1. Las iniciativas de paz desde y para excombatientes de las FARC en Colombia: propuesta de análisis zonal  

2. Zona 6: zona suroriental: principales iniciativas de paz desde y para excombatientes de las FARC

• Subzona Casanare

• Subzona Meta-Guaviare

• Subzona Caquetá

3. Algunas conclusiones sobre los alcances, amenazas, desafíos de las iniciativas de paz en la zona suroriental colombiana

El trabajo investigativo realizado por el Observatorio durante los últimos meses rastreó 172 iniciativas de paz desde y para excombatientes de las FARC-EP. De ellas, un alto número han surgido como voluntades locales de transformación sectorial y han transitado ámbitos variados de las necesidades contextuales de distintas comunidades. Asimismo, cerca del 86% de estas iniciativas responden al desarrollo económico, social y cultural y surgieron después de la firma del Acuerdo Final de Paz.

Del rastreo y el recuento total de las iniciativas, es posible plantear elementos como: 

1. La relación entre los municipios PDET y las iniciativas de paz

2. La relación entre los AETCR o Centros Poblados y las iniciativas de paz

3. El nivel de impacto y  las iniciativas de paz

Con el ánimo de establecer un análisis a profundidad de las iniciativas de paz desarrolladas desde y para excombatientes de las FARC-EP el observatorio organizó una división zonal que permite un estudio focalizado en regiones y subregiones. Así, se precisaron 6 zonas: 

El Boletín #8 aborda la zona suroriental y las subzonas: Casanare, Meta-Guaviare y Caquetá. El énfasis del boletín recae en estudiar los desafíos, alcances y amenazas que presentan las iniciativas de paz ubicadas en esta zona.

Por último, Caquetá es un departamento ubicado en la Pan-Amazonia, ya que es la puerta de entrada a una de las regiones mejor conservadas de este bioma, con un enorme potencial biológico y ecológico debido a su ubicación en el piedemonte andino (RED Caquetá Paz, s.f). Su territorio se compone principalmente de llanuras bajas y húmedas, mientras que las estribaciones de la cordillera oriental representan una pequeña área montañosa con condiciones climáticas favorables para la población humana, lo que ha impulsado su desarrollo demográfico (Sociedad Geográfica de Colombia, 1957). 

La economía de la Zona Suroriental se ha sostenido históricamente en el sector primario, con predominio inicial de la agricultura y la ganadería, seguido por el auge de la minería y, especialmente, de la explotación petrolera en Meta y Casanare. Actualmente, las exportaciones e ingresos de la región provienen principalmente del petróleo, aunque Guaviare mantiene un enfoque agrícola y pecuario con creciente influencia del sector de servicios (Paredes y Hernández, 2013). Es entonces que, se observan diversas dinámicas económicas en cada subzona.

De esta forma, Casanare tiene una economía sustentada principalmente en la explotación petrolera, pues los ingresos derivados de esta actividad constituyen el eje del desarrollo regional. La agricultura de subsistencia ha sido reemplazada por una agricultura comercial debido a la conexión terrestre con los mercados nacionales y a una alta inversión en la agroindustria, especialmente en el suroccidente del departamento. Además, la ganadería vacuna se muestra como la mayor fuente de empleo (Gobernación de Casanare, 2019).

Caquetá tiene un Índice de Pobreza Multidimensional del 19,6% (DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 2022). Al desagregar en dimensiones específicas, el indicador de bajo logro educativo presenta un valor total del 58,0%, aumentando a un 80,6% en la zona rural. Además, el 89,9% del total de las personas ocupadas se encuentra en condiciones de informalidad, alcanzando el 95,8% en el área rural (DANE, 2023). Además, Caquetá cuenta con un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas del 23, 62% (DANE, CNVP, 2021). 

Ahora bien, la zona Suroriental presenta varias singularidades en cuanto a la violencia y el conflicto armado. Así pues, en Casanare la entrada del petróleo en la economía  incrementó la exclusión laboral, lo que impulsó el reclutamiento por las FARC, principalmente en los frentes 28 y 38, activos desde finales de los ochenta en zonas limítrofes con Boyacá y Arauca. Con ello, las FARC, junto con otros frentes en Meta y Cundinamarca, buscaban consolidar un cerco estratégico hacia Bogotá; en ese contexto, el ELN también tuvo presencia, promoviendo el adoctrinamiento campesino y oponiéndose a la industria petrolera. Ambos grupos ejercieron violencia y control sobre la población, ejecutando asesinatos selectivos, extorsiones, y enfrentamientos con el Ejército y entre ellos mismos, intensificando la violencia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2020). 

En consecuencia, no solo el Estado tuvo que desplegar a las fuerzas militares, “sino que fue el escenario favorable para que un gran número de comerciantes y ganaderos de la zona apoyaran la creación de un grupo de autodefensas liderado por Héctor Buitrago, alias Tripas o El Patrón” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2020, p. 30). Además de proporcionar seguridad privada, este líder protegía los intereses territoriales y de narcotráfico de las élites regionales, en colaboración con Gonzalo Rodríguez Gacha (CNMH, 2014). De esta manera,  con el objetivo de contrarrestar la influencia guerrillera en la región, se crearon las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC).

Las ACC, conocidas inicialmente como Los Buitragueños en los años setenta, se consolidaron como fuerza armada en los noventa y para finales de esa década, la llegada de las AUC a finales de la década de los noventa, en específico con las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá fue con el objetivo de expandirse hacia el sur del país para reducir la influencia guerrillera y controlar las rutas de narcotráfico de la región. Con esto, “A pesar de la multiplicidad de actores en el territorio, fue la llegada formal de las AUC lo que empeoró la situación humanitaria en la región” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2020, p. 32)

A finales de 1995, Vicente y Carlos Castaño enviaron a Jorge Humberto Victoria, alias “Don Raúl”, para evaluar la posibilidad de establecer un bloque de las AUC en los Llanos Orientales, con el objetivo de ampliar su influencia. En 1997, los Castaño ofrecieron a “Martín Llanos” financiar su grupo si se integraba como una “franquicia” de las AUC para controlar las rutas de narcotráfico de Los Buitragueños, pero Llanos rechazó la oferta. Como respuesta, los Castaño entregaron el Bloque Centauros al narcotraficante Miguel Arroyave, quien recibió la orden de tomar Casanare en 2002, iniciando una violenta disputa por el control de municipios clave entre 2002 y 2004 (Rutas del Conflicto, 2017). A raíz de esta situación, la Comisión de la Verdad (2020) estima que “entre el 60% y el 70% de la población de los municipios de Chámeza y Recetor (Casanare) dejaron sus territorios entre 2002 y 2003” para escapar del conflicto armado y las desapariciones forzadas provocadas por la ofensiva paramilitar en la región.

Por su parte, en Meta la presencia de las FARC data de la década de 1960, donde esta guerrilla ha contado con apoyo social en la región y condiciones propicias para desarrollar economías ilícitas (Gobernación del Meta, 2016). Mientras que, la presencia militar surge desde mediados de los ochenta con el grupo "Los Masetos", el cual inició el exterminio de la Unión Patriótica (UP) en el Meta, partido que constituía una significativa fuerza política en la región. Esta persecución se justificó con el respaldo de la fuerza pública, que etiquetaba a sus líderes como guerrilleros. La organización de "Los Masetos" fue la base de los grupos paramilitares que expandieron su control en el Meta durante los años 90 (Gobernación del Meta, 2016). 

En 1997 Los Buitragueños se expandieron por municipios del Meta como Villavicencio y Mapiripán, y para julio de ese año los hermanos Castaño consolidaron la entrada de las AUC en los Llanos Orientales con la masacre de Mapiripán, lo cual “motivó la creación de un grupo con cierta autonomía e identidad propia en los Llanos, así, en 1999 se consolida el Bloque Centauros de las AUC” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2020, p. 34). De hecho, las marchas cocaleras impulsaron a los paramilitares a enfrentar a las FARC-EP por el control de los territorios de cultivo y producción de coca, como Mapiripán, una zona estratégica entre Meta y Guaviare. Este territorio, donde el Frente 16 de las FARC-EP imponía impuestos sobre la producción de coca, resultaba ideal para la expansión de las AUC hacia el sur y el control de economías ilícitas (Comisión de la Verdad, 2022). 

Para el año 2000, los paramilitares en la región fortalecieron su poder mediante el narcotráfico, vendiendo "franquicias" a capos del narcotráfico. Así, el Bloque Centauros quedó en manos de Miguel Arroyave y Daniel Rendón, quienes continuaron sus actividades ilícitas hasta 2004, consolidando una estructura con cierta autonomía y control territorial en los Llanos. Con respecto a Guaviare, el Bloque Oriental de las FARC estuvo presente desde mediados de los años sesenta, aunque se formalizó como bloque en 1993 durante la octava conferencia guerrillera. Anteriormente, los guerrilleros competían con el Bloque Centauros de las AUC por el control del narcotráfico en la región. Tras la desmovilización de los paramilitares en 2005, las FARC intentaron recuperar el dominio sobre el negocio de la coca que habían perdido ante los paramilitares. Para 2013, el Bloque Oriental era el más numeroso y el que más recursos logísticos y económicos aportaba a la organización (Rutas del Conflicto, 2019). 

En último lugar, la subzona de Caquetá ha estado marcada por una prolongada presencia de grupos armados ilegales. Durante más de cuatro décadas, Caquetá se convirtió en un territorio estratégico para el Bloque Sur de las FARC, que utilizó la región como base para el control del cultivo, procesamiento y comercio de coca, una actividad incentivada por la colaboración de narcotraficantes, grupos paramilitares y bandas criminales. A partir de 2004, la intervención de las Fuerzas Militares en el departamento intensificó el repliegue guerrillero hacia zonas fronterizas y con menor presencia estatal. Entre 2013 y 2014, el Bloque Sur de las FARC atravesó una reorganización, con cambios de mando y nuevas estrategias para mantener el control territorial y sus finanzas en la región (Fundación Ideas para la Paz, 2014). 

El Observatorio ha registrado un total de 39 iniciativas de paz para la zona Suroriental, equivalente al 15% del total. Específicamente, la subzona de Casanare cuenta con 4 iniciativas, Meta-Guaviare con 27 y Caquetá con 8. 

Durante las décadas de los ochenta y noventa, Casanare fue escenario de un conflicto armado con múltiples actores. En los años ochenta, el ELN fortaleció su presencia en la región, especialmente en la cordillera y sus corredores. En los años noventa, los frentes orientales de las FARC se establecieron en el piedemonte y las llanuras, aprovechando la limitada presencia militar (Gobernación del Casanare, 2011). Con el auge de la industria petrolera, surgieron grupos paramilitares que entraron en conflicto con las guerrillas por el control de las áreas de influencia de empresas petroleras internacionales como British Petroleum (BP), buscando controlar tanto los recursos naturales como el poder político en la región (Rojas-Díaz, 2016). La prolongada disputa armada en el departamento se debe a la lucha por el control de los ingresos del petróleo y la agricultura avanzada, como la palma africana y el arroz. Esta lucha también incluye los beneficios obtenidos de la extorsión a sectores como la ganadería, la agricultura y el comercio, así como la usurpación de tierras de comunidades campesinas y pueblos indígenas (Sarmiento, 2023). Estos conflictos han sido una constante en la lucha por el poder económico y territorial en la región.

Con respecto a temas de paz y reincorporación, desde 2019, el Gobierno Nacional no ha priorizado la asignación de recursos para paz en Casanare, lo cual refleja un obstáculo por la escasa financiación. Es así que, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz ha emitido la circular 0020-4, que enfatiza la urgencia de acelerar el cumplimiento y seguimiento de la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, la Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario, ha estado trabajando para canalizar recursos que beneficien a las 1.153 personas desmovilizadas que residen en el departamento (Gobernación del Casanare, s.f). Esta labor demuestra un compromiso continuo con la reincorporación.

A su vez, la ARN ha emprendido programas de gran alcance en el departamento; como el programa de inversión social “Emprende con Equión, segundas oportunidades” que con la alianza interinstitucional de la ARN, la empresa petrolera Equión y el SENA, se ha logrado brindar apoyo y fortalecimiento a individuos en proceso de reintegración, enfocándose en aspectos empresariales, este esfuerzo ha permitido potenciar sus unidades productivas a través de procesos de formación técnica y desarrollo empresarial. Además, se ha trabajado en la implementación de procesos comunitarios orientados a la convivencia y la reconciliación en zonas donde viven excombatientes, con el propósito de fortalecer sus lazos con la comunidad (Diario del Llano, 2019).

Un estudio investigativo detallado y a profundidad de las iniciativas de la subzona Casanare logró develar los principales alcances, amenazas y desafíos a las que se ven enfrentadas este tipo de apuestas por la paz:

• Alcances

  • • En el establecimiento de las iniciativas de paz, además de buscar un sustento económico para los firmantes, que contribuye a su adaptación a la vida civil y a su proceso de reincorporación, también se refleja el deseo de apostar por un futuro ajustado a una nueva vida en paz, tanto con la sociedad civil como consigo mismos. En consecuencia, estas iniciativas no sólo ofrecen apoyo económico, sino que también representan un compromiso por construir una convivencia sana y duradera, donde la paz se convierta en un pilar fundamental de la vida cotidiana de los excombatientes y de la comunidad. 

• • • Dentro del desarrollo de las iniciativas de paz, la pesca artesanal se establece como una actividad productiva que se realiza de manera responsable y sostenible, reflejando su carácter comunitario al involucrar a diversos miembros de la comunidad. Esta actividad productiva pone de manifiesto los valiosos conocimientos y habilidades que los excombatientes tienen con el territorio.Así pues, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2016), a través de las alianzas se pueden crear cadenas de valor entre los pescadores, demostrando que la organización es fundamental en esta actividad. De forma que, se reconocería que los pescadores dependen de otras personas antes y después de capturar su producto para poder comercializarlo. 

• • • En el despliegue de iniciativas de paz enfocadas al ecoturismo, se pone de manifiesto la conciencia ambiental de los firmantes de paz, destacando su conexión y conocimiento del territorio. Esta conciencia no solo resalta la importancia de la observación y la apreciación del entorno natural, sino que también minimiza los impactos negativos sobre el medio ambiente, ya que, a través de su esfuerzo por mantener estas zonas naturales como atractivos ecoturísticos, estas iniciativas podrían potenciar “la sensibilización de las poblaciones locales y de los turistas respecto a la importancia de la conservación de los bienes naturales” (ONU, 2002). 

• • • Las iniciativas enfocadas al ecoturismo no sólo demuestran una sólida organización por parte de los proveedores de servicios asociados al desarrollo económico local, sino que también destacan la importancia de la cooperación a nivel micro con otros negocios. Así, se fortalece la organización económica de las comunidades donde se implementan las iniciativas de paz.

• • • Visitar y acercarse al territorio donde se desarrollan las iniciativas de paz enriquece significativamente el panorama sobre los y las firmantes de paz, revelándose como un grupo de personas heterogéneo; al interactuar con ellos y conocer sus diversas historias y experiencias de vida, se obtiene una visión más profunda de los factores que influyen en el establecimiento y la durabilidad de las iniciativas de paz. Este contacto directo con las iniciativas permite un conocimiento más fiable y específico de las múltiples cuestiones que son cruciales para comprender estas iniciativas de manera integral. Con ello, se puede decir que visitar directamente a las iniciativas de paz y las realidades del territorio permite un análisis más detallado, ya que facilita la identificación de  alcances y desafíos específicos. 

• • • La experiencia de ser excombatientes de las FARC ha tenido un impacto significativo en la manera en que los firmantes de paz perciben tanto el concepto de paz como el papel del Estado. Su visión está influenciada no solo por el trasfondo histórico e ideológico del conflicto, lo cual moldea sus expectativas sobre la construcción de paz, así como la forma en que interactúan con sus comunidades y con las instancias del Estado. De esta forma, las iniciativas de paz configuran las nuevas oportunidades de reconstrucción social en posacuerdo, donde las percepciones y acciones de los firmantes juegan un papel central.

• Amenazas 

  • • Existe la presencia de grupos armados ilegales, en ese sentido, la Defensoría de Pueblo, ha emitido una alerta mediante la cual los municipio de Maní, Orocué, Tauramena y Villanueva son municipios en alto riesgo de fuertes enfrentamientos y dispuestas por el territorio entre “entre las autodefensas gaitanistas de Colombia, el ELN y los disidentes de las FARC de los frentes 28 y 10 del Estado mayor central” ( El Tiempo, 2024). Esto ha implicado un aumento significativo de menores reclutados de manera forzosa en estos grupos, deserción escolar y desplazamientos de comunidades a ciudades como Yopal, Tame y Fortul que también sufren conflicto y cuentan con gran presencia del ELN.

• • • Es importante reconocer que este territorio tuvo una fuerte presencia paramilitar. Uno de los sucesos más recordados de esta presencia fue la Masacre de Ariporo ocurrida en 1991, en donde los paramilitares con lista en mano asesinaron al menos a cuatro personas. Al parecer y según recuentos de Rutas del Conflicto, varias de las personas asesinadas hacían parte de sindicatos que en ese entonces se fortalecieron en la región. La presencia de sindicatos indignó a ganaderos, Fuerza Pública y petroleras quienes respaldaron activamente a los grupos paramilitares de la región. 

• • • No es claro, al menos con datos estadísticos, la gravedad de la situación en materia de seguridad para los firmantes, pero es una realidad que muchos de ellos prefieren pasar desapercibidos por miedo a sufrir algún tipo de discriminación o sucesos más graves que atenten contra su integridad personal, por lo que es de vital importancia que organismos gubernamentales regionales procuren adelantar pedagogías que den cuenta de la necesidad de integrar a los firmantes a la población civil.

• Desafíos

  • • La estigmatización hacia firmantes de paz se presenta como un desafío que obstaculiza a las iniciativas de paz, ya que no solo dificulta su implementación, sino que también limita el libre desarrollo e integración social de los y las excombatientes. Un ejemplo claro de este desafío para Casanare se evidenció cuando la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) emitió un comunicado rechazando enérgicamente las declaraciones de carácter violento dirigidas contra los firmantes de paz, las cuales fueron realizadas por el Secretario de Gobierno de la Gobernación de Casanare y por periodistas de un medio de comunicación regional. Así pues, la ARN (2024) insta: "catalogaciones como “exterroristas” y “excriminales”, o valoraciones tales “como la presencia de ellos (firmantes de paz) es como si le pusieran una bomba al lado de su casa sin usted saberlo”, ponen en riesgo la integridad y la vida misma de los 82 firmantes de paz y sus familias quienes en su proceso de reincorporación en este departamento."

• • • En consecuencia, esta situación evidencia cómo la estigmatización no sólo pone en peligro los esfuerzos de reconciliación, sino que además perpetúa un ambiente de exclusión. La estigmatización hacia los firmantes de paz se alimenta de discursos cargados de prejuicios que atacan directamente el proceso de construcción de paz, ya que, al reproducir estos estigmas, se ignoran los esfuerzos que los y las excombatientes han hecho y continúan haciendo para reincorporarse en la sociedad. Desmontar este entramado de creencias preconcebidas sobre los excombatientes es un desafío complejo, pero fundamental. 

Esta subregión se ha convertido en una de las zonas del país donde la violencia se sintió con más vehemencia contra la población civil y contra el medioambiente, ello a raíz de la diversidad natural y demográfica, su enorme extensión geográfica, con zonas de muy difícil acceso, el acelerado y desordenado proceso de colonización de mediados del siglo XX; el mal uso del suelo por desconocimiento y las crecientes economías ilegales (ART, 2024).

En la frontera entre estos departamentos, alrededor del río Guayabero, históricamente se ha concentrado un número elevado de cultivos de uso ilícito. Ello ha hecho que esta frontera sea constantemente escenario de disputas entre pobladores locales, la fuerza pública y grupos al margen de la ley por el control del territorio. Por todo lo anterior, y con ocasión del Acuerdo de Paz de 2016, esta subregión fue priorizada para hacer parte de los PDET, integrándose ocho (8) municipios del Meta y todos los cuatro (4) del Guaviare; convirtiéndose así en la subregión PDET mas grande del país. 

Respecto del proceso de reincorporación es preciso indicar que en estos departamentos se establecieron cinco (5) Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación: 1. AETCR Charras (San José del Guaviare); 2. AETCR La Guajira (Mesetas, Meta); 3. AETCR Yarí (La Macarena, Meta); 4. AETCR La Reforma (Vista Hermosa, Meta); 5. AETCR Las Colinas (San José del Guaviare).

En esta oportunidad, el Observatorio Pazando el Conflicto acude al Informe Preliminar sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz en la subregión Macarena-Guaviare del “Proyecto Del Capitolio al Territorio” para exponer el estado de la reincorporación con corte a diciembre de 2022. El informe señala que en la subregión Macarena-Guaviare, habitan 1.274 personas en proceso de reincorporación, siendo la región PDET con más firmantes. De igual manera se indica que se han desembolsado 393 proyectos productivos (20 colectivos y 373 individuales) que benefician a 1.457 personas.

Según la fuente, la ausencia de avances en la titularidad de los predios escogidos por los firmantes es una de las mayores preocupaciones en esta subregión. Si bien la Gobernación del Meta, la Sociedad de Activos Especiales y la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) actualmente trabajan de manera articulada para lograr el acceso a tierras, estos procesos avanzan muy lentamente, debido a la poca disponibilidad de predios que cumplan con los requisitos de las rutas de acceso a tierras. Finalmente, señalan que en materia de seguridad los firmantes alegan sentir temor ante el posible aumento de las afectaciones de los grupos delincuenciales. Desde la firma del Acuerdo de Paz, se han reportado 31 homicidios y 18 amenazas contra personas en proceso de reincorporación en la subregión. (Del Capitolio al Territorio, 2022). 

Un estudio investigativo detallado y a profundidad de las iniciativas de la subzona Meta-Guaviare logró develar los principales alcances, amenazas y desafíos a las que se ven enfrentadas este tipo de apuestas por la paz:

• Alcances

  • • El ecoturismo ha demostrado ser una actividad particularmente viable, con oportunidades de crecimiento internacional y asociación con entidades internacionales gubernamentales y no gubernamentales, como lo son el Fondo Europeo para la Paz y la Organización de las Naciones Unidas, respectivamente. 

• • • Existe un creciente número de iniciativas constituidas y lideradas por mujeres que incorporan un enfoque de género a sus actividades. Estas iniciativas no solo promueven la transformación, sino que también fortalecen la cohesión social y contribuyen a la sostenibilidad económica de las comunidades, ofreciendo a las mujeres excombatientes y a sus familias nuevas oportunidades de trabajo y auto-suficiencia. De este modo, se fomenta un entorno más inclusivo y equitativo, que reconoce y valora la participación activa de las mujeres en la reconstrucción de la región.

• • • Se manifiesta un reconocimiento de la diversidad sexual y étnica dentro un conjunto creciente de la población excombatiente, representado por el apoyo que brinda la organización política nacida del Partido Comunes, "Mujeres Farianas: Mujeres Comuneras y Diversidades", a la iniciativa de paz "ASOMUJAPAL Guaviare". 

• • • La promoción del desarrollo cultural y la protección del medio ambiente son preocupaciones cada vez más relevantes en diversas iniciativas, incluso aquellas que se centran principalmente en actividades económicas. En la subzona las iniciativas reflejan esta dualidad, ya que buscan no solo generar ingresos y empleo, sino también preservar y enriquecer el patrimonio cultural local y cuidar los recursos naturales de la región, lo cual expone un claro ejemplo de cómo se puede integrar la sostenibilidad ambiental con el desarrollo económico. Al fomentar prácticas agrícolas y productivas que respeten el ecosistema, los excombatientes están contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y a la salud del entorno. A su vez, se prioriza el rescate y la promoción de tradiciones culturales que fortalecen la identidad comunitaria y generan un sentido de pertenencia.

• • • Se puede observar una articulación de iniciativas con gran alcance entre diferentes zonas geográficas del territorio nacional, de forma que, se mejora la estabilidad organizacional y económica de las mismas, la cantidad de beneficiarios que estas son capaces de recibir y extendiendo sus redes de apoyo. Un ejemplo de esto es "Piscicultura del Común". 

• • • Las actividades llevadas a cabo por algunas de las iniciativas de paz cuentan con un aspecto económico integral, es decir, hay procesos de diversificación en los proyectos, que a su vez suelen ser directamente proporcionales a la capacidad financiera conseguida por estos.

• • • Con el desarrollo de iniciativas de paz en ambos departamentos, se ha logrado generar mayores oportunidades de empleo a las comunidades aledañas a los lugares geográficos donde se establecen los mismos, integrando a la población en general independientemente de su pertenencia o no al proceso de reincorporación. Esto representa un beneficio evidente para la construcción de paz en el territorio.

• Amenazas 

  • • Algunas de las iniciativas de paz han sido víctimas de amenazas por parte de distintos grupos armados ilegales, lo que ha producido casos de desplazamiento forzado entre los integrantes de las mismas, o en su defecto, de las iniciativas en conjunto. Esto quiere decir que los proyectos deben enfrentarse a la desarticulación de los lazos construidos en su interior, debido a las condiciones de violencia en su entorno.

• • • La presencia del Estado Mayor de Bloques, anteriormente conocido como Estado Mayor Central, ha generado un impacto significativo en la subzona (Redacción Colombia 20+, 2024). Esta disidencia guerrillera, que actualmente mantiene diálogos con el gobierno del presidente Petro, ha llevado a cabo diversas acciones armadas que han afectado gravemente la movilidad de la población en varios municipios. Estas acciones no solo han interrumpido el desplazamiento diario de los ciudadanos, sino que también han paralizado las economías locales, exacerbando la agitación social en la región. Además, la situación se complica aún más con la presencia de otros grupos armados de diferentes orillas, como la Nueva Marquetalia y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (López, 2023). La coexistencia de estos grupos no solo dificulta la seguridad, sino que también pone en riesgo los esfuerzos por construir una paz duradera en la zona.

• Desafíos

  • • Los efectos de la crisis sanitaria del Covid-19 representó un retroceso significativo en la implementación de diferentes iniciativas, debido al aumento en los tiempos de espera en la realización de trámites relacionados, el carácter turístico de algunos de los proyectos y las crecientes dificultades en el transporte. Asimismo, estos factores habrían de causar una disminución en el número de excombatientes participantes en las diferentes iniciativas afectadas.

• • • La estigmatización de la que es víctima la población excombatiente por parte de grupos armados ilegales y la misma sociedad civil, reproduce un supuesto antagonismo, debido a que las iniciativas son catalogadas como colaboradoras de una u otra facción del conflicto armado actual, lo cual pone en riesgo constante a quienes participan de las mismas.

• • • El creciente alcance de las iniciativas de paz no siempre se traduce en un aumento de su capacidad adquisitiva, aunque incluyen a un mayor número de trabajadores y se integran en redes económicas más amplias, el acceso a los recursos necesarios para sostener este crecimiento puede sufrir retrasos significativos. Estos retrasos, a su vez, afectan negativamente el desarrollo de las actividades que se realizan.

• • • La falta de capacitación sobre las rutas, beneficios y oportunidades que son cruciales para la formulación y consecución de apoyos, limita aún más las oportunidades para las iniciativas, especialmente para las locales. A esto se le suma el escaso acompañamiento por parte del Ministerio del Interior, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, la ARN y otras instituciones, quienes son los organismos encargados de facilitar estos programas. Como resultado, los excombatientes y las comunidades de la subzona enfrentan desafíos técnicos que dificultan su capacidad para contribuir efectivamente al progreso social y económico de la región.

Un estudio investigativo detallado y a profundidad de las iniciativas de la subzona Caquetá logró develar los principales alcances, amenazas y desafíos a las que se ven enfrentadas este tipo de apuestas por la paz:

• Alcances

  • • Las iniciativas de paz se destacan por su trabajo por el reconocimiento y preservación de la memoria, la cultura  y construcción de paz.

• • • Las iniciativas de paz promueven el desarrollo socioeconómico de la región, brindando oportunidades de empleo y generación de ingresos a firmantes de paz  a través del turismo sostenible y actividades productivas.

• • • Teniendo en cuenta su ubicación geográfica, las iniciativas de paz promocionan la reconstrucción del tejido social, integrando a firmantes de paz y víctimas del conflicto armado, generando una construcción de nuevos puentes de reconciliación.

• • • Las iniciativas de paz ofrecen un enfoque sostenible, que busca el uso responsable de los recursos naturales, contribuyendo así  a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad en la región del Caquetá.

• • • Las iniciativas aprovechan y resaltan la diversidad de su departamento, transformando los imaginarios negativos que se puedan tener de este, en oportunidades para conocerlo a través del turismo, el deporte y la memoria colectiva.

• Amenazas 

  • • Desplazamientos forzados, homicidios y amenazas a la vida de los firmantes de paz por parte de disidencias de las FARC y otros grupos. En particular se resalta las amenazas a la vida de Marly Jised Pedraza, representante legal de la Cooperativa Multiactiva para el Buen Vivir y la Paz del Caquetá, quien tuvo que desplazarse forzosamente del AETCR de la Montañita.

• Desafíos

  • • La baja financiación de los proyectos ha dificultado la continuidad y consistencia de las iniciativas. En particular, aquellas que no se alinean con la promoción del desarrollo económico enfrentan mayores desafíos para mantenerse en el tiempo, darse a conocer y conseguir fondos.

• • • Falta visibilidad y posibilidad de estas para destacar en su trabajo, se ve limitada en algunas ocasiones por temas de conflicto armado en el departamento y también por imaginarios negativos sobre la seguridad del mismo.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2020), Chámeza: Memorias de la sal que nos dio la vida, CNMH, Bogotá. https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/desaparicion-forzada-en-casanare-por-quitarle-el-agua-al-pez 

Fundación Ideas para la Paz. (2014). Conflicto armado en Caquetá y Putumayo; su impacto humanitario https://storage.ideaspaz.org/documents/5445281ad0a0f.pdf 

Garavito-Fonseca, J., Suárez, C.,  Bravo, A., Vargas, R.,  Cuadros, L. Córdoba, M., Miranda, L.,  Martínez, J.,  & Usma, J.  (2011). Ecosistemas Estratégicos del Departamento. En Biodiversidad del Casanare. pp. 51-70.

Gobernación del Casanare. (2019). Economía. https://www.casanare.gov.co/ElCasanare/paginas/economia.aspx 

Gobernación del  Meta. (2016). Análisis cartográfico del posconflicto en el departamento del Meta: Reintegración y riesgos de violencia en la puerta del sur colombiano https://repository.iom.int/bitstream/handle/20.500.11788/1785/Meta.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=El%20desarrollo%20del%20conflicto%20armado,del%20Ej%C3%A9rcito%20y%20la%20Polic%C3%ADa. 

Gobernación del Meta. (2017). Ficha departamental del Meta. https://devx.meta.gov.co/media/centrodocumentacion/2020/06/08/Ficha_Departamental_del_Meta_2017.pdf 

Gobernación del Meta (2024). Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento del Meta “El Gobierno de la Unidad”. https://devx.meta.gov.co/media/centrodocumentacion/2024/04/30/Plan_de_Desarrollo_Departamental_El_Gobierno_de_la_Unidad_30042024.pdf 

  Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y Cooperativa Multiactiva del Guaviare. (2012). Plan de Desarrollo sostenible de la Zona de Reserva Campesina del Guaviare. https://s3-us-west-2.amazonaws.com/files.guaviare.kdi.gkudos.com/ckan/resources/3bde05ac-23ba-48ef-8441-b47ddbca1783/pds--zrc-guaviare-.pdf 

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