Económica y culturalmente, de acuerdo con la consultora The Ciu (The Competitive Intelligence Unit), en su análisis del mercado de videojuegos, en México se estiman ingresos de 42 mil 785 millones de pesos en 2025, donde se calculan 72.6 millones de videojugadores, cifra que aumenta interanualmente 1.4%, lo que representa al 61.4% de la población total con 6 años o más.

Dentro de la industria del gaming, el mercado de consolas de videojuegos es el segmento más importante en la industria global, pues a diferencia de los usuarios de móvil, los usuarios de consola suelen invertir más tiempo y recursos en sus plataformas preferidas, promediando un gasto siete mil veinticuatro pesos por dispositivo comprado.

En el marco del mercado de los videojuegos en México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca implementar una nueva carga al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 8% a videojuegos violentos. extremos o para adultos, ya sea físico o digital. Esta propuesta se incluyó en el paquete económico presentado para 2026.  

Marco legal y fiscal mexicano:

Actualmente, a los videojuegos se les aplican impuestos que no son exclusivos, sino que se gravan como bienes y servicios digitales, a los cuales se les aplican impuestos como el IVA, el cual se aplica a videojuegos tanto físicos como digitales, así como a contenidos descargables (DLC), microtransacciones y suscripciones; el ISR, aplicable a las empresas distribuidoras, desarrolladores nacionales y creadores de contenido; o el impuesto digital a plataformas extranjeras, es decir, la retención del IVA  a servicios digitales( como Steam, Play Station Store, Xbox Store o Nintendo eShop).

Por su parte, la protección legal de estos recae en la ley Federal del Derecho de Autor, protegiendo así el código, personajes, música y elementos creativos; la clasificación del contenido no cuenta con una ley de clasificación obligatoria, pero se utiliza como referencia el Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos, basado en estándares internacionales como la ESRB. Para el comercio electrónico y la protección del consumidor se aplica la Ley Federal de Protección al Consumidor, aplicable a la venta y distribución de videojuegos, asegurando practicas justas y protección de datos personales. Por último, las plataformas digitales, tanto nacionales como extranjeras, deben cumplir con obligaciones fiscales específicas, como el registro al RFC, contar con un representante legal y retener impuestos a los vendedores que operan a través de ellas.

La oposición señaló que el impuesto era absurdo, así como un precedente peligroso, pues su único fin es meramente recaudatorio, contrario a lo mencionado por el gobierno federal. (Saldivar & Pérez, 2025). Se recalcó que esta clase de impuestos "saludables" no ven realmente por la salud ni el bienestar de los ciudadanos.

Desde un punto de vista especializado, se considera al impuesto como riesgoso, pues fomenta prejuicios sobre los videojuegos, además de carecer de un sustento científico, por lo que al igual que los diputados de oposición, consideran que es un impuesto meramente recaudatorio. Además, al considerarlos como un "impuesto saludable" (como el tabaco o el azúcar), el gobierno sugiere que el consumo de videojuegos es nocivo para la salud. No existe algún estudio que demuestre una relación directa entre la violencia en videojuegos y un daño a la salud. (Garfias, 2025).

Por otra parte, la comunidad gamer opina que dicho impuesto es demasiado ambiguo, pues dentro del mundo gaming se podría considerar violento, por sus mecánicas de juego o trama, inclusive juegos de fantasía o infantiles, por lo que creen que dicho gravamen es meramente con la intención de aumentar los precios a los juegos, los cuales ya por sí mismos son caros. "La mayoría (de la comunidad) está enojada, pues nadie quiere pagar más, pero lo que más molestó es la etiqueta como algo nocivo. Esto ha generado rechazo, peticiones y campañas en línea”. (Garfias, citado en Ochoa, 2025).

Ahora bien, si tomamos en cuenta que muchos de los juegos AAA son clasificación M+17 según ESRB (clasificación C en el sistema mexicano de equivalencias), podríamos considerar un coste total de aproximadamente 1770 pesos para el consumidor. 

En el panorama de desarrollo, México cuenta con estudios principalmente independientes, los cuales no se verían afectados directamente por la nueva contribución fiscal, ya que como declaró Esteban Duran, fundador y director del estudio Ogre Pixel para el sitio web LevelUp, el impacto económico sería mínimo, pues las desarrolladoras nacionales no producen muchos juegos considerados violentos y sus mercados principales son Estados Unidos y Europa. Sin embargo, muchas empresas e inversionistas están interesadas en Latinoamérica, y medidas como esta pueden provocar que busquen en otras regiones donde el gobierno si apoye la industria. (Fernández, citado en Laguna, 2025).

A manera de reflexión, considero que el objetivo "social" de este nuevo impuesto logra el objetivo de alejar a las infancias del contenido de estos juegos, pues al tener un costo tan elevado, en teoría sería imposible para un menor adquirirlo, por lo que requeriría del apoyo de un adulto, principalmente padres. Momento en el que podrían revisar la clase de contenido que están por adquirir sus hijos.

Comparación Internacional

En el contexto internacional, de aprobarse en el paquete económico final para 2026 por el Congreso de la Unión, México sería el primer y  único país a nivel mundial en gravar la violencia de los videojuegos, pues actualmente ningún otro país ha declarado tener un impuesto específico en la materia.

Países como Francia, España e Italia, cobran un 3% a los servicios digitales, los cuales  se aplican a plataformas como Spotify o Netflix, y en el caso del gaming, en los sistemas de juego por suscripción, tales como Xbox Game Pass, Nintendo Switch Online y PlayStation Plus; en México, Chile y Argentina se cobra el IVA digital a plataformas extranjeras, reincidiendo en las mismas empresas.

Críticas y debates

La comunidad gamer es principalmente población de entre 30 y 40 años, no son niños en su mayoría. Además de recalcar que la mayoría de juegos que se venden en la tres principales empresas (PlayStation, Xbox y Nintendo) son de clasificación para todo público, por lo que en realidad haría falta serían programas públicos que fomenten campañas que concienticen a los padres de familia qué juegos son adecuados para la edad de sus hijos, cuales fomentan la resolución de problemas, la sana convivencia, e incluso la actividad física. De esta forma, se condenaría el argumento de la seguridad de las niñas, niños y adolescentes.

Conclusiones