¿Por qué los estudios carecen de una perspectiva interseccional en relación a la violencia económica estructural sobre inversiones públicas (Estado Chileno) en los cuidados de los adultos mayores, casa de larga estancia versus precariedad en las pensiones (privatizadas desde la dictadura)?

Violencia económica por trabajo no remunerado y tareas de cuidado:

Falta de datos para identificar pobreza de tiempo y de ingresos, impacto por maternidad, seguimiento de trayectorias laborales y patrimoniales para mujeres (falta de bases longitudinales). Datos faltantes en desagregación con perspectiva de género LGBTIQNB+.Cuando las bases incluyen género no tienen perspectiva interseccional.

Las bases de datos, en particular en Uruguay, son binarias (sexo mujer/varón), lo cual no nos permite incluir a las diversidades. Tampoco logran una mirada interseccional que considere otras variables para cruzar la información. En general, la población afro, con discapacidad, migrante o población en situación de cárcel, etc. queda afuera para construir datos.

Por otro lado, las bases de datos tienen escasa perspectiva de género y ninguna perspectiva de ruralidad, lo cual limita la indagación sobre esta población. En cuanto a la violencia patrimonial, en la ruralidad, si bien existen datos de la situación de tenencia de la tierra según sexo, no hay datos que puedan captar el uso y control sobre la tierra y los activos vinculados de la producción. Tampoco en relación a la distribución de los ingresos. Además, ¿quiénes son lxs que heredan propiedades?

El análisis de la base de datos sobre violencia económica en el Perú revela un enfoque centrado en acciones tangibles y materiales que afectan directamente la autonomía financiera de las mujeres e infancias. Se identifican prácticas como la perturbación de la posesión, la limitación de recursos económicos, la evasión de obligaciones alimentarias, y la sustracción o destrucción de bienes personales o instrumentos de trabajo. Estas acciones reflejan un patrón de control y dominación que socava la capacidad de las personas para sostenerse de manera independiente y digna. Sin embargo, la tipificación actual excluye formas más sutiles y del entorno tecnológico, pero igualmente dañinas de violencia económica, como el control de tarjetas de crédito o débito, el acceso restringido a cuentas bancarias, o el manejo unilateral de claves digitales y plataformas financieras. Estas prácticas, comunes en contextos de relaciones abusivas, son difíciles de detectar y denunciar, pero constituyen mecanismos eficaces de aislamiento y dependencia económica. Su ausencia en la base de datos limita la comprensión integral del fenómeno. 

Además, la información recolectada no permite identificar los efectos a largo plazo de la violencia económica, tales como el empobrecimiento progresivo, la exclusión del sistema financiero formal, o las secuelas psicológicas y sociales que impiden la reconstrucción de la autonomía. Para lograr una visión más completa y efectiva en la prevención y atención de esta forma de violencia, es indispensable incorporar dimensiones cualitativas y longitudinales en los instrumentos de recolección de datos.

La base de datos presenta un enfoque binario en cuanto a género, lo que impide capturar la experiencia de personas no binarias u otras diversidades que también pueden ser víctimas de violencia económica. No obstante, un aspecto valioso de la base de datos es que sí contempla si la denunciante es migrante, lo cual resulta particularmente relevante en el contexto peruano,donde la migración ha aumentado significativamente en los últimos años. Asimismo, brinda información detallada sobre el perfil sociodemográfico de la denunciante incluyendo edad, nivel educativo, situación laboral, lugar de residencia, si tiene hijos o si está embarazada; lo que permite identificar patrones y contextos de vulnerabilidad específicos. Esta información puede ser clave para diseñar intervenciones más focalizadas y efectivas.