1. Las iniciativas de paz desde y para excombatientes de las FARC en Colombia: propuesta de análisis zonal  

2. Zona 5: zona noroccidental: principales iniciativas de paz desde y para excombatientes de las FARC

• Subzona bajo Cauca antioqueño

• Subzona Urabá antioqueño

• Subzona centro antioqueño

3. Algunas conclusiones sobre los alcances, amenazas, desafíos de las iniciativas de paz en la zona noroccidental colombiana

El trabajo investigativo realizado por el Observatorio durante los últimos meses rastreó 172 iniciativas de paz desde y para excombatientes de las FARC-EP. De ellas, un alto número han surgido como voluntades locales de transformación sectorial y han transitado ámbitos variados de las necesidades contextuales de distintas comunidades. Asimismo, cerca del 86% de estas iniciativas responden al desarrollo económico, social y cultural y surgieron después de la firma del Acuerdo Final de Paz.

Del rastreo y el recuento total de las iniciativas, es posible plantear elementos como: 

1. La relación entre los municipios PDET y las iniciativas de paz

2. La relación entre los AETCR o Centros Poblados y las iniciativas de paz

3. El nivel de impacto y  las iniciativas de paz

Con el ánimo de establecer un análisis a profundidad de las iniciativas de paz desarrolladas desde y para excombatientes de las FARC-EP el observatorio organizó una división zonal que permite un estudio focalizado en regiones y subregiones. Así, se precisaron 6 zonas: 

El Boletín #7 aborda la zona noroccidental y las subzonas: bajo Cauca, Urabá y centro antioqueño. El énfasis del boletín recae en estudiar los desafíos, alcances y amenazas que presentan las iniciativas de paz ubicadas en esta zona.

Según González et al. (2013), el departamento de Antioquia tiene un peso económico significativo dentro de la economía regional del noroccidente de Colombia, ya que su territorio abarca diversas estructuras socioeconómicas, y en función de su composición económica, predominan las actividades del sector servicios, las agropecuarias y minero-extractivas. En este contexto, las actividades del sector terciario han sido las más relevantes, reflejando el proceso de urbanización, crecimiento poblacional y desarrollo industrial y agropecuario, características de economías más avanzadas, en especial en el Valle de Aburrá. 

Así pues, se observan diversas dinámicas económicas en cada subzona. En Urabá y Atrato predominan actividades como la pesca, la ganadería, la agroindustria, la explotación maderera, la agricultura y el turismo (Consejo Territorial de Planeación Antioquia, 2023). En Bajo Cauca, la minería, especialmente de oro y plata, es el sector más destacado, seguido por la producción piscícola, la agricultura y la ganadería de doble propósito (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019). El Centro Antioqueño se distingue por su actividad agroindustrial, minera (carbón y oro), comercial y turística, además de servicios como transporte y telecomunicaciones. Por su parte, Medellín, como capital de Antioquia ha experimentado un significativo crecimiento urbano que se ha extendido a los territorios circundantes, asimismo, sobresale por la prestación de servicios colectivos, con especial énfasis en los sectores de salud y educación (Consejo Territorial de Planeación Antioquia, 2023).

Desde una perspectiva socioeconómica es posible identificar diversos rasgos de la Zona Noroccidental. Así, en Urabá y Atrato, los niveles de pobreza se concentran mayoritariamente en las áreas rurales, aunque las zonas urbanas también enfrentan una situación similar. Las principales privaciones en estas subzonas son el empleo informal (62,2%) y el bajo logro educativo (58,4%). El índice de pobreza multidimensional alcanza el 26,6%, con graves carencias en acceso a vivienda y servicios públicos (Consejo Territorial de Planeación Antioquia, 2023).

Ahora bien, la zona noroccidental presenta varias singularidades en cuanto a la violencia y el conflicto armado. Debido a que, según la Comisión de la Verdad (2022) Urabá y Atrato han sido zonas históricamente afectadas por el abandono del Estado y la violencia causada por diversos actores armados, incluyendo guerrillas, paramilitares y fuerzas de seguridad. Las disputas por la tierra y su uso para proyectos agroindustriales como el cultivo de banano y palma, así como su posición estratégica para economías ilegales, han intensificado la violencia. A pesar de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, estos territorios han seguido siendo escenario de confrontaciones entre grupos como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), provocando desplazamientos y asesinatos en comunidades afro e indígenas. Actualmente, siete estructuras armadas ilegales continúan operando en la región. Estas fuerzas, vinculadas principalmente al narcotráfico, mantienen a las comunidades bajo constante vigilancia y temor (Comisión de la Verdad, 2022). 

El Bajo Cauca ha sido una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia, con la presencia de grupos como el EPL, ELN, FARC-EP, y diferentes facciones paramilitares desde la década de 1970. Hasta mediados de los años 90, las guerrillas controlaron gran parte del territorio, pero luego los grupos paramilitares, como el Bloque Mineros y el Bloque Central Bolívar de las AUC, tomaron el control, impulsados por la economía de la coca y la minería de oro. Actualmente, la violencia continúa, con los grupos armados luchando por el control de recursos legales e ilegales, lo que ha generado una crisis humanitaria caracterizada por desplazamientos forzados y asesinatos (Comisión de la Verdad, s/f). 

Según la Unidad de Víctimas, hasta octubre de 2020, el Bajo Cauca registró 203.318 personas afectadas por el conflicto, lo que equivale a casi el 80% de su población total de 260.681 habitantes (DANE, 2020). La región está atravesada por dos corredores estratégicos que concentran la dinámica del conflicto: uno en la zona montañosa que conecta con el Nudo de Paramillo y el Nordeste antioqueño, y el otro hacia el sur de Córdoba, Urabá y el norte de Antioquia (Rutas del Conflicto, 2021). Actualmente, los actores armados luchan por el control de los cultivos de coca y las rutas de narcotráfico, así como por la explotación minera, especialmente del oro. El Clan del Golfo es el grupo armado que ejerce mayor control sobre la minería, utilizando mecanismos como extorsión y lavado de activos para apropiarse de los productos de pequeños mineros. Aunque el conflicto históricamente se ha vinculado a los cultivos de coca, hoy en día la disputa por los recursos mineros y los corredores estratégicos es un factor central en la violencia de la región (Fundación Paz y Reconciliación, 2022). 

Por último, Centro Antioqueño se ha enfrentado a la presencia de guerrillas y grupos paramilitares. En Medellín, la violencia y el conflicto armado impactaron a toda la ciudadanía, pero de manera diferenciada según el sector social y el territorio. Los barrios populares, especialmente los más vulnerables, fueron los más afectados por el control que ejercían los grupos armados, tanto legales como ilegales. Este control influía en la vida cotidiana, el uso del espacio público, las relaciones y la economía local. Además, la intensidad de los enfrentamientos, así como los actos de violencia (asesinatos, desplazamientos forzados, desapariciones y violencia sexual), aumentaron la vulnerabilidad y el empobrecimiento en estos sectores (Centro de Memoria Histórica, s/f) Por otro lado, los grupos armados también atacaron a las clases medias y altas, especialmente a través de secuestros, asesinatos y extorsiones. 

El Observatorio ha registrado un total de 34 iniciativas de paz para la zona Noroccidental, equivalente al 13% del total. Específicamente, la subzona Centro Antioqueño con 24, Urabá con 10 iniciativas y Bajo Cauca con 0.

La región ha sido impactada por el conflicto armado y contó con la presencia del ELN, el EPL, las antiguas FARC-EP, y las AUC.  A día de hoy, a pesar de la reincorporación de la guerrilla de las FARC, la violencia persiste en el territorio. La minería ilegal, la explotación de oro y el cultivo de coca son factores que recrudecen el conflicto en la región. La extracción de oro, en especial, reproduce la pobreza y el conflicto armado ya que:

Antioquia produce cerca del 40% del oro en Colombia, y el departamento extrae del Bajo Cauca el 60% de la producción del metal. Sin embargo, este modelo predominante de economía de enclave no genera suficiente empleo en esta subregión, que paradójicamente presenta los niveles más altos de necesidades básicas insatisfechas. De acuerdo con datos del DANE, los municipios con peores indicadores de pobreza son Cáceres (66,4%) y Nechí (61,5%).(Comisión de la Verdad, 2022).

Además el conflicto por el oro tiene que ver con la titulación de las tierras, ya que los mineros que viven de la extracción no poseen la tierra que han reclamado por años. Mientras que las grandes empresas mineras, poseen grandes hectáreas de tierra, así como la concentración de la tierra para su explotación, esto reduce las posibilidades de trabajo en esta zona, teniendo en cuenta que su economía es 80% minería de oro, lo cual explica que de sus 300.000 habitantes, el 68.1% no cuente con trabajo formal y el 19.74% viva en condiciones de miseria (Las 2 Orillas, 2024). 

Adicionalmente, la situación de la población del Bajo Cauca Antioqueño obedece a causas estructurales, en la presencia diferenciada del Estado que se refleja en los altos índices de desempleo, en las pocas oportunidades de educación y baja cobertura de necesidades básicas. De acuerdo con  los indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI), según recientes agregaciones territoriales, publicado por el DANE en 2022, la proporción de personas en necesidades básicas insatisfechas es en Nechí del 54,2 %, en Cáceres del 49,85%, ​​en Zaragoza del 45,68%, en El Bagre del 35,51%, en Tarazá del 32,33% y en Caucasia, del 22,05%. En este contexto, la respuesta institucional se basa únicamente en la presencia de la fuerza militar frente a la existencia de grupos armados, quienes en ocasiones, se convierten en en paraestados, resolviendo conflictos al interior de la comunidad y ofreciendo actividades económicas ilegales a los jóvenes para subsistir  (Rutas del Conflicto, 2020).

Por otro lado, frente al proceso de reincorporación, a pesar de que en la zona no existen ETCRs ni Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), la subregión del Bajo Cauca se incorporó al acuerdo a través de los PDET, pues todos sus municipios fueron priorizados para estos programas. En este sentido, la implementación del acuerdo de paz ha tenido avances en la Reforma Rural Integral específicamente en el Municipio de Cáceres, donde según información de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (2024), algunas familias pertenecientes al Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito han sido beneficiarias de la titulación de 1.253 hectáreas realizada a 82 familias por parte de la Agencia Nacional de Tierras.

No obstante, el panorama actual no es alentador, pues el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC, continúan disputándose el control territorial de la región, lo que se traduce en el incremento en las restricciones en la movilidad, los desplazamientos forzados, la violencia y asesinatos de la población civil. De acuerdo con la información recopilada por la Unidad para las Víctimas, los municipios con mayor reporte de víctimas en el departamento de Antioquia durante el año 2023 son “Cáceres, Segovia, Caucasia, El Bagre y Turbo”  (PARES, 2024) . 

El Observatorio Pazando el Conflicto no encontró registros de iniciativas de paz en el Bajo Cauca antioqueño, lo que impide realizar un análisis de sus alcances, amenazas y desafíos. Sin embargo, tras revisar diversas fuentes, se pueden identificar dos posibles razones que explican la ausencia de las iniciativas de paz en esta subzona: 

En primer lugar, puede estar asociado a la baja presencia de la guerrilla después de los años 90. Según la Comisión de la Verdad (2020), entre los años 70s y 90s existieron diferentes guerrillas como el EPL, el ELN y las FARC-EP. En los años 90, los grupos paramilitares tomaron control de la zona. Así, en la actualidad los principales grupos armados que operan en la zona son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el ELN y las disidencias de las Farc, en este sentido, existió una baja presencia de las FARC-EP en los últimos años antes de la firma del Acuerdo.

Ahora bien, en relación con lo anterior, en ninguno de los 6 municipios de la subzona existen AETCRs, ni NAR. Ello implica que no existe una amplia concentración de firmantes de paz y excombatientes de las FARC en la zona y esto dificulta el ejercicio organizativo y el surgimiento de las iniciativas de paz, pues como se ha evidenciado en anteriores boletines, existe una estrecha relación entre presencia de iniciativas de paz de firmantes y excombatientes FARC y los ETCRs en los que se organizan y viven.

Por último, cabe resaltar que la zona si es un municipio PDET. Sin embargo, según la Comisión de la Verdad (2020), la guerra aún azota al Bajo Cauca y con ello, las consecuencias para la población siguen vigentes. Asimismo, el Acuerdo Final de Paz, así como la implementación del PNIS, han avanzado de una manera muy paupérrima y con ello no han sido terreno posible para el surgimiento y/o mantenimiento de las iniciativas de paz. No obstante, desde el Observatorio Pazando el Conflicto no se descarta la posibilidad de que existan iniciativas de paz con incidencia local que, debido a su falta de visibilidad en los medios de difusión masiva, no hayan podido ser rastreadas.

Esta subregión ha sido testigo de la violencia de las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública, lo cual ha originado el desplazamiento de la población a manos de varios o inclusive todos los actores, como lo han documentado tanto la Comisión de la Verdad como periodistas y académicos. Uno de los primeros en llegar a la región fueron las guerrillas, en un principio EPL -una fracción del partido comunista- que apoyó en gran manera los procesos sindicales que se dieron a causa de los continuos atropellos a los que eran sometidos los campesinos y trabajadores a manos de las compañías bananeras - United Fruit Company-. Seguidamente, hizo presencia en el territorio las FARC, quienes también se adhieren a las luchas campesinas y obreras. 

En un principio, tanto las FARC como el EPL eran compañeros de lucha. Uno de los resultados de esta alianza resultó siendo, el sindicalismo Sintagro y Sintrabanano -de influencia del Partido Comunista- se integraron en Sintrainagro y, crearon una inmensa organización de 20.000 trabajadores que daría batallas inéditas por las condiciones laborales de la región, debido a la explotación laboral por parte de las compañías bananeras (Coorporación Nuevo Arco Iris, 2010). No obstante, El EPL comenzó a extorsionar a los grandes empresarios y terratenientes de la zona, causando no solamente la muerte de varios sindicalistas, sino también la entrada frontal de grupos paramilitares comandados por Carlos, Fidel y Vicente Castaño, quienes venían a disputarle a las guerrillas el control del Urabá.

Mediante la apropiación ilegal de tierras, los paramilitares desplazaron a campesinos y cometieron masacres. De acuerdo al CMH, desde 1988 hasta el 2002, Urabá sufrió 103 masacres, las cuales tuvieron como epicentro a los municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa (Rutas del conflicto, 2019). Finalmente, el proceso de paz con Belisario Betancur desmovilizó al EPL, por otro lado,  las FARC perdieron gran terreno a manos de los paramilitares, quienes contaron con el apoyo del ejército, de hecho hay un general condenado -Rito Alejo del Río-. A su vez, para el 2024, un tribunal de Estados Unidos condenó a Chiquita Brands por la financiación de grupos paramilitares en el Urabá antioqueño.

Ahora bien, en Antioquia se encuentran cuatro Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), distribuidos por partes iguales en cada subregión PDET. Así pues, Urabá hace parte de los territorios focalizados PDET, con los municipios, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Necoclí y San Pedro de Urabá. De esta forma, el AETCR de Llano Grande se ubica en Dabeiba, dentro de la subregión PDET del Urabá (ARN, 2021) (Gobernación de Antioquia, 2020). 

Un estudio investigativo detallado y a profundidad de las iniciativas de la subzona Urabá antioqueño logró develar los principales alcances, amenazas y desafíos a las que se ven enfrentadas este tipo de apuestas por la paz:

• Alcances

  • • Las iniciativas de paz en Urabá están orientadas enteramente a la promoción del desarrollo económico, social y cultural, lo cual impulsa  la producción agrícola, de esta forma, se aprovecha la fertilidad de la tierra en Urabá, y además las iniciativas han demostrado diversificar la economía local al extenderse a otros sectores productivos, como la producción artesanal. 

• • • A su vez, la ubicación estratégica de Urabá, que sirve como puerta de entrada a los departamentos de Antioquia y Chocó, ha sido clave para facilitar la comercialización de los productos resultantes de estas iniciativas, esto ha permitido que los productos de Urabá lleguen a un mercado más amplio, aumentando su impacto económico.

• • • Por otro lado, se observa que las iniciativas de paz han evolucionado para incluir la formación de excombatientes en la especialización y cualificación de las labores agropecuarias, de esta forma, se busca lograr un impacto positivo y a largo plazo en la economía local. 

• • • El Urabá como se ha mencionado, es un territorio que ha desarrollado iniciativas civiles de paz, por supuesto esto permite que muchos firmantes de paz, lleguen al territorio. Un ejemplo de esto es: “los excombatientes están llevando a cabo proyectos de restauración como “Horizontes Seguros”. Esta iniciativa, que también involucra a comparecientes de la Fuerza Pública, ha formado un total de 3126 personas en Educación en Riesgos de Minas (ERM) en los municipios de Dabeiba, Frontino, Murindó y Mutatá” ( El Paìs, 2024). Por supuesto, no ha sido fácil porque hay serios indicios y amenazas de desplazamientos por parte de las disidencias, pero eso no ha sido  impedimento para que los firmantes le sigan apostando a la paz y se sigan concentrando en la región.

• • • Es crucial destacar ciertos indicadores del mercado laboral en la subzona de Urabá. Según datos de Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo (2022) los habitantes de Urabá que estaban registrados en el Servicio Público de Empleo (SPE) constituían el 8% de la fuerza laboral de la subregión y el 68% de la población no ocupada. Además, la tasa de colocación laboral en Urabá es mayor para los hombres que para las mujeres. En términos de proporción, los hombres representan el 56% de las personas que han encontrado empleo, mientras que las mujeres solo representan el 27% (Unidad Administrativa SPE, 2022). Esto sugiere que la proporción de hombres que logran encontrar empleo es considerablemente mayor que la de las mujeres. 

• • • Si bien el mercado laboral de Urabá se caracteriza por tener bajos niveles de informalidad y trabajo infantil, se presentan altos niveles de desempleo e inactividad laboral, de hecho, según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) el nivel de desempleo en Urabá es particularmente alto, especialmente entre las mujeres, con una tasa del 14,9% (Gobernación de Antioquia, 2021).

• • • En este contexto, la inclusión de mujeres excombatientes como parte de la fuerza laboral en iniciativas de paz podría representar una oportunidad para abordar y potencialmente mejorar la situación laboral de las mujeres en Urabá. Un ejemplo de ello, es la iniciativa La Marcha: Mujeres Artesanas por la Paz, que continúa activa y sigue empleando a mujeres firmantes de paz.

• • • Las iniciativas de paz promueven un enfoque pacífico y de desarrollo sostenible, en donde prima la participación en proyectos de ecoturismo, piscicultura y género fortalece la economía local y el tejido social.

• Amenazas 

  • • La Fundación Ideas Para La Paz, en varios de sus informes han mencionado la presencia del Clan del Golfo, ELN y algunos remanentes del EPL en el territorio lo que se convierte en una amenaza seria porque es un espacio geográfico con una alta presencia de cultivos ilícitos, flujo de migrantes y corredor para el transporte de coca. Esto es muy importante porque estos grupos violan continuamente los procesos comunitarios de paz impidiendo su libre desarrollo, inclusive se han presentado abusos a las mujeres lideresas, muchas veces por la oposición que se da desde éstas bases a estos grupos ilegales.

• • • El reclutamiento de menores en temas de microtráfico, en parte por la falta de oportunidades de trabajo, educación. Lo anterior junto a las brechas político- económicas, convierte a los jóvenes en uno de los grupos poblacionales más fácil de reclutar. 

• • • La situación de seguridad en la región del Bajo Atrato sigue siendo crítica debido a la presencia de grupos armados, lo que impacta directamente en la seguridad personal de los líderes comunitarios de las iniciativas de paz. 

• • • Urabá se enfrenta a una amenaza evidente debido a la presencia de diversos actores criminales que amenazan las iniciativas de paz. Según la Defensoría del Pueblo, esta subzona es una torrente de economías ilegales, que incluyen narcotráfico, minería ilegal, contrabando y préstamos de tipo gota a gota, estas actividades ilícitas son llevadas a cabo principalmente por grupos armados ilegales, que representan un peligro no solo para los excombatientes, sino también para la población en general. A pesar de que este año no se han emitido Alertas Tempranas en Urabá, el año pasado (2023) fueron una constante, ya que Alertas como la 014 – 23, 019-23 y 030-23 surgieron frecuentemente, advirtiendo sobre riesgos a la vida e integridad personal de defensores de derechos humanos, líderes sociales y sus organizaciones y colectivos.

• • • La persistencia de economías ilegales en la región representa una amenaza directa, ya que pueden interferir en las actividades económicas legales y comunitarias, buscando controlar el territorio y los recursos de las cooperativas.

• Desafíos

  • • El Urabá es un territorio que desde los años noventa ha construido iniciativas de paz, en su gran mayoría desde la organización civil, especialmente femenina. Esto ha sido fundamental en un territorio en el que muchos líderes han sido asesinados y aquellos procesos de lucha, memoria, justicia y reparación han sido asumidos por mujeres. Aún así, las mujeres han sido víctimas no sólo por las brechas socio económicas sino también por violencia sexual que muchas veces es ingorada por las intituciones estatales.

• • • Interlocución con el Estado, es bien sabido que, el Estado colombiano tiene problemas con la interlocución con sus ciudadanos, especialmente en zonas alejadas del centro. Esto es un gran desafío para las iniciativas de paz , especialmente femeninas porque esa falta de comunicación propicia y aumenta las brechas económicas, la reclutación de menores y sobre todo ignora lecturas territoriales sobre desafíos y amenazas que se dan el territorio.

• • • En la subzona de Urabá, la pobreza monetaria afecta a más del 60% de la población en todos los municipios. Específicamente, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá son los más afectados, con tasas de pobreza monetaria del 86% y 80% respectivamente, y pobreza multidimensional del 50% y 51% (Informe Antioquia cómo vamos et al., 2023). Pese a ello, según la Gobernación de Antioquia (2021), los municipios con mayor tasa de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas son Vigía del Fuerte y Murindó con proporciones del 63% y 56% respectivamente (Encuesta de Calidad de Vida, 2021). Además, la inseguridad alimentaria moderada o severa es un problema significativo en esta subzona, así los municipios más afectados son Vigía del Fuerte, San Juan de Urabá y Murindó, con tasas del 77% y 70% respectivamente (ECV, 2021). Estas cifras representan un desafío considerable para las iniciativas de paz y su posible consolidación a largo plazo, pues demuestra que Urabá cuenta con amplias problemáticas de larga data que requieren atención y soluciones efectivas.

• • • La región sigue siendo vulnerable a condiciones económicas desfavorables, como falta de infraestructura y recursos, lo que puede limitar el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas de paz. 

• • • Las tensiones territoriales y el uso del territorio como corredor de economías ilegales, siguen siendo grandes obstáculos para la sostenibilidad de las iniciativas, ya que estas actividades pueden limitar el acceso a tierras para proyectos comunitarios. 

Un estudio investigativo detallado y a profundidad de las iniciativas de la subzona centro antioqueño logró develar los principales alcances, amenazas y desafíos a las que se ven enfrentadas este tipo de apuestas por la paz:

• Alcances

  • • La diversificación de las actividades económicas es un aspecto destacado en las diferentes iniciativas de paz en el Centro Antioqueño, abarcando sectores como la piscicultura, agricultura, manufactura y confección. Este proceso se fortalece gracias al apoyo mutuo entre cooperativas, impulsado por excombatientes, lo cual se convierte en un factor clave para el desarrollo de estos proyectos. Algunas iniciativas se enfocan en la distribución de productos de otras, creando así una red de colaboración. Además, esta diversificación se ha visto favorecida por las facilidades técnicas disponibles en los grandes centros urbanos de la región. Esto ha permitido que el sector manufacturero aumente su producción y mejore sus oportunidades de desarrollo.

• • • La agricultura de café se destaca como uno de los sectores más significativos entre los productos seleccionados por las iniciativas de paz en esta subzona. Esto se debe tanto a la profunda tradición cafetera de la región como al diálogo constructivo entre excombatientes y el campesinado dedicado al cultivo del café.

• • • Las iniciativas de paz han logrado adaptarse efectivamente a las dinámicas del mercado regional. En muchos casos, sus actividades económicas se originan a partir del establecimiento de relaciones comerciales con las comunidades cercanas y del reconocimiento de los productos más valorados por estas. De este modo, se observa una integración efectiva de la comunidad firmante de paz en la región, facilitada por sus medios de subsistencia.

• Amenazas 

  • • La presencia de diversos grupos armados en la zona da lugar a una serie de problemáticas que impactan profundamente la vida cotidiana de sus habitantes. Entre estas se incluyen los paros armados, las extorsiones, las amenazas y otras acciones violentas que no solo restringen la movilidad de las personas, sino que también afectan gravemente la economía local. Esta situación de inseguridad crea un ambiente de temor que inhibe la inversión y el desarrollo de actividades comerciales legítimas.

• • • Además, la región enfrenta un creciente desafío con la proliferación de economías ilegales, tanto en áreas urbanas como rurales. Estas actividades delictivas no solo desestabilizan el tejido social, sino que también socavan las iniciativas de desarrollo económico sostenible, lo que impide que las comunidades prosperen y se aferren a un futuro más esperanzador. La combinación de la violencia armada y la economía ilegal crea un círculo vicioso que perpetúa la pobreza y la desigualdad, dificultando la construcción de un entorno seguro y próspero para todos.

• • • Es preocupante la presión continua que ejercen diversas estructuras criminales sobre la seguridad física de los firmantes de acuerdos de paz. Esta situación crea un entorno de temor y desconfianza que pone en riesgo no solo la integridad de estas personas, sino también la viabilidad de los procesos de reconciliación en curso. Los patrones recurrentes de victimización que enfrentan los firmantes demandan una atención inmediata y efectiva, ya que su persistencia puede socavar los avances logrados en las iniciativas de paz.

• • • En las diversas áreas de la subzona del centro antioqueño donde se desarrollan las iniciativas, la conflictividad impacta significativamente la percepción y el apoyo que los habitantes tienen hacia los procesos de paz. La desconfianza y el temor generados por la violencia pueden llevar a la comunidad a cuestionar la efectividad y la seguridad de las iniciativas, lo que a su vez dificulta la colaboración necesaria para alcanzar una paz duradera.

• Desafíos

  • • El principal desafío que enfrentan las iniciativas de paz radica en la existencia de numerosos grupos armados que tienen intereses políticos y criminales muy diversos en las regiones donde se implementan estos proyectos. Estas iniciativas se ven obstaculizadas por las constantes disputas por el control del territorio y las rutas de narcotráfico, no solo entre las facciones disidentes, sino también con otros grupos criminales y el propio Estado.

• • • La aparición de nuevos grupos delictivos ha agravado la situación, haciendo que los firmantes de paz vean disminuida su motivación para seguir luchando por la paz. Esto se debe a los constantes intentos de reclutamiento y a la necesidad de eliminar a estos nuevos actores de las áreas que ocupan.

• • • Este contexto de violencia y disputa territorial no sólo dificulta la implementación de proyectos de paz, sino que además crea un ambiente de incertidumbre y desconfianza entre las comunidades locales. Los residentes, atrapados entre las facciones en conflicto, a menudo se ven forzados a tomar partido o a protegerse de las amenazas constantes. Esto genera un ciclo de violencia que perpetúa el conflicto y complica aún más la labor de las iniciativas de paz, que deben navegar por un entorno altamente volátil para intentar generar un cambio positivo y sostenible en estas regiones afectadas.

• • • La centralización de las instituciones y los procesos relacionados con la implementación revela que la gran mayoría de las oficinas o grupos deslocalizados se encuentran en la zona urbana del Valle de Aburrá, específicamente en Medellín. Esta situación genera una serie de trabas que muchas iniciativas no logran superar, debido a la especificidad de sus necesidades. Asimismo, se observa una falta de capacitación para las iniciativas de paz en el uso de las plataformas gubernamentales, lo que incluye la formulación de proyectos y la obtención de apoyos.

El Bajo Cauca antioqueño exige atención urgente. (2021). https://rutasdelconflicto.com/especiales/bajo-cauca/ 

Factores de Persistencia - Bajo Atrato Urabá: un conflicto que se perpetúa - Bajo Atrato Urabá: un conflicto que se perpetúa. (2022). https://web.comisiondelaverdad.co/especiales/bajo-atrato-darien-uraba/factores.html#v-pills-profile  

Comisión de la Verdad Colombia. (s. f.). La persistencia del conflicto armado y la crisis humanitaria en el Bajo Cauca antioqueño requiere un diálogo urgente. https://web.comisiondelaverdad.co/en/actualidad/noticias/bajo-cauca-antioqueno-dialogo-no-repeticion  

Gonzalez, P., Villa, G. y Zuluaga, O. (2013). Composición De la Economía de la Región Noroccidente de Colombia. En Ensayos Sobre Economía Regional.

Equipo técnico de la Universidad de Antioquia. (2020). Perfil de Desarrollo Subregional Subregión Urabá de Antioquia. Universidad de Antioquia. https://ctpantioquia.co/wp-content/uploads/2023/12/Perfil-de-desarrollo-Uraba_compressed1.pdf  

Equipo técnico de la Universidad de Antioquia. (2020). Perfil de Desarrollo Subregional Subregión Bajo Cauca de Antioquia. Universidad de Antioquia. https://ctpantioquia.co/wp-content/uploads/2023/12/Perfil-de-desarrollo-Bajo-Cauca_compressed1.pdf  

Equipo técnico de la Universidad de Antioquia. (2020). Perfil de Desarrollo Subregional Subregión Oriente de Antioquia. Universidad de Antioquia. https://ctpantioquia.co/wp-content/uploads/2023/12/Perfil-de-desarrollo-Oriente_compressed1.pdf  

Equipo técnico de la Universidad de Antioquia. (2020). Perfil de Desarrollo Subregional Subregión Nordeste de Antioquia. Universidad de Antioquia. https://ctpantioquia.co/wp-content/uploads/2023/12/Perfil-de-desarrollo-Nordeste_compressed-11.pdf   

Equipo técnico de la Universidad de Antioquia. (2020). Perfil de Desarrollo Subregional Subregión Suroeste de Antioquia. Universidad de Antioquia. https://ctpantioquia.co/wp-content/uploads/2023/12/Perfil-de-desarrollo-Suroeste_compressed1.pdf