetividad en economía: ¿existen principios universales?

La producción mundial se multiplicó por 21,5 veces entre 1870 y 2010 (De Long, 2022), mientras entre 2010 y 2024, lo ha hecho en un 64% adicional. La pregunta sobre por qué ese enorme incremento de la producción ha ocurrido a distintos ritmos en distintos territorios, qué agentes son sus protagonistas, a qué grupos de la sociedad beneficia y qué consecuencias tiene sobre los ecosistemas, admite respuestas múltiples. Al examinar cualquier texto de economía se debe tener presente que no hay tal cosa como la plena objetividad en una materia en la que las dimensiones descriptivas, normativas y prescriptivas están entrelazadas y se producen los consiguientes debates entre las diversas escuelas económicas: ¿de dónde proviene la riqueza y cómo se define?; ¿qué actividades la crean, cuáles la extraen, cuáles la destruyen?; ¿cómo se define la eficiencia en la asignación de recursos y en la creación de riqueza?; ¿crea la eficiencia desigualdades?; ¿existen desigualdades injustas? Las respuestas a estas preguntas cruzan históricamente los debates sobre la economía. 

No existe en la teoría económica una progresión del conocimiento como en las ciencias naturales y lógico-matemáticas, sino controversias recurrentes sobre el análisis de los sistemas económicos, junto a avances y aportes en el diagnóstico de la evolución acelerada de la economía en el siglo XX y lo que va de siglo XXI. Esto no implica que no se deba utilizar todas las herramientas del método científico para considerar los hechos económicos metódicamente, sin excluir a priori hipótesis de interpretación de relaciones de causalidad entre variables y procurando que los juicios de hecho no estén influenciados indebidamente por los juicios de valor. No obstante, al no existir una "ciencia positiva" que explique con un grado razonable de acuerdo cómo las cosas funcionan en la economía o cómo debieran funcionar, no se puede establecer la superioridad abstracta de uno u otro sistema de organización económica de la sociedad, sino más bien exponer con el mayor rigor posible sus ventajas y desventajas respectivas. Tampoco se infiere de la disciplina de la economía recomendaciones únicas de política o de acción colectiva o individual. 

Las ciencias humanas y sociales son construcciones intelectuales que están influenciadas por los contextos en que se elaboran y sus creadores no dejan de tener sistemas de ideas y valores que los influencian. En esas ciencias existe un aspecto descriptivo sustentado en teorías y métodos de búsqueda y tratamiento de la información para explicar hechos, y uno prescriptivo, sobre los modos de intervenir en el devenir de la sociedad y sus evoluciones, sin poder exonerarse de juicios de valor propios del autor o de la cultura de su época. Esto ocurre incluso cuando la investigación se organiza alrededor de la observación de hechos cuantificables, con un uso avanzado de métodos de inferencia estadística o, en el caso de la teorización hipotético-deductiva, con una formalización matemática avanzada en la construcción de modelos de comportamiento y de relaciones causales. Es pertinente reconocer que no es posible separar totalmente el análisis positivo (como funcionan las cosas) y la dimensión normativa (como debieran funcionar deseablemente las cosas). Los adherentes a unas u otras opciones de organización de la sociedad en el mundo actual discuten frecuentemente, sin llegar a acuerdo, según una determinada “función objetivo”, una expresión matemática que representa el objetivo que se quiere maximizar o minimizar en un problema de optimización y que depende de una o más variables, y cuyo valor cambia según los valores que tomen esas variables dentro de un conjunto de restricciones o condiciones. La función objetivo define qué se quiere lograr en un modelo formal: maximizar bienestar, minimizar costos, maximizar beneficios o estabilizar variables. Pero eso requiere definiciones previas sobre la sociedad en que se quiere vivir.

Joseph Schumpeter (1954) propuso diferenciar el análisis económico –que debiera provocar menos controversias duraderas- y las visiones del proceso económico, en las que necesariamente se expresa una diversidad mayor de puntos de vista. En efecto, el análisis económico debe evitar comenzar con las conclusiones de política deseadas y luego elaborar hacia atrás para encontrar argumentos que las respalden, tratando cualquier restricción como evidencia de una comprensión insuficiente en lugar de una limitación genuina. Con frecuencia existe algún grado de acomodo de los hechos que se investigan con la visión valorativa más general que cada autor o grupo de autores tiene sobre ellos. Esto refleja que es infrecuente la neutralidad en las ciencias humanas, al no poder separarse sino parcialmente el sujeto (el investigador) y el objeto de estudio (individual o social) y distinguir entre los juicios de hecho y los juicios de valor. Este es un esfuerzo indispensable en el uso del método científico, siempre sujeto a refutación, pero se debe tener presente que no se separan completamente y más vale reconocerlo y declararlo. No se puede hacer abstracción desde dónde se formulan las hipótesis de relaciones causales y se obtiene conclusiones, especialmente cuando existen eventuales conflictos de interés explícitos o implícitos que también deben ser reconocidos y en su caso declarados. Bowles y Carlin (2020) sostienen que, no obstante, se debe procurar que los modelos de análisis económico utilizados sean "una aproximación suficientemente buena a la economía empírica", a la vez que

"los paradigmas exitosos de política combinan un conjunto de valores éticos con un modelo respecto a como funciona la economía, una de cuyas propiedades es que perseguir esos valores éticos contribuya al desempeño de la economía tal como está representada en el modelo".

La simplificación de la economía que ofrece Gregory Mankiw en su manual de economía, el más difundido actualmente, a través de lo que denomina "10 principios de la economía", es necesariamente materia de controversia. Estos principios serían de acuerdo a este autor:

"1: Las personas enfrentan disyuntivas.

2: El costo de algo es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo.

3: Las personas racionales piensan en términos marginales.

4: Las personas responden a los incentivos.

5: El comercio puede mejorar el bienestar de todos.

6: Los mercados son por lo general un buen mecanismo para organizar la actividad económica.

7: Los gobiernos pueden mejorar algunas veces los resultados del mercado.

8: El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios.

9: Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan.

10: La sociedad enfrenta, a corto plazo, una disyuntiva entre inflación y desempleo".

Cuatro de estos principios son proposiciones descriptivas que subrayan la existencia de recursos escasos (principios 1, 2, 5 y 8). No obstante, esta no es la única realidad que debe ser analizada por la teoría económica, la que también debe incluir de modo privilegiado las causas del no uso de recursos escasos. Como señala Paul Krugman (2023):

"algunos textos de estudio de economía solían definir su dominio como la 'ciencia de la escasez'. A lo mejor algunos siguen haciéndolo. Pero esto es en realidad muy equivocado. Parte de la economía más útil incluye decirle a la gente que no necesita conformarse con menos -por ejemplo que no tenemos por qué aceptar simplemente que las recesiones son un hecho de la vida, que podemos y debemos combatirlas con una política monetaria y fiscal expansiva. Sin embargo, una buena parte de la economía si incluye explicar límites y restricciones -por ejemplo, que no se puede sostener un sistema de beneficios sociales de estilo danés sin algo como el estilo danés de tasas de impuestos. Pero aceptar la necesidad de opciones duras se puede transformar en un tipo de trampa en sí misma. Se puede llegar a pensar que todo el mundo está siempre buscando respuestas fáciles, pero no es así como funcionan las cosas: en algunos contextos profesionales se obtiene puntos reputacionales sonando realista y de mente fuerte (...). Como resultado, algunos economistas y comentaristas económicos parecen exultar prescribiendo medicina económica dura (para otra gente, por supuesto). Después de la crisis de 2008, la economía de Estados Unidos sufrió significativamente en manos de Gente Muy Seria que moralizó sobre la deuda frente a un persistente alto desempleo".

Otros de los principios enunciados por Mankiw son postulados normativos que expresan una visión particular sobre la conducta de las personas en sus decisiones de consumo y de uso de los recursos de que disponen (3 y 4), basadas en la idea de una prevalencia extensiva de la racionalidad en la conducta humana. Como no esto no se verifica plenamente en el mundo real, no es compartida por muchos otros economistas, como en su momento Thorstein Veblen y John M. Keynes, y luego Herbert Simon (1982), Daniel Kahneman (2012), Richard Thaler (2015), George Akerloff y Robert Schiller (2016), todos ellos acreedores del premio de economía en homenaje a Alfred Nobel, que ponen el acento en la racionalidad limitada de los agentes económicos. En palabras de Henrich et.al (2005), cabe tomar en cuenta que:

"Cientos de experimentos en decenas de países, utilizando diversas estructuras de juego y protocolos experimentales, han sugerido que, además de sus propias recompensas materiales, los sujetos se preocupan por la equidad y la reciprocidad, y están dispuestos a sacrificar sus propios beneficios para modificar la distribución de resultados materiales entre otros, a veces premiando a quienes actúan de forma prosocial y castigando a quienes no lo hacen. El escepticismo inicial acerca de estas evidencias experimentales ha disminuido a medida que estudios posteriores, con altas apuestas y abundantes oportunidades de aprendizaje, han fracasado repetidamente en alterar estas conclusiones fundamentales. Esta multitud de experimentos diversos plantea un poderoso desafío empírico a lo que llamamos el axioma del egoísmo: la suposición de que los individuos buscan maximizar sus propias ganancias materiales en estas interacciones y esperan que los demás hagan lo mismo".

Otros principios de Mankiw son simplificaciones ampliamente controvertidas sobre las virtudes supuestas de los mercados en la asignación de recursos y el rol de los gobiernos. Diversas corrientes en el pensamiento económico subrayan que el principio 6 de Mankiw (“los mercados son por lo general un buen mecanismo para organizar la actividad económica”) es materia de controversia. En su Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero (1936), Keynes subrayó que "los más notorios defectos de la sociedad económica en la que vivimos son su fracaso en proveer el pleno empleo y su arbitraria e inequitativa distribución de la riqueza y los ingresos". Joseph Stiglitz (2003), también premio Nobel, concluye incluso que

"hoy en día no hay apoyo intelectual razonable para la proposición de que los mercados, por sí mismos, generan resultados eficientes, mucho menos equitativos (...) Siempre que la información resulta imperfecta o los mercados están incompletos -es decir, en esencia todo el tiempo-, las intervenciones que se dan en principio mejorarían la eficiencia de la asignación de recursos".

Postular que los mercados se autoregulan y canalizan de manera óptima la interacción humana en materia de asignación de recursos (Hayek, 1988), es una construcción normativa que no se remite a lo que la economía es sino a lo que a los autores liberales les gustaría que la economía fuera, de acuerdo a Albert O. Hirschmann (2014). Es un enfoque que no considera que los mercados están sujetos a relaciones asimétricas entre los agentes de la producción y a una tendencia a la concentración de la riqueza provocada, además de la apropiación por la violencia y la subordinación del trabajo, por el efecto de las economías de escala y de las asimetrías de información. Buscar el interés colectivo se reduce para los que comparten el enfoque liberal de defensa de los mercados a eliminar la intervención del gobierno en las decisiones económicas, procurar que exista libre competencia y que la adquisición de activos incluya procedimientos no basados en la coerción ilegítima. A la no consideración de los efectos distributivos y ambientales de la actividad económica, de la desigualdad de género y otras discriminaciones y dominaciones, se agrega que los modelos neoclásicos convencionales de aproximación al funcionamiento de los mercados no logran describir adecuadamente su dinámica, alejada de toda tendencia inmanente al equilibrio. 

Una parte importante de los economistas sostiene que existe un rol indispensable de las acciones colectivas y de la política pública, en vez de la afirmación minimalista del principio 7 (“los gobiernos pueden mejorar algunas veces los resultados del mercado”). Diversos autores ponen el acento en la importancia de corregir las "fallas de mercado", como las mencionadas externalidades -los impactos más allá de las transacciones bilaterales de mutua conveniencia entre agentes económicos que llevan a subsidiar los impactos positivos (como la difusión del conocimiento) y encarecer los impactos negativos (como las contaminaciones ambientales) más allá del equilibrio de mercado para alcanzar un óptimo social- además de financiar bienes públicos, aquellos que no tienen costo marginal y son de consumo colectivo y por tanto escapan a la esfera del mercado (como las funciones públicas básicas y las infraestructuras). 

Por otro lado, muchos precios resultan de manipulaciones de los productores sobre el bien que ofrecen y de la disponibilidad a pagar que logran crear en los consumidores, especialmente en el caso de los productos de prestigio y de marca por los que se cobra mucho más que su costo de producción y una rentabilidad usual. No es casual que otros dos premios Nobeles de economía, George Akerlof y Robert Schiller, titularan un libro como La Economía de la Manipulación (2016), que describen como: 

"un fenómeno general que ocurre siempre que la gente tenga debilidades informacionales o sicológicas que puedan ser explotadas rentablemente -o siempre que estas debilidades puedan ser creadas rentablemente". 

Estos y otros autores consideran que los mercados por si solos no maximizan el interés general y que el capitalismo, basado en la concentración de los mercados, constituye un sistema económico inestable (Minsky, 1982), socialmente inequitativo (Piketty, 2013) y ambientalmente depredador (Passet, 1979).

Por ello, los gobiernos se involucran ampliamente en políticas de promoción del crecimiento y del bienestar, así como de mejoramiento de la equidad social y la seguridad económica de las personas y familias, junto a proteger el ambiente y la resiliencia de los ecosistemas. El gasto público representaba en promedio un 43% del Producto Interior Bruto en 2023 en los países de la OCDE y el gasto público social un 21% del PIB. Paul Krugman (2025), otro premio Nobel, ha señalado en este sentido que el gran auge económico de la posguerra en el siglo XX en Estados Unidos, por ejemplo, no debiera haber ocurrido según los criterios liberales de no intervención del Estado a los que adhiere Mankiw. Si se postula

"que la tributación progresiva destruye los incentivos, no puedes entender cómo la economía pudo haber funcionado tan bien durante un período en el que la tasa marginal más alta de impuestos nunca estuvo por debajo del 70%. Si crees que los sindicatos son perjudiciales para la economía, no puedes entender cómo prosperamos cuando una cuarta parte o más de los trabajadores estadounidenses estaban sindicalizados. Y si crees que los aranceles son la clave de la prosperidad, no puedes entender cómo nos fue tan bien durante un período en el que rondas sucesivas de negociaciones comerciales redujeron los aranceles de manera constante. ¿Qué salió bien? Nadie lo sabe con certeza, pero la mejor suposición es que, en la relativa estabilidad del entorno de la posguerra, las empresas pudieron aprovechar plenamente tecnologías ya existentes como la electrificación y el motor de combustión interna. El punto clave es que las políticas pro-laborales y redistributivas de la era posterior al New Deal no parecen haber obstaculizado ese éxito. Y si tu ideología dice que eso no pudo haber ocurrido, deberías reconsiderar tu ideología."

En palabras de Jeffrey Sachs (2021):

"un gobierno fuerte es necesario para garantizar una distribución justa de los ingresos (en la que nadie quede atrás) y para superar las "fallas del mercado", incluidas las amenazas al medio ambiente, el poder monopólico, la subinversión en la generación de conocimientos y la provisión eficiente de bienes públicos".

Muchos economistas sostienen en esta línea que los mercados requieren de un Estado regulador que al menos cautele la expansión de la demanda agregada y la estabilidad de la moneda y las finanzas en escala nacional y global, así como la creación de ventajas comparativas dinámicas y module las condiciones del comercio, la competencia, la inversión de capital y la provisión de fuerza de trabajo, junto a la sostenibilidad ambiental. Sostienen que existe, además, un rol insustituible para un Estado proveedor de bienes públicos como la seguridad, las infraestructuras, la ciencia y el conocimiento, así como de bienes como la educación, la salud y formas de seguridad social y de acceso al crédito dadas las "fallas de mercado" en la materia. Se requiere también de un Estado redistribuidor para asegurar los grados de equidad distributiva que las sociedades decidan y el acceso a un mínimo de bienes indispensables para el bienestar humano básico.

Por su parte, los principios de Mankiw sobre las fluctuaciones de precios, la actividad y las políticas económicas (9 y 10), son controvertidas desde la época de la economía clásica y no expresan necesariamente las disyuntivas que enfrentan los gobiernos en materia de política monetaria, fiscal y de ingresos por sus efectos sobre la inflación y el empleo, como subraya Peter Boefinger (2021). Hitos en la materia son la depresión de 1929, la gran recesión de 2009 y la reciente crisis de la pandemia, en la que, siempre de acuerdo a Joseph Stiglitz (2023),

"una vez más, la relación macroeconómica estándar entre inflación y desempleo –expresada en la curva de Phillips– no se confirmó. Esa “teoría” ha sido una guía poco confiable durante gran parte del último cuarto de siglo, y así lo fue nuevamente esta vez. Los modelos macroeconómicos pueden funcionar bien cuando los precios relativos son constantes y los cambios importantes en la economía giran en torno a la demanda agregada, pero no cuando hay grandes cambios sectoriales y cambios concomitantes en los precios relativos."

Las corrientes no ortodoxas postulan que el capitalismo, con su lógica de maximización del excedente privado, ha perdurado porque es un sistema económico que absorbe las innovaciones tecnológicas y, al globalizarse, construye sistemas de abastecimiento de insumos y economías de escala que ofrecen condiciones de producción que minimizan costos y precios y pueden satisfacer las demandas de consumo monetariamente solventes. Y que en algunas etapas históricas ha sido capaz de articular las condiciones de la producción y el consumo masivo, mientras se desenvuelve creando y reproduciendo centros y periferias a conveniencia de las cadenas globales de valor que las empresas capitalistas dominan. Postulan que esta dinámica ha permitido a diversas sociedades periféricas aumentar la productividad del trabajo, los empleos y los ingresos medios, aunque siempre en condiciones de heterogeneidad de agentes y de resultados económicos que conducen a sociedades duales y fragmentadas. Consideran que, si bien las tensiones y luchas sociales que crea el capitalismo han llevado a la emergencia de Estados de bienestar y a la generalización de economías mixtas -aunque con distintas capacidades de atender las necesidades de las mayoría sociales, de redistribuir recursos y de lograr adaptaciones a la división internacional del trabajo- su impacto en las sociedades provoca conflictos de interés sistémicos. La maximización del rendimiento del capital no solo crea resistencias sociales y culturales que los obligan a adaptarse y a aceptar mecanismos de provisión de bienes públicos y de regulación social y ambiental de los mercados de bienes y de factores de producción, sino que también suscita con diversas intensidades una demanda por transformaciones sociales orientadas a redistribuir activos e ingresos y preservar los ecosistemas.

A su vez, el punto 8 ("el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios") es una tautología poco explicativa. La capacidad de producción está vinculada a la dotación y distribución de recursos en cada sociedad y su posición en los sistemas de centros y periferias en escala global. Diversos autores, como Thomas Piketty (2021), consideran central en la dinámica económica contemporánea la diferenciación de los ingresos y de los niveles de vida por categorías y posiciones sociales. Otros agregan, como Daren Acemoglu y Simon Johnson (2023), que los aumentos de la productividad (la capacidad de producir bienes por hora trabajada) basados en la inteligencia artificial y la automatización, se pueden traducir en disminuciones en los salarios reales de los que vive la mayoría de los perceptores de ingresos y resultan así empobrecidos. El nivel de vida de un país no puede interpretarse sin la respectiva distribución de los ingresos y de las oportunidades de bienestar y, además, sin los efectos de la actividad económica sobre la resiliencia de los ecosistemas.

Ann Pettifor (2025) argumenta que las posturas de la ortodoxia neoclásica como las enunciadas por Mankiw inspiran una posición política:

"Asómese a los austeros pasillos de cualquier banco central, departamento de economía o tesorería financiera en cualquier parte del mundo, y encontrará a los verdaderos poderes detrás de cualquier trono: tecnócratas que favorecen los mercados privados sobre los públicos; que prefieren el gasto privado al gasto público y la austeridad al pleno empleo y la prosperidad...Muchos tecnócratas se forman con economistas ortodoxos de la Escuela de Economía de Chicago, o se ven influidos por ella. Al igual que el más prominente de los monetaristas —Milton Friedman— la mayoría considera que la democracia está sobrevalorada y constituye una amenaza potencial para el funcionamiento eficiente del orden de mercado. De hecho, deben su poder sobre la economía global a la ideología hayekiana y friedmaniana: a saber, que la democracia distorsiona la economía capitalista; que los mercados son mejores que la democracia para la toma de decisiones; que el comercio internacional debe ser “libre”; que el gasto público desplaza al gasto privado y debe recortarse drásticamente para restablecer la estabilidad de la economía de mercado. Que las instituciones monetarias deben mantenerse apartadas de las instituciones fiscales; que la contracción fiscal debe ser amplificada por el endurecimiento monetario. Y, finalmente, que la inflación es un dragón que debe ser abatido con políticas deflacionarias, y que la manera de hacerlo es incrementar las tasas de interés —y endurecer las condiciones de crédito— sin importar el estado de la economía ni los niveles de deuda pública y privada".

Los manuales con enfoques llamados "heterodoxos" como, entre varios, los de Daly y Cobb (1993), Chang (2015) o Fischer y otros (2018), ponen el acento en las interacciones sociales y el rol de las instituciones para explicar el proceso económico y sus consecuencias distributivas y ambientales. Se puede enunciar en este enfoque las siguientes proposiciones principales de la economía:

1: Los bienes económicos son los que no están inmediatamente disponibles para ser consumidos por las personas para satisfacer sus necesidades y deseos y requieren ser producidos, lo que ocurre en entidades de distinto tamaño y fines, ya sea con fines de lucro o con fines públicos o comunitarios, bajo diversas formas de división del trabajo y de distribución de ingresos.

2. Las estructuras económicas combinan mercados descentralizados con múltiples oferentes y demandantes, mercados concentrados con asimetrías de poder y mecanismos fuera de mercado de intercambio familiar y comunitario basados en la reciprocidad, junto a instituciones estatales que emiten moneda y establecen regulaciones de los intercambios o bien reasignan recursos emanados de los intercambios de mercado.

3: Una parte de la sociedad obtiene, o complementa, sus ingresos con los rendimientos o rentas que provienen de la posesión y uso de un capital acumulado. El capitalismo es el sistema basado en la acumulación privada ilimitada de capital. La mayoría de las personas solo tiene su fuerza de trabajo para procurar acceder a bienes económicos, ya sea a cambio de un salario pagado por un agente económico -que no siempre refleja su aporte al valor de la producción- o mediante el autoempleo independiente.

4. La demanda agregada de familias y empresas puede ser menor a la capacidad existente de producir bienes y provocar desempleo (si es mayor puede provocar inflación de precios), por lo que el gobierno la aumenta (o disminuye) con déficits (o excedentes) fiscales y mediante cambios del costo del crédito a las empresas y personas. En algunas coyunturas, las economías enfrentas disyuntivas de mayor inflación o mayor desempleo.

5: Los países buscan abastecerse de los bienes de los que no disponen o que pueden importar a precios inferiores a aquellos que sus consumidores y productores pagarían si se produjeran al interior de sus fronteras, más allá de las opciones de las naciones por producir aquellos bienes que consideran necesarios para su autonomía. Los países requieren desarrollar capacidades de exportación de bienes y servicios o de importación de capital para obtener las divisas que les permitan adquirir lo que importan.

6: El nivel de vida promedio de los países y territorios está condicionado por su posición en la división internacional del trabajo y evoluciona según su capacidad de producir bienes económicos al mínimo costo dados los recursos disponibles. Crece a la par de la productividad del trabajo y del capital público y privado acumulado en infraestructuras y capacidades humanas.

7: Los gobiernos regulan las actividades y el funcionamiento de los mercados de bienes y de factores de producción, emiten moneda de curso legal, cobran impuestos y producen y/o suministran bienes a la población, en modalidades y magnitudes que pueden incentivar o desincentivar la cohesión social, el trabajo, el ahorro y la contribución de las distintas categorías sociales al bienestar de las sociedades.

8: Los gobiernos subsidian total o parcialmente el suministro de bienes demandados que de otro modo no estarían disponibles o no lo estarían en cantidad suficiente, dados los recursos disponibles, como la protección territorial soberana, la seguridad, el conocimiento, las infraestructuras, los equipamientos y servicios urbanos y la preservación de los bienes comunes naturales o culturales. Son bienes que suelen no tener un costo adicional por usuario, por lo que no tiene justificación cobrar individualmente por ellos, o no es posible hacerlo.

9. Los gobiernos subsidian total o parcialmente, y en algunos casos obligan a consumir, los bienes que tienen efectos positivos sobre terceros y cuyo precio de mercado limita su oferta, como la difusión de la innovación tecnológica y los servicios de educación y de atención de salud. También establecen y regulan seguros que cubren riesgos y que suelen tener asimetrías de información entre oferentes y demandantes que impiden o limitan su oferta, varios de los cuales sostienen los ingresos de las personas ante situaciones como la enfermedad, la discapacidad o el desempleo.

10: Los gobiernos prohiben, limitan o encarecen las transacciones de mercado que provocan efectos negativos sobre terceros y en que los causantes no pagan por ellos de no mediar la acción pública, como las contaminaciones y la depredación de recursos naturales, con el objetivo de preservar la salud humana y la resiliencia de los ecosistemas.

Las principales escuelas económicas

La pluralidad de enfoques en el pensamiento económico emana de manera directa o mediada de la propia pluralidad de las sociedades y de los intereses individuales y grupales que interactúan en ellas. 

Adam Smith, a partir de su obra La Riqueza de las Naciones (1776), es considerado como el autor fundacional de la economía clásica. La define como un instrumento para la toma de decisiones públicas (de ahí la denominación de la disciplina como economía política, que se ocupa de sus efectos en la polis) y postuló que

"la economía política, considerada como una rama de la ciencia de un hombre de Estado o de un legislador, se da dos objetivos: primero, procurar a las personas ingreso y subsistencia, o más exactamente permitirles procurarse a sí mismos ingreso y subsistencia; segundo, proveer al Estado un ingreso suficiente para los servicios públicos”. 

Para Smith, el valor de uso de los bienes y servicios producidos define la naturaleza de la riqueza, mientras es el trabajo el que está en el origen de la riqueza y sirve para medir el valor de intercambio de los bienes. Su visión de la economía de mercado es que tiende a la mejor asignación posible de los recursos a través de la idea de una "mano invisible", la de las interacciones descentralizadas, con un rol para el Estado de mantención del orden, la defensa y las obras públicas: 

"No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés (...). Ninguno por lo general se propone originariamente promover el interés público (…), sólo piensa en su ganancia propia; pero en éste y en muchos otros casos es conducido, como por una mano invisible, a promover un fin que nunca tuvo parte en su intención."

No obstante, Smith no tenía una apreciación idealizada de las empresas y sus dueños: 

“puede decirse que la caprichosa ambición de algunos tiranos y ministros, que en algunas épocas ha tenido el mundo, no ha sido tan fatal al reposo universal de Europa como el impertinente celo y envidia de los comerciantes y fabricantes”.

David Ricardo propuso en Principios de la Economía Política (1817) una definición centrada en las cuestiones distributivas: 

“El producto de la tierra, es decir todo lo que se retira de su superficie por el uso conjunto del trabajo, de las máquinas y del capital, es repartido entre tres clases de la comunidad: los propietarios de la tierra, los que detentan el fondo o capital necesario para su explotación, y los trabajadores que la cultivan (…). Determinar las leyes que gobiernan esta repartición constituye el principal problema en economía política”. 

Karl Marx, en su crítica a la economía política de su época, sostuvo (1859) que la economía es parte de la estructura de la sociedad: 

“en la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad (…). El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general”. 

En El Capital (1867) desarrolló una teoría de la crisis del modo de producción capitalista y concluyó que "la producción capitalista no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción más que minando al mismo tiempo las fuentes de las que mana toda riqueza: la tierra y el trabajador". 

El enfoque neoclásico, en cambio, definió a la economía como el estudio de la toma de decisiones frente a la escasez, al margen de los intereses materiales contradictorios existentes en la sociedad. Siguiendo a Léon Walras (1874), para quien "el valor de cambio es un hecho natural, más aún, un hecho físico-matemático", Lionel Robbins (1935) postuló que la economía es "la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos", agregando que "la economía es enteramente neutral respecto a los fines…en tanto cualquier fin depende de medios escasos”. 

Diversos autores neoclásicos se han alejado en parte de la formulación de Robbins, al introducir la noción de sociedad en el estudio de la economía. Para el autor del manual de orientación neoclásica más célebre, Paul Samuelson (primera edición en 1948, con William Nordhaus desde 1985, siendo la última edición de 2009), la economía es “el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos”. Bernard Frank y Ben Bernanke et.al (2003, última edición 2024) definen a la economía como el “estudio de la forma en que los individuos eligen en condiciones de escasez y de las consecuencias de esas elecciones para la sociedad”. El difusor actualmente más leído de la escuela neoclásica, Gregory Mankiw (1997, última edición 2024), también introduce la noción de sociedad en la definición de su manual: la economía "es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos escasos". Estas definiciones aciertan al incluir a la sociedad como el continente de las interacciones económicas de los individuos y, en el caso de Samuelson y Krugman, también la distribución de los frutos de la producción, aunque el énfasis sigue estando en la noción de escasez y en la conducta de maximización del interés individual. 

Por su parte, el tratamiento neoclásico de los temas distributivos se basa en un primer teorema de la economía del bienestar, que postula que: “el mercado en condiciones de competencia perfecta lleva a un resultado eficiente”, mientras un segundo teorema señala que “cualquier resultado eficiente que la sociedad quiera (por razones de equidad) puede obtenerse sin sacrificar la eficiencia, siempre que haya instrumentos de redistribución no distorsionantes”. Así, se separa la eficiencia lograda por los precios de mercado de la equidad, lograda si se reasignan dotaciones iniciales de factores de producción mediante transferencias de renta y riqueza y luego se deja que el mercado funcione libremente para alcanzar la combinación deseada de eficiencia y distribución equitativa.

La corriente neoclásica asume que existen situaciones en que los mercados están interferidos por monopolios y oligopolios -uno o pocos productores- en la oferta de bienes (o monopsonios y oligopsonios en su compra), o bien por una "competencia monopolística" (basada en la diferenciación de productos y el uso de marcas), siguiendo a Joan Robinson (1933) y  Edward Chamberlin (1935). Arthur Pigou (1932) desarrolló el argumento relevante de Alfred Marshall y puso en evidencia que las transacciones de mercado pueden tener efectos negativos -o en algunos casos positivos- sobre terceros, aunque sean mutuamente beneficiosas para los participantes directos. Estas son las llamadas externalidades, diferenciadas entre aquellas negativas que perturban la resiliencia de los ecosistemas o, a la inversa, aquellas positivas que estimulan la innovación. Paul Samuelson (1954) argumentó, más tarde, que los mercados no pueden proveer en cantidad suficiente los bienes de consumo colectivo por los que no se puede o es muy caro cobrar -y no tienen un costo por usuario adicional- como las funciones de defensa, seguridad y justicia, la producción de conocimiento y los bienes urbanos. Luego, autores como George Akerloff (1970) y Joseph Stiglitz (2001) argumentaron que existen mercados incompletos, especialmente por la ausencia de oferta privada de distintos tipos de seguros frente a asimetrías de información y riesgo de abuso de los participantes ("selección adversa y riesgo moral"). 

Pero incluso si los mercados fluctúan y padecen crisis e ineficiencias, para el enfoque liberal y sus variantes la solución es siempre promover más y mejores mercados. Un exponente de la llamada "escuela austríaca" como Friedrich Hayek (1944) llegó a sostener, en su defensa del predominio absoluto de los mercados, que todas las intervenciones estatales inhiben la capacidad de crear riqueza si interfieren en los intercambios descentralizados y terminan empobreciendo a las sociedades en un "camino de servidumbre". Estos autores del siglo XX y XXI suelen recibir la denominación de "neoliberales" y argumentan que las "fallas de mercado" en materia de trabas a la competencia, externalidades y bienes públicos se solucionan con más y no con menos mercado, pues los gobiernos, al intervenir, fallarían más que los mercados. Consideran que el principal escollo económico para las sociedades es el Estado, que se debe evitar su intervención en los mercados, salvo mínimas regulaciones, y que en la economía deben prevalecer el libre comercio, bajos impuestos, un gasto público limitado, sin empresas públicas ni subsidios a la producción. Postulan que el gobierno debe remitirse básicamente a funciones coercitivas como la protección de la propiedad privada, la defensa y la seguridad interior. 

Las corrientes críticas del enfoque neoclásico y de la escuela austríaca son diversas y sostienen, por su parte, que la preocupación por la eficiencia asignativa desplazó inadecuadamente aquella por la eficacia en el logro de metas que las sociedades se proponen alcanzar, como las de innovación, resiliencia y equidad (Janeway, 2025). 

John Maynard Keynes hizo una crítica a la escuela neoclásica en los siguientes términos (1938): 

"nuestra crítica de la teoría económica clásica comúnmente aceptada no ha consistido tanto en encontrar fallas lógicas en sus análisis como en puntualizar que sus supuestos tácitos no son satisfechos casi nunca o nunca, con el resultado de que no puede resolver los problemas económicos del mundo actual (...) El material al que se aplica es en demasiados aspectos no homogéneo en el tiempo. El objeto de un modelo es segregar los factores semi-permanentes o relativamente constantes de aquellos que son transitorios o fluctuantes, de manera de desarrollar una vía lógica de pensamiento sobre estos y entender las secuencias temporales a que dan lugar en casos particulares". 

A su vez, ironizó sobre la escasez: 

"los buenos economistas son escasos porque el don para usar una 'observación vigilante' para escoger buenos modelos, aunque no requiera una técnica intelectual altamente especializada, parece ser muy poco frecuente".

Keynes era contrario a la idea de la "mano invisible" de Smith y a la de "equilibrio general" de Walras y no consideraba posible separar los juicios de hecho de los juicios de valor: 

“el mundo no está gobernado desde arriba de una manera que el interés privado y el interés social coincidan siempre. No es dirigido aquí abajo de manera que coincidan en la práctica. No es correcto deducir de los principios de la economía que el interés personal esclarecido actúa siempre hacia el interés público (...) En contra de Robbins, la economía es esencialmente una ciencia moral y no una ciencia natural. Es decir, emplea la introspección y los juicios de valor...Quiero enfatizar fuertemente el punto acerca de que la economía es una ciencia moral. He mencionado antes que tiene que ver con la introspección y con valores. Debiera haber agregado que tiene que ver con motivos, expectativas, incertezas sicológicas. Uno debe debe estar constantemente en guardia contra tratar el material como constante y homogéneo de la misma manera que el material de las otras ciencias que, a pesar de su complejidad, es constante y homogéneo". 

Karl Polany (1944) describió la subsistencia, la reciprocidad, el intercambio mercantil y la redistribución (contribución no voluntaria a un centro) como lógicas económicas diferenciadas y enfatizó su inserción histórica en las relaciones sociales, en contraposición al enfoque de la economía como una esfera autorregulada. Polanyi afirmó que “el hombre no actúa para salvaguardar sus intereses individuales en la posesión de bienes materiales, sino para salvaguardar su posición social, sus derechos sociales, sus activos sociales”. Concluye que los seres humanos valúan “los bienes materiales sólo en la medida en que sirvan a este fin”, conductas que están sujetas a contextos históricos y culturales. Polanyi propuso en 1957 una distinción entre la economía formal, que se ocupa del carácter lógico de la acción racional en la relación medios-fines en condiciones de escasez, y la economía sustantiva, que la estudia como lo que denomina "proceso instituido": 

“la economía es la interacción institucionalizada entre el hombre y el medio que proporciona, de forma constante, el aprovisionamiento de medios materiales para la satisfacción de necesidades. La satisfacción de las necesidades es ‘material’ cuando requiere el uso de medios materiales para alcanzar sus fines”. 

Para los autores no neoclásicos la economía no debe remitirse al estudio de la asignación de recursos con supuestos de comportamiento maximizador de los individuos frente a la escasez, en modelos abstractos de mercados en competencia e información perfecta, sino que debe enfatizar los modos históricos de producción y distribución de bienes económicos y las situaciones en que los recursos existentes son o no plenamente utilizados, junto a las diversas interacciones y grados de equidad entre las distintas categorías de miembros de la sociedad más allá de los individuos. Como enfatizan que las interacciones de mercado crean brechas entre las capacidades productivas y su uso efectivo, consideran que el problema económico en este caso ya no es el de las opciones alternativas frente a la escasez de recursos sino el insuficiente uso de los que están disponibles, en especial de la fuerza de trabajo y su asimétrica distribución, y las crisis periódicas que crea, en las que una parte de la sociedad no logra acceder al trabajo y al consumo de bienes de subsistencia. Esto no ocurre porque hubiera eventualmente "precios incorrectos" en diversos mercados, sino porque la situación más frecuente es la de "equilibrio de subempleo" que emana de su propio funcionamiento, en detrimento del bienestar colectivo. Los trabajos de las corrientes críticas argumentan que el capitalismo y los mercados realmente existentes deben ser considerados históricamente como mecanismos que permiten crear secuencias de expansión económica dinámica, pero también de crisis, en las que se producen y reproducen desigualdades económicas y sociales y daños ambientales (Boyer, 2007). Postulan que la acumulación de capital se sustenta en la sub-remuneración del trabajo, en el acceso gratuito o a bajo precio a recursos naturales, y en el acceso a información privilegiada y a innovaciones tecnológicas que se constituyen en cuasi-monopolios temporales hasta que su ventaja desaparece. 

Los enfoques no ortodoxos sostienen que los intercambios de mercado no se parecen al mundo descrito por el enfoque neoclásico básicamente porque los supuestos que adopta no son realistas y porque no existe un centro coordinador que permita un proceso de subasta de precios, por lo que la formación de los precios está condicionada por instituciones y por conductas estratégicas de los agentes económicos en condiciones de incertidumbre y de información asimétrica. En palabras de Stephen Marglin (2012), "la economía convencional destaca una parte de la compleja psicología y sociología propia de vivir en el siglo XXI y actúa como si esto representara la totalidad",  mientras subraya que la crítica no debe radicar tanto en que los supuestos de la economía convencional son completamente falsos "sino en que, al confundir una parte con el todo, estos supuestos inevitablemente conducen a errores". Una parte de los exponentes de la teoría económica actual mantiene la matriz analítica de la escuela neoclásica pero sostiene en términos microeconómicos, con consecuencias macroeconómicas, que las interacciones entre agentes están cruzadas por asimetrías de información que distorsionan la asignación de recursos y defienden intervenciones del Estado para corregirlas. Para Joseph Stiglitz (2001) se debe reconocer la existencia generalizada de asimetrías de información entre los agentes de los mercados, concluyendo que "la razón por la cual la mano puede ser invisible es que simplemente no está presente o, si está ahí, está paralizada". 

Las escuelas críticas del enfoque neoclásico proponen que la relajación de las hipótesis del paradigma de la competencia perfecta en los mercados es en realidad la inmersión en otro paradigma, el de la determinación de los fenómenos económicos por instituciones y agentes con conductas estratégicas, incluyendo la formación de los precios en los mercados, las cantidades producidas en y fuera de los mercados y la distribución de los ingresos que generan. Para los autores críticos de la ortodoxia neoclásica, las economías contemporáneas no pueden describirse como la suma de mercados en competencia perfecta con solo dos tipos de actores: múltiples productores racionales y múltiples consumidores racionales, los que, además, dispondrían de información perfecta, sin barreras a la entrada y a la salida de los mercados. La competencia perfecta constituye un caso de escuela ajeno a la realidad de los mercados, en la que los agentes económicos no están atomizados y se comportan del modo que les resulte estratégicamente más favorable. El proceso económico de mercado no tiende al equilibrio, sino que la frontera de posibilidades de producción se recompone dinámica y continuamente por la absorción de tecnologías y por la interacción social de los actores económicos en la pugna distributiva por la apropiación del excedente económico que resulta de la diferencia entre costos de producción y precios de venta de bienes y servicios, en una economía monetaria basada en el crédito y en percepciones del futuro que combinan períodos de pesimismo y otros de euforia, procesos que crean ciclos periódicos de auges y caídas de la producción, cuya duración es variable de acuerdo a su gravedad y a la pertinencia de las indispensables respuestas públicas. 

Su conclusión es que los mercados suelen ser inestables y enfrentan disfuncionalidades asignativas que son propias de su funcionamiento y no fallas circunstanciales. Subrayan la presencia de conflictos de intereses entre sus participantes y entre las distintas categorías de miembros de las sociedades, que poseen un poder económico y de información asimétrico en medio de una fuerte y creciente concentración de la posesión del capital existente y de subordinación del trabajo. Para este tipo de enfoques, los sistemas económicos contemporáneos no pueden interpretarse sin considerar la mayor o menor relevancia y roles de los órganos públicos y las configuraciones sociales y culturales que regulan y condicionan el funcionamiento de los mercados y de sus agentes principales. Los mercados, además, están condicionados e interactúan con esferas no mercantiles de la actividad social y económica que siempre han existido, y cuya relevancia es mayor o menor en unos u otros espacios y a lo largo del tiempo. 

Una parte de los autores críticos subraya que el consumo resulta en esta lógica de la inducción y multiplicación de necesidades, con una frecuente obsolescencia programada de los objetos comercializados y una tendencia generalizada a la manipulación del consumidor y la oligopolización de los mercados. Siguiendo las elaboraciones de la economía del comportamiento de Daniel Kahneman, Amos Tverskyal y Richard Thaler, al evaluar el significado de su enfoque de "economía de la manipulación" -según el cual la competencia está siempre intervenida por conductas que perjudican a otros agentes y que los mercados no corrigen- George Akerlof y Robert Schiller (2016), premios Nobel, llegan incluso a la conclusión, que denominan irónicamente un "pequeño ajuste para la ciencia económica" que lo que existe es una economía de la manipulación antes que de mercado. Estos autores sostienen que en el funcionamiento habitual de los mercados los actores empresariales tienen una capacidad tal de influir en los comportamientos del público, que terminan generando un equilibrio económico favorable a sus intereses privados. Para ellos, 

"muchos de nuestros problemas derivan de la misma naturaleza del sistema económico. Si los empresarios se comportan en la forma puramente egoísta e interesada que la teoría económica supone, nuestro sistema de libre mercado tiende a generar manipulación y engaño... y crea una gran diferencia en nuestras vidas. Es una de las principales razones por las que simplemente dejar a la gente una 'libertad de elegir' -lo cual Milton y Rose Friedman, por ejemplo, consideran el sine qua non de una buena política pública- lleva a serios problemas económicos". 

Estos autores describen esta manipulación como un proceso de "pesca de incautos", que hace que muchas personas hagan cosas en función del interés del manipulador y no en el interés propio, con el resultado de disminuir el bienestar.  

Así, estas corrientes consideran que en las economías realmente existentes los mercados no pueden funcionar sin intervenciones públicas que aminoren las asimetrías de información y aseguren el cumplimiento de los contratos, en medio de la emisión de medios de pago homogéneos y suficientes, pues sin ellos no hay transacciones descentralizadas con la fluidez necesaria, lo que se agrega al mencionado problema de la provisión insuficiente de ciertos bienes demandados. En este sentido, la economía no puede considerarse de modo aislado de las instituciones, como subrayaba la denominación de "economía política" por los autores clásicos, si se tiene en cuenta que los mercados no están constituidos por productores y consumidores atomizados que funcionan al margen de las instituciones, sino que evolucionan en medio de interacciones entre factores de poder endógenos y exógenos que los alejan del concepto estilizado de competencia perfecta. 

Al proponer la hipótesis según la cual prevalece el poder relativo y jerarquizado de los distintos tipos de agentes en el funcionamiento económico, los enfoques de la economía distintos del neoclásico no centran su estudio en la eficiencia en la asignación de recursos en mercados, sino que atribuyen un rol central a los factores determinantes de la estabilidad de la economía en su conjunto, a la distribución del ingreso y la riqueza y también, más recientemente, a sus efectos sobre los ecosistemas. Para la economía ecológica, en particular, el crecimiento entendido como convergencia con los niveles de vida de los países industrializados de altos ingresos no es compatible con el carácter finito de los recursos naturales y de los componentes de la biosfera, y que no basta con ponerle un precio a la naturaleza para evitar su depredación irreversible (ver el el capítulo respectivo).

Se da en las escuelas alternativas a la ortodoxia neoclásica importancia a los tipos de interacción entre las necesidades humanas y las capacidades diferenciadas de satisfacerlas según la estructura y evolución de los poderes de apropiación de recursos de unas y otras categorías sociales y la posición en ellas de los individuos, junto a las instituciones que intervienen en la economía y moldean el tipo de estructura productiva, de distribución de ingresos y de régimen de acumulación de capital. Proponen que esta interacción es la que reproduce periódicamente desigualdades de ingresos y riqueza, lo que explica que las instituciones públicas busquen corregirlas con mayor o menor intensidad. Esto justifica hacer de este tema un objeto de estudio al menos tan importante como el de las dinámicas de mercado con productores y consumidores atomizados y que, si se está interesado en conocer el mundo de la economía real, la competencia perfecta y la tendencia al equilibrio deberían ser tratados como un caso de escuela poco frecuente y no como la norma desde la cual analizar el funcionamiento de los mercados y la actividad económica realmente existentes. Esto requiere considerar de manera preferente las instituciones y las estructuras sociales que explican su funcionamiento, en especial las modalidades de emisión de moneda (unidad de cuenta y de reserva que requiere tener curso legal y, por tanto, soporte estatal), los regímenes laborales y los condicionamientos internacionales en centros y periferias en materia comercial, cambiaria (la moneda más utilizada internacionalmente es la del Estado más fuerte), de inversión, de movimientos de capital y migratorios. Y también debe considerar si los regímenes y magnitudes de extracción de recursos  renovables y no renovables y los volúmenes de producción crean o no situaciones disruptivas mayores en la resiliencia de los ecosistemas. La economía ecológica sostiene, por su parte, que la actividad económica de mercado tiene un carácter depredador del ambiente que no se puede subsanar solo poniéndole un precio a los recursos ambientales e impuestos a las externalidades negativas (Passet, 1979, Daly & Farley, 2011), sino regulando los procesos productivos y subsidiando los avances tecnológicos que permitan preservar la resiliencia de los ecosistemas y de la biosfera. Así como la política redistributiva se enfrenta con frecuencia a la influencia de los sectores de altos ingresos en el sistema político, y en el sistema mediático controlado por el poder económico, la política de la acción climática y de preservación de los ecosistemas se enfrenta con que muchos efectos ambientales son difusos y de largo plazo. Los sacrificios a realizar en el corto plazo tienen una contrapartida de beneficios que en muchos casos se notarán décadas más tarde. La respuesta ante el problema de la contaminación consistente en ponerle un precio a las emisiones enfrenta también dificultades en el sistema político y una impopularidad en sectores de la sociedad que ven afectado su costo de vida. Los avances se han producido en mayor escala por el lado del progreso tecnológico en las energías renovables y la disminución sustancial de su costo para generar electricidad, en comparación con el costo de generación con combustibles fósiles.

Frente a las objeciones reseñadas y a la pregunta de si la economía neoclásica es una ciencia o una seudo-ciencia, Bernard Guerrien (2007) concluye que

“los economistas son personas que razonan –por deducción- y desde ese punto de vista puede decirse que su procedimiento es científico. Pero, al mismo tiempo, sus deducciones se realizan a partir de premisas basadas en sus creencias a priori, que se fundan en lo que pueden observar, pero también sobre la opinión que tienen sobre lo que es mejor para la sociedad en la que viven. Las crisis cuestionan esas creencias, o incluso las reemplazan por otras, si la crisis es muy severa. Dado que las verdades de ayer dejan, bruscamente, de ser las de hoy, y no están tampoco fundadas igual que las precedentes, se puede considerar que estamos frente a una seudo-ciencia”. 

Guerrien (2009) sostiene que en definitiva el enfoque neoclásico es bastante inútil para quienes se desenvuelven en la vida económica: 

"aunque existe una teoría dominante en economía, los que adhieren a ella son en los hechos muy minoritarios. La mayoría de los economistas es, en realidad, agnóstica y está formada por practicantes que operan en la administración, las empresas y las instituciones financieras, que utilizan sobre todo su buen sentido y su experiencia sin recurrir a las teorías, que ignoran o han tenido tiempo de olvidar, en vista que no saben para qué pueden servirles".  

Les sirve de bastante poco porque en la experiencia histórica los mercados no tienden al equilibrio, no se aproximan espontáneamente a un óptimo en la asignación de recursos ni producen resultados distributivos equivalentes a la productividad marginal de cada factor de producción, pues no se sitúan en el funcionamientos social al margen de las situaciones de poder relativo de los actores de la actividad de producción, consumo y distribución de bienes.

Por este tipo de razones Ronald Coase, premio Nobel, expresó (2012) su incomodidad con la teoría económica convencional del siguiente modo: 

“es suicida para el campo caer en una ciencia dura de las opciones (hard science of choice), ignorando las influencias de la sociedad, la historia, la cultura y la política en el funcionamiento de la economía. Es tiempo de volver a implicar al severamente empobrecido campo de la teoría económica (economics) con la economía (economy)...El conocimiento vendrá sólo si la teoría económica puede ser reorientada al estudio del hombre tal como es y del sistema económico tal como en la actualidad existe”. 

2. Los debates contemporáneos en economía

En materia de capacidad de diagnóstico de los hechos económicos, los debates entre escuelas económicas y autores de distinta orientación persisten desde hace más de dos siglos en temas como el análisis del funcionamiento de los mercados, los factores del crecimiento material, las desigualdades económicas o qué relaciones de poder determinan la conformación del sistema económico y las instituciones en que se desenvuelve. Y en especial en lo que respecta a las intervenciones públicas sobre los mercados que se consideran o no necesarias, a los problemas que pueden o no resolver y mediante qué tipo de instrumentos y combinaciones de política. Este es aún más el caso en materias como el estudio de los mecanismos de creación de situaciones de igualdad efectiva de oportunidades de acceso equitativo a ingresos, empleos y funciones sociales o bien de impactos ambientales. Tampoco existe acuerdo sobre las condiciones y circunstancias en que prevalecen las conductas individualistas y depredadoras y las conductas de cooperación basadas en el sentido de pertenencia a comunidades de destino o sobre si deben procurarse o no pisos comunes de condiciones de vida a través de acciones colectivas.

Los debates sobre el valor económico y la distribución del ingreso

Existen dos respuestas principales, entre muchas, a la pregunta sobre qué explica la distribución del ingreso: el enfoque neoclásico sostiene que la retribución a los factores de producción ocurriría según su productividad marginal, mientras otros enfoques sostienen que depende de las estructuras institucionales, sociales y de acceso a los ingresos del trabajo y del capital en que se desenvuelven los agentes económicos y los individuos y familias en cada etapa histórica de las sociedades.

Para los economistas neoclásicos, el valor de cambio y el valor de uso son lo mismo: la utilidad de un producto se mide por el precio que le asigna el mercado. Atribuyen a los seres humanos conductas maximizadoras y no considera las dimensiones de cooperación y reciprocidad también presentes en las conductas individuales en diversos grados, de acuerdo a las relaciones culturales y de poder históricamente constituidas en cada sociedad. Asimismo, procura demostrar en base a múltiples supuestos que la retribución del trabajo y del capital estaría asociada a su "productividad marginal" (lo que produce la última unidad utilizada del factor de producción de que se trate) y que, por tanto, no existe conflicto distributivo alguno salvo por la interferencia eventual de monopolios de empleadores o trabajadores en los mercados competitivos del trabajo o por reglas públicas. Se presume, en este enfoque, que el libre mercado funciona sin que ninguno de sus participantes esté sujeto a ningún tipo de compulsión y que las consideraciones éticas no tienen aplicación a la interacción de mercado bajo condiciones de competencia perfecta, dado que los intercambios o bien son mutuamente satisfactorios o no se producirían. 

Esta concepción identifica el valor económico con el precio de mercado que emerge de la igualdad entre la utilidad marginal para los consumidores y el costo marginal para los productores. Ese valor depende de las preferencias individuales y, al mismo tiempo, determina los precios que coordinan las decisiones descentralizadas de oferta y demanda. En la teoría neoclásica, cada consumidor asigna valor a los bienes según la satisfacción adicional (utilidad) que le brinda la última unidad consumida. A medida que consume más unidades de un mismo bien, la utilidad marginal disminuye (ley de utilidad marginal decreciente). A su vez, cada productor decide cuánto ofrecer comparando el ingreso que obtendrá por vender una unidad adicional con el costo adicional de producirla. Ese costo marginal suele aumentar a medida que se expande la producción (rendimientos marginales decrecientes a corto plazo). El precio de equilibrio es el punto en que la utilidad marginal de la última unidad para los compradores iguala el costo marginal de los productores. Para los consumidores, el precio mide la disposición a pagar por la última unidad. Para las empresas, el precio cubre exactamente el costo de producir esa unidad (su valor de oportunidad). Si existen mercados competitivos de factores de producción, la retribución del trabajo (salario) y del capital (utilidad, renta o interés) se igualaría a la productividad marginal de cada factor entendido como el aporte adicional al valor del producto total que genera la última unidad de trabajo, capital o tierra empleada. El valor de los bienes se basa en el valor que los consumidores les atribuyen, y la remuneración de los factores deriva del valor que añaden en el margen.

De este modo, el precio que recibiría cada factor de producción en condiciones de competencia se fija en el punto en que su costo marginal (el precio de la última unidad utilizada en el proceso de producción) iguala su ingreso marginal (el valor del producto generado por la última unidad utilizada). Para el productor, contratar una persona o agregar una máquina que le cuesta más que el ingreso adicional que le procura, no tiene sentido. De ahí la idea según la cual los ingresos de los factores provienen de su productividad marginal: cada factor cobra exactamente lo que vale la última unidad de producción que ayuda a generar. Como cada unidad de factor recibe exactamente el ingreso que genera en el límite (su valor de producción marginal), la suma de todos esos pagos agota la renta total de la producción. La empresa acota la producción en el punto en que se iguala el costo por unidad del factor con el ingreso marginal que le aporta. 

Cualquier alteración de esa remuneración introduciría ineficiencias en la asignación de recursos, los que no se orientarían a sus usos más productivos. Por ello, para la escuela neoclásica, siempre sería preferible no intervenir en los precios que remuneran los factores de producción sino, en el caso de querer mejorar la equjidad de la distribución de los ingresos, más valdría hacerlo por la vía del aumento de la dotación de factores de producción de quienes menos la tienen, el llamado "segundo teorema de la economía del bienestar".

El postulado básico es que todo estado de asignación eficiente en el sentido de Pareto -aquel que no admite mejoras adicionales sin perjudicar a alguien- puede obtenerse como un equilibrio competitivo que deriva de una economía de mercado con precios y agentes maximizadores, siempre que las preferencias de los consumidores y las tecnologías de producción sean "continuas, convexas y localmente no saciadas" y que la autoridad realice transferencias iniciales de dotaciones (o “repartos de riqueza”) mediante impuestos de suma fija (lump-sum), que no distorsionen los precios relativos aunque sean inequitativos al aplicarse igual para todos, y subsidios, especialmente en educación y acceso al crédito de producción. Así, incluso en este enfoque no es posible evitar juicios de valor explícitos sobre el grado de equidad de la distribución de ingresos o de la "utilidad económica" y responder a la pregunta sobre qué distribución del ingreso es deseable. La economía neoclásica convencional responde a esta pregunta postulando una “función de bienestar social” que incorpora los puntos de vista de la sociedad acerca de los méritos de unos y otros grupos de individuos, es decir la forma en que el bienestar de la sociedad se relaciona con el bienestar de cada uno de sus miembros. Esta formalización permite construir diversas “curvas de indiferencia” –como las de los consumidores frente a distintas combinaciones de consumo de cantidades de un bien en relación a otro bien- respecto a las utilidades de las personas. Si la utilidad de la persona A disminuye, la única manera de conservar la utilidad de toda la sociedad es que la utilidad de la persona B aumente, y vice-versa. El incremento de la utilidad de una persona implica que aumenta el bienestar social si la utilidad de todos los demás permanece constante, lo que es un supuesto muy poco realista.

Queda excluido de la noción de valor en este enfoque todo lo que no pasa por el mercado, como las producciones domésticas y el trabajo no remunerado, lo que se refleja en la insuficiente medición de la actividad económica a través del Producto Interior Bruto, que no los considera. Los recursos naturales tienen un valor económico que se manifiesta cuando se comercializan o cuando se les atribuye un valor de mercado, mientras sus flujos valorizados no suelen descontarse del PIB cuando disminuyen las existencias de los recursos no renovables. La riqueza se mide por los precios de los bienes y servicios producidos o adquiridos y no por su aporte -o perjuicio- a la vida humana o a la naturaleza, que son, por lo demás, solo parcialmente cuantificables. Los intercambios familiares y comunitarios no son objeto de mayor atención en este enfoque, a pesar de su relevancia cotidiana. Si los economistas neoclásicos no problematizan la expansión de la esfera mercantil es porque el mundo social que modelan está limitado, por elección deliberada, a los intercambios mercantiles. No obstante, la expansión de la esfera de la mercancía no es algo que ocurra de manera automática, pues se enfrenta a opciones y resistencias sociales y a la satisfacción de necesidades desde lógicas no mercantiles. Temas usuales en debate son si se debe autorizar o no que la sangre o los órganos humanos se puedan comprar y vender o solo ser objeto de donaciones, o si los votos para elegir autoridades pueden o no ser objeto de transacciones monetarias y así muchos otros ejemplos (Sandel, 2013).

La teoría distributiva neoclásica no considera en definitiva una realidad económica fundamental en los mercados de recursos de producción: la generación y la lucha por el reparto del excedente económico –la diferencia entre el costo de producir y el precio de venta en el mercado- varía según las relaciones de poder entre los poseedores de capital y los que viven de su trabajo, determinadas por las condiciones institucionales de las distintas épocas y circunstancias históricas de funcionamiento de las economías y no según la contribución de cada "factor de producción" al resultado de la producción. Por ello diversas escuelas críticas cuestionan la idea de la retribución según la productividad marginal. En palabras de Bernard Guerrien y Sophie Jallais (2008), 

“la tarea propia del economista es determinar las consecuencias de los comportamientos cuando se limitan a lo que Adam Smith llama el 'deseo de riqueza'. Tiene por tanto que tomar en cuenta, entre otras cosas, la lucha por el reparto de la ganancia que genera la actividad de los hombres. Lucha que es en ciertos momentos frontal, pero que adopta habitualmente la forma de compromisos entre las fuerzas en presencia. Las leyes, las normas sociales y las costumbres son en parte una consecuencia de esos compromisos. No es posible entender lo que pasa en nuestras sociedades sin tomarlas en cuenta”. 

El problema planteado es el del acceso diferenciado al bienestar, a los bienes y servicios disponibles, a los ingresos y a las posiciones sociales que constituyen o no situaciones de desigualdad no justificada en el reparto de los ingresos monetarios generados en el proceso de producción y en los intercambios. Los economistas de orientación liberal sostienen que la desigualdad económica no es un problema en tanto crearía incentivos al crecimiento y la acumulación de capital, lo que terminaría por mejorar la situación de todo el mundo, incluyendo los más pobres. La visión neoclásica postula que la desigualdad de ingresos proviene básicamente de las diferencias de productividad individual, y que reducirlas de manera distinta que fortalecer las oportunidades educativas disminuiría los incentivos a trabajar y ahorrar, con la consecuencia de limitar el bienestar agregado. Admite que las desigualdades de dotaciones de recursos se pueden corregir, pero que debiera hacerse ("segundo principio de la economía del bienestar") cambiando esas dotaciones sin alterar la asignación de recursos recurrente a través del mercado.  Para la visión utilitarista, adoptada por la economía neoclásica, lo justo es la maximización de la utilidad para el mayor número de personas, sin consideraciones distributivas. 

Los autores clásicos distinguían entre el valor de uso y el valor de cambio de los bienes. Numerosas actividades económicas se disfrazan de generadoras de valor cuando, en realidad, son extractoras de rentas y del valor creado por otros. La extracción no aporta riqueza a la sociedad sino que sus agentes se apropian de una parte del valor. Suelen buscar que el Estado reduzca las regulaciones y tributos sobre sus utilidades y ganancias de capital para desviar valor a su favor, con el argumento de que contribuyen a la inversión, aunque en lo principal en su propio beneficio, mientras las regulaciones internalizan externalidades negativas y hacen posible la apropiación de valor por la sociedad a lo largo del tiempo. 

De acuerdo a Mazzucato (2019), cabe diferenciar las actividades que crean valor al producir bienes y servicios y las actividades que extraen valor, es decir capturan rentas sin añadir producción neta. Esto incluye el valor del trabajo no remunerado según su aporte a la producción y los ingresos de monopolio, incluyendo los financieros o los que derivan de patentes que implican cobros más allá del costo de la innovación, o los ingresos privados que se apropian sin retribución de los gastos del Estado como inversor de riesgo y creador de servicios productivos y de buena parte de la innovación (Internet, GPS, biotecnología, energías limpias), con ganancias que se privatizan y costos públicos. La idea de que quien captura más ingreso está creando más valor no permite orientar impuestos, regulaciones y propiedad intelectual hacia las actividades que elevan la prosperidad común. En palabras de Mazzucato, “si no sabemos distinguir entre hacer y tomar valor, terminamos premiando la extracción y penalizando la producción real". 

A su vez, los impuestos financian la creación de valor público a través de instituciones que, entre otras funciones, hacen posible la propia existencia de utilidades privadas. El tema del valor económico y de su apropiación se vincula a la cuestionable validez de la afirmación según la cual el gasto público afecta negativamente el nivel de crecimiento y produce una pérdida irrecuperable de eficiencia (ver la sección sobre los impuestos). Esto contrasta con la verosimilitud y consistencia de la hipótesis según la cual la actividad del sector privado mejora a través de inversiones públicas en capacidades humanas (que generan importantes gastos de consumo de gobierno) y en infraestructura productiva, lo que ocurre análogamente con el gasto público que compensa externalidades o disfuncionalidades de mercado (bienes públicos, bienes privados ofertados en condiciones de selección adversa como los mercados financieros y de seguros y bienes privados con externalidades positivas insuficientemente consumidos) y hace socialmente rentables actividades demandadas que privadamente no lo son, junto a disminuir la desigualdad, lo que a su vez favorece sociedades más estables y orientadas al interés general. 

La “soberanía del consumidor” de los mercados competitivos de productos se encuentra, además, limitada en áreas de actividad en que la información es fuertemente imperfecta y que requieren de correcciones públicas de la información asimétrica existente entre productores y consumidores, especialmente para proteger la salud de las personas y la satisfacción del consumidor. Cualquier modelo analítico que no considere la información y la competencia "imperfectas" no da cuenta de las economías reales. En condiciones de información asimétrica y de altos costos de transacción, se disminuye la eficiencia de los contratos descentralizados de intercambio entre agentes económicos basados en el sistema de precios, constituyendo fracasos asignativos que requieren de intervenciones del Estado. Estas pueden, si están bien concebidas y realizadas, mejorar la asignación de los recursos y crear valor, lo que es frecuentemente el caso en los sistemas de salud, de pensiones, de seguros, de financiamiento bancario, de difusión tecnológica, es decir de elementos centrales del bienestar y del crecimiento económico. El Estado tiene, por tanto, un rol y una capacidad para generar valor.

Los enfoques estructuralistas e institucionalistas postulan, en definitiva, que la distribución del ingreso no está determinada por la “productividad marginal de los factores de producción” pues no se puede hacer abstracción del poder de mercado con el que intervienen los distintos agentes en los procesos de determinación de precios de adquisición de recursos de producción y del excedente que resulta de la diferencia entre los costos de producción y los precios de venta. No existe una conexión unívoca entre la remuneración que obtiene cada individuo y el aporte al resultado en tanto recurso de producción, suponiendo que la medición del aporte individual a esa producción se pudiera determinar, lo que es imposible dada la naturaleza colectiva de los procesos de producción de bienes y servicios. Y si esa conexión existiera, los mercados tienden a producir y reproducir una desigualdad amplia en la distribución de ingresos entre trabajo y capital, y entre las distintas categorías de asalariados, al remunerar más a quien tiene más poder de mercado en la apropiación de los ingresos que provienen de los procesos de producción, distribución y consumo o, en el mejor de los casos, a quien más contribuye a generar esos ingresos (Meade, 1982). 

Las diferencias en destrezas y productividad no son las explican lo principal de las diferencias de ingresos, sino que primordialmente lo hacen las diferencias en el acceso a la propiedad del capital, obtenida por herencia o por los propios rendimientos del capital invertido (incluyendo su financiamiento mediante crédito), por "utilidades no ganadas" o rentistas de agentes económicos que operan en condiciones monopólicas u oligopólicas en los mercados de bienes y de capitales, o bien fruto de ganancias ilegales, con una creciente importancia de los monopolios de red: mientras más usuarios logra tener un producto o servicio, más útil y valioso se vuelve para cada usuario, lo que refuerza la posición y los ingresos del proveedor dominante. En palabras de Branko Milanovic (2025):

"Para generar ingresos laborales se requiere esfuerzo y dedicación: estar en el lugar de trabajo o en tu ubicación en línea; requiere concentración, reflexión, esfuerzo físico (prueba a hacer el trabajo de reparto de un conductor de Amazon por un día, y ni hablar de ser minero del carbón). Los ingresos de capital no exigen ninguna de esas cosas. Solo requieren que lleves tu maletín lleno de dinero al banco o pidas a tu banquero que traslade tu dinero de una cuenta de ahorros a un fondo de inversión. Y eso es todo...La mayoría de las personas (y, por tanto, de los hogares) no percibe ingresos de capital. Más de la mitad de los hogares en las economías occidentales avanzadas no recibe ningún ingreso procedente de activos financieros. En segundo lugar, quienes se sitúan en la cúspide de la distribución de ingresos de capital obtienen rentas de capital muy, muy elevadas...Los activos financieros y productivos del mundo están en manos del 15 % de sus habitantes...Incluso si incluimos los ingresos procedentes de los ahorros obligatorios que se convierten en patrimonio de pensión, entre la mitad y casi el 90 % de la población en los países ricos carece de capital financiero. Ese porcentaje supera el 90 %, o incluso el 95 %, en los países menos desarrollados...Lo que ha ocurrido no es que los ingresos de capital hayan “derramado” hacia abajo, sino que los ingresos laborales han “goteado” hacia arriba y, al combinarse con las grandes fortunas —preexistentes o recién creadas—, han dado lugar, en la cúspide, a una nueva clase cuya riqueza proviene tanto del trabajo como del capital...En lo que respecta a la propiedad del capital, el nuevo capitalismo no ha derribado de manera significativa la barrera erigida por el capitalismo clásico: recibir ingresos de capital es un privilegio de unos pocos, y ese privilegio está extraordinariamente concentrado incluso entre quienes perciben ingresos de capital distintos de cero."

La élite económica está compuesta en la actualidad, además de los capitalistas, por personas que, simultáneamente, figuran entre los capitalistas más ricos y entre los trabajadores mejor pagados. Pueden ser directores ejecutivos del sector financiero, ingenieros, médicos, desarrolladores de software que perciben altos salarios y, al mismo tiempo, poseen un patrimonio financiero que genera ingresos de capital lo bastante altos como para situarlos en la cima de la distribución de los ingresos de capital. Ese dinero lo habrán heredado, o bien lo habrán ahorrado a partir de sus elevados salarios.  En la actualidad, el contraste de los dos países más poblados del mundo es paradojal en esta materia. En la India capitalista, un 97 % de la población no tiene ningún ingreso de capital, mientras en China, nominalmente socialista, cerca de la mitad de su población recibe algún ingreso de capital, pues muchos ahorros de los asalariados, que han visto aumentar de manera sustancial sus ingresos en las últimas cuatro décadas, se han invertido en mercados de capitales. Esto es proporcionalmente mayor que en Estados Unidos, donde el 40 % de los hogares percibe ingresos de la propiedad o que en Alemania con 36%, Dinamarca con 31 % o Reino Unido con 21%. Chile es un caso bastante extremo. Solo el 20 % de los hogares chilenos no recibe ningún ingreso de la propiedad. Pero el 79 % obtiene cantidades ínfimas (menos de 100 dólares per cápita al año) procedentes del sistema chileno de pensiones de capitalización individual. Solo el 1 % de los hogares chilenos concentra prácticamente todos los ingresos de capital del país. En la mayoría de los países, los ingresos de pensiones privadas no suponen gran diferencia o bien los sistemas de pensiones privadas son muy reducidos o no existen.

Las visiones distintas a la neoclásica postulan que la familia, la raza, la clase social y la cultura son transmisores de ventajas heredadas y actúan como vehículos de riqueza, habilidades no cognitivas y ventajas educativas, con un rol menor de las capacidades determinadas genéticamente. Autores como Bowles y Gintis (2002) proponen que en la red de transmisión de ventajas intergeneracionales, la cognición determinada genéticamente no es importante y que sí lo son la riqueza, el capital social, las oportunidades educativas y la formación de habilidades no cognitivas como la perseverancia y la sociabilidad. Se apoyan en datos según los cuales el coeficiente intelectual predice de forma muy modesta el ingreso. La herencia genética predice en buena medida el coeficiente intelectual, pero cuando se multiplican ambos factores el resultado es pequeño. Los factores genéticos y la heredabilidad del coeficiente intelectual influyen en las habilidades cognitivas pero explican solo una pequeña parte de las diferencias en los ingresos. 

Eso significa que una parte significativa del estatus económico se hereda más que se gana, y que si se hace lo es a través de características que también se transmiten intergeneracionalmente en cada nueva generación. Las vías a través de las cuales se transmite el estatus económico son principalmente las influencias culturales y ambientales (el entorno familiar y los estilos de crianza, valores y expectativas) que moldean significativamente las actitudes y comportamientos de la infancia, que a su vez afectan sus resultados económicos; las condiciones de riqueza, como las ventajas materiales que permiten acceder a mejores trayectorias educativas y condiciones de hábitat y salud, junto a la transmisión de patrimonio mediante herencias y donaciones que se transforman en oportunidades de inversión; el capital social, es decir las conexiones y redes heredadas de los padres que pueden abrir puertas a empleos y otros beneficios económicos; el logro educativo, en el que el estatus socioeconómico de los padres influye en las oportunidades educativas de los hijos, fuertemente correlacionadas con sus ingresos futuros. Este enfoque subraya la importancia de las habilidades no cognitivas —como la motivación, la perseverancia y las habilidades sociales— en el éxito económico, que se cultivan en el entorno familiar y son menos susceptibles de ser modificadas por las políticas públicas tradicionales. Dado este entramado complejo, Bowles y Gintis sostienen que las políticas centradas únicamente en igualar las oportunidades educativas están lejos de ser suficientes para “nivelar el terreno”, en la lógica de alcanzar una cierta igualdad de oportunidades, y abogan por un enfoque que incluya intervenciones en la primera infancia con programas que apoyen a las familias y a los niños desde temprana edad para mitigar las desventajas asociadas a un bajo estatus socioeconómico; la redistribución de la riqueza mediante diseños fiscales y leyes de herencia que reduzcan la concentración de riqueza pueden contribuir a igualar las oportunidades y el fomento de habilidades no cognitivas en materia de resiliencia y competencia social.

Así, es la interferencia institucional en la economía la que determina en importante medida la jerarquía de las posiciones sociales y la consiguiente desigualdad de riqueza e ingresos, siendo los mercados librados a su suerte mecanismos en los que tiende a prevalecer la ley del más fuerte y la desigualdad social. En palabras de Jeffrey Sachs (2021): 

"la economía de mercado fomenta la creación de riqueza, pero no la distribuye de manera justa, lo que genera un alto grado de desigualdad, incluida la pobreza en medio de la abundancia. No existe una "mano invisible" que garantice que cada persona logre un nivel de vida digno o que pueda acceder a todas las necesidades económicas básicas. Existen muchas causas posibles de indigencia en una economía de mercado, entre ellas: la mala suerte; discapacidades físicas y mentales; desastres naturales; ciclos económicos; discriminación étnica, racial y de género; falta de acceso a educación de calidad; estrés crónico durante la infancia; y la pérdida de ingresos derivada del poder monopólico, como la pobreza causada por medicamentos y tratamientos médicos sobrevalorados en mercados monopolizados...El argumento de Hayek en Camino de servidumbre, según el cual un Estado activista amenaza la libertad política, ha sido refutado por la experiencia; por ejemplo, en los países del norte de Europa que cuentan con Estados altamente intervencionistas. Al priorizar la búsqueda de ganancias sobre la ética de la felicidad integral (eudaimonía), el capitalismo moderno ha generado o tolerado grandes crueldades, incluidas la esclavitud, el trabajo forzado, el trabajo infantil y otros crímenes contra la humanidad. Estas grandes injusticias a menudo se han llevado a cabo en la búsqueda de riqueza y se han justificado como actividades comerciales normales. Como resultado de esta complacencia ideológica, el capitalismo moderno se caracteriza por una pobreza extrema en medio de una gran riqueza, hambrunas en medio de abundancia de alimentos, adicciones generalizadas fomentadas por el consumismo y una profunda degradación ambiental por parte de empresas que buscan beneficios a través de la destrucción de la naturaleza".

En suma, los enfoques estructuralistas e institucionalistas consideran que los agentes económicos no son remunerados de acuerdo a la productividad de la última unidad empleada en el proceso de producción, sino que están interferidos por arreglos institucionales y situaciones relativas de poder, las que, por lo demás, no son siempre modelizables. Sostienen que la desigualdad, que mantiene a muchas personas en situación de subsistencia o hambre mientras otros gozan de altos niveles de vida, es un problema en sí mismo para el funcionamiento de las sociedades y que, en el plano económico, no estimula el crecimiento por el retraso en el uso del potencial productivo que produce la falta de nutrición, salud y educación de una proporción elevada de la población, originada en las situaciones de desigualdad -incluso en las sociedades de más altos ingresos promedio- y por la insuficiencia de la demanda en condiciones de oferta que permite satisfacer las necesidades básicas. Subrayan, además, que en la historia reciente el crecimiento ha sido mayor en economías mixtas con regulaciones laborales e impuestos y transferencias redistributivas amplias que en las economías de desreguladas (Piketty, 2021). Acemoglu y Johnson (2023) concluyen que 

"la mayoría de las personas en el globo se encuentra en una mejor situación que la de nuestros ancestros porque los ciudadanos y los trabajadores en las primeras sociedades industriales organizaron y desafiaron las opciones dominadas por las élites sobre la tecnología y las condiciones de trabajo, y forzaron modalidades para compartir las ganancias de los mejoramientos tecnológicos de manera más equitativa". 

Los debates sobre la eficiencia y el equilibrio general

El enfoque neoclásico procura probar que la asignación de recursos en mercados sin interferencias sería óptima, pues se agotarían en sus interacciones las oportunidades de transacción mutuamente satisfactorias, en lo que se conoce como el "primer teorema de la economía del bienestar". Dado que cualquier modificación de esa situación óptima de equilibrio implicaría que alguien pierde algo, el bienestar agregado estaría maximizado (el llamado "óptimo de Pareto", por el economista italiano Wilfredo Pareto).

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 Condiciones de eficiencia en la asignación de recursos en la economía neoclásica

En el paradigma de los mercados competitivos la economía es eficiente cuando existen tres condiciones:

-           La eficiencia en el intercambio: la tasa (o relación) marginal de sustitución entre dos bienes debe ser la misma para cada individuo. La tasa marginal de sustitución entre dos bienes es la tasa de intercambio que un individuo está dispuesto a aceptar entre los dos bienes sin alteraciones en su grado de satisfacción personal al consumirlo. La tasa marginal de sustitución depende de los gustos del individuo y de su relación de preferencia.

-           La eficiencia en la producción: dada una curva de posibilidades de producción entre dos tipos de bienes, en que la producción adicional de un bien supone la disminución de la producción del otro bien, la tasa (o relación) marginal de sustitución técnica entre uno y otro, es decir la cantidad máxima de un bien que puede producirse dada una cantidad cualquiera de otro bien, debe ser la misma para todas las empresas.

-           La eficiencia en la mezcla de productos ofrecidos (eficiencia general): la tasa marginal de transformación debe igualar a la tasa marginal de sustitución: TMS = TMT.

En estas condiciones se está en presencia de un óptimo llamado de Pareto. De acuerdo a este teorema, todas las posibilidades de intercambio económico mutuamente ventajosas se agotan al alcanzarse la situación de equilibrio competitivo. Así, al precio de equilibrio, en el que cada cual maximiza su utilidad personal (bajo la restricción del ingreso del que se dispone), no es posible obtener más para al menos un individuo sin restringir la opción de al menos otro individuo. 

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Esto conduce a un corolario normativo con connotaciones de política pública, al que adhieren los economistas convencionales: el sistema político debe minimizar toda intervención sobre los mercados y solo crear las condiciones para que la competencia en los mercados se produzca de manera adecuada (con múltiples oferentes y demandantes, productos homogéneos, información perfecta y ausencia de barreras a la entrada y la salida) y así conseguir una asignación de recursos que se acerque a la maximización del bienestar total (definido como la suma del excedente de los consumidores y del excedente de los productores) dados los recursos disponibles.

Pero existen problemas en las propias modelizaciones neoclásicas de las fluctuaciones de precios y cantidades en los mercados, pues se suma hipótesis tras hipótesis. Como subrayan Guerrien & Jallais (2008),

"el modelo de competencia perfecta se caracteriza por dos grandes grupos de hipótesis: uno sobre la forma de organización de los intercambios y otro sobre las creencias y comportamientos de los agentes económicos. Un sistema completo de mercados, centralización de ofertas y demandas, e interdicción de hacer intercambios directos son las principales hipótesis sobre la forma de organizar los intercambios. Las hipótesis sobre creencias y comportamientos se resumen en que los agentes son 'tomadores de precios': piensan que, a los precios anunciados, pueden comprar o vender a voluntad, y que sus decisiones no influyen en los precios".

El enfoque neoclásico construyó un modelo de equilibrio general en condiciones perfectamente competitivas (Arrow & Debreu, 1954). Esto implica que si cada bien tiene un precio dado en igualdad de las demandas y de las ofertas agregadas, con cada agente actuando como “tomador de precios” y obteniendo lo que demanda o poniendo a disposición lo que ofrece, este precio es de equilibrio. La formación de precios de equilibrio requiere suponer que en el corto plazo no opera, al variar los precios, un efecto ingreso que pudiera incidir en la demanda del bien. Esta simplificación propia del modelo de base neoclásico suele no considerar que el aumento de precio de un bien disminuirá el ingreso real del consumidor y que su canasta de compras eventualmente se recompondrá y la demanda por el bien pudiera no disminuir sino aumentar. A la inversa, si se presenta una baja del precio de un bien, se produce un efecto de aumento del ingreso real del consumidor y su canasta de compras eventualmente también se recompondrá, por lo que su demanda pudiera no aumentar sino disminuir. En ambos casos no se cumple la "ley de la demanda" según la cual si un precio sube cae su demanda y vice-versa, sino que las variaciones en los precios pueden tener resultados indeterminados en la demanda. Un cambio en el precio de un bien X tiene dos consecuencias. La primera es que el bien X es más barato o más caro en relación con los bienes Y, W, Z… n, lo que tiende a aumentar o disminuir la demanda de ese bien, respectivamente, lo que se denomina "efecto de sustitución". Pero, además, el cambio en el precio también afecta la riqueza real de los consumidores, haciendo que algunos sean más ricos y otros más pobres, lo que, dependiendo de sus gustos, hará que algunos demanden más del bien que varió de precio y otros menos, lo que se llama el "efecto riqueza". Los dos fenómenos (sustitución y riqueza) pueden funcionar en distintas direcciones y anularse total o parcialmente.

El llamado teorema de Sonnenschein (1972, 1973) refuta las conclusiones de unicidad y estabilidad del equilibrio general pues sostiene que la demanda neta agregada tiene, en realidad, una forma indeterminada porque está influenciada no solo por las dinámicas de oferta y demanda sino también por el mencionado impacto de las variaciones de los precios relativos en los ingresos reales de los agentes que inciden en la formación de la función de demanda. Si hay n bienes en la economía, la condición de equilibrio toma la forma de un sistema de n ecuaciones, una por cada bien, con n incógnitas, es decir los n precios de equilibrio del modelo Arrow-Debreu. Sonnenschein, Mantel y el propio Debreu subrayan que las condiciones para que este sistema converja hacia precios de equilibrio son muy restrictivas (Mandler, 1999). Su conclusión es que, dado que las funciones de demanda pueden tener cualquier forma, es más probable que se produzca una inestabilidad e indeterminación de los tanteos en la formación de precios antes que se converja necesariamente a un equilibrio estable. Este teorema pone de manifiesto que no existe en los mercados competitivos una necesaria convergencia automática hacia un equilibrio ni que este sea óptimo, como subraya Mantel (1974). En un marco de equilibrio parcial, es posible deducir las condiciones que dan forma a las funciones de oferta y demanda: la demanda (la oferta) es una función decreciente (creciente) del precio para un bien normal. Pero tales propiedades no se extienden a las funciones de oferta y demanda globales resultantes de su agregación en el marco del equilibrio general de Arrow-Debreu. Se debe considerar la existencia de múltiples equilibrios posibles entre la oferta y la demanda. Esto significa que las curvas de demanda pueden adoptar formas muy irregulares, incluso si todos los agentes individuales del mercado son perfectamente racionales, por lo que la cantidad demandada de un bien puede no disminuir cuando el precio aumenta.

Por otro lado, en el modelo convencional de competencia perfecta la asignación de los recursos es eficiente sólo si existe la institución del subastador de precios que hace posible los intercambios entre los agentes, lo que difiere sustancialmente de la idea de un mercado descentralizado. El modelo solo funciona con un agente exterior que debe enunciar precios de subasta a los que se ajustan racionalmente oferentes y demandantes. Para que el proceso de aproximaciones sucesivas termine en un equilibrio, solo el centro subastador puede encontrar precios para los cuales la oferta y la demanda de cada bien se igualen. Se necesita esa función de subasta que calcula los precios de equilibrio sobre la base de las ofertas y de las demandas de los agentes “tomadores de precios” y da a cada uno lo que demandó a esos precios y retirándole lo que ofreció. Esta representación de los intercambios requiere, además, de la hipótesis según la cual los bienes tienen un precio único que no es propuesto ni por los consumidores ni por las empresas que los ofrecen, hipótesis bastante extraña pero que se ha hecho usual en los manuales convencionales dado que hace posible el tratamiento algebraico.

Así, en la construcción del "equilibrio general" supuestamente conducente a la optimalidad en la asignación de recursos en mercados perfectamente competitivos, se requiere introducir un ficticio agente exógeno que anuncie los precios a oferentes y demandantes para hacer posible el ajuste de precios y cantidades. Sin este agente externo, el edificio se tambalea. Al mismo tiempo, el modelo funciona con el supuesto según el cual los incrementos de producción implican costos marginales crecientes, sin economías de escala, lo que no es el caso más frecuente en la economía real (Blinder, 1998). Las tareas del inexistente subastador serían abrumadoras, y muy costosas en tiempo e información. Si uno toma en cuenta estos costos, entonces ya no hay una asignación eficiente de los recursos: se desvía parte de ellos - que pueden ser considerables - en la búsqueda y el tratamiento de la información y en la organización de los intercambios, lo que han subrayado autores como Joseph Stiglitz, George Akerlof y Michael Spence, que recibieron el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel por sus análisis de los mercados con información asimétrica. También los premiados Kenneth Arrow, William Vickrey y James Mirrlees contribuyeron al tema de la información asimétrica en los intercambios.

Las hipótesis sobre las que se construyó el modelo de equilibrio general en competencia perfecta tienen poco que ver con el funcionamiento efectivo de los mercados al no considerar las asimetrías de poder económico de los participantes y las dinámicas de los ingresos más allá de la estática comparativa que determinan las trayectorias inciertas de la asignación de recursos. La "relajación de hipótesis" altera la construcción central del edificio de los mercados competitivos que tenderían al equilibrio óptimo. Por ello, Guerrien & Jallais (2008) sostienen que en los mercados realmente existentes :

"el resultado de los intercambios voluntarios –y por lo tanto mutuamente ventajosos– es indeterminado. Depende de la capacidad de regateo de cada parte y del orden de los encuentros entre los candidatos al intercambio".

La constatación de que el equilibrio general se obtiene solo en casos muy particulares, y que no es un estado de referencia, no impide los análisis en términos de equilibrio parcial, considerando cada bien aisladamente y suponiendo, en la expresión de Marshall, que "todo lo demás permanece constante". Pero si bien la realidad económica de mercado puede presentar elementos de equilibrio en el tiempo suficientes como para identificar regularidades y permitir a los actores económicos proyectar situaciones de futuro inmediato no demasiado diferentes a las del pasado inmediato, o proyectar quiebres de tendencia y crisis de acuerdo a episodios y relaciones causales sobrevenidas con anterioridad, esta constatación no hace del análisis económico neoclásico precisamente una ciencia exacta. 

La corriente de la "economía conductual", desarrollada por Richard Thaler, entre otros, afirma (2015), además, lo siguiente:

"los modelos económicos tradicionales postulan que … los precios de los activos son iguales a su valor intrínseco, es decir, que realmente no existen las burbujas. La realidad nos muestra los amplios márgenes de intermediación de los que se benefician los agentes que operan en el mercado mejor informados y posicionados. Por otro lado, la recurrente formación de burbujas en los mercados y sus periódicos estallidos refutan la teoría del valor tradicional".

En la dinámica económica se presentan cambios periódicos e imprevisibles para individuos, grupos y categorías sociales (fluctuaciones productivas, cambios ambientales, cambios tecnológicos, cambios sociales y políticos) que modifican el curso de los acontecimientos y las trayectorias lineales de eventos de asignación de recursos a lo largo del tiempo. 

La economía neoclásica admite, por otro lado, las "fallas de mercado", pero sostiene que deben abordarse de preferencia estimulando las situaciones de competencia o simulándolas. Desde siempre han existido mercados con un único oferente o demandante, o pocos de ellos que actúan coludidos en detrimento de los consumidores o productores. En este caso, se elevan los precios por sobre su nivel de competencia y existen ganancias de monopolio, y a la vez se restringe la cantidad producida por disminución de la demanda, generándose una pérdida de bienestar social. La solución sería puntualmente realizar acciones públicas de promoción de la competencia en beneficio de los consumidores, lo que es también un incentivo a los productores para acrecentar su eficiencia. Pero el hecho es que los productores procuran sistemáticamente escapar a las situaciones de competencia, lo que requiere también que el Estado deba procurar sistemáticamente reestablecer las condiciones competitivas: no se trata de fallas puntuales. 

Más aún, en los casos de monopolio natural -es decir de producción en que una sola empresa opera a costos inferiores a los de cualquier combinación de dos o más empresas a raíz de la existencia de economías de escala o indivisibilidades en la producción- la promoción de la competencia no es posible y los poderes públicos deben evitar el abuso de posición monopólica estableciendo sistemas de subasta periódica por el acceso al suministro al mínimo precio y/o fijando tarifas para evitar una transferencia de recursos desde los consumidores al monopolista. La tarifa, a la vez, debe situarse en un nivel que permita la recuperación de costos y la realización de inversiones con una utilidad normal para asegurar la continuidad del servicio, y en muchos casos su universalidad. Los gobiernos utilizan diversas modalidades para calcular esos costos o establecer incentivos para minimizarlos por parte del monopolista, siempre bajo el riesgo de captura del regulador por los intereses del regulado, la que se presenta con frecuencia cuando las administraciones son débiles e influenciables.

Los monopolios naturales existen en dominios cruciales de la vida de las personas y son relevantes en la canasta media de consumo, mientras suelen representar proporciones significativas de los presupuestos de los hogares de menos ingresos. Es el caso de los servicios básicos que requieren de inversiones iniciales elevadas y con un alto peso de los costos fijos -por tanto funcionan con costos medios decrecientes a escala-, como la transmisión y distribución de electricidad, el agua potable, el gas de cañería o la telefonía básica. En diversos países -incluyendo varios estados como el de California en Estados Unidos- estos servicios son objeto de la forma extrema de regulación constituida por las empresas estatales. En condiciones de ausencia de control público suficiente, sin embargo, pueden ser capturadas por los intereses de gestores poco reactivos a la innovación y a reducir costos que minimicen las tarifas. En el universo de los monopolios naturales, la asignación de recursos no está inmersa en una dinámica de presión competitiva de mercado con múltiples oferentes y demandantes, ni de regulaciones carentes de riesgo de captura en detrimento de los consumidores.

Tampoco existen opciones de mercado en el caso de los llamados bienes públicos (Samuelson, 1954). No basta con que algo sea útil para que se convierta en mercancía y entre en el circuito de la producción-distribución-consumo de bienes a través de mercados, pues hay bienes que no pueden comprarse y venderse dado que el acceso a ellos no se puede restringir ni cobrar por ellos, o es muy costoso hacerlo, por lo que su consumo es colectivo y sin barreras. Es el caso de la defensa, la seguridad, el conocimiento y las infraestructuras y bienes urbanos. Tampoco tiene sentido cobrar por ellos, pues suministrarlos a un usuario adicional no tiene un costo extra. Algunos bienes son mixtos (bienes de peaje) pues poseen la característica de que se puede cobrar por ellos pero su consumo no es rival y no tienen un costo de producción por unidad adicional de consumo.

Los bienes comunes, por su parte, son aquellos que poseen la característica de rivalidad en el consumo (lo que consume un individuo no lo puede consumir otro) y su oferta disminuye con ese consumo, pero no se puede cobrar por ellos o bien las sociedades los sustraen total o parcialmente a las transacciones de mercado para preservarlos, incluyendo diversos ecosistemas y la biodiversidad, así como los patrimonios culturales y sociales. Para Elinor Ostrom (2011), la creación de un bien común sostenible a largo plazo en torno a un recurso limitado se produce porque de otro modo podría terminar siendo destruido o deteriorado, mientras si sus usuarios actuaran individualmente obtendrían resultados inferiores a los que pueden lograr mediante acciones coordinadas. Para obtener beneficios conjuntos y sostenibles, las acciones colectivas que construyen un bien común no solo pueden lograr potencialmente la mayor eficiencia productiva posible, sino que también contribuyen a establecer normas de conducta basadas en mecanismos sociales de confianza, que acrecientan el valor de lo producido por la sociedad.

Por otro lado, la escuela neoclásica asume que los individuos son quienes mejor juzgan su propio bienestar. Sin embargo, se producirá una ineficiencia asignativa si los individuos subevalúan los beneficios personales que derivan del consumo de determinados bienes, vale decir si le atribuyen un mérito insuficiente. En especial, el síndrome del “a mi no me va a ocurrir” se traduce en la insuficiente provisión de seguros personales frente a la posibilidad de accidentes inhabilitantes, de sobreviniencia de enfermedades graves o de insuficiencia de ingresos en la vejez. Se trata de eventos que pueden ser juzgados como de difícil e improbable ocurrencia o cuyas consecuencias son demasiado lejanas en el tiempo -como la necesidad de ahorrar hoy para tener ingresos cuando ya no se esté en condiciones de trabajar- y que, sin embargo, de producirse, pueden tener consecuencias catastróficas para los individuos imprevisores. Frente a ellas, la sociedad dificilmente puede permanecer indiferente y declara estos bienes como "meritorios" o "preferentes". Existen dos modos, no mutuamente excluyentes, de remover esta ineficiencia asignativa e incrementar el bienestar: a través de mecanismos compulsivos o mediante subsidios. La compulsión implica obligar por la fuerza de la ley a las personas a proveerse de seguros adecuados contra la inhabilidad que provoca la enfermedad, los accidentes o la vejez. La mayoría de los países establece seguros obligatorios, a través de cotizaciones legales establecidas en todo contrato de trabajo como porcentaje fijo o variable de la remuneración, para garantizar ingresos en caso de eventual enfermedad, invalidez o desempleo. Este consumo obligatorio de mecanismos de seguro está en la base de los llamados Estados de Bienestar, cuyo origen se remonta a la Alemania de Bismarck hacia 1880. El subsidio se practica en diversos casos para los seguros de salud o las pensiones privadas directamente o a través de descuentos tributarios.

El problema de la ineficiencia asignativa por la existencia de bienes meritorios o preferentes insuficientemente consumidos se refuerza con la frecuente oferta insuficiente de seguros privados frente a los mencionados riesgos de enfermedad, accidentes o vejez sin ingresos. En efecto, los aseguradores privados realizan una selección de riesgos: les conviene obtener el pago de primas por los individuos que tienen menos riesgo de experimentar los eventos que cubren los seguros e incluso desechan a los de más alto riesgo o les cobran altas primas. Es una "selección adversa" para los que tienen una mayor probabilidad de vivir situaciones que requieren una protección de sus ingresos. Por otro lado, el comportamiento llamado de riesgo moral, es decir aquel que multiplica las conductas de riesgo en la medida en que se dispone de un seguro, lleva, por su parte, a incrementos de los gastos de salud en los sistemas privados. Ello induce a muchos gobiernos a asegurar el acceso universal a la protección frente a los grandes riesgos sociales y a establecer su producción o regulación pública para contener los costos que resultan de este comportamiento. Los costos de transacción en determinados mercados por la información asimétrica existente en ellos y el alto costo de obtener esa información afectan, además, la oferta de créditos. El caso de los créditos estudiantiles y a los emprendimientos sin historia ilustran la restricción o alto costo de la oferta de financiamiento bancario. Así, al consumo subóptimo y a la selección adversa en la cobertura de muchos riesgos sociales se agrega la existencia de “mercados incompletos”: una oferta de mercado no existirá si el precio de transacción es insuficiente para cubrir los costos privados en que se incurre para hacerla efectiva, con una utilidad normal y en condiciones razonables de certeza sobre los pagos futuros.

En suma, la representación de los mercados en los textos convencionales de economía, con sus supuestas virtudes de optimalidad asignativa y de tendencia intrínseca al equilibrio en el modelo de competencia perfecta, es un caso de escuela altamente infrecuente. Es un mundo ordenado de agentes racionales en sus conductas, que ajustan su demanda u oferta según vaya anunciando precios un centro coordinador desinteresado que hace compatibles sus decisiones para conformar un equilibrio general de los mercados de factores de producción y de los mercados de bienes, donde las ofertas terminan igualando las demandas. No considera la realidad inestable, multifacética y plena de asimetrías de poder de mercado propia de los intercambios descentralizados de bienes y servicios, en medio de efectos externos positivos y negativos de los intercambios bilaterales, de bienes esenciales para la vida común cuya demanda solo puede satisfacerse a través del sistema de impuestos y provisión colectiva y de mercados incompletos inmersos en sustanciales asimetrías de información, todo lo cual se aleja de la maximización del bienestar agregado y requiere de importantes acciones colectivas para alcanzarla.

Los debates sobre el mercantilismo y las ventajas comparativas

Para la visión mercantilista que acompañó las primeras conquistas coloniales europeas, si un país compra más de lo que vende a otro, está siendo perjudicado. Señala Arnaud Orain (2019):

"si bien la mayoría de los pensadores mercantilistas, como Antoine de Montchrestien (1575-1621) o Barthélémy de Laffemas (1545-1612), estaban convencidos de que el afán de lucro era un motor útil para la creación de riqueza, también creían …que el poder debía regular, orientar e incluso reprimir este afán para que beneficiara al Estado. Este debía poner la codicia individual al servicio del interés nacional mediante controles, inspecciones y derechos de aduana. Según ellos, era imposible que todos los países se enriquecieran al mismo tiempo y que todos los comerciantes pudieran crecer simultáneamente. Como afirmaba Montchrestien: 'se dice que uno solo pierde cuando el otro gana. Esto es cierto, y se nota más en el comercio que en cualquier otra cosa'".

La visión mercantilista fue cuestionada posteriormente por los argumentos de Montesquieu, para quien, en su texto sobre El Espíritu de las leyes de 1748, de todos los modos en que un país podría procurarse riqueza, el comercio es el único que no conlleva desventajas abrumadoras. Considera que conquistar y saquear a los vecinos puede aportar inyecciones temporales de dinero, pero con el tiempo los costos de mantener un ejército de ocupación y de administrar a los pueblos subyugados imponen tensiones que pocos Estados pueden soportar. Extraer metales preciosos de las minas coloniales provoca una inflación generalizada; de este modo, los costos de extracción aumentan mientras que el valor de los metales extraídos disminuye. La mayor disponibilidad de dinero fomenta el desarrollo del comercio en otros países; sin embargo, en la nación que extrae oro y plata, la industria doméstica se ve destruida. El comercio, en cambio, no presenta tales desventajas. No requiere vastos ejércitos ni la continua subyugación de otros pueblos. No se socava a sí mismo, como sucede con la extracción de oro de las minas coloniales, y recompensa a la industria nacional. Por ello, se sostiene por sí solo y sostiene a las naciones que lo practican a lo largo del tiempo. Aunque no genera todas las virtudes —la hospitalidad, opina Montesquieu, suele encontrarse más entre los pobres que entre los pueblos comerciales— sí produce algunas: “el espíritu del comercio va naturalmente acompañado de frugalidad, economía, moderación, trabajo, prudencia, tranquilidad, orden y regla”. Además, en su visión, “es cura para los prejuicios más destructivos”, mejora las costumbres y conduce a la paz entre las naciones.

Más tarde, Adam Smith (1776) celebraría la división del trabajo como factor de prosperidad, lo que extiende al comercio entre naciones, mientras David Ricardo (1817) razona sobre los beneficios mutuos de la especialización según las “ventajas comparativas” de los participantes del comercio. La teoría clásica que procura explicar la división internacional del trabajo propone que solo se logra una eficiente asignación de recursos y un mayor bienestar agregado siguiendo una especialización en el uso de aquellos recursos en los que cada país tiene una más amplia dotación y en los bienes en que su capacidad de producción es de menor costo. 

El llamado "principio de las ventajas comparativas" fue enunciado por David Ricardo en 1817 y sostiene que a los países les resultará más beneficioso especializarse en la producción de aquellos bienes para los que su ventaja medida en horas de trabajo para producir una unidad es comparativamente mayor a la del resto de países o su desventaja es comparativamente menor.  Esto fue ampliado a la producción multifactorial por diversos autores, manteniéndose la conclusión de que cada país ganaría al no producir todo lo que hace mejor, sino solo aquellos bienes en los que esa diferencia es mayor respecto a los otros países. Incluso para países muy productivos en todo tiene sentido especializarse en lo que les resulta relativamente más ventajoso de producir y cuyo "costo de oportunidad", aquello a lo que debe renunciar si se quiere producir algo dados unos recursos disponibles, es menor. Esto permite consumir más variedad y cantidad de bienes al menor costo posible. Al importar el resto de bienes que requiere, beneficia a sus consumidores con precios inferiores a los que existirían con su producción doméstica y les hace aumentar su poder adquisitivo, mientras sus productores obtienen insumos a un costo inferior. 

La ventaja comparativa permitiría que el comercio internacional beneficie a todos los participantes, aun cuando uno de ellos sea “mejor” en términos absolutos en la producción de todos los bienes. La proposición canónica es que la liberalización del comercio induciría la reasignación de la producción desde unidades menos productivas a aquellas de mayor productividad. Si un país es menos productivo que otro, paga salarios más bajos. Pero si la productividad en la fabricación de algunos bienes está más cerca de la existente para el mismo bien en el país más productivo, el primer país puede ofrecerlos a un precio mucho más bajo por la diferencia de salarios. El corolario sería que cuando los países se especializan en la producción de aquellos bienes en los que poseen una ventaja comparativa y los intercambian por otros bienes, se incrementará el poder de compra de los consumidores y disminuirá los costos de los insumos de los productores, mientras aumentará la producción mundial de todos los bienes.

No obstante, el mercantilismo fue la idea que acompañó la era inicial de los imperios desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Como señala Charles Wyplosz (2025),

“a menudo se presenta por sus aspectos comerciales, pero en realidad forma parte de una concepción más amplia de las relaciones internacionales... El mercantilismo parte de la idea de que el comercio es un juego de suma cero, es decir que las ganancias de un comerciante se logran a costa de las pérdidas de sus competidores. Desde esta perspectiva, reducir las importaciones permite aumentar la producción local. La sencillez intuitiva de esta idea es lo que aseguró su éxito, el de sus múltiples versiones posteriores, y lo que explica que su poder de persuasión siga siendo fuerte hoy en día. De hecho, el error de razonamiento implícito que la sostiene fue uno de los principales motivos que llevaron, en el siglo XVIII, a la creación de la economía como disciplina autónoma. Ese error consiste en ignorar que el comercio internacional es, ante todo, un intercambio. ¿Por qué pagar más caro algo que puede producirse más barato en otro lugar, permitiendo además que esos productores extranjeros nos compren los bienes en los que nosotros somos más competitivos? El comercio permite así que todos los consumidores accedan a una mayor cantidad de productos. No es un juego de suma cero: todos ganan”.

Si bien no tiene sentido que los países dejen de intercambiar con otros los bienes y servicios que permiten incrementar establemente el poder de compra de sus consumidores y abaratar los costos de los insumos de sus productores, tampoco lo tiene extremar especializaciones que se traduzcan en disminuciones de dinamismo y diversificación productiva en el largo plazo. Estas especializaciones extremas producen vulnerabilidades sistémicas, con economías sometidas a fluctuaciones frecuentes de sus precios externos de exportación o a eventuales períodos prolongados de deterioro de sus términos de intercambio, o bien producen vulnerabilidades estratégicas, cuando los países no producen alimentos básicos o insumos sanitarios indispensables para el bienestar de su población en situaciones de emergencia y crisis o no mantienen reservas suficientes que permitan estabilizar sus precios.

La idea de la especialización según "ventajas comparativas estáticas" ha sido objeto de críticas bajo el argumento de que puede llevar paradojalmente a crecimientos empobrecedores. Estos ocurren cuando la ganancia en bienestar social de un país derivada del crecimiento económico es más que compensada por la pérdida de dicho bienestar asociada a un cambio adverso en los términos de intercambio, al contrastarse precios relativos de las importaciones industriales que crecen más que los de las exportaciones de bienes primarios. Esto fue descrito por Jagdish Bhagwati (1958) cuando los países enfrentan condiciones desfavorables de demanda internacional a medida que incrementan sus exportaciones tradicionales. En otros casos, reseñados analítica y empíricamente en Samuelson (2004) y Shaffer (2019), el crecimiento empobrecedor ocurre en el país industrializado cuando su socio comercial sigue una política de crecimiento mediante sustitución de importaciones y, como resultado, altera los términos de intercambio en contra del país exportador. Shaffer señala que los deterioros en los términos de intercambio han generado episodios de “crecimiento empobrecedor” en economías muy dependientes de exportaciones de materias primas donde la caída de los precios internacionales redujo el poder adquisitivo real y, en consecuencia, impidió que el crecimiento del PIB se tradujese en mejoras del bienestar de los sectores más vulnerables.

Para un país cuyas exportaciones enfrentan una demanda inelástica en el mercado mundial no tiene sentido perseguir a toda costa un crecimiento especializado en ellas. En cambio, los países que exportan bienes cuya demanda externa es elástica ganan siguiendo estrategias de crecimiento exportador, como en el caso de las experiencias recientes de países del sudeste asiático y de China, que han logrado reemplazar a lo largo de la últimas décadas a los productores industriales de los centros tradicionales en proporciones significativas mediante la creación de ventajas competitivas, primero con menores salarios y restricciones sociales y ambientales y luego con innovación tecnológica y productiva. 

Otra crítica es que la idea de la especialización según "ventajas comparativas estáticas" ancla a los países periféricos de los centros industriales en la extracción de recursos con poca elaboración manufacturera, lo que les impide desarrollar "ventajas comparativas dinámicas". Las visiones basadas en la teoría de las ventajas comparativas han sido cuestionadas como justificación de una especialización constreñida a la extracción de materias primas sin políticas de innovación tecnológica y de calificación de su fuerza de trabajo, que pueden limitar los beneficios del comercio que pudieran incrementar el poder de compra de los consumidores y disminuir costos de insumos utilizados por los productores. Este tipo de especialización se podría traducir en disminuir el aprendizaje en el desarrollo de industrias con efectos de difusión tecnológica y de aumentos de productividad en los procesos productivos en el conjunto del tejido económico. 

Joseph Stiglitz (2015) sostiene que la ventaja comparativa no es un dato inmutable ni puramente estático, sino un proceso que se construye y renueva a lo largo del tiempo mediante el aprendizaje, la innovación y la acción de las políticas públicas. La teoría clásica se basa en economías sin aprendizaje tecnológico, por lo que no contempla cómo la especialización puede generar nuevas capacidades productivas. Stiglitz introduce el concepto de “ventaja comparativa dinámica” para subrayar que la competitividad de un país depende de su habilidad para innovar y aprender haciendo, y no solo de sus dotaciones iniciales de factores de produccuón más o menos abundantes. Su conclusión es que existe un riesgo del libre comercio sin transferencia de conocimiento: cuando el comercio internacional no va acompañado de mecanismos de difusión tecnológica, los países sin sectores donde se genere nuevo conocimiento sufren un estancamiento productivo; mientras tanto, aquellos con ventaja inicial en sectores de aprendizaje aumentan su liderazgo, lo que puede traducirse en el empobrecimiento relativo de los primeros y mayores desigualdades globales. Para construir y proteger una ventaja comparativa dinámica, Stiglitz defiende intervenciones selectivas (subvenciones, inversión pública en Investigación y Desarrollo, cláusulas de contenido tecnológico en la inversión extranjera) que fomenten la creación de capacidades en sectores estratégicos. Así, los países pueden ir más allá de su ventaja estática y escalar en la cadena de valor internacional.

Si una industria genera efectos indirectos tecnológicos en el resto de la economía, privarse de su producción por el libre comercio disminuye un potencial avance en su productividad por el efecto de difusión tecnológica a lo largo del tiempo en tanto "ecosistemas de innovación" -o "distritos industriales"- en la producción de bienes y provisión de servicios, impidiendo la creación de "ventajas comparativas dinámicas" mediante el estímulo de los avances tecnológicos en toda la economía. Perder estas industrias significa en el límite perder todas las industrias que habrían resultado de esos avances tecnológicos en el futuro y la correspondiente calificación de la fuerza de trabajo. Este argumento se asemeja al de proteger la "industria naciente" que se aplicó, por ejemplo, en los albores de la industrialización en Estados Unidos.  

La dinámica económica a escala internacional no se remite históricamente a la existencia de una eventual repartición óptima de las actividades productivas que resultaría de la especialización en las actividades con ventajas comparativas en base a las dotaciones nacionales más o menos abundantes de factores de producción, además de no aplicarse al comercio de bienes no disponibles en todas partes. Las naciones se especializan, en términos prácticos, al crear ventajas competitivas en determinados sectores económicos en los que disponen o consiguen costos menores para comerciar en los mercados mundiales. También lo hacen cuando logran ventajas en la producción a mayor escala que la que les permiten sus mercados internos, lo que resulta en retornos crecientes a escala. Las economías de escala constituyen una causa autónoma del comercio internacional, incluso sin que pueda configurarse una ventaja comparativa (Krugman, 2008). Para ser eficiente, una planta de ensamblaje de automóviles, por ejemplo, debe vender un número suficiente de unidades al año para diluir en los costos unitarios los elevados costos fijos constituidos por la infraestructura y capital fijo utilizados para producir la primera unidad. Con frecuencia, además, las ventajas competitivas derivan no de una unidad productiva aislada, sino de un distrito local de productores y proveedores de insumos. Estos distritos suelen constituirse por situaciones circunstanciales en la historia productiva o geopolítica de las naciones, pero que luego perduran y se autoalimentan favorecidos por externalidades tecnológicas, la proximidad de proveedores especializados de servicios y una oferta concentrada de fuerza de trabajo calificada. 

La ventaja comparativa surge en teoría de las diferencias entre países en la abundancia relativa de sus dotaciones de factores de producción, pero las ventajas competitivas que puedan sostenerse en el tiempo nacen de la organización productiva y tecnológica a nivel de empresa, que puede o no ser favorecida sistémicamente por la creación de infraestructura, la investigación y desarrollo tecnológico adaptado que impulsa la innovación y las capacidades humanas creadas socialmente, así como por las políticas económicas comerciales, financieras, de cambio de divisas y migratorias que indicen en las relaciones de intercambio internacional. La ventaja competitiva no es ajena a políticas, inversiones y dinámicas empresariales y públicas que permiten a las empresas producir con menores costos medios e innovar, diferenciarse y consolidar posiciones en los mercados internos y externos. 

A su vez, los productos de un país con normas de contaminación poco estrictas serán más baratos y sus socios comerciales los importarán en mayores cantidades, mientras el país exportador concentrará su economía en industrias que son más rentables porque se ignora el daño provocado con la contaminación, aunque exista un costo en bienestar. El modelo de ventajas comparativas no considera los efectos negativos en contaminación y extracción de materias primas no renovables.

Así, tiene justificación poner en práctica políticas de protección mediante aranceles y restricciones temporales para permitir, a costos iniciales más altos que la alternativa de importación, que existan industrias nacientes que generan externalidades positivas sobre otras actividades o para proteger industrias existentes frente a fenómenos de mercado de corto plazo, y evitar así su desaparición si son actividades sostenibles en el tiempo pero que requieren de transiciones productivas a acometer en determinados plazos. También la protección de la competencia externa puede tener sentido para los países si consideran que deben producir internamente determinados bienes por definiciones estratégicas y de autonomía nacional, aunque sus costos de abastecimiento sean más altos que los de proveedores externos. 

No obstante, éstas políticas pueden generar disminuciones generales de competitividad y bienestar si afectan el precio de los insumos necesarios para producir la mayoría de los bienes finales orientados al mercado interno o a las exportaciones. Pueden generar pérdidas de poder adquisitivo de los consumidores frente a menores precios de los bienes importados en relación a los producidos internamente o pérdidas de competitividad de las exportaciones. No tiene sentido económico, además, persistir en proteger el empleo en actividades no competitivas cuando existen cambios estructurales de la demanda o cambios tecnológicos que sustituyen trabajo y que no son reversibles. En palabras de Paul Krugman (2025) en los debates sobre la política económica en Estados Unidos:

"La seguridad nacional es una buena razón para promover ciertos tipos cruciales de manufactura. Y algunas industrias probablemente generan valiosos efectos colaterales tecnológicos. Así que hay un argumento a favor de políticas industriales limitadas y estratégicas para promover sectores clave. Pero eso es muy distinto de imponer aranceles a todos y a todo en un intento condenado al fracaso de traer de vuelta los años 50...Si se quiere mejorar la vida y los ingresos de los trabajadores estadounidenses, cabe dejar de obsesionarte con la manufactura —que es un callejón sin salida— y centrarse en fortalecer el poder de negociación de los trabajadores en toda la economía".

Las economías y sectores de menor productividad relativa suelen al menos requerir períodos de adaptación y algún grado de protección de sus industrias nacientes y de subsidio a la creación y adopción tecnológica para mejorar su posición y sus términos del intercambio con el exterior. En el largo plazo, la aplicación mecánica del principio de las ventajas comparativas puede redundar en mantener sistemas productivos con menor complejidad y, por tanto, carentes de capacidades suficientes de innovación sujetos, a la vez, a una mayor vulnerabilidad en los abastecimientos básicos a la población. No considera que los Estados-nación y las influencias geoestratégicas son decisivas en la construcción de capacidades productivas nacionales y locales y de ventajas científicas, tecnológicas y productivas y en la continuidad del suministro de recursos e insumos para la producción. 

La liberalización del comercio sin más consideraciones, en ausencia de movilidad de los factores de producción de una actividad y territorio específico a otro, provocarán, al menos temporalmente y en ausencia de compensaciones, incrementos del desempleo y pérdidas de ingresos en los sectores de la economía y territorios específicos sometidos a una competencia externa súbita. Ocampo y Taylor (1998) sostienen que:

"Desde el punto de vista microeconómico, la defensa de la liberalización es dudosa cuando existen rendimientos crecientes a escala y las empresas pueden invertir directamente en mejorar su productividad. Los efectos distributivos de los cambios en la política comercial pueden ser regresivos y de gran magnitud; sin embargo, las rentas que generan pueden servir de base para intervenciones públicas efectivas, condicionadas al desempeño de las firmas. En el plano macroeconómico, la justificación de la liberalización descansa en la ley de Say, que no siempre se cumple. Las liberalizaciones recientes —simultáneas en los mercados de bienes y de capitales— han ido acompañadas de tipos de cambio fuertes y tasas de interés elevadas. Además, el crecimiento de la producción y de la productividad se retroalimentan positivamente, y esa dinámica puede verse suprimida por la liberalización".

Adicionalmente, muchos países de bajos ingresos suelen tener un menor desarrollo institucional por carecer de recursos suficientes y suelen exponerse a diversas inestabilidades y distorsiones en la asignación de recursos, como fijaciones de precios, subsidios e impuestos para beneficiar a unos u otros grupos de capitales con capacidad de incidir en las decisiones del sistema político, generando ineficiencias a nivel de firma que no son siempre removidas por la liberalización del comercio.  

En suma, lograr o no una mayor o menor complejidad económica tiene consecuencias en el dinamismo a lo largo del tiempo en la creación de ventajas competitivas de mercado y de ventajas comparativas estáticas y dinámicas en la inserción internacional de las economías. Una especialización unívoca en la producción de materias primas se traduce en disminuir el aprendizaje en el desarrollo de industrias con efectos de difusión tecnológica y de aumentos de productividad en los procesos productivos en el conjunto del tejido económico. Por ello, las especializaciones en ventajas comparativas pueden o no resultar favorables para el crecimiento sostenible en el largo plazo (Bai, Jin & Lu, 2024), lo que depende de sus modalidades y de las políticas de acompañamiento. Waugh (2010) concluye a partir de una amplia muestra de países que los más pobres no obtienen sistemáticamente ganancias del comercio. 

En la segunda década del siglo XXI los beneficios generales del comercio empezaron a ser menos perceptibles que las pérdidas intensas de empleos en sectores y territorios específicos, por lo que se intensificó la demanda por restricciones al comercio. 

En el comercio de materias primas no renovables, y en general en el de oferta relativamente inelástica, como los combustibles fósiles, se generalizaron en la etapa de la globalización prácticas oligopólicas de un cierto número de países exportadores que les permiten lograr importantes beneficios del comercio y términos de intercambio favorables. Esto ha ocurrido, con altibajos, desde la primera crisis del petróleo en los años 1970 y resultado en grandes superávits comerciales para ellos, y en diversos casos en una acumulación de riqueza financiera de gran magnitud, expresada en fondos soberanos de inversión que adquieren activos en todo el globo. Los altos precios del petróleo en el mercado mundial han sido obtenidos con un sistema de administración de la oferta según la evolución de la demanda, lo que se mantendrá en la medida en que los recursos mundiales de petróleo disminuyan y sus costos de extracción aumenten, para luego ser objeto de una sustitución general por energías renovables ante el desafío del cambio climático antropogénico. En cambio, los acuerdos entre países exportadores producen menos resultados para las materias primas con mayor elasticidad precio de la demanda, como en el caso de los acuerdos para el caucho natural, el café o el cacao. En los metales no hay sistemas de acuerdo de precio entre países productores.

Desde el punto de vista de los efectos distributivos al interior de las economías, durante las primeras décadas de la era de Bretton Woods, la mayor parte de los flujos comerciales manufactureros se dieron entre naciones con niveles de ingreso relativamente similares. Esto ayudó a suavizar los impactos distributivos en medio del desarrollo de los Estados de bienestar. En Estados Unidos y Europa Occidental, las economías crecieron como nunca antes con las liberalizaciones comerciales después de la segunda guerra mundial, sin mayores consecuencias en la distribución del ingreso, y siguieron manteniendo un crecimiento significativo en la etapa de la globalización desde 1980. La década de 1970 fue la época dorada de la industria en Estados Unidos, en la que la manufactura representaba un cuarto del empleo total (en la guerra alcanzó un 49%), a comparar con menos de una décima parte en la actualidad, a la par de la liberalización del comercio. 

La globalización explica una fracción de la desindustrialización de las economías de altos ingresos, mientras el resto proviene de los aumento de productividad, lo que también explica la sustancial declinación de la proporción del trabajo agrícola en beneficio de una economía de servicios, en la que los trabajadores modernos de la manufactura son mucho más productivos y se necesitan muchos menos que en las primeras etapas de la industrialización.

Aunque los aranceles pueden beneficiar a industrias específicas que pueden quedar protegidas de la competencia de las importaciones -lo que en algunos casos de industria naciente o estratégica tiene plena justificación- se argumenta por los defensores del libre comercio que los aranceles podrían hacer que la economía en su conjunto sea menos eficiente y terminen por perjudicar a los trabajadores. 

Sin embargo, Wolfgang Stolper y Paul Samuelson (1941) refutaron este argumento modelando un país que produce una mezcla de bienes que requieren una cantidad relativamente alta o bien baja de capital por trabajador y demostraron que si ese país era importador neto de bienes intensivos en trabajo, un arancel elevaría los salarios reales de los trabajadores, no solo en relación con el rendimiento del capital, sino en términos absolutos. Así, los aranceles pueden afectar la distribución del ingreso entre clases sociales y, en ciertas circunstancias, pueden reducir la desigualdad, mientras las reducciones arancelarias, por su parte, pueden aumentarla. El teorema de Stolper-Samuelson cobró una relevancia creciente tras 1980, cuando la desigualdad en Estados Unidos empezó a subir y las importaciones de manufacturas de mercados emergentes fueron uno de los factores de ese aumento. 

El  comercio mundial empezó a cambiar en la década de 1980. Hasta entonces, los países de bajos salarios básicamente exportaban productos agrícolas y mineros a los países de altos ingresos a cambio de bienes manufacturados. Pero a partir de 1980, las naciones emergentes se convirtieron en grandes exportadoras de manufacturas, empezando por productos intensivos en mano de obra. China es el ejemplo más conocido, pero no el único, incluyendo países pobres que pasaron a exportar textiles y no solo materias primas. Este reflejó políticas de industrialización por exportaciones y no solo sustitución de importaciones en mercados domésticos pequeños y la innovación en el transporte marítimo global con contenedores estandarizados que permitió segmentar la producción manufacturera y desplazar las etapas más intensivas en trabajo a países de bajos salarios en cadenas globales de producción. Esto redujo la demanda empresarial de mano de obra menos calificada en los países de altos ingresos, por lo que el comercio agravó la desigualdad interna en esos países, aunque la disminuyó a escala global.

Los economistas convencionales han sostenido que el comercio internacional basado en la especialización según ventajas comparativas mejora el bienestar agregado, pero reconocen que produce ganadores y perdedores y redistribuye los ingresos. No obstante, sostienen que las ganancias de los beneficiados podrían ser más que suficientes para compensar las pérdidas de quienes sufren los efectos adversos de la competencia externa. Esta creencia en la capacidad del comercio para generar mejoras de tipo paretiano (es decir, que al menos alguien mejore sin que otros empeoren) los convirtió en defensores de primera línea de la liberalización generalizada del comercio, aunque la teoría básica también sostiene que el comercio internacional no mejora el bienestar de todos, pues, como señalan Krugman, Obstfeld y Melitz (2018):

“los propietarios de los factores abundantes de un país se benefician del comercio, pero los propietarios de los factores escasos de ese país pierden. (...) Comparado con el resto del mundo, Estados Unidos tiene una dotación abundante de mano de obra altamente calificada, y (...) la mano de obra poco calificada es, en consecuencia, relativamente escasa. Esto significa que el comercio internacional tiende a perjudicar a los trabajadores poco calificados en Estados Unidos —no solo de manera temporal, sino de forma sostenida”.

Los debates sobre la crisis ambiental global

La crisis ambiental se ha transformado en un tema central en la gobernanza de la economía mundial, como consecuencia de largo plazo del hecho que la especie humana ha tenido un carácter superdepredador en su relación con la naturaleza. A diferencia de otros grandes depredadores que cazan casi exclusivamente por alimento, la especie humana tiene una diversidad de usos para sus presas y explota hasta 300 veces más especies que los depredadores no humanos comparables (Darimont et al., 2023). Ha creado tecnologías altamente productivas que utiliza para esos fines. Sus modos de producción a lo largo de la historia, desde las conquistas occidentales y la industrialización, no consideraron, o lo hicieron de manera marginal, los efectos sobre el entorno natural, los que se fueron agravando con el fuerte aumento de la población desde la primera revolución industrial. 

La población mundial crece en la actualidad a menos de un 1% al año, habiendo alcanzado un crecimiento máximo de 2% en los años 1960. Este descenso es fruto de la llamada "transición demográfica", iniciada en partes de Occidente y cuya secuencia es la transformación de las sociedades preindustriales con elevadas tasas tanto de natalidad como de mortalidad a sociedades con ambas tasas que declinan, al punto de llevar desde fines del siglo XX a una disminución de la población en diversas zonas del mundo. La transición demográfica permitió a muchas economías convertir una mayor proporción del incremento de la acumulación de capital y el progreso tecnológico en aumentos del monto de recursos de producción y del ingreso por habitante, incrementando la productividad del trabajo. También permitió un mejor cuidado y educación infantil y modificó la distribución por edades de la población, aumentando temporalmente la proporción de la fuerza de trabajo en la población total y aumentando así mecánicamente la productividad por habitante (Deaton, 2015). Pero si la transición demográfica no llegara a consolidarse en zonas del mundo como diversas partes de África, se agravará el deterioro de los ecosistemas y las migraciones irregulares. De los 2.2 mil millones adicionales de personas en que se incrementará la población mundial hacia 2100, unos 1.3 mil millones serán africanos.

Estos procesos han sido acompañados de una disminución de los activos naturales y de una importante polarización de la distribución de la riqueza entre naciones. Siguiendo un enfoque de medición del nivel de riqueza según su valor de mercado, entendida como el valor económico del "capital natural renovable" (los bosques, las tierras cultivables y los recursos marinos), el "capital natural no renovable" (los minerales y los combustibles fósiles), el "capital humano" (los ingresos a lo largo de la vida de una persona), el capital producido (los edificios y la infraestructura) y los activos extranjeros netos, el Banco Mundial (2021) ha realizado el seguimiento de la riqueza de 146 países entre 1995 y 2018. Esta habría aumentado en 44% entre 1995 y 2018. Los países de ingreso medio estarían alcanzando el mismo nivel promedio que los países de ingreso alto, pero en más de un tercio de los países de ingreso bajo la riqueza per cápita se redujo en las últimas dos décadas y se mantuvo por debajo del 1 % de la riqueza mundial, a pesar de que alrededor del 8 % de la población del mundo vive en esos países. La riqueza forestal per cápita de los países de ingreso bajo y medio se redujo un 8 % entre 1995 y 2018 por la desforestación, mientras el valor de las reservas pesqueras marítimas mundiales cayó un 83% debido a la pesca excesiva durante ese mismo período. Los países que experimentan una disminución en la riqueza también tienden a tener un deterioro en su base de activos naturales renovables. 

La proporción del "capital natural renovable" se está reduciendo y se encuentra amenazada por el cambio climático. Al mismo tiempo, este capital natural renovable se está tornando más valioso porque brinda servicios esenciales para los ecosistemas. Por su parte, la riqueza del capital natural no renovable se ha reducido desde 2014. El "capital humano", medido como la suma de los ingresos que la población prevé obtener en el curso de su vida, es según este enfoque, la fuente más importante de riqueza, pues en 2018 abarcaba un 64 % del total.  Este "capital humano" está afectado por las brechas de género que existen en todas las regiones y grupos de ingreso, las que han experimentado pocas mejoras desde 1995. La calidad del aire también tiene graves consecuencias tanto para las capacidades productivas humanas como para el cambio climático, y representa más de 6 millones de muertes prematuras por año. El crecimiento exponencial de la producción de bienes desde la primera revolución industrial, en contraste con recursos naturales finitos, ha cambiado el clima, deteriorado casi todos los ecosistemas existentes y disminuido dramáticamente la biodiversidad.

El modo de producción dominante se sigue organizando para la acumulación ilimitada de capital y el consumo no funcional en base al uso extensivo de combustibles fósiles y de recursos extraídos de los ecosistemas, con graves consecuencias climáticas y de disminución de la biodiversidad. Este modo de organización social ha llevado a una situación de transgresión de límites ecológicos planetarios y a la disminución de los servicios de una gran cantidad de ecosistemas en todas las zonas del mundo.

De acuerdo con los trabajos de Johan Rockström et al. (2009, 2023) existen procesos biofísicos o sistemas que enfrentan límites planetarios crecientes y que requieren de una reversión en diversos grados en plazos breves. Estos son:

• el clima;

• la integridad funcional de la biosfera;

• los ecosistemas naturales;

• el agua de superficie;

• las aguas profundas;

• los nutrientes (nitrógeno y fósforo);

• la contaminación por aerosoles;

• nuevas entidades (microplásticos, químicos, antibióticos, desechos radioactivos, metales pesados) y otros contaminantes del agua y el aire.

El cambio climático y la integridad de la biosfera constituyen el “núcleo de los límites planetarios” y su alteración puede llevar a un nuevo estado del sistema tierra que dificulte considerablemente la satisfacción de necesidades de supervivencia en múltiples sociedades humanas. La actualización de 2023 (Johan Rockström et al.) cuantifica los umbrales para cada uno de estos problemas que no deberían sobrepasarse para que el sistema terrestre sea seguro y justo no solo para los humanos actuales, sino para las generaciones futuras. Siete de ellos ya han sido sobrepasados en todo o en amplias zonas del planeta, mientras en el caso del agujero en la capa de ozono troposférico la humanidad fue capaz de resolver el problema a tiempo. 

Este no ha sido aún el caso de las emisiones de seis gases que inducen un efecto invernadero en la atmósfera, el principal de los cuales es el dióxido de carbono. Estos están provocando un aumento de las temperaturas que puede llevar a frecuentes eventos climáticos catastróficos si se supera la temperatura promedio en 1,5º respecto al nivel preindustrial, lo que puede ser evitado si se avanza en la reducción de emisiones hasta el punto en que sean absorbidas por los ecosistemas (la llamada carbono neutralidad) antes de 2050. 

En Ginebra en 1979, científicos de 50 naciones se reunieron en la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima y señalaron que las tendencias ya entonces alarmantes del cambio climático exigían actuar con urgencia. En 1988, se celebró en Toronto la Conferencia Mundial sobre la Atmósfera Cambiante (se recomendó, sin éxito alguno, recortar un 20% las emisiones entre ese año y el 2005). Ese mismo año se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC por sus siglas en inglés. El primer tratado internacional vinculante llegó en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, que aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, después de que el IPCC presentara en 1990 su primer informe de evaluación. Tras la entrada en vigencia de la Convención Marco en 1994, los países se han reunido anualmente en la Conferencia de las Partes (COP por sus siglas en inglés). En el tercer encuentro de la COP se adoptó el “Protocolo de Kioto”, concluido en La Haya en 2001 y en vigor desde 2005, con nuevos mecanismos institucionales de control y de incentivo de medidas de reducción de emisiones, mientras se creó el mercado internacional de bonos de carbono, que intercambia permisos de emisión por aportes a su reducción en otras partes. Estados Unidos no lo ratificó y Canadá se retiró después. China, que luego se convertiría en el mayor emisor (aunque no en términos acumulativos) no participó, como tampoco India y Brasil. Rusia y Japón no intervinieron en la prolongación de Kioto celebrada en Doha en 2012. Un nuevo acuerdo global se alcanzó en París en 2015. La COP21 estableció la necesidad de que a finales del siglo XXI no se alcanzara los 2º C de calentamiento global respecto a los niveles preindustriales y los gobiernos tomaron nota de los riesgos elevados que significaban esos 2º C y acordaron que buscarían no superar 1,5º C. El Acuerdo de París de 2015 estableció el compromiso de los países, a través de planes nacionales autónomos, para reducir las emisiones y alcanzar hacia 2050 la neutralidad carbono (equilibrio entre emisiones y absorción de ellas por bosques y mares). Ya es notorio el efecto en sequías, inundaciones, retroceso de glaciares y en el aumento del nivel del mar y su acidificación. El problema es que esos planes llevan, según los cálculos actualizados, a un aumento de entre 2,1 y 2,8º a fines de siglo. 

La COP 2023 (reunión de las partes) avanzó a un compromiso mundial sobre el inicio del fin de las fuentes de las emisiones: la extracción y uso de combustibles fósiles, que están en el centro de la economía como la conocemos, pues sin ellos no hay cemento, acero, plásticos o fertilizantes. Los países petroleros y productores de carbón, petróleo y gas a bajo costo han insistido en la captura y la inyección subterránea de las gases de efecto invernadero, pero no es una alternativa viable en las magnitudes necesarias. Se llegó así al compromiso de transitar —”transitioning away”— para dejar atrás los combustibles fósiles “en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa, acelerando la adopción de medidas en este decenio crítico, a fin de lograr el cero neto para 2050″.  Además, se acordó “triplicar la capacidad mundial de energía renovable y duplicar la tasa media anual mundial de mejoras de la eficiencia energética para 2030″, junto a “acelerar los esfuerzos encaminados a la eliminación gradual de la energía del carbón” que no disponga de sistemas de captura de las emisiones. Se planteó la eliminación progresiva de “las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles”, aunque sin fijar fechas, y “reducir sustancialmente las emisiones distintas del dióxido de carbono a nivel mundial, incluidas en particular las emisiones de metano para 2030″, lo que implica a la ganadería, aunque sin fijar una meta concreta. 

Las trayectorias de reducción hacia 2030 y 2050 serán ahora el tema crítico, siempre a través de los planes nacionales que deben actualizarse en 2025, junto a la ampliación sustancial de las ayudas a los países pobres más afectados a través de un fondo global, que por ahora reúne recursos marginales. Un estudio firmado por 61 científicos de 17 países (Earth System Science Data, 2025), confirma la intensificación del calentamiento global y afirma por primera vez que el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C respecto a la era preindustrial, fijado en 2015 en el Acuerdo de París sobre el clima, “ya no es alcanzable”. Estos investigadores actualizan los principales indicadores del informe del Grupo de Trabajo 1 del IPCC (el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático es el organismo de las Naciones Unidas encargado de evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático) publicado en 2021, y permiten llenar un vacío debido al retraso en la publicación de los informes del IPCC, ya que el próximo está previsto recién para finales de la década de 2020. En 2024, el calentamiento alcanzó 1,52 °C por encima de los niveles preindustriales, superando por primera vez el umbral de 1,5 °C en un año completo. De ese total, 1,36 °C se atribuyen a actividades humanas. El resto se explica por la variabilidad natural del clima, especialmente el fenómeno de El Niño, que elevó las temperaturas globales, junto con océanos Atlántico Norte y Austral inusualmente cálidos. Frente al negacionismo climático, el estudio recuerda que los factores naturales, como los ciclos solares o la erupción del volcán Hunga Tonga en 2022, han tenido un papel mínimo.

Más gases de efecto invernadero significan más calor retenido en la atmósfera, lo que eleva las temperaturas. Actualmente, todos los indicadores están en rojo. Las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron en 2023 el récord de 55 mil millones de toneladas de CO₂ equivalente, principalmente debido a la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y a la deforestación. Como consecuencia, las concentraciones de estos gases en la atmósfera siguen aumentando: la de CO₂ alcanzó las 423 partes por millón (ppm) en 2024, un 50 % más que en la era preindustrial y una cifra inédita en más de dos millones de años. Paralelamente, la lucha contra la contaminación del aire ha reducido los aerosoles como el dióxido de azufre, partículas con efecto refrigerante. El alza de temperaturas, que ahora avanza a un “ritmo sin precedentes” de 0,27 °C por década, provoca un aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos: olas de calor, sequías, inundaciones e incendios. También acelera el derretimiento de glaciares y casquetes polares, y el aumento del nivel del mar. Entre 2006 y 2024, los océanos se elevaron 3,91 mm por año, más del doble del ritmo observado desde 1901. El presupuesto de carbono restante — la cantidad máxima de emisiones para mantener más del 50 % de probabilidad de limitar el calentamiento a 1,5 °C— está prácticamente agotado. Actualmente es de 130 mil millones de toneladas de CO₂, lo que equivale a menos de tres años de emisiones al ritmo actual. Este presupuesto se agotará y no se alcanzará la neutralidad-carbono en la década de 2020. El presupuesto de carbono para no superar los 2 °C se sitúa en 1.050 mil millones de toneladas de CO₂, equivalente a 25 años de las emisiones previstas. Entretanto, las emisiones de gases de efecto invernadero no disminuyen y la transición ecológica es atacada en numerosos países, pero el Acuerdo de París, que fija como meta limitar el calentamiento por debajo de los 2 °C y, si es posible, a 1,5 °C, sigue siendo el marco general de la acción y de las negociaciones climáticas. 

Según el Acuerdo de París, los países deben aumentar sus compromisos climáticos en 2025, cuando el acuerdo cumple 10 años. Las nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), con horizonte 2035, deberían ser mucho más ambiciosas, ya que las políticas actuales llevan al planeta a un calentamiento de 3,1 °C a finales de siglo. A escala global, los planes de los Estados siguen siendo insuficientes: hasta ahora solo 22 países las han enviado a Naciones Unidas, y solo 5 son del G20 (los mayores emisores): Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón y Brasil. Esos planes solo permitirían reducir 1,4 mil millones de toneladas de CO₂ entre 2030 y 2035, cuando se necesitaba una reducción de 31 mil millones para mantener el calentamiento en 1,5 °C, según el World Resources Institute. Faltan los planes de tres grandes emisores: la Unión Europea, China e India. La Comisión Europea debe presentar el 2 de julio su objetivo de reducción de emisiones para 2040 (que podría ser de –90 %), pero persisten fuertes divisiones entre los Estados miembros. China, el mayor emisor mundial, podría entregar su plan en septiembre, probablemente siguiendo la lógica de comprometerse poco, pero de superar sus propios objetivos, pues se ha transformado en la superpotencia de las tecnologías limpias. El fortalecimiento del esfuerzo de India podría verse obstaculizado por la falta de financiamiento climático.

El desafío de los países sigue siendo definir la ruta para aplicar los compromisos decisivos arrancados en la COP28 de Dubái (2023): dejar atrás las energías fósiles de forma “justa, ordenada y equitativa”, triplicar las energías renovables y poner fin a la deforestación. La salida de los fósiles debería plasmarse en los nuevos planes climáticos, pero por ahora pocos países se lo proponen, mientras Arabia Saudita o Rusia luchan por eliminar cualquier mención a la perspectiva de dejar atrás el carbón, el petróleo o el gas. Los negociadores también deberán definir mejor el marco del “objetivo global de adaptación”, uno de los artículos del Acuerdo de París, destinado a “reducir la vulnerabilidad al cambio climático”, mediante indicadores que midan los avances de los países. 

La carrera para definir el futuro de la energía es un componente fundamental del proceso de abordaje del cambio climático y la reducción de la biodiversidad. Estados Unidos y China, persiguen estrategias energéticas distintas. En Estados Unidos, el segundo gobierno de Donald Trump ha sustituido la estrategia del gobierno de Biden de estímulo de la inversión en energías renovables por una que procura mantener los combustibles fósiles como el petróleo y el gas como energético dominante. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo y el mayor exportador de gas natural del mundo, lo que ofrece el potencial de lo que Trump ha llamado una era de “dominación energética” estadounidense que elimine la dependencia de países extranjeros. China, en cambio, está apostando por un mundo que funcione con electricidad barata solar y eólica abastecida por sus empresas de paneles solares y turbinas de alta tecnología. China, a diferencia de Estados Unidos, no dispone de grandes reservas de petróleo o gas fácilmente accesibles, por lo que se orienta a eliminar la dependencia de los combustibles fósiles importados y en su lugar alimentar gran parte de su economía, y la del mundo, con energías renovables. En 2024 se instalaron en China más turbinas eólicas y paneles solares que en el resto del mundo combinado, mientras empresas chinas están construyendo fábricas de vehículos eléctricos y de baterías en Brasil, Tailandia, Marruecos, Hungría y otros países. Aunque China sigue quemando más carbón que el resto del mundo y emite más gases contaminantes que Estados Unidos y Europa juntos, su giro hacia alternativas más limpias está ocurriendo a una velocidad vertiginosa y domina la fabricación mundial de paneles solares, turbinas eólicas, baterías y vehículos eléctricos y ha ampliado su ventaja tecnológica y sus economías de escala.

¿Qué se puede esperar de los economistas? 

¿Puede la economía como disciplina diagnosticar las evoluciones económicas con suficiente precisión y capacidad predictiva y, a la vez, favorecer el interés general de las sociedades? La noción de interés general, como antinomia del interés particular, se emparenta con la de bien común, que proviene de una larga tradición desde Santo Tomás de Aquino. La idea del interés general deriva en alguna medida de la "voluntad general" de Jean-Jacques Rousseau, y se puede definir, siguiendo al jurista Didier Truchet (2017), como la que

"designa siempre las necesidades de la población, o para retomar la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 'la necesidad pública': es de interés general lo que esas necesidades comandan o permiten en un lugar dado y en un momento dado".

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 recoge lo que entiende es la voluntad de las naciones de basar su funcionamiento en "la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres", y defender la aspiración al

"advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias...considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión...resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad."

Autores como Jeffrey Sachs (2021) hacen, por su parte, una explícita declaración normativa en su concepción de la economía:

"Todos los seres humanos tienen las mismas necesidades económicas fundamentales para lograr una buena vida, en particular los derechos económicos enumerados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, las sociedades deben garantizar el acceso universal a estos derechos económicos fundamentales para asegurar que 'nadie se quede atrás'. Las personas privadas de estos derechos económicos (por ejemplo, la falta de acceso a alimentos suficientes, agua potable, vivienda, educación o atención médica) sufren una grave pérdida de bienestar."

También la hace en otro sentido el liberal Friedrich Hayek (1990): 

"Con excepción del mecanismo a través del cual el mercado competitivo procede a distribuir los ingresos, no existe ningún método conocido que permita a los diferentes actores descubrir cómo pueden orientar mejor sus esfuerzos al objeto de obtener el mayor producto posible para la comunidad (...). Cuanto más planifica el Estado, más complicada se le hace al individuo su propia planificación".

¿Qué lógica económica está en mejores condiciones de promover el interés general? Las escuelas económicas liberales sostienen que las economías de mercado con un mínimo de interferencia estatal -más allá del orden público y la defensa nacional- son las que maximizan el bienestar agregado y las que deben considerarse deseables y dignas de ser promovidas. Esta perspectiva postula un óptimo en la asignación de recursos logrado a través de la "mano invisible del mercado", que llevaría a situaciones en las que se agotan las transacciones mutuamente beneficiosas y cualquier modificación disminuye el bienestar de alguien (el “óptimo de Pareto”). Pero incluso autores provenientes de la tradición neoclásica como Jean Tirole (2017), como ya lo habían hecho entre otros Marx y Keynes desde diferentes perspectivas, cuestionan la idea de Adam Smith (1776) de un óptimo social producido por la interacción de mercado en la que sus actores persiguen solo su interés propio:

"ya sea que seamos políticos, empresarios, asalariados, cesantes, trabajadores independientes, altos funcionarios, agricultores, investigadores, sea cual sea el lugar que ocupemos en la sociedad, todos reaccionamos a los incentivos a los que nos enfrentamos. Estos incentivos —materiales o sociales—, unidos a nuestras preferencias, definen nuestro comportamiento. Un comportamiento que puede ir en contra del interés colectivo. Esa es la razón por la que la búsqueda del bien común pasa en gran medida por la creación de instituciones cuyo objetivo sea conciliar en la medida de lo posible el interés individual y el interés general. En este sentido, la economía de mercado no es en absoluto una finalidad. Es, como mucho, un instrumento, y un instrumento muy imperfecto, si se tiene en cuenta la discrepancia que puede haber entre el interés privado de los individuos, los grupos sociales o las naciones y el interés general."

Estas corrientes afirman que detrás del reclamo de neutralidad analítica, suele haber postulados normativos, en particular de prioridad de la maximización de las condiciones materiales individuales por sobre las condiciones de equidad en la sociedad y de resiliencia de los ecosistemas, y que el rol de los gobiernos y de las acciones colectivas en las sociedades es indispensable para aproximarse a algún tipo de definición del interés general o del bien común de las actuales y las futuras generaciones, preferentemente a través de mecanismos deliberativos y democráticos. Sostienen que la base productiva del capitalismo son unidades de producción autónomas, pero al mismo tiempo jerarquizadas según su tamaño y posición en la división del trabajo y en los diferentes regímenes de acumulación de capital y de distribución de ingresos, y que proveen bienes y servicios y evolucionan en mercados en los que los precios son determinados por las características de la oferta -competitiva, pero más frecuentemente oligopólica o monopólica- y de la demanda de consumo de los hogares, de inversión de las empresas y de consumo e inversión canalizados por el gasto público.

Una economía de interés general o del bien común se puede definir como aquella en la que se subordina la acumulación de capital y la distribución de riqueza e ingresos de mercado a fines sociales y ecológicos deseables para hacer prevalecer el interés general en sociedades en las que puedan erradicarse las violencias, explotaciones, depredaciones y discriminaciones y atenuarse las desigualdades de género y de ingreso y riqueza. Y también restringirlos o sustituirlos en diversos ámbitos de la producción y distribución de bienes económicos para hacer posible el acceso universal a condiciones de vida humanamente dignas. La experiencia indica (ver el capítulo respectivo) que este tipo de economía no se obtiene mediante una centralización generalizada que burocratice la asignación de recursos o la subordine a mecanismos de dominación estatal arbitrarios. La centralización económica no puede sustituir miles de decisiones económicas cotidianas y puede desestimular la innovación y la eficiencia productiva, en ausencia de condiciones competitivas que otorguen opciones alternativas a los consumidores al mínimo costo dadas las tecnologías disponibles. La flexibilidad y suficiencia en los suministros a la población requiere de mercados que aseguren cotidianamente, en economías complejas y a través de múltiples intercambios descentralizados y desconcentrados, la producción de bienes y servicios de consumo rival y de adquisición individual demandados por la sociedad, o subsidiados para la franja de la población que no logra adquirir bienes básicos. Estos mercados no pueden ser sustituidos sin costos de eficiencia en la función de coordinar, a través del sistema de precios, las ofertas y demandas descentralizadas de productores y consumidores, pero funcionan mejor sujetos a una regulación social y ecológica para asegurar su orientación hacia el interés general.

Una economía de interés general o del bien común supone combinar ámbitos socializados y otros en los que prevalecen ofertas y demandas descentralizadas en mercados regulados, con agentes privados con afán de lucro pero con incentivos suficientes para estimular la innovación en la producción sujeta a competencia, en beneficio de los usuarios y consumidores y del ambiente. Mantener el carácter mixto de los agentes económicos puede integrar la planificación de inversiones de largo plazo, según mandatos provenientes de sistemas políticos democráticos, y estimular la provisión estatal de bienes comunes -ambientales, sociales y culturales- y la de bienes de consumo colectivo o con efectos colectivos sustanciales, que de otro modo serían producidos de modo insuficiente con el efecto de disminuir el bienestar agregado, o de modo excesivo en el caso de las producciones de bienes con externalidades negativas. La planificación del suministro de bienes comunes y bienes públicos o de bienes privados con externalidades positivas, es indispensable para el logro global de un bienestar equitativo y sostenible. Frente al desafío ecológico, las economías orientadas al interés general deben proponerse hacer crecer ciertas cosas y decrecer otras, con los incentivos y desincentivos respectivos. Y requieren de una base productiva dinámica que incluya empresas públicas estratégicas, empresas privadas con fines de lucro, empresas privadas con fines múltiples y empresas y actividades de economía social y solidaria, que son las integran prácticas de democracia económica (Schweickart, 2002).

El rol de una economía del interés general o del bien común es el de procurar un funcionamiento económico con menos fluctuaciones evitables de los mercados, mayores grados de igualdad distributiva y menor carga destructiva sobre los ecosistemas, es el de orientar la conducta de los agentes de la economía hacia maximizar la creatividad productiva sostenible y la simultánea reducción de las brechas entre posiciones sociales y de ingresos y en materia de género, pertenencia étnica o estatus. Esto depende de la prevalencia o no de coaliciones sociales con capacidad de intervenir de manera suficiente sobre el predominio de la acumulación ilimitada y desigual de capital y de orientar la vida económica según las preferencias mayoritarias que las sociedades van determinando o logrando en su evolución histórica.

Como se observa, en la teoría económica las clásicas preguntas del manual de Paul Samuelson (1948 en adelante) sobre ¿qué, cuánto, cómo y para quién se produce? siguen y seguirán teniendo respuestas no unívocas ni acumulativas. También ocurre lo propio con las respuestas a la pregunta más relevante para la política económica: ¿qué combinación y coordinación de mercado y políticas públicas produce los mejores resultados de manera simultánea en materia de dinamismo productivo, sostenibilidad ambiental y equidad distributiva?

Cabe retener la visión de Robert Solow (1985):

"las verdaderas funciones de la economía analítica son (...) organizar nuestras percepciones necesariamente incompletas sobre la economía, ver conexiones que el ojo indocto no percibiría, contar historias causales plausibles -en ocasiones incluso convincentes- con la ayuda de unos pocos principios centrales, y realizar juicios cuantitativos aproximados sobre las consecuencias de la política económica y otros eventos exógenos (...) Tan pronto como las series de tiempo son suficientemente largas para ofrecer la esperanza de poder discriminar entre hipótesis complejas, la verosimilitud de que permanezcan estacionarias disminuye y los niveles de ruido se hacen correspondientemente altos. En estas circunstancias, un poco de astucia y persistencia pueden proveer casi cualquier resultado que se quiera. Creo que es por eso que muy pocos econometristas han sido alguna vez forzados por los hechos a abandonar una creencia firmemente sostenida...Los intereses de la economía científica serían mejor servidos por una aproximación más modesta. Hay suficiente para nosotros sin pretender una grado de completitud y precisión que no podemos entregar”. 

Y también la de Dani Rodrik (2021): 

"las palabras clave de una economía verdaderamente útil son contingencia, contextualidad y no-universalidad. Cartografiar los vínculos entre las circunstancias del mundo real y la deseabilidad de diferentes tipos de intervenciones es en lo que consiste la buena economía".

En medio de las controversias sobre el objeto y alcance de la economía como disciplina académica, la American Economic Association ha establecido un código de ética (2018) que declara que la investigación económica 

"requiere integridad intelectual y profesional. La integridad demanda honestidad, cuidado y transparencia al realizar y presentar la investigación; la evaluación desinteresada de ideas, el reconocimiento de los límites del conocimiento experto y la revelación de conflictos de interés percibidos o reales (...) Los economistas tienen tanto una responsabilidad individual por su propia conducta como una responsabilidad colectiva de promover una conducta profesional. Estas responsabilidades incluyen el desarrollo de arreglos institucionales y de un entorno profesional que promueva la libre expresión en lo que respecta a la economía". 

Al no existir en la disciplina académica que estudia la economía un cuerpo de conceptos, premisas y supuestos a partir del cual hacer funcionar una ciencia deductiva homogénea, resulta pertinente remitirse a la antigua recomendación de prudencia de Maurice Dobb (1938): 

“por ahora, parece que el modo más satisfactorio de definir la economía es hacerlo en términos de la cuestión que se pregunta y cuya respuesta se busca y definir, de manera semejante, las escuelas ideológicas rivales en términos de las diversas cuestiones que se proponen a sí mismas o de las diferencias de los tipos de respuesta que ofrecen”. 

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Resumen

1. La economía es la disciplina de las ciencias sociales que estudia el modo en que las sociedades utilizan los recursos de los que disponen para producir, distribuir ingresos y consumir bienes, así como sus consecuencias sobre el bienestar humano y los ecosistemas. 

2. Los bienes económicos se diferencian del resto de los bienes en tanto no están inmediatamente disponibles y requieren ser producidos y suministrados en el contexto de instituciones y sistemas de relaciones sociales. Esta producción puede estar destinada a satisfacer directamente necesidades humanas o bien ser objeto de transacciones en mercados, estructurados por sistemas de ofertas y demandas, así como de redistribuciones, lo que depende de los sistemas y regímenes económicos, de las diversas motivaciones humanas y de las culturas que las moldean enmarcadas por las instituciones, así como del lugar que cada economía ocupa en la división entre centros y periferias y en las cadenas de producción que estructuran la economía en escala mundial. 

3. La teoría económica neoclásica, hoy dominante, postula que existe una asignación de recursos en mercados competitivos dotados de una tendencia al equilibrio y que la distribución del ingreso deriva de la productividad marginal de los "factores de producción", si se respetan las condiciones de competencia perfecta. Para este enfoque, la intervención del Estado debe reducirse al mínimo para dejar funcionar libremente a los mercados, que a su vez garantizarían una óptima asignación de los recursos y maximizarían el bienestar general a lo largo del tiempo. 

4. Las diversas escuelas estructuralistas e institucionalistas postulan, en cambio, que la asignación de recursos económicos no se puede explicar al margen de las reglas que hacen posible las transacciones de bienes y servicios y de los poderes que intervienen sobre ellas, en especial la emisión de moneda de curso legal y en el control público de los contratos para hacer posibles las transacciones descentralizadas que pudieran ser mutuamente beneficiosas. Sostienen que las economías son mixtas y que los mercados suelen operar con actores con poder asimétrico y con amplias economías de escala y barreras a la entrada que generan rentas por sobre las utilidades normales, obtenidas en condiciones competitivas, y que los precios no tienden a equilibrar los mercados porque están determinados no solo por las curvas de oferta y demanda sino también por el impacto de las variaciones de precios relativos en los ingresos reales, tanto en los mercados de productos y de capitales como en las relaciones del trabajo. 

5. El debate positivo y normativo en economía gira alrededor de si el libre mercado resuelve o no la subsistencia de los miembros de la sociedad, la búsqueda del interés general y la igualdad de oportunidades de prosperar. Las corrientes liberales sostienen que es el mecanismo que mejor se aproxima a esa aspiración. Otras corrientes de pensamiento sostienen que una agenda de bienestar e igualdad efectiva de oportunidades debe incluir intervenciones institucionales sobre los mercados y no solo la corrección de las barreras que impiden la igualdad formal de oportunidades y de acceso a distintas posiciones sociales. Las corrientes de pensamiento más críticas se proponen transformar las condiciones estructurales de desigualdad de acceso a esas diferentes posiciones sociales e impedir la dominación de poderes privados asimétricos sobre el resto de la sociedad y la depredación de la naturaleza.

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