Desde la justicia climática feminista, uno de los puntos centrales es la redistribución de los recursos, especialmente en la transición de economías que dependen de los combustibles fósiles hacia otras que realmente prioricen el bienestar de las personas y del planeta. Para que esta transición sea justa, es fundamental que las mujeres tengan acceso real a oportunidades laborales, a la tierra, a la educación y a la tecnología, ya que sin estos elementos es difícil que puedan beneficiarse de la transición verde. En este sentido, las finanzas públicas tienen un papel clave, pues permiten fortalecer sistemas de protección social con perspectiva de género que aumenten la resiliencia de las mujeres y ayuden a reducir las desigualdades que se profundizan con el cambio climático.

    De igual forma, es necesario garantizar la participación efectiva de las mujeres y de otros grupos históricamente marginados en la toma de decisiones climáticas en todos los niveles. Las comunidades que enfrentan directamente los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, incluidas las organizaciones de mujeres, deben ser parte de la formulación de políticas públicas, ya que son quienes conocen de primera mano las problemáticas que se viven en los territorios. Además, la rendición de cuentas frente a la injusticia ambiental y la protección de las defensoras de derechos humanos resulta fundamental, considerando los riesgos que muchas mujeres enfrentan por su labor en la defensa del medio ambiente.

   Finalmente, la justicia climática feminista también implica hablar de reparación y de responsabilidad histórica, reconociendo al Norte Global como el principal responsable de las emisiones acumuladas. Esto no solo supone compensar los daños causados, sino también garantizar que no se repitan estas prácticas. Más allá de la cancelación de la deuda, los países del Norte Global deben cumplir con sus compromisos de financiamiento climático y asegurar que estos recursos lleguen a los países más vulnerables y a las organizaciones comunitarias de mujeres que están al frente de la lucha contra el cambio climático. Asimismo, resulta indispensable la creación y el financiamiento adecuado de un fondo de pérdidas y daños que permita atender no solo las afectaciones económicas, sino también otras consecuencias sociales, como el aumento de la violencia de género y la sobrecarga de los trabajos de cuidado no remunerados.