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Cofina: esta deuda empezó refinanciando la deuda extra-constitucional de la década de 1990 y luego aumentó para pagar gastos operacionales. No hubo gran inversión en infraestructura para el sector real.
Publicado en Ene 17, 2019
(San Juan, 17 de enero de 2019) Mientras continúa la vista judicial sobre el acuerdo para la restructuración de la deuda de COFINA, la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público publica su primer informe “COFINA: Deuda ilegal e ilegítima” impugnando la constitucionalidad de COFINA y la legitimidad del uso de esta deuda.
Entre los hallazgos de este primer informe, incluye graves señalamientos en torno a la legitimidad y legalidad de varios elementos del esquema de COFINA y sus transacciones. También, que de la totalidad de la deuda de COFINA, el 47% está en manos de unas 17 compañías de fondos de cobertura, y que con los recaudos del IVU el gobierno ya ha pagado casi el 42% de su principal. La Comisión presentó hoy parte de estos datos durante su turno en las vistas sobre el acuerdo de COFINA como representantes del pueblo de Puerto Rico.
“El propósito de este informe es que el país conozca con más detalle los problemas de legalidad y legitimidad que tiene la deuda de COFINA que la Junta de Control Fiscal pretende obligarnos a pagar. Esta Comisión se propuso buscar la verdad sobre toda esta deuda para el beneficio del pueblo de Puerto Rico y para darle las herramientas que nos permita tomar una posición informada sobre todo este plan de ajuste de la deuda. Solicitamos información sobre todas las emisiones de COFINA y, del análisis de la información entregada, hacemos este primer informe”, expresó el presidente de la Comisión Ciudadana, Roberto Pagán.
La Comisión es una organización no gubernamental y ciudadana, creada por el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, con la única misión de realizar una auditoría integral del crédito público para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Esta Comisión se propuso dar continuidad a los trabajos iniciados por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público creada por la Ley 97-2015, que fue eliminada. Dicho cuerpo cuenta con expertos en la materia como el Lcdo. Luis José Torres Asencio, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, el Dr. José Alameda, profesor en Economía de la UPR, Recinto de Mayagüez, al Dr. José González Taboada, CPA y decano de Administración de Empresas de la UPR, Recinto de Río Piedra, Dr. Luis Avilés, profesor de estadísticas del Recinto de Ciencias Médicas,planificador David Carrasquillo, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, así como representantes de distintos sectores sociales, como el sindicalista Roberto Pagán, el comerciante y economista, Edwin Colón, el cooperativista y CPA, Benjamín Rosario, la abogada feminista, Lcda. Amarilis Pagán, la también abogada y salubrista, Lcda. Nylca Muñoz y el planificador ambiental Gustavo García, entre otros.
Entre los hallazgos recogidos en el informe está que “la deuda de COFINA es inconstitucional, tanto o más que los 8 billones de bonos de Obligación General que esta semana la Junta de Control Fiscal informó iba a impugnar y solicitar que se declare nula y no pagadera. Como se detalla en el capítulo sobre la constitucionalidad de nuestro informe, dicho esquema viola varias cláusulas de la Constitución del ELA. Entre estas, la cláusula de prioridad en el pago, la cláusula de presupuestos balanceados y la cláusula constitucional sobre el límite a la deuda”, expresó el abogado Torres Asencio, quien también depuso en el día de hoy como representante de la Comisión Ciudadana a nombre del pueblo durante las vistas judiciales del acuerdo de restructuración de la deuda de COFINA.
“Los problemas de COFINA no sólo estriban en la legalidad de sus emisiones, sino en la legitimidad del uso de esos fondos que no representaron beneficios para el pueblo de Puerto Rico. Aunque COFINA fue creada para pagar deuda vieja, lejos de saldar esa deuda, hoy debemos casi tres veces lo que se debía cuando se creó. Además, el gobierno emitió bonos de COFINA para sufragar gastos operaciones que incluyen incluso el financiamiento de los despidos masivos de la Ley 7 del 2009. Es mucho lo que el pueblo desconoce sobre la acumulación de toda esta deuda. Confiamos que este informe sea un paso para que el pueblo sepa toda la verdad y actuemos para evitar que todo esto vuelva a ocurrir”, añadió Torres Asencio.
El informe también señala que según el record judicial de PROMESA, la deuda de COFINA se ha ido concentrado en las manos de unas 17 compañías de fondos de cobertura que son dueñas de casi la mitad (47%) de la totalidad de la deuda de COFINA o $8,333 mil millones. Esta información contrasta con el argumento de Bonistas del Patio, que afirma que nuestros acreedores son individuos y pequeños bonistas residentes de Puerto Rico. Además, una cantidad significativa de los principales tenedores de bonos de Puerto Rico son dueños de bonos de COFINA y de bonos de Obligación Generales, lo que desincentiva que estos litiguen entre ellos vigorosamente los asuntos legales y constitucionales en torno a las emisiones de bonos.
“Este informe y la decisión de la Junta de Control Fiscal de impugnar la constitucionalidad de 6 billones de deuda es una demostración más de la importancia de una auditoría de la deuda. La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público bajo la Ley 95 del 2015, advirtió que más de la mitad de la deuda de Puerto Rico podría ser inconstitucional y hoy la historia nos sigue dando la razón. Hoy, más que nunca, urge realizar una auditoría integral de la deuda pero, con el firme propósito de salvar al país del pago de deuda ilegal e ilegítima, cosa que no parece ser el fin de la Junta de Control Fiscal que insiste en obligarnos a pagar COFINA, que es igual de inconstitucional confinando al país a 40 años de sufrimiento”, manifestó Pagán, sindicalista y ex-integrante de la Comisión creada por la Ley 97 del 2015.
“Agradecemos el trabajo que hace por el país estos compañeros y compañeras que aceptaron la convocatoria de seguir promoviendo que el país conozca sobre todo este robo que significa esta deuda. Hoy más que nunca como pueblo tenemos que insistir en una auditoría de la deuda y rechazar por todos los medios los planes de ajuste de deuda que nos quiere imponer la Junta de Control Fiscal y el gobierno” expresó Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.
El informe publicado y disponible en la página www.auditoriaya.org también incluye los siguientes señalamientos adicionales:
- Se ha pagado con recaudos del IVU casi el 42% del principal de COFINA– COFINA se paga con los recaudos de IVU, y hasta la fecha de la publicación de este informe, sobre $6,860 millones han sido transferidos a COFINA para el pago a bonistas, casi el 42% del principal de la deuda de COFINA.
- Nos confina la acumulación de altísimos intereses– Más de una tercera parte del principal, unos $6,155 millones, se emitió en forma de bonos de apreciación capital, un tipo de bono con condiciones particularmente onerosas para el país, que condena a Puerto Rico a pagar aproximadamente siete veces la cantidad recibida.
- Aproximadamente $1,175 millones o 1 billón de la deuda de COFINA fueron utilizados en comisiones para los underwriters y gastos de emisiones, consultores, etc.
- PROMESA y el rol de la relación colonial en la acumulación y restructuración de la deuda de COFINA: cualquier análisis sobre la legalidad y/o legitimidad de COFINA debe examinar también el rol que la relación colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos ha jugado en la acumulación de esta deuda. En la medida en la que el procedimiento judicial bajo el Título III de PROMESA y la Sección 210 de dicha medida impiden tal análisis, cualquier resultado dentro dicho procedimiento que condene a Puerto Rico al pago de dicha deuda, es ilegítimo y en perjuicio del pueblo puertorriqueño.
Economista asegura que Acuerdo de COFINA catapultará de cabeza a la Isla a una segunda quiebra
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El economista comentó que sería un trampolín directo a una segunda quiebra en menos de 20 años.
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- Por Notiuno Redacción Digital en https://www.notiuno.com/noticias/economista-asegura-que-acuerdo-de-cofina-catapultar-de-cabeza-a/article_5dbcacc6-eb65-11e8-81b1-87ad416ef57d.html
- El 19 de noviembre de 2018
La degradación del crédito de Puerto Rico y las estrategias
José Israel Alameda Lozada, Ph.D.
http://www.camarapr.org/pres-canellas/Persp2014/6-Jose-Alameda.pdf
Sindicato y economista someten moción ante jueza.
Sindicato y economista someten moción ante jueza.
Por: Eric De León Soto
Publicado: Ene 03, 2019 06:20
Antes que terminara el 2018 pero dentro del término establecido para presentar objeciones al plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), el sindicato PROSOL-UTIER radicó un extenso y ponderado rebate a las conclusiones que llegó la Junta de Control Fiscal (JCF) para impulsar la reestructuración de la corporación pública.
Los argumentos esbozados por esa unión, representada en la corte por el abogado Rolando Emmanuelli, resaltan que la confirmación del plan de ajuste de la deuda de COFINA tendrá un impacto directo al financiamiento de los servicios esenciales, afectando el pago de pensiones para los más de 800 integrantes de esa unión. La moción va más allá y advierte que el propuesto arreglo para los acreedores, el cual se programó para autorizar pagos de deuda hasta el 2058, dispone un aumento gradual en los pagos de esa obligación que superará la capacidad de crecimiento de la economía local, forzando otra eventual quiebra aún más costosa.
En el caso de la objeción de PROSOL-UTIER, se distingue por incluir un análisis detallado del economista José Alameda Lozada -catedrático de la Universidad de Puerto Rico- quien fue retenido por la unión para analizar el impacto de la propuesta reestructuración de COFINA.
Mediante una declaración jurada, Alameda Lozada destaca que existe gran incertidumbre sobre las proyecciones de la Junta pues abordan un periodo de 40 años, no incorporan márgenes de error y son irreales y extremadamente oportunistas, algo que anticipa será una receta para el fracaso. En ese sentido, el economista advierte que el plan de COFINA no es confiable, no garantiza el financiamiento de servicios esenciales, y provocará otro impago antes o después del 2034.
En reiteradas ocasiones, tanto la JCF como la Administración Rosselló Nevares se han resistido a la definición de cuáles son los servicios esenciales que debe proveer el Estado, uno de los requisitos umbrales para la confección de planes fiscales bajo la Ley PROMESA.
Por Primerahora.com02/05/2019 |07:09 a.m.
El economista José Alameda está muy pero muy preocupado por el acuerdo que aceptó ayer la jueza Laura Taylor Swain con los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, o COFINA, que se creó bajo la estructura del Impuesto de Ventas y Uso (IVU).
El acuerdo negociado entre acreedores y la administración de Ricardo Rosselló recorta una parte de la deuda pero hace unos compromisos a largo plazo que ha sido motivo de protestas ciudadanas y objetados por algunos académicos como el economista Alameda.
“Es una decisión sumamente mala para la gente de a pie”, dijo Alameda, en entrevista en Radio Isla.
En la radioemisora Alameda, quien hizo un estudio sobre el efecto nocivo del acuerdo de COFINA que fue discutido con la jueza, recordó que el acuerdo hay que sumarlo a que recientemente una decisión del tribunal de apelaciones del primer circuito en Boston –revocando a la jueza Swain- hizo que la deuda de Puerto Rico garantizada creciera en unos $3,000 millones.
Alameda dijo que el efecto del acuerdo se comenzaría a sentir en el 2023, una vez se disipen los fondos federales de recuperación por el huracán María, esto si llega el dinero, según el economista.
Dijo que el acuerdo de COFINA podría conllevar nuevos impuestos y un aumento en la emigración.
“La economía vuelve a quebrar... Si no tenemos dinero, y los acuerdos nos están asfixiando por los compromisos de los economistas, pues prácticamente apaga la luz y vámonos”, dijo Alameda.
Agregó que esto podría afectar incluso áreas como policía y el Negociado de Ciencias Forenses porque siguen sin definirse qué son servicios esenciales, parte del lenguaje de la ley federal PROMESA.
“Nunca se definieron servicios esenciales, están recortando a mansalva, bendito sea Dios”, agregó el profesor.
Mientras, en la misma radioemisora, el portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, dijo que el acuerdo es malo para Puerto Rico.
El legislador defendió que en el pasado haya promovido la aprobación de PROMESA como una alternativa para ayudar al país, pero esto no contradice que este acuerdo de COFINA no protege a los puertorriqueños y su Partido Popular Democrático no podría disolverlo.
Por su parte, el gobernador Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) han celebrado el acuerdo.
"Este acuerdo reduce la deuda de COFINA en un 32%, ahorrando al pueblo de Puerto Rico $17,500 millones en servicio de la deuda y brindando a los tenedores de bonos, incluyendo a numerosos bonistas locales, una recuperación significativa”, dijo en declaraciones escritas José Carrión, presidente de JSF.
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