A partir de los años 80’s los gobernantes de nuestro país adoptan el modelo neoliberal, estableciendo en consecuencia políticas públicas que meten en crisis al campo mexicano debido entre otras cosas a la desaparición de las instituciones que apoyaron al campo y la reducción del presupuesto dirigido hacia los pequeños campesinos para canalizarlos hacia la agroindustria de exportación. A inicios de la década de los 90’s, la caída del precio del café impacta muy fuerte a las comunidades zapotecas xidza que empiezan a migrar principalmente hacia los Estados Unidos.
El levantamiento zapatista de 1994 marca un nuevo hito en la vida de los pueblos indígenas del país, quienes a partir de ese momento son visibilizados y reconocidos por la sociedad como parte del pueblo mexicano. Un logro importante del neozapatismo que cala hondo en los pueblos indígenas de México es la firma de los Acuerdos de San Andrés Sacam Ch’en de los Pobres sobre derechos y cultura indígena realizada en febrero de 1996, en los que se abordan algunos temas relacionados con sus derechos y su cultura, aunque se dejan de lado los aspectos relativos a territorio, desarrollo, justicia, democracia y género, al suspenderse las negociaciones.
A treinta años de la aplicación del modelo neoliberal, el gobierno en turno lo profundiza elaborando una serie de leyes denominadas estructurales, que dan garantías a las empresas extranjeras para invertir y saquear el patrimonio de los mexicanos en general, en el caso del petróleo y en particular de los territorios de los pueblos indígenas, con el otorgamiento de concesiones mineras, eoloeléctricas, para la construcción de presas y supercarreteras, entre otras; por otro lado ha promovido el establecimiento de “áreas naturales protegidas”, para tener reservorios de agua y biodiversidad y de esa manera también garantizar la operación de los megaproyectos impulsados por empresas transnacionales.
El modelo neoliberal muestra su cinismo al establecer reglas de operación de sus programas sociales, orientadas a apoyar la economía empresarial, lo que trae como consecuencia que muchos políticos establezcan sus empresas o pacten con empresarios el denominado moche, creando una espiral de corrupción que actualmente es imposible de ocultar; al mismo tiempo han solapado el crecimiento de la delincuencia organizada, que genera terror e inmovilización social en las zonas económicas que son de interés de las empresas y que viene acompañado de un clima de impunidad que afecta principalmente a periodistas y defensores de derechos humanos.
La pretensión de los gobiernos federal y estatal de establecer una Zona Económica Especial en el Istmo de Tehuantepec coloca a los pueblos indígenas de Oaxaca en una situación de vulnerabilidad.
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