En los territorios donde se implantan estas plantas, estas pueden tener algunos efectos, que generalmente son producidos porque las instalaciones de producción están pobremente diseñadas y gestionadas.
Hay una alta probabilidad de malos olores provocados por el simple y necesario hecho de tener que transportar y almacenar materia orgánica y de diversos procesos. Remarcamos estos olores como una desventaja de las plantas de biogás que usan residuos de una zona muy amplia para incrementar su rentabilidad.
Cuando hay escapes y malfuncionamiento, puede haber emisiones de gases perniciosos para la salud, como el ácido sulfhídrico (H2S) al entorno.
A veces se dispersa el digestato/digerido fresco por los campos como abono sin haber pasado por una correcta y suficiente digestión, estando básicamente constituido por purines malos para el campo, conteniendo una elevada carga orgánica y de gases.
El digestato supone un riesgo de contaminación del ecosistema por contener nitratos, metales pesados y patógenos, incidiendo negativamente en el suelo, el agua y las plantas.
Además, algunos estudios han encontrado patógenos nocivos y bacterias resistentes a antibióticos en el digestato.
→ Con frecuencia se ofrece gratuitamente a los agricultores diciéndoles que es un excelente abono, mientras contaminan sus tierras.
Crean un tránsito continuo de camiones en la zona, que transportan los residuos de la planta. Este tránsito continuo, aparte de crear olores desgastan las carreteras y crean un riesgo de derrames.
Riesgo de vertidos y accidentes desde la planta de biometano, siendo este un potencia gas de efecto invernadero.
El empleo que crean es muy escaso porque son plantas automatizadas. Entre las cifras de empleo que dicen generar suelen incluir empleos indirectos.
Los impuestos que pagan estas instalaciones, que irían dirigidos al ayuntamiento de la localidad donde se ubican, suelen ser muy bajos. Esto se produce por las exenciones que tienen las empresas que operan las plantas, en el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y el IAE (Impuesto de Actividades Económicas).
Las asociaciones ecológicas y contra las macrogranjas añaden que se puede provocar una efecto llamada atrayendo nuevas macrogranjas, asociándose entre empresas para compartir planta y reducir costes.
Digestato de mala calidad en Balsa de Ves, Albacete.
Derrame de residuos orgánicos en Llutxent, Valencia.
Conociendo todas estas desventajas para la zona donde se instalan, y a la vez ventajas para las empresas, podemos entender uno de los ejemplos más conocidos de empresas aprovechadas:
En Balsa de Ves, Albacete, hay una granja porcina industrial que se instaló en 2006. En 2010, añadió una planta de biogás en la que se deshacen de los residuos de sus animales. Desde entonces ha pasado de digerir 19.000 toneladas de residuos al año, principalmente purines, a procesar 39.000 toneladas sin precisar de una nueva autorización ambiental, ya que la Administración ha considerado que las modificaciones no eran sustanciales.
El digestato producido por la planta se esparce por las fincas de la localidad, contaminando las tierras y las aguas. De hecho, en 2022 el pueblo ha podido constatar que tiene una fuente natural contaminada, cuyo nivel de nitratos ya supera los 120 mg/L.
La alcadesa denuncia que el digestato que se genera en esa planta no es un biofertilizante, sino que se trata de un residuo. Esto se debe a que la biomasa utilizada procede de otras industrias no agropecuarias, además de que los residuos procedentes de cerdos, propios de la empresa, son los residuos de los que menos biogás se puede producir en proporción a la cantidad de residuos.
El hecho de que no se le requiriera a la planta una nueva autorización cuando aumentó su producción, además, permitió a la empresa no tener que adaptar los digestores a los residuos provenientes de otras industrias.
En general, las plantas son un excelente recurso para la eliminación de residuos, pero en algunos casos, como en el de esta planta, industrias no pertenecientes al sector agroalimentario pueden aprovecharse de las plantas para deshacerse de sus residuos.
La alcaldesa argumenta que la empresa propietaria de la planta aprovecha la situación del pueblo, al ser pequeño. En el ayuntamiento no disponen de técnicos que puedan hacer un seguimiento. Lo único que han conseguido tras diversas denuncias al SEPRONA ha sido una multa de un par de miles de euros para la empresa.