Reflexiones sobre la deuda odiosa colonial, tesis y hojas de ruta

José Nicolás Medina Fuentes

PUBLICADO: 15 DE MARZO DE 2019

La deuda odiosa

José Nicolás Medina Fuentes

Este libro discute cómo se generó la deuda pública colonial impagable; bajo qué normas morales y de derecho, Estados Unidos es responsable a los acreedores de la deuda; qué alternativas políticas y jurídicas hay para enfrentar la deuda y la crisis; y cómo construir un nuevo bloque histórico amplio del pueblo puertorriqueño para generar un programa sustantivo pluralista solidario de país. Se expone un procedimiento sencillo, unitario y por etapas de descolonización —atractivo a todas las tendencias ideológicas, incluidos estadistas, soberanistas e independentistas—, mediante un plan para organizar el Congreso del pueblo para la Descolonización, que tenga la legitimidad para convocar una Asamblea Constitucional de delegados de la Isla y la diáspora por la sociedad civil y el poder necesario para descolonizar a Puerto Rico y cancelar la deuda odiosa.

Isla Deuda: Wall Street tiene en la mirilla 40 años de ganancias a expensas de Puerto Rico

Para fines de este mes se aproxima un capítulo importante de la historia de la crisis de la deuda de Puerto Rico, ya que está por concluir la votación de los acreedores a un plan de ajuste centrado en la deuda respaldada por el impuesto a las ventas, o COFINA, y probablemente se apruebe por la corte federal a mediados de enero, que es quien controla el proceso de reestructuración. El acuerdo fijaría 40 años de pagos a los bonistas de Wall Street, con consecuencias sustanciales para Puerto Rico. ...

Romper el silencio sobre el repudio de las deudas odiosas

LVSL. ¿Usted piensa que la deuda es un tema muy poco discutido en los medios tradicionales? Si es así, ¿según su opinión, cuáles pueden ser los motivos?

Éric Toussaint: Se habla a menudo de la deuda, pero nunca en el sentido en que el CADTM y yo abordamos esa cuestión. El discurso de los medios dominantes y de los gobiernos consiste en decir que hay un exceso de deuda, demasiado gasto público de los Estados y, en consecuencia, que hay que pagar la deuda y reducir esos gastos públicos. En el CADTM intentamos ante todo preguntarnos de dónde vienen las deudas, si los objetivos perseguidos a través de la acumulación de deudas eran legítimos, y si fueron contraídas de manera legítima y legal. Este es el enfoque que intentamos tener y es cierto, en efecto, que no es el que aparece en los medios dominantes. Estos no ven ningún interés en este punto de vista y, además, opinan que esta cuestión está desconectada de la realidad. ...

miércoles, 6 de mayo de 2015

La deuda odiosa

Julio Fontanet

La deuda pública es el problema más serio que enfrentamos actualmente y requiere acción inmediata y decisiva. Es precisamente por ello que fue discutida con mucho rigor en el foro “La deuda pública y la responsabilidad del gobierno federal” celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA) recientemente.

El problema fundamental de esa deuda de $72,000 millones (sin contar el dinero tomado de la Junta de Retiro y el costo del servicio de la deuda) es que requiere para su repago anual alrededor de un 20% del presupuesto del País, mucho más de lo que se asigna a educación, salud o seguridad. Como una espada de Damocles, no meramente impide nuestras posibilidades de desarrollo, sino las de acceder a los servicios básicos a los cuales todo ser humano tiene derecho. ...

https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/ladeudaodiosa-columna-2043437/

José Nicolás Medina y la deuda odiosa de Puerto Rico

VIERNES 26 DE ENERO DE 2018 ADRIÁN X. SIACA PÉREZ

Anoche en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico se dio la presentación del libro de José Nicolás Medina Fuentes, La Deuda Odiosa y la Descolonización de Puerto Rico. La presentación estuvo guiada por un foro de discusión compuesto por un panel de ponentes invitados: el Prof. Carlos Ramos Gonzales, por el Prof. Fernando Silva, la Dra. Martha Quiñones y el escritor Eduardo Lalo.

José Nicolás Medina Fuentes es un destacado abogado boricua, que ha sido servidor público, profesor de derecho y escritor sobre temas variados. Ha dictado conferencias e investigado extensamente en diversas áreas del derecho civil, administrativo y constitucional en los casos ante su atención, y publicado en revistas y periódicos sobre la deuda pública de Puerto Rico, la diáspora, el proceso de descolonización, la educación legal clínica, la misión universitaria, la reglamentación de las drogas, teoría del liderato, la moral, teoría y proceso de negociación, proceso político y otros.

El libro discute cómo se generó la deuda pública colonial e impagable, bajo qué normas morales y de derecho. Según Medina, los EE.UU. son responsables a los acreedores de la deuda. El libro además explica qué alternativas políticas y jurídicas hay para enfrentar la deuda y la crisis y como construir un nuevo bloque histórico amplio del pueblo puertorriqueño para generar un programa sustantivo pluralista solidario de país.

El libro propone un procedimiento sencillo, unitario y por etapas de descolonización –atractivo a todas las tendencias ideológicas, incluidos estadistas, soberanistas e independentistas-, mediante un plan para organizar el Congreso del Pueblo para la Descolonización, que tenga la legitimidad para convocar a una Asamblea Constitucional de delegados de la isla y la diáspora por la sociedad civil y el poder necesario para descolonizar a Puerto Rico uy cancelar la deuda odiosa.

http://elpostantillano.net/cultura/20775-2018-01-26-13-30-37.html

Reflexiones sobre la deuda odiosa colonial, algunas tesis y hojas de ruta

José Nicolás Medina Fuentes

Hace 6 años escasas voces denunciaban que la deuda pública de Puerto Rico era odiosa colonial. El pensamiento y discurso general en Puerto Rico era el arraigado en la tradición moral y jurídica antigua adicta a los acreedores que los contratos se cumplen. Parte de las premisas falsas que si se repudia la deuda se perderá el acceso a los mercados de crédito y que se tiene que pagar lo que se utilizó para el beneficio de la población. Ese discurso promueve en la realidad colonial puertorriqueña una teoría eunuca de la relación crediticia pública dual acreedores-territorio-población que obvia el colonialismo y al único soberano responsable de la deuda que es el gobierno federal. En el contexto de una deuda pública colonial a todas luces impagable prevalecía y desafortunadamente continúa imponiéndose hoy en día ese discurso insensible de los acreedores y la metrópolis. Hacía y hace falta el desarrollo de un pensamiento crítico nacional, alterno, ético, jurídico, político, anticolonial, solidario y pos neoliberal sobre la deuda pública territorial, que critique, vulnere y derrumbe esa ideología dominante, para imputar la responsabilidad exclusiva de la deuda a la potencia colonial.

Ante la inmensa deuda pública, el servicio anual impuesto a la población de la isla y la grave crisis, dio inicio ese proceso lento, crítico, creativo, justo, necesario. Hace poco tiempo comenzó un proceso minoritario para articular una teoría de responsabilidad del gobierno federal sustentada en estudios críticos interdisciplinarios, una visión moral solidaria, acopio de doctrinas jurídicas de control del mismo derecho anglosajón y la doctrina de la deuda odiosa conforme ha evolucionado, en la experiencia comparada, según se ha configurado en la historia de la economía política y jurídica de la explotación del enclave colonial de Puerto Rico. Colaboré en ese proceso primerizo con algunos ensayos breves durante los años 2013, 2014 y 2015. Todavía no se había resuelto el caso de Pueblo Sánchez Valle ni aprobado la ley federal Promesa.

En http://www.rebelion.org/noticia.php?id=253151

La responsabilidad federal sobre la deuda pública de Puerto Rico

viernes, 6 de julio de 2018

José Nicolás Medina Fuentes

Durante más de un siglo de control colonial, Estados Unidos incentivó el endeudamiento de Puerto Rico como única entidad territorial con bonos triplemente exentos de tributación (Ley Jones 1917), sin regulación de valores ni cobertura de la Investment Company Act del 1940 y al que le quitó mecanismos de quiebra en el 1984.

A la par que el gobierno federal promovió irresponsablemente el endeudamiento territorial, eliminó fuentes cruciales de actividad económica con la derogación de las compañías 936 (1996-2006) sin proveer medidas alternas de actividad económica, terminación del mercado exclusivo con la firma de Tratados de libre comercio (1990s) e imposición exclusiva contributiva federal a las ganancias netas expatriadas del capital foráneo. Como han demostrado estudiosos de la economía política, ello causó la deuda impagable en 14 años con un aumento de $24 billones en el 2000 a $72 billones en el 2014, devaluación del crédito por las casas acreditadoras, depresión económica extensa y crisis social profunda.

Esa crisis inmensa, provocada por la deuda así causada, es la fuente de la pérdida de hogares, devaluaciones de riquezas, inmuebles y bienes por más de un 50% de su valor, el éxodo de centenares de miles de boricuas, incremento del índice de pobreza, pérdida de derechos de pensiones, laborales, educativos y de salud, cierre de escuelas, negocios, quiebras comerciales y personales, devaluación de bonos adquiridos por puertorriqueños e inversionistas.

Ante tales daños se configuraron causas de acción a favor de ciudadanos afectados por toma de la propiedad sin justa compensación, incumplimiento de deberes fiduciarios de adecuada administración que emanan del contrato Tratado de Paris (1899), de Tratados como la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 73) (1945) que exige la autodeterminación y desarrollo económico del territorio y del Tratado de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales Estados Unidos es parte obligada y signataria. Constituyen además infracciones a sus deberes fiduciarios de adecuada administración directamente bajo la claúsula territorial, según dispone el caso del Tribunal Supremo federal de Limtiago v Camacho. Así mismo se configuraron acciones de los puertorriqueños para reclamar reparación de agravios bajo la Primera Enmienda federal, debido proceso de ley e igual protección de las leyes. Sobre todo como parte de las negociaciones del Tratado de Paris y las prestaciones intercambiadas por España y Estados Unidos, este último exigió a España asumir la deuda cubana por ser una deuda injusta odiosa colonial. Es decir la doctrina de deuda odiosa forma parte del derecho anglosajón al que Estados Unidos está obligado. Ante todas estas causas de acción el gobierno federal ha renunciado a su soberanía y podía ser demandado por ciudadanos y partes afectadas en la Corte Federal de Reclamaciones previo a la aprobación de la ley Promesa. ...

En https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/laresponsabilidadfederalsobreladeudapublicadepuertorico-columna-2433332/

Doctora Miriam Muñiz Varela

He puesto una serie de documentos y artículos que analizan la deuda, la crisis y las políticas neoliberales que la acompañan. Quiero destacar algunos que nos ofrecen datos importantes. Entre ellos el de Carla Minet y Joel Cintrón, “Mapa de los protagonistas del juego de la deuda de Puerto Rico y sus posiciones”, publicado en 80grados.net

http://www.observatoriomovil.com/enlaces-miriam-mu-iz.html

Junta de Control Fiscal: un reto para el gobierno

La Junta de Control Fiscal (JCF) se acerca a nuestra Isla como un enorme nubarrón a punto de reventar. Nadie puede predecir cuánta lluvia traerá ni por cuánto tiempo, solo hay certeza de que no podremos librarnos de la enorme precipitación que se avecina.

La Ley HS 2328 conocida como PROMESA impone una nueva autoridad federal que responde al gobierno de Estados Unidos y que tendrá supremacía sobre la Constitución y el Gobernador de Puerto Rico. El consenso mayoritario de los entendidos en este asunto es que una vez se conforme el objetivo principal de la JCF será pagar la deuda de los bonistas, que oscila por los $70,000 millones.

Sien efecto la prioridad es esa, el próximo gobernador tendrá un ante sí un reto como nunca antes lo había enfrentado en la historia del País. Un informe reciente de Mark Zandi, economista principal de Moody’s Analytics, indica que el pago del principal e intereses requiere que el gobierno invierta una porción enorme y cada vez mayor para cumplir con estas obligaciones.

En 2010 la deuda combinada de los municipios, el Gobierno y las corporaciones públicas era de 52,980 millones. En los primeros tres meses del año fiscal 2016 esta deuda ronda por los 64,983 millones, según datos del Banco de Desarrollo Económico y Moody’s Analytics. “En el año fiscal 2015 el servicio del territorio y sus agencias constituyó casi el 40 por ciento de los ingresos disponibles en el gobierno para realizar estos pagos”, asegura Zandi en su reporte. Para colocar este hallazgo en contexto, si promediamos los ingresos de los estados, el pago promedio es de 5 por ciento de sus ingresos.

José Alameda, profesor de economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, dijo que ante este escenario es imperativo que el gobierno de Estados le permita a Puerto Rico re estructurar su deuda con los bonistas. De acuerdo a datos provistos por el economista, la tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de Puerto Rico actualmente refleja una contracción de -1.5 por ciento para el 2016, lo cual se agravaría hasta llegar a -4.03 por ciento para el 2018.

“Con la re estructuración el crecimiento real de la economía se tornará positivo en 2018 y aumentará en $1.8 mi millones para 2020. Sin ella seguiremos en la recesión, sin miras de recuperación en el largo plazo y se perderá $10 mil millones”, aseguró Alameda.

“Si la junta de control fiscal va a pagarle primero a los bonistas y no va a tomar en consideración a Puerto Rico, es decir, que paga primero a los acreedores, esto crearía un efecto de menor inversión en la economía privada mayormente de pymes. Esto va a afectar a estas empresas y por lo tanto el empleo privado”.

Según el economista, si se le paga $2,300 millones a los bonistas, el presupuesto se reduciría en un 19 por ciento en los distintos renglones, que son nómina, servicios comprados, gastos de transportación, compra de equipo, servicios profesionales y otros. Una reducción de 19 por ciento en nómina se traduce en $828.7 millones menos para este renglón, es decir, de $4,366.9 en el presupuesto 2015-16 a $3,538.2 en el presupuesto 2016-17. El salario promedio de un servidor público es de $28,000. Con una merma de $829 millones en nómina en teoría se perdería aproximadamente 29,600 empleados en el gobierno.

Por otras parte, Alameda estimó en $18,327 millones el efecto adverso que puede tener en las empresas pequeñas una política de reducir los gastos para pagar todo el servicio de la deuda. Esta reducción afectará las compras que el gobierno central hace a las empresas pequeñas que incluye como materiales, equipos, servicios como transportación, servicios legales y provee fondos a organizaciones sin fines de lucro, donativos y subsidios.

“Hay mucha gente que no entiende esto bien y piensan que la junta de control fiscal es una inquisidora que viene a bajarle los pantalones a los políticos y decirle, ‘eso no se hace’ y darle pam, pam”. Eso no es así. El efecto que tiene en el gobierno se va a notar en las pequeñas empresas”, indicó Alameda.

“Todo esto responde al plan de ajuste fiscal. El gobierno le va a mostrar el ajuste a su presupuesto a la JCF y ellos le van a decir sí o no. Este plan fiscal deberá estar listo aproximadamente en marzo de 2017, sea el gobierno que sea. Ahí es que vienen los choques y las pymes y el sector privado van a tener que cabildear largo y tendido”, sentenció el economista.