Giordano analiza las diferencias entre los recursos aportados y recibidos de Nación.  Menciona que Provincias como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fé y Neuquén reciben entre un 55% y  un 80% de lo que aportan. Mientras que CABA, Formosa, Corrientes, Salta y Catamarca reciben entre un 125% y 300% de lo que aportan. 

“Tenemos un mecanismo, la coparticipación,  que administra una enorme cantidad de recursos y que lo hace muy mal.  Necesitaríamos un un mecanismo quirúrgico y puntal. No es tanto el problema el atraso que tienen las Provincias del Norte como para justificar la coparticipación”. 

Raúl Hermida presentó diversos gráficos que demuestran que el AMBA tiene el 45% de la población argentina y se lleva el 55% del presupuesto asignado a cada jurisdicción. 

“Cerrando la economía del interior, y manteniendo la concentración de recursos en el AMBA, nos conduce a perpetuar esta enorme distorsión proporcional y económica del país, que invalida cualquier programa de desarrollo económico con equilibrio regional”.

El economista afirma que es posible otro modelo en el país, en el que sea posible desarrollar valor agregado. Para ello, es necesario resolver conflictos con países del Mercosur y del Cono sur.  Argentina debe aprovechar al máximo “la ventaja comparativa de estar en el centro geográfico del sistema hidro-vía mas importante del mundo”.

Florencia, en una presentación reveladora, ha desentrañado el complejo Laberinto de la coparticipación mediante el uso de gráficos ilustrativos y ejemplos claros. Su análisis meticuloso se centra en dos aspectos fundamentales: la masa coparticipable y la distribución de los fondos entre las provincias.

Al abordar la masa coparticipable, se cuestiona ¿Cuánto efectivamente llega a las provincias en relación con lo que contribuyen? A través de minuciosos cálculos, ha llegado a la siguiente conclusión : solo el 47% de los impuestos coparticipables que se abonan en cada provincia retorna en forma de coparticipación. Es decir, por cada $100 de impuestos que el contribuyente paga en las provincias, únicamente $53 regresan, mientras que el resto se queda en manos de la Nación.

Según Ricardo, nos encontramos frente a lo que él denomina una "ley maldita": la ley complementaria permanente de presupuesto. Esta legislación, que surge como una extensión del presupuesto anual, se diferencia al incorporar una serie de artículos permanentes, que perduran más allá del ciclo anual. 

Para él, el problema subyacente va más allá de esta ley específica. Asegura que, sin un cambio en la Constitución, será imposible establecer políticas de Estado. La política de Estado, según Ricardo, es aquello acordado de manera explícita o implícita por el Estado y la Sociedad. Lamentablemente, en Argentina, este tipo de políticas no existe, generando un vacío que se traduce en la falta de continuidad y estabilidad en las decisiones gubernamentales.

En este contexto, Ricardo argumenta que la percepción actual del ciudadano como un mero pagador de impuestos no contribuye a salir del laberinto en el que se encuentra el país. Para él, la solución radica en definir claramente las responsabilidades institucionales.