En Francia, el presidente es elegido por voto directo en una regla de mayoría. Los candidatos necesitan el 50% + 1 de los votos para ser elegidos en una primera vuelta. En una democracia con posibilidad para múltiples candidatos, es poco probable que ese voto mayoritario ocurra. Por ende, existe el mecanismo de segunda vuelta o balotaje, donde los dos candidatos con más votos se disputan la presidencia. El sistema permite que los votantes expresen su mayor preferencia en la primera vuelta y, en la segunda, contra quien no se quiere que quede elegido.

Así bien, la Asamblea Nacional es elegida por circunscripción uninominal, con mínimo un representante por departamento. En esta elección el sistema también es de votación directa y con balotaje. El presidente de la Asamblea Nacional suele ser un miembro del partido con mayor representación. Al haber 577 diputados, se requieren 289 escaños para una mayoría. 

La cabeza de la rama judicial francesa es el Consejo Constitucional. Este se encarga de revisar la legislación aprobada en el parlamento, y de estudiar si es exequible con la Constitución francesa. Hasta 1970, el Consejo Constitucional no era muy activo, pues solo funcionaba cuando el presidente, el primer ministro o el líder de la Asamblea Nacional apelaban al consejo para la revisión de una ley. No obstante, para 1974, se aprobó una reforma constitucional que permite a 60 miembros de cada cámara apelar al Consejo Constitucional. “Esto posibilitó que los partidos de oposición enviaran cualquier ítem controversial al consejo para una revisión, lo que incrementó significativamente la influencia de la rama judicial” (Bleick, s.f.).

El poder de la rama judicial francesa no se considera como un real contrapeso para el ejecutivo. Cuando una ley es debatida en el parlamento, existe una “ventana” para la cual los políticos y/o otros cuerpos judiciales pueden apelar o presentar dudas al Consejo. Esto se hace siempre antes de que la ley sea aprobada, sin embargo, este espacio es corto. También, aproximadamente un 10% de la legislación es enviada al consejo para revisión.