La ausencia de datos sobre violencia institucional no es casual: responde a decisiones políticas, estructuras burocráticas resistentes al cambio y a una lógica estatal que muchas veces se niega a reconocerse como agente de violencia. Lo que no se mide, no existe, y lo que no se nombra, no se repara.

Las falencias institucionales no sólo perpetúan la violencia, sino que también obstaculizan el avance de los procesos judiciales y administrativos, dificultando que se identifique y responsabilice a los autores de hechos de violencia por motivos de género o contra defensoras de derechos humanos.

Los datos oficiales disponibles suelen estar construidos desde una lógica binaria del género, dejando por fuera las vivencias y necesidades de personas no binarias, trans, travestis y otras identidades sexo-genéricas. Esta omisión genera brechas en la información, impide diseñar políticas inclusivas y reproduce desigualdades.

Existe una falta estructural de mecanismos de rendición de cuentas del Estado frente a las violencias que él mismo produce. Cuando los ministerios, fuerzas de seguridad o entes judiciales son perpetradores, no hay responsabilidad institucional ni autocrítica, y mucho menos políticas claras que busquen reparar o erradicar estas violencias.