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Cuando enfrentamos una deuda pública ilegítima (como son las deudas coloniales) es necesario pedir su cancelación y su repudio, en especial cuando ese dinero se necesita en estos momentos de pandemia.
La herramienta que evidencia la ilegitimidad es la auditoria de la deuda, para sumar argumentos, pruebas y fuerzas a la exigencia de no pagar.
Exigir auditorias públicas de las deudas es necesaria pasa conocer cómo se ha generado la deuda, quiénes son los implicados y de esta manera poder evitar repetir los mismos errores.
En la colonia la auditoria es el camino a la construcción de alternativas
La Junta de Supervisión Fiscal está re estructurando la deuda sin conocer el origen de la deuda y asumiendo que toda la deuda es legítima. La irresponsabilidad de los dirigentes del país y sus supervisores los administradores de la metropolis, EEUU, no asumen responsabilidad y condena al pueblo a pagar una deuda que nunca se va a poder pagar. Esa deuda generadas por el sistema financiero es consecuencia de las decisiones asumidas por los partidos políticos en el poder sin haber realizado consulta a la ciudadanía, bajo el supuesto de que la deuda se debe devolver bajo cualquier circunstancia, según la Constitución, por encima de cualquier otro gasto del Estado. Las políticas económicas y la reducción de las partidas de gasto social están condenando a la población a una pérdida de los derechos sociales, civiles, económicos y culturales, y al empobrecimiento de la población. Lo curioso es que las reducción nunca se da en gastos políticos y los gastos que favorecen actos de corrupción.
La auditoria debe ser sectoriales (sanidad, educación, medio ambiente, o de las infraestructuras de energía eléctrica, agua potable, comunicaciones, transportación, y otras que ayudan en el bienestar social además de todas las que tienen que ver con gastos políticos, contrataciones, asesores, etc.).
Provee información de los principales impactos de la deuda y de la medida de austeridad impuestas, el pago de la deuda y el gasto político que es la Junta de Supervisión Fiscal.
La construcción de alternativas
La construcción de alternativas se plantea con un proceso de auditoría ciudadana (para que no sea solo por expertos), la difusión de información que permita comprender las causas y consecuencias de la crisis de la deuda, que ha sido ocultada. Otra alternativa es el derecho a la información para las auditorias ciudadanas y poder exigir explicaciones a los administradores, compartir y dar a conocer esa información, analizar los datos desde la sociedad y si recibieron beneficios, denunciar irregularidades y proponer alternativas para evitar. Luego de depurar las responsabilidades poder acusar a los que se lucraron con la deuda ilegítima.
El objetivo del proceso de auditoria es denunciar las irregularidades del sistema financiero actual, el funcionamiento de las instituciones que atentan contra el bienestar y los derechos de la población, privándolo de servicios y obligando a pagar una deuda que no benefició a la sociedad. Que exista comprensión colectiva de cómo hemos llegado a esta situación, proponer alternativas que responda a las necesidades e intereses de la población. Además de depurar entre deuda legítimas e ilegítimas.
La auditoria además de financiero, debe responder a la complejidad de la situación y el momento histórico.
La auditoria va a desarrollar consciencia social alrededor de la corrupción institucional.
Exigimos el derecho a saber, a conocer los detalles del proceso que nos ha llevado a esta situación y para ello proponemos la realización de una Auditoría de la Deuda, que nos permitirá evidenciar la ilegitimidad de esta deuda y tener a la vez más fuerza para exigir el NO PAGO de la DEUDA.
- Promover un Cambio del Modelo Económico y Social (denunciar el mecanismo de endeudamiento que genera profundas injusticias y falta de equidad).
- No pagar la deuda ilegítima, ilegal y odiosa y denunciar a los culpables, exigiendo responsabilidades.
- Permitirá identificar qué mecanismos y legislaciones se implementaron para que Puerto Rico rebasara el límite Constitucional de deuda pública.
- El pueblo podría identificar cuáles fueron los funcionarios públicos y privados, así como instituciones y agencias, relacionadas al proceso de emisión de bonos.
- Una vez identificada la deuda extraconstitucional, Puerto Rico podría plantear en los tribunales no pagar una deuda “ilegal”.
- Tiene la intención de educar a la población para que, en el futuro, pueda incidir en el proceso legislativo y evitar el endeudamiento sin fuentes de repago.
- Para realizar la auditoría de la deuda, los 17 ciudadanos que componen la comisión necesitarán —continuó la también profesora— acceso a todos los documentos relacionados con las emisiones de bonos, conversar con los funcionarios relacionados y el dinero necesario —unos $500,00— para realizar la titánica labor.
Analizar de manera crítica la política de endeudamiento llevada a cabo por las autoridades de un país así como el impacto de esta política sobre la población. No sólo aplica el análisis de datos financieros si no un análisis más amplio y profundo que abarca desde los recortes en los derechos fundamentales de los ciudadanos, en el medio ambiente y la falta de transparencia.
Llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda es examinar y evaluar los procesos que han originado dicha deuda, no sólo con la finalidad de determinar la razonabilidad y fiabilidad de los datos contables sino también si han sido legales, legítimos y transparentes, así como si han originado perjuicios para la población en base a las normas legales, contables, financieras, ambientales y sociales establecidas en el Estado.
30 de diciembre de 2011 por Eric Toussaint , Damien Millet
Indudablemente, la cuestión del pago de la deuda pública constituye un tabú. Los jefes de Estado y de gobierno, el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y la prensa dominante lo presentan como inevitable, indiscutible y obligatorio. Los ciudadanos y las ciudadanas se deberían resignar a pagar la deuda pública. La única discusión posible sería sobre la forma de modular el reparto de los sacrificios necesarios para liberar los medios presupuestarios suficientes, con el fin de cumplir con los compromisos del país endeudado. Los gobiernos que pidieron los préstamos fueron elegidos democráticamente, por lo tanto sus actos son legítimos. Se debe pagar.
La auditoría ciudadana es un instrumento para eliminar este tabú. Permite que una proporción creciente de población comprenda todas las circunstancias e implicaciones del proceso de endeudamiento de su país. Una auditoría ciudadana consiste en analizar de manera crítica la política de endeudamiento llevada a cabo por las autoridades de un país.
Las preguntas que es necesario plantear
¿Por qué el Estado fue empujado a contraer una deuda que no deja de crecer?
¿Al servicio de qué opciones políticas y de qué intereses sociales ha sido contraída la deuda?
¿Quién se aprovecha de ella?
¿Era posible hacer otras opciones o era necesario?
¿Quiénes son los prestamistas?
¿Quiénes son los tenedores de la deuda?
¿Los prestamistas ponen condiciones para la concesión de los préstamos? -
¿Cuáles?
¿Cuál es la ganancia de los prestamistas?
¿Por qué el Estado se vio comprometido, cuál fue su decisión, y bajo que concepto fue tomada?
¿Cuál es el monto de los intereses pagados, con qué tipo de interés, qué parte del principal ha sido ya reembolsada?
¿Mediante qué mecanismo las deudas privadas se convirtieron en «públicas»?
¿Bajo qué condiciones se hizo un determinado rescate bancario? ¿Cuál fue el coste? ¿Quién tomó la decisión?
¿Debemos indemnizar a los accionistas que son responsables del desastre, con administradores que ellos mismos habían designado?
¿Cuál es la parte del presupuesto del Estado que está destinado al reembolso del capital y de los intereses de la deuda?
¿Cómo financia el Estado el pago de la deuda?
No es necesario entrar en secretos de Estado para encontrar las respuestas
Para responder a todas estas preguntas —y la lista no es exhaustiva— no hay ninguna necesidad de revelar secretos de Estado, de acceder a documentos no públicos del Banco Central, del Ministerio de Economía, del FMI, del BCE, de la Comisión Europea, de las cámaras de compensación como Clearstream o Euroclear, [1] o de contar con las confidencias de una persona que trabaja en el seno de uno de estos organismos. Por supuesto, habrá numerosos documentos protegidos celosamente por los gobiernos y los banqueros, que deberán ser puestos a la disposición del público y que serán muy útiles para afinar el análisis. Por lo tanto hay que exigir el acceso a la documentación necesaria para una auditoría completa. Sin embargo, es perfectamente posible proceder a un examen riguroso del endeudamiento público a partir de información de dominio público. Numerosas fuentes son accesibles para quien desee tomarse el trabajo: prensa, informes del Tribunal de Cuentas, las sitios Internet de las instituciones parlamentarias, del banco nacional, de la agencia encargada de la gestión de la deuda, de la OCDE, del Banco de Pagos Internacionales (BPI), del BCE, de los bancos privados, de las organizaciones o colectivos que ya se hubieran lanzado al estudio crítico del endeudamiento (www.cadtm.org, www.attac.org, www.quiendebeaquien.org/ ,...) los archivos de colectividades locales, los informes de las agencias de calificación e incluso las memorias de tesistas. No se debe dudar en pedir a los parlamentarios que planteen preguntas públicas al gobierno o a mandatarios locales de hacerlo ante las colectividades locales.
La auditoría no es una cuestión de expertos
El proceso de una auditoría no es un proceso reservado a expertos. Por supuesto que son bienvenidos y que pueden aportar mucho al trabajo colectivo de una auditoría ciudadana. Pero un colectivo puede comenzar el trabajo sin tener necesariamente garantizada esa participación. Si se empiezan las investigaciones y se provoca un debate público, durante el proceso los colectivos se entusiasmarán y conseguirán diferentes asesoramientos. Cada uno y cada una pueden tomar parte y ponerse a trabajar para sacar a la luz del día el proceso de endeudamiento público. En 2011, un colectivo nacional se ha puesto en marcha en Francia por una auditoría ciudadana de la deuda (www.audit-citoyen.org). Reúne numerosos movimientos sociales y políticos, y el llamamiento a su constitución fue firmado por decenas de miles de personas. En el marco de esta iniciativa, se han organizado colectivos locales en muchos lugares de Francia. Por otro lado, se puede partir de realidades locales con el objetivo de participar en la auditoría de las deudas públicas. Se puede comenzar analizando los préstamos estructurados vendidos a las colectividades locales en Francia y Bélgica por Dexia u otros bancos. A este propósito, un trabajo ya fue realizado: la asociación «Acteurs publics contre les emprunts toxiques» o sea «Actores públicos contra préstamos tóxicos» reúne una decena de colectividades locales (www.empruntstoxiques.fr). Se puede también comenzar por estudiar las dificultades financieras encontradas en los hospitales públicos presentes en vuestro territorio. Se están desarrollando, al mismo tiempo que en Francia, iniciativas por auditorías ciudadanas en Grecia, en Irlanda, en España, en Portugal, en Italia y en Bélgica.
Otros ámbitos en materia de deudas privadas también pueden abordarse. En países como España o Irlanda en los que el estallido de la burbuja inmobiliaria hundió a centenares de miles de familias en la ruina, sería útil investigar las deudas hipotecarias de las familias. Las víctimas de los manejos de los prestamistas pueden aportar sus testimonios y ayudar a comprender el proceso ilegítimo de endeudamiento que las afecta.
Un campo de acción muy rico
El campo de acción de una auditoría de la deuda pública es enormemente prometedor y no tiene nada que ver con su caricatura, que lo reduce a una simple verificación de cifras realizadas por contables rutinarios. Más allá de ese control financiero, la auditoría tiene un papel eminentemente político ligado a dos necesidades fundamentales de la sociedad: la transparencia y el control democrático del Estado y de sus gobernantes por los ciudadanos.
Se trata de necesidades que se refieren a los derechos democráticos totalmente elementales, reconocidos en el derecho internacional, el derecho interno y la Constitución, aunque sean violados continuamente. El derecho de control que tienen los ciudadanos sobre aquellos que los gobiernan, de informarse de todo lo que concierne a su gestión, sus objetivos y sus motivaciones es intrínseco a la propia democracia. Esto emana del derecho fundamental de los ciudadanos a ejercer su control sobre el poder y de participar activamente en los asuntos públicos y por lo tanto comunes.
El hecho de que los gobernantes se opongan a la idea de que los ciudadanos y ciudadanas osen realizar una auditoría ciudadana es revelador de una democracia muy enferma. Que por otra parte no para de bombardearnos mediáticamente con su retórica sobre la transparencia. Esta necesidad permanente de transparencia en los asuntos públicos se transforma en necesidad social y política totalmente vital, y por esta razón, la verdadera transparencia es la peor pesadilla para las elites.
Una auditoría ciudadana para el repudio de la deuda ilegítima
La realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública, combinada, gracias a una importante movilización popular, con una suspensión del reembolso de la deuda pública, debe llevar a la anulación/repudio de la parte ilegítima de la deuda pública y a una reducción drástica del resto de esa deuda.
No es cuestión de apoyar los alivios de deuda decididos por los acreedores, especialmente a causa de las severas contrapartidas que implican. La anulación de la deuda, que desde ese momento es un repudio por el país deudor, es un potente acto soberano unilateral.
¿Por qué el estado endeudado debe reducir radicalmente su deuda pública al proceder a la anulación de las deudas ilegítimas? En primer lugar por razones de justicia social, pero también por razones económicas que cualquiera puede comprender y apropiárselas. Para salir de la crisis de forma satisfactoria, no podemos contentarnos de reactivar la economía gracias a la demanda pública y a la de las familias. Puesto que si nos contentamos con una política económica de reactivación combinada a una reforma fiscal redistributiva, el suplemento de la recaudación fiscal será absorbido en gran parte por el pago de la deuda pública. Las contribuciones que se impondrán a las familias más ricas y a las grandes empresas privadas (nacionales o extranjeras) estarán ampliamente compensadas por la renta que obtendrán de las obligaciones del Estado, ya que por lejos son los principales tenedores y beneficiarios (razón por la cual no quieren ni oír hablar de una anulación de la deuda). Por lo tanto es necesario anular una gran parte de la deuda pública. La amplitud de esta anulación dependerá del nivel de conciencia de la población víctima del sistema deuda (en este nivel, la auditoría ciudadana cumple una función crucial), de la evolución de la crisis económica y política y sobre todo de las relaciones de fuerza concretas que se construyen en la calle, en las plazas y en los lugares de trabajo mediante las actuales movilizaciones y las que estén por venir.
La reducción radical de la deuda pública es una condición necesaria pero no suficiente para que los países de la Unión Europea puedan salir de la crisis. Se necesitan medidas complementarias: reforma fiscal redistributiva, transferencia del sector de las finanzas al ámbito público, resocialización de otros sectores claves de la economía, reducción del tiempo de trabajo con el mantenimiento del salario y contratación compensatoria, y tantas otras medidas [2] que permitirían cambiar radicalmente la situación actual que llevó al mundo a un explosivo callejón sin salida.
Traducido por Griselda Pinero
Como una moneda de dos caras, la controversia entre el grupo de bonistas de COFINA y los bonistas de las Obligaciones Generales, los llamados GOs, como el reclamo de todos ellos de que el plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal (JCF) no logrará recaudos suficientes para pagarles dejan en evidencia y confirman la necesidad de la auditoría de la deuda.
En los pasados días se ha visto la controversia entre ambos grupos tanto en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico (Tribunal Federal), como denuncias de bonistas de obligaciones generales de presiones de parte de los cabilderos de COFINA en el Congreso de Estados Unidos, en particular con la comisionada residente Jennifer González, para evitar que el gobierno de Puerto Rico renegocie el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En entrevista con la economista doctora Martha Quiñones Dominguez, esta indicó que en efecto el plan fiscal no logrará los recaudos suficientes para pagar la deuda, y la disputa responde a que en el plan fiscal no está identificado cuánto se le va a asignar a cada una de las aseguradoras y grupos de bonistas, por lo que los acreedores todos “están actuando ahora como los auditores de la deuda porque están demostrando cuáles son legales y cuáles son ilegales”.
Explicó que el grupo de bonistas de GOs que están demandando están aceptando que hay una deuda ilegal al decir que la deuda de COFINA sobrepasa el 15% de deuda de lo que dice la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA). Dado al hecho de que COFINA se creó fuera del marco constitucional los bonistas de GOs alegan que esos fondos se pueden usar para pagarles y que COFINA puede esperar. Por su parte los bonistas de COFINA, que sí están cobrando su deuda dicen que la deuda ilegal es la de los bonos generales.
A la luz de esta controversia denunció, “en ningún momento se ha visto deseos de auditar la deuda y lo que quieren es recortar y recortar y entonces por un lado dicen que no hay dinero y por otro lado hay dinero para la junta”. En particular censuró el sueldo de $625 mil anuales que recibirá la directora ejecutiva de la JCF, la ucraniana, Natalia Jaresko.
Quiñones Domínguez, llamó la atención a que Jaresko tiene detrás una sombra de corrupción y uno de los problemas principales de Puerto Rico es la corrupción, “traen a una persona que tiene una sombra de corrupción detrás, lo que vamos a ver es un desvío de fondos públicos”, afirmó. Cuestionó el que una persona ajena que no conoce a Puerto Rico sea la que vaya a desarrollar un plan económico para el país. La economista y planificadora denunció que las acciones y determinaciones de la JCF responden a los intereses de la política neoliberal que entiende que la educación no se debe de dar para así poder mantener control sobre la fuerza laboral, pagar menos a los trabajadores, además de pagar a los bonistas y establecer la agenda neoliberal. “Lo hicieron en Portugal, Grecia y en Puerto Rico llevan años tratando pero la resistencia ha sido más fuerte, uno porque los que administran quieren mantener el estatus colonial, por lo tanto, no se pueden mostrar tan perversos, todas las políticas neoliberales se han establecido poco a poco desde la década de los 70’”.
Esto va a durar todo el cuatrienio
Por su parte Heriberto Martínez, miembro de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política (APEP) preveyó que toda la controversia entre bonistas, gobierno y JCF va a durar hasta el próximo año y “probablemente estemos todo el cuatrienio”. Afirmó que todos saben que la deuda ($72 mil millones) como está no se puede pagar.
Comentó que la actual administración “ahora está chocando con la realidad de que no hay dinero para pagar deuda, porque el asunto es que cualquier plan fiscal tiene que ir de la mano con un plan de desarrollo económico uno, sin el otro va a estar cojo”.
Frente a la ausencia de un plan de desarrollo Martínez reparó en que hay una característica demográfica económica bien importante aquí y es que en Puerto Rico existe la válvula de escape de la emigración y que de acuerdo a los estimados del Censo, al presente hay 3 millones 500 mil puertorriqueños viviendo en la isla.
“El asunto técnico en todo esto es que el que no quiera pagar la deuda lo que tiene que hacer es tomar un avión e irse y ya no tiene ninguna responsabilidad de pagar la deuda. Eso lo que está provocando es un problema económico lo que a su vez va a provocar un problema en la proyección de los recaudos”. Comentó que la Junta, lo que le está diciendo al Gobernador es ‘ojo con lo que tu esperas recaudar, recortar no va a ser suficiente para pagar, tienes que recortar más todavía’. Trajo a la atención que ahí es que entra la controversia de los $450 millones de la UPR versus los $250 millones que dice la administración Rosselló que se debe recortar.
Martínez recordó que bajo la administración de Luis Fortuño se tomaron préstamos a la Administración de Fomento Económico (AFE) para la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) a sabiendas de que ésta no tenía fuente de repago. Reveló que un estimado de la APEP y mientras trabajó de asesor en el pasado cuatrienio en la oficina del representante Manuel Natal, un estudio evidenció que entre $2 a $200 mil millones de ese solo préstamo representa el 3.7% de la deuda total de Puerto Rico.
“Las preguntas son: ¿en qué se usó ese dinero, quiénes son las personas responsables? Nada de eso se está auditando y quién es la persona que estuvo en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en ese periodo, Carlos García , Arturo Carrión, por eso se oponen a la auditoria de la deuda”, denunció enfático. Recalcó que con una auditoria se podría saber cuál de esa deuda interna es inconstitucional, además de que hay $4 mil millones de deuda de los municipios que se puede negociar a nivel interno con el BGF.
“Cuando uno va buscando y sumando la auditoría de la deuda, es una necesidad porque la falta de transparencia de las decisiones del BFG es total y si no queremos auditar la deuda al menos auditemos al BGF y ahí vamos a tener al menos un 60% de toda la deuda que se ha emitido en Puerto Rico”. A la luz de sus denuncias coincidió con el planteamiento de que la postura de la JCF de no querer auditar la deuda responde a que hay un conflicto de intereses entre sus miembros.
Respecto a cuánto podría influir los pleitos entre los bonistas sobre las negociaciones pendientes comentó que los jueces están muy conscientes de que la decisión que ellos tomen sobre una deuda en particular o una reclamación particular puede tener impacto no de precedente, pero sí de influenciar sobre otras decisiones que se estén llevando a cabo y como no hay en estos momentos una línea clara de los bonistas están teniendo mucha precaución.
En esa dirección aclaró:“No se puede pensar en la deuda de Puerto Rico como una homogénea. La deuda de Puerto Rico es bien heterogénea y va a depender mucho de cuál es la corporación pública que hace la emisión y eso es lo que está provocando también que haya conflicto entre acreedores”.
“Ya la inversión social no puede tocarse, al contrario hay que aumentarla. Lo que estamos haciendo es al revés, reduciendo la inversión social pero seguimos el gasto político contratando políticos y seguimos dejando el servicio de la deuda intacto”, denunció.
Destacó que los acreedores ya saben que para poder cobrar su deuda ya sea la totalidad o una parte necesitan un gobierno con finanzas estables, necesitan que la gente se quede en el país para poder pagar contribuciones y necesitan que la gente no este en la calle protestando: “Por lo tanto yo creo que estamos llegando a un "turning point" de la negociación de que lo que puede rescatar la economía de Puerto Rico y las estructuras públicas de Puerto Rico va a ser la lucha política de los ciudadanos oponiéndose en contra de las políticas de austeridad”.
No pasó por alto que para aglutinar ese pueblo que se tira a la calle hace falta crear nuevas estructuras del siglo XXI y fortalecer estructuras colectivas que defiendan el interés de lo local, como las cooperativas, empresas medianas y pequeñas nacionales, CLARIDAD como fuente de información etc., “tenemos que empezar a fortalecer todo lo local porque si no hay instituciones que reciban al pueblo que se tira a la calle todo se va a quedar en protestas”
https://www.claridadpuertorico.com/hay-que-auditar-la-deuda/
LUNES 20 DE MARZO DE 2017 08:07 DANIEL NINA
(San Juan, 11:00 a.m.) Desde la primera ley orgánica emitida por el Congreso de los EE.UU. para regular la relación territorial/colonial entre Puerto Rico y los EE.UU., la llamada Ley Foraker de 1900, se estableció que el gobierno de Puerto Rico habría de emitir bonos, para subvencionar el aparato burocrático de la isla. En la segunda ley orgánica, la llamada Ley Jones de 1917, se volvió a enfatizar sobre esto, y se le estableció un límite al gobierno de Puerto Rico, para que la deuda pública, los llamados bonos, no representaran más del 5 por ciento del presupuesto nacional.
Luego en la Constitución del Estado Libre Asociado, impulsado por el Congreso de los EE.UU., bajo el manto de la Ley 600 de 1950, se definió que el gobierno podría emitir deuda, pero nunca comprometerla a más del 15 por ciento del presupuesto nacional. Ante este cuadro, hay que preguntarse si la deuda existente hoy bajo el andamiaje burocrático del gobierno de Puerto Rico, excede o no dicha limitación constitucional creada al amparo del Congreso federal.
Esta es la controversia más complicada bajo la jurisdicción hoy de la llamada ley PROMESA, la cual tiene jurisdicción bajo el ente federal llamado la Junta de Supervisión Fiscal, creado en junio del 2016. Bajo dicha ley Federal, existe un mandato para renegociar la deuda pública del gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades. Lo que no tenemos claridad es, nuevamente, cuál es la deuda.
Desde hace poco más de dos años, la economista Martha Quiñones comenzó a plantear la necesidad de hacerle una auditoría a la deuda pública. Dicha posición fue asumida por el gobierno del entonces gobernador, Alejandro García Padilla, y se estableció una comisión especial, para auditar 44 años de la deuda pública del país, y saber, entre otras cosas si la misma había excedido el límite constitucional. Este proceso fue abortado en el mes de enero por el nuevo gobierno de Ricardo Rosselló. Bajo la Junta de Supervisión Fiscal, se planteó tímidamente auditar unos años de la deuda pública. Sectores de la sociedad civil, como la Cumbre Social y algunos sindicatos, solicitan que se audite toda la deuda constitucional desde el 1974.
Ahora bien, lo que nadie podría haber pensado es que una facción de los bonistas que participan en el pleito de cobro contra el gobierno de Puerto Rico, hoy hayan pedido también que se audite la deuda. Su razón es distinta: ellos quieren cobrar primero que otro grupo de bonistas con el cual el gobierno intenta negociar su petición de pago.
Son tiempos complejos. El tema de la deuda es uno muy complicado y para la mayoría de las personas les es difícil de entender. No obstante, hay que estudiar el mismo, de lo contrario no podremos decidir si es momento de protestar o de callar. Pensemos.
Se dice que no hay dinero
Se dice que no hay dinero
FALSO
Se dice que no hay dinero. Todas las políticas de recortes (especialmente las de sanidad, educación, salarios y pensiones) se justifican por la necesidad de controlar el déficit y pagar una deuda, en continuo crecimiento, que permita tranquilizar a los mercados. Sin embargo, esta justificación es sencillamente falsa.
Se dice que no hay dinero
Se dice que no hay dinero
FALSO
Sabemos que lo que se está haciendo es pagar con dinero público deudas ilegales, ilegítimas y odiosa.
“La deuda pública, un mecanismo de redistribución de riqueza de pobres a ricos”.
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