Índice
1. Las iniciativas de paz desde y para excombatientes de las FARC en Colombia: propuesta de análisis zonal
2. Zona 4: zona suroccidental: principales iniciativas de paz desde y para excombatientes de las FARC
Subzona Chocó
Subzona Valle del Cauca
Subzona Cauca
Subzona Nariño
3. Algunas conclusiones sobre los alcances, amenazas, desafíos de las iniciativas de paz en la zona suroccidental colombiana
1. Las iniciativas de paz desde y para excombatientes de las FARC en Colombia: propuesta de análisis zonal
El trabajo investigativo realizado por el Observatorio durante los últimos meses rastreó 255 iniciativas de paz desde y para excombatientes de las FARC-EP. De ellas, un alto número han surgido como voluntades locales de transformación sectorial y han transitado ámbitos variados de las necesidades contextuales de distintas comunidades. Asimismo, cerca del 86% de estas iniciativas responden al desarrollo económico, social y cultural y surgieron después de la firma del Acuerdo Final de Paz.
Del rastreo y el recuento total de las iniciativas, es posible plantear elementos como:
La relación entre los municipios PDET y las iniciativas de paz
La relación entre los AETCR o Centros Poblados y las iniciativas de paz
El nivel de impacto y las iniciativas de paz
Con el ánimo de establecer un análisis a profundidad de las iniciativas de paz desarrolladas desde y para excombatientes de las FARC-EP el observatorio organizó una división zonal que permite un estudio focalizado en regiones y subregiones. Así, se precisaron 6 regiones:
Mapa I: División zonal del estudio de las iniciativas de paz
Elaboración: Equipo Observatorio Pazando el Conflicto
El Boletín #6 aborda la zona Suroccidental y las subzonas: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. El énfasis del boletín recae en estudiar los desafíos, alcances y amenazas que presentan las iniciativas de paz ubicadas en esta zona.
2. Zona 4: zona suroccidental: principales iniciativas de paz desde y para excombatientes de las FARC
Mapa II: Zona suroccidental colombiana
Elaboración: Equipo Observatorio Pazando el Conflicto
La zona Suroccidental compuesta por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, a su vez hacen parte del pacifico sur, ya que cuenta con costas hacia este océano. Es una zona esencial para Colombia ya que alberga sectores clave de la economía como la agricultura y el comercio, debido a su conexión con Ecuador y el Océano Pacífico por medio del Puerto de Buenaventura, uno de los puertos más importantes del país (DColombia, 2021). También es conocida por su geografía por ser una de las áreas con mayor precipitación en el planeta, lo cual ha propiciado el desarrollo de ecosistemas como selvas tropicales y manglares. Asimismo, posee una amplia línea costera que va desde la desembocadura del río Patía hasta la frontera con Panamá y alberga ríos significativos como el Atrato, el San Juan y el Cauca (Verde, 2023).
La zona Suroccidental se destaca por su singularidad, la cual se refleja en su economía diversificada. Así pues, según Colombia Verde (2023), las características económicas de los departamentos varían significativamente. En Chocó, la economía se centra en la extracción de recursos naturales como oro y platino, así como en la pesca y la explotación forestal, con destacada producción agrícola de coco, plátano y banano. En contraste, el Valle del Cauca exhibe una economía diversificada basada en la producción agrícola de caña de azúcar, café y frutas, junto con la industria manufacturera y actividades portuarias, además de un floreciente sector turístico. Por otro lado, el Cauca se sustenta en la producción agrícola de café, caña de azúcar y frutas, con un notable desarrollo en la producción de panela y la artesanía, especialmente en cerámica. Finalmente, Nariño destaca por su producción agrícola, principalmente café, frutas y hortalizas, así como actividades ganaderas y pesqueras, junto con la extracción de minerales como carbón y caliza, y una producción artesanal destacada, en particular en tejeduría.
Desde una perspectiva socioeconómica, es posible realizar análisis detallados de los diversos departamentos.
En primer lugar, la economía chocoana está marcada por la pobreza, se manifiesta en indicadores sociales como el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), el cual es el más alto en Colombia. Precisamente, esta carencia de oportunidades y la pobreza existente han llevado a Chocó a ser uno de los departamentos con mayor tasa de emigración de su población (Bonet, 2008). En segundo lugar, Buenaventura, ubicado en Valle del Cauca, es el municipio con mayor pobreza en la región, presentando un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del 63%, una cifra tres veces mayor a la de Cali, la capital del departamento. La situación socioeconómica de Buenaventura ha sido históricamente definida por factores geográficos como la selva tropical, el clima húmedo, las altas temperaturas y suelos de baja fertilidad; un legado histórico-colonial marcado por una economía esclavista y una estructura institucional desigual; y la presencia del puerto con sus actividades asociadas (Peréz, 2008).
En tercer lugar, Cauca, un departamento marcado por su ruralidad y pobreza, tiene una economía que refleja estas características. De hecho, el 61% de su población reside en zonas rurales. Aunque la pobreza es un problema generalizado en todo el departamento, los indicadores más alarmantes se encuentran en la subregión del Pacífico y en las áreas rurales, donde la pobreza es el doble en comparación con las zonas urbanas. A esto se le suma problemas como la distribución desigual de la tierra y la baja fertilidad de sus suelos (Gamarra, 2008). Por último, para Nariño con sus datos censales se evidencia la predominancia de la ruralidad, siendo la subregión del Pacífico nariñense la más desfavorecida económicamente dentro del Departamento. La economía de la región costera del Pacífico nariñense se fundamenta principalmente en la agricultura, la pesca, la actividad forestal y el turismo (Viloria, 2008).
En consecuencia, un análisis detallado de esta zona revela una serie de complejidades. Se caracteriza por condiciones desafiantes de pobreza y ruralidad, así como por la presencia de diversas etnias, incluyendo indígenas y afrodescendientes (Viloria, 2008). Específicamente, la población se compone de un 80% de personas de raza negra, un 12% de indígenas y un 8% de mestizos, distribuidos en una extensión de 83 mil kilómetros cuadrados (Comisión de la Verdad, 2022). Desde el punto de vista demográfico, la región presenta particularidades; su población constituye el 16,2% del total del país, de la cual el 65,5% reside en áreas urbanas y el 34,5% en zonas rurales (CNPV-DANE, 2018).
Ahora bien, la zona Suroccidental presenta características distintivas en cuanto a la violencia y el conflicto armado. Pues, en Chocó se vivió de forma desproporcionada, el conflicto, su ubicación estratégica, sus accesos al mar y la falta de oportunidades para sus habitantes la convirtieron en un blanco para los grupos armados. En esta región, históricamente han convergido guerrillas, paramilitares, bandas emergentes, narcotraficantes y pandillas, todos luchando por el control territorial y buscando beneficiarse de las economías ilegales. Las masacres de Riosucio y Bojayá -enmarcada como uno de los macro casos en la JEP- son algunos de los actos de violencia más recordados en el departamento, pero según varios informes, los residentes de Quibdó y otros municipios cercanos vivían constantemente bajo la amenaza de asesinatos, extorsiones y ataques. Además de la violencia física, las comunidades afro vieron amenazada su identidad cultural, ya que muchas de las acciones de los grupos ilegales buscaban directa o indirectamente eliminar sus rituales y costumbres. Se ha mencionado incluso que el racismo jugó un papel diferencial en el conflicto armado colombiano y se evidenció el impacto desmedido que tuvo la violencia en Chocó (Comisión de la Verdad, 2020). La firma del Acuerdo de Paz fue vista como un destello al cambio para el territorio chocoano. Sin embargo, los territorios que las FARC dejaron fueron ocupados rápidamente por disidencias y otros grupos armados que, con crueldad, han establecido su poder, afectando a la población civil (Howald, s/f).
Mapa III: Recuento de las iniciativas de paz presentes en la zona suroccidental
Elaboración: Equipo Observatorio Pazando el Conflicto
El Valle del Cauca históricamente ha sido un punto de convergencia para diferentes actores del conflicto, incluyendo guerrillas, paramilitares, bandas emergentes y narcotraficantes. Desde la década de los noventa, las FARC y el ELN dividieron territorios bajo la constante amenaza de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los corredores estratégicos hacia el Litoral Pacífico se convirtieron en objetivos para los recursos disponibles del narcotráfico. En el norte del departamento, las acciones de los paramilitares desencadenaron una serie de masacres sin precedentes, y la dinámica militar de los grupos paraestatales tuvo un impacto en toda la región (Estrada, 2010). Esta zona experimentó cómo las autodefensas extendían su influencia desde Cartago y Tuluá hacia las áreas montañosas de Buenaventura, incluyendo Dagua y Loboguerrero. Al mismo tiempo, las FARC iniciaron un retiro del frente principal en la región, el Bloque Occidental. No obstante, las acciones en las fronteras con el Departamento del Tolima aumentaron. Las milicias rurales de las FARC y del ELN intentaron, sin mucho éxito, detener los movimientos estratégicos de los paramilitares. La economía del narcotráfico y las organizaciones criminales formadas en el Norte del Valle intensificaron el conflicto en los alrededores de Buenaventura. La lucha por los recursos de la creciente economía del narcotráfico impulsó acciones militares de las AUC y del ELN en los municipios de Caicedonia, Tuluá y Palmira. Durante este período, se formaron coaliciones entre pequeños carteles del Norte, Centro y Sur del Valle.
Los golpes contra el Cartel de Cali y las acciones de las autoridades crearon condiciones para el surgimiento y reorganización de los grupos paraestatales (Estrada, 2010). Por otro lado, el sur del Valle y el norte del Cauca han sido zonas de intensa actividad en el conflicto armado. La confrontación se desarrolló principalmente entre la guerrilla de las FARC y la fuerza pública en municipios ubicados sobre la cordillera Central (Marín y Santos, 2014).
Cauca ha sido una zona crucial del conflicto armado, durante más de medio siglo, la región ha sufrido la violencia de diversos grupos armados, incluyendo las FARC, el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Desde los años noventa, las FARC y el ELN dividieron territorios bajo la amenaza constante de las AUC. Los corredores estratégicos hacia el Litoral Pacífico también se convirtieron en objetivos para los recursos disponibles del narcotráfico (Rincón, 2019). Las acciones de los paramilitares en el norte del departamento desataron una serie de masacres sin precedentes. Con ello se entiende que “Según los datos del Registro único de Víctimas, con corte 2021, 473.533 personas han sido víctimas del conflicto armado en el Cauca; es decir casi una tercera parte de la población total departamental” (Comisión de la Verdad, 2021). Además, la economía del narcotráfico y las organizaciones criminales formadas en el Norte del Valle intensificaron el conflicto en los alrededores de Buenaventura. La lucha por los recursos de la creciente economía del narcotráfico impulsó acciones militares de las AUC y del ELN (Informes Derechos Humanos Colombia, 2021). El control territorial de la economía ilícita y sus redes relacionadas son factores que provocan la victimización de las comunidades rurales, indígenas y afrocolombianas en la región (Comisión de la Verdad, 2021).
Nariño ha sido una zona que ha propiciado la confluencia de múltiples grupos armados ilegales que crearon líneas invisibles trazadas por los actores del conflicto. Las FARC controlaban áreas clave como el piedemonte, los ríos principales y los cultivos de coca, mientras que el ELN dominaba ciertas zonas de cultivo de amapola en la cordillera Andina. Los grupos paramilitares se establecieron en municipios donde los narcotraficantes habían comprado tierras, ganando control sobre una amplia franja costera que albergaba laboratorios de procesamiento de coca y disputando a la guerrilla el control de las principales rutas y puertos de salida del producto. En la región del Pacífico, operaba principalmente el bloque Libertadores del Sur, adscrito al bloque Central Bolívar. Los paramilitares fortalecieron su influencia en las cabeceras municipales del litoral Pacífico, especialmente en Tumaco y Bocas de Satinga. Controlaban la entrada de Junín a Barbacoas en la Llanura Pacífica y lograron una influencia significativa en el corregimiento de Llorente en Tumaco. También se establecieron en zonas de manglares y esteros cercanos al mar y tuvieron una presencia importante en los ríos Patía y Telembí, incursionando en el Mira, el Satinga, el Sanquianga, el Tola, el Tapaje, el Iscuandé y el Guapi. Después de la desmovilización de las autodefensas, surgieron nuevas agrupaciones como la Organización Nueva Generación (ONG), los Rastrojos, las Águilas Negras y otras bandas criminales emergentes que intentaron ocupar los vacíos dejados y posicionarse en áreas estratégicas para el narcotráfico (MamaCoca.Org, s/f).
El Observatorio ha registrado un total de 38 iniciativas de paz para la zona Suroccidental, equivalente al 15 % del total. Específicamente, la subzona de Chocó cuenta con 8 iniciativas, Valle del Cauca con 8, Cauca con 19 y Nariño con 3.
2.1 Subzona Chocó
El departamento de Chocó, ubicado en el noroeste de Colombia en la región del Pacífico, destaca por sus extensas selvas en el Darién y las cuencas de los ríos Atrato y San Juan, con Quibdó como su capital. Es único al limitar con ambos océanos Pacífico y Atlántico, siendo el único que comparte frontera con Panamá (Chocó.org, 2015).
En la región del Chocó, los ríos han desempeñado un papel crucial al conectar elementos clave del asentamiento humano y la actividad productiva y social (Bello, Ocampo, Millan y Pulido, 2008). Los recursos geográficos fijos, como minerales (Murshed, 2004; Isham et al., 2005), han sido una característica distintiva. Históricamente, la economía chocoana ha estado fuertemente ligada a la explotación de oro y platino, asimismo se han destacado productos como la tagua, el caucho, la madera y el cultivo de caña. Aunque estos recursos han perdido gradualmente su importancia debido a los cambios globales, la modernización y la competitividad económica del país, los minerales, especialmente el oro, han mantenido su dominio en la actividad económica local (Robledo-Caicedo, 2019). De esta forma, la minería aurífera ha sido la industria más antigua y determinante desde la época del virreinato, marcando la trayectoria económica del Chocó (Sharp, 1975; Williams, 2005; Romero, 1995; Meisel, 2011).
Mapa IV: Subzona Chocó
Elaboración: Equipo Observatorio Pazando el Conflicto
La ubicación geoestratégica del Chocó, cruzada por ríos y selva, ha propiciado la presencia de prácticas vinculadas a grupos armados ilegales, relacionados con el narcotráfico y el tráfico de personas, especialmente la migración ilegal. Entre estos grupos se encuentra el ELN, diversos grupos delincuenciales y carteles de droga. Según la Defensoría del Pueblo (2023), varios de estos grupos armados ilegales han generado una conflictividad, reflejada no sólo en la lucha por el control de los recursos, sino también de las rutas del narcotráfico.
Aunado a lo anterior, se suma una poca presencia estatal en la región, ya que Quibdó concentra la mayoría de las actividades político-administrativas y de provisión de servicios sociales estatales (Roble-Caicedo, 2019). Este hecho afecta profundamente a la mayoría de personas que viven en pequeños poblados, pues aproximadamente “el 40% de la población habita en los seis mayores centros urbanos —Buenaventura, Quibdó, Tumaco, Turbo, Guapi, Itsmina— y el resto en pequeños poblados” (Colección ecológica del Banco de Occidente, s/f). Ello no sólo deja a la mayoría de la población chocoana en una situación de desprotección y exclusión por parte del Estado, sino que además la aleja de actividades comerciales y económicas, debido a que solo los principales centros poblados tienen actividades comerciales que aportan a la economía del Chocó.
Anteriormente, este departamento tuvo una marcada presencia del EPL (Ejército de Liberación Popular), especialmente en la región de Urabá. La desaparición del EPL abrió paso al auge de grupos guerrilleros como el ELN y las FARC, siendo este último un grupo firmante de paz. Este proceso condujo a la creación de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ECTR) y Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) en Riosucio, Caracolí y Carmen del Darién. De acuerdo con la ANR, para diciembre de 2023, el Chocó ha recibido a 244 personas en proceso de reincorporación. Si bien Chocó no cuenta con un gran número de iniciativas de paz, las existentes se enfocan en la promoción del desarrollo económico, social y cultural.
Un revisión a profundidad de las iniciativas de la subzona Chocó develó los principales alcances, amenazas y desafíos a los que se ven enfrentadas las iniciativas de paz, y que estarían entorpeciendo o potenciando su trabajo:
Alcances
Las iniciativas de paz en Chocó, al enfocarse en la promoción del desarrollo económico y social, ofrecen una alternativa para diversificar la economía. Estas alternativas sostenibles impulsan sectores que fomentan un crecimiento competitivo, reduciendo la dependencia en recursos locales naturales típicos -minerales-. Este enfoque de las iniciativas no solo fortalece la economía, sino que además contribuye a la formación de los y las excombatientes. Asimismo, se observa un desarrollo significativo en los medios de producción, destacando una posible evolución de la organización productiva en la zona. Este cambio no solo es de tipo económico, pues también puede llegar a representar un paso hacia la construcción de un entorno más estable y sostenible.
Las iniciativas han logrado sobrevivir a escenarios de conflicto que han impactado directamente a las comunidades en donde se desarrollan estos proyectos. De acuerdo a cifras del CINEP, tomadas de las Naciones Unidas, se ha dado un aumento marginal del crecimiento de iniciativas productivas, “la participación de personas en proceso de reincorporación en proyectos productivos colectivos e individuales durante el período del informe, por lo cual el 77,6% de los excombatientes acreditados ya participan en proyectos (Naciones Unidas, 202, p. 6). Es decir, que la ARN, aprobó durante el 2023, al menos 5.560 proyectos productivos que benefician a 10.722 excombatientes; (Naciones Unidas, 2024). Esto es a nivel nacional, desafortunadamente, a nivel regional es poca la información que se tiene.
Las notorias condiciones de exclusión social que enfrenta la población del Chocó son evidentes, ya que, según datos del DANE, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) alcanza el 65, 51 % en la zona urbana y el 62,73 % en la rural, superando el índice total de todos los departamentos de Colombia, situado en el 14,28% (Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018). Además, el índice de pobreza monetaria en el Chocó es del 68,4 %, superando el promedio nacional del 35,7 % (Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2019). En este contexto, la iniciativa de paz conocida como PROYECTO MIA -Mujer Mestiza, Indígena y Afrodescendiente- se presenta como una posibilidad para abordar y superar la situación de exclusión social en la región. Su objetivo es fomentar el desarrollo y bienestar de mujeres excombatientes mediante el fortalecimiento de sus habilidades y capacidades en áreas como la organización, producción y comercialización (El Campesino, 2020). A su vez, busca llevar a cabo mejoras en las infraestructuras productivas de los territorios que tienen potencial para impulsar la economía de las familias, así como cultivar la relación de las comunidades con el territorio (El Campesino, 2022). De esta manera, el PROYECTO MIA se muestra como una estrategia integral que no solo busca fortalecer las habilidades de las mujeres excombatientes, sino también mejorar las condiciones económicas y sociales de la población en el Chocó.
Amenazas
Presencia del ELN, este grupo guerrillero que actualmente está en conversaciones con el gobierno del presidente Petro, ha realizado diversas acciones armadas en el departamento del Chocó. Estas acciones han obstaculizado no solo la movilidad de la población en ciertos municipios, sino también han estancado las economías en la región, lo cual ha contribuido aún más a la agitación en la región.
Chocó, es una región que ha sido testigo de desplazamientos forzados, se encuentra inmersa en una compleja realidad marcada por los enfrentamientos entre diversos grupos armados que disputan el control territorial en áreas cruciales como Istmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan y Bajo Baudó (El Tiempo, 2021). La problemática ha alcanzado tal magnitud que la Defensoría del Pueblo (2024) ha emitido de manera constante Alertas Tempranas, siendo la 012 del 2022 y la 020 del 2021 ejemplos claros de su preocupación. En el transcurso de febrero de 2024, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento de aproximadamente 40 familias pertenecientes a la comunidad Chambacú, ubicada en la jurisdicción del municipio de Sipí, debido a los combates entre el clan del golfo y el ELN, que ha puesto en una situación de vulnerabilidad a la población. En sus comunicados, la Defensoría del Pueblo resalta la urgente necesidad de que las instituciones gubernamentales, incluyendo las fuerzas de seguridad del Estado, aborden y atiendan las recomendaciones formuladas en las Alertas Tempranas -dicho por Camargo Assis-, reconociendo la necesidad de una respuesta eficaz y coordinada para salvaguardar la integridad y los derechos de las comunidades afectadas.
La región ha enfrentado la amenaza de un paro armado llevado a cabo por el ELN en ciertas zonas, como en la subregión de San Juan, lo cual agrega un grado de complejidad a la situación. Este contexto de inestabilidad y conflicto armado no solo pone en riesgo la seguridad de la población, sino que además representa una amenaza para las iniciativas de paz que buscan establecer condiciones estables y sostenibles en la zona. Además, expone a riesgos significativos a los excombatientes de las FARC, ya que tanto el ELN como otros grupos armados han intentado reclutarlos aprovechando este ambiente conflictivo.
Desafíos
Se plantea un problema de análisis, ya que no existen fuentes primarias que evidencien las problemáticas regionales y las fuentes secundarias tienen información muy limitada. La información utilizada se encuentra a nivel nacional, mas no regional.
El Gobierno Nacional en cabeza de los Ministerios de Defensa e Interior diseñaron un plan de seguridad y protección para los excombatientes, mediante varios Decretos (600 y 660, Min Interior), muchos de los cuales han tenido que ser reorganizados, en gran parte porque no han estado articulados a Decretos de desarticulación de bandas criminales que se han creado desde el 2022, lo que implica que muchas comunidades quedan desprotegidas ante el accionar de las bandas y/o grupos armados que son perseguidos por el Estado. Lo anterior, también se relaciona con varias tutelas y demandas presentadas en contra de la UNP y el Ministerio del Interior, en donde no se ha realizado un esquema efectivo de seguridad que garantice este derecho tanto a desmovilizados como a población civil (El Espectador, 2023)
La falta de información sobre el Chocó se presenta como un desafío crucial al intentar comprender la realidad de esta región. La escasez de datos y la ausencia de informes detallados dificultan la evaluación de los posibles impactos que puedan estar afectando al departamento. Sin evidencia clara de los impactos en la zona, resulta complicado conocer los problemas y desafíos específicos que enfrenta el Chocó.
2.2 Subzona Valle del Cauca
Mapa V: Subzona Valle del Cauca
Elaboración: Equipo Observatorio Pazando el Conflicto
El departamento del Valle del Cauca, situado al suroccidente de Colombia en la región del Pacífico ha desempeñado un papel crucial como motor económico del país, especialmente por su destacada contribución en sectores como la agricultura, la industria y el comercio. Sin embargo, persisten marcadas disparidades socioeconómicas entre las zonas urbanas y rurales, lo que ha resultado en limitaciones en el acceso a servicios básicos y oportunidades laborales para ciertos segmentos de la población.
La región del Valle del Cauca es reconocida por su producción de caña de azúcar, la cual constituye la base de la industria azucarera y la fabricación de aguardiente. Además, alberga importantes centros industriales, zonas francas y el estratégico puerto de Buenaventura, el más relevante del país debido al considerable flujo de carga tanto de importación como de exportación. En términos demográficos, datos del DANE indican que aproximadamente el 82% de la población del Valle del Cauca no se identifica con ningún grupo étnico específico, mientras que el 17,2% se identifica como afrodescendiente, y solo un 0,8% pertenece a comunidades indígenas.
El departamento ha enfrentado desafíos significativos relacionados con conflictos territoriales vinculados a la presencia de grupos armados ilegales, lo que ha afectado la seguridad ciudadana. Aunque la violencia asociada al narcotráfico ha disminuido en comparación con décadas anteriores, persisten problemas de seguridad como el crimen organizado y la violencia urbana, con la presencia de grupos como el ELN, el clan del golfo y disidencias de las FARC. Además, se han identificado bandas y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), como los Shotas, Espartanos, Los Flacos y La Oficina de Tuluá, cuya actividad principal es el microtráfico de drogas, lo que subraya la importancia del control de territorios para su comercialización.
En cuanto al proceso de reincorporación, aunque inicialmente el Valle del Cauca no fue priorizado para la creación de Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), sí ha recibido población reincorporada del Tolima y el Cauca entre 2017 y 2018. Esta situación ha requerido una coordinación efectiva entre diversas instituciones, liderada por la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación, con el respaldo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Misión de Verificación de la ONU.
Con la creación de las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), el departamento cuenta ahora con la NAR Tuluá y la NAR Urbana Cali. Actualmente, se han aprobado 80 proyectos productivos (uno colectivo y 79 individuales) en el marco del proceso de reincorporación, beneficiando a 92 exintegrantes de las FARC-EP y sus familias, con un financiamiento de $736 millones por parte del Gobierno Nacional. Estos proyectos abarcan diversas áreas como agricultura, ganadería, comercio y manufactura, contribuyendo así a la sostenibilidad y crecimiento económico de las familias involucradas en el proceso de reincorporación hacia la legalidad.
Un estudio investigativo detallado y a profundidad de las iniciativas de la subzona Valle del Cauca logró develar los principales alcances, amenazas y desafíos a las que se ven enfrentadas este tipo de apuestas por la paz:
Alcances
El sostenimiento económico de los firmantes ha experimentado una mejora progresiva gracias a las iniciativas de paz que promueven el desarrollo económico a través de la comercialización de diversos productos y servicios.
El departamento ha experimentado una apropiación creciente de la vocación por la reconciliación y la reconstrucción del tejido social, evidenciada por la participación de víctimas del conflicto en las iniciativas de paz lideradas por excombatientes.
Las iniciativas de paz están contribuyendo al sostenimiento económico de diversas poblaciones vulnerables, como mujeres cabeza de familia y jóvenes, al brindarles oportunidades laborales significativas.
Amenazas
Factores de riesgo de violencia presentes en Valle del Cauca, no sólo influyen en los patrones de victimización, sino que también ponen en peligro la seguridad física de los firmantes y la población civil. Estos factores de riesgo pueden ser diversos y están arraigados a dinámicas sociales, económicas y políticas.
La exposición a persecuciones y amenazas es una realidad preocupante para los líderes de iniciativas de paz, especialmente para organizaciones como COOPRIPAZ. En un diagnóstico realizado por Giovanni Álvarez Santoyo, director de la unidad de investigación y acusación de la JEP, se afirma que "La región del suroccidente colombiano es una de las más peligrosas en contra de los excombatientes", con una tasa de muertes de excombatientes que es más del doble respecto al promedio nacional. En este contexto, Cali, la segunda ciudad más grande de la zona suroccidental, se destaca como uno de los lugares más peligrosos para la vida de los excombatientes, lo que subraya la urgencia de abordar la protección de los líderes de estas iniciativas de manera efectiva.
Desafíos
Promocionar y difundir las iniciativas a través de las redes sociales representa un desafío, dado que muchas veces las publicaciones permanecen sin actualización durante meses o incluso años. Esta falta de actualización no solo afecta la visibilidad de las iniciativas, sino que también dificulta el establecimiento de una comunicación efectiva con el público.
La ampliación del alcance geográfico de las iniciativas se presenta como un objetivo clave, sin embargo, se ve restringido por dificultades en la difusión adecuada de las mismas, así como en la gestión eficaz de alianzas estratégicas. Esta limitación a lo local impide que las iniciativas alcancen su máximo potencial en términos de impacto y beneficios para comunidades más allá de su entorno inmediato.
Impulsar la creación de nuevas iniciativas de paz en la región y fortalecer la sostenibilidad de las ya existentes es una tarea esencial para promover la estabilidad y la reconciliación a largo plazo. Esto implica no solo el apoyo inicial en su establecimiento, sino también la implementación de estrategias que garanticen su continuidad y efectividad a lo largo del tiempo. Para ello se necesitaría una atención integral para promover un entorno seguro y pacífico.
Es fundamental potenciar las capacidades organizativas de los colectivos de firmantes, permitiéndoles establecer iniciativas dedicadas al acompañamiento y apoyo de comunidades, así como a la consolidación de una cultura de paz en la región. Este fortalecimiento no solo implica brindar capacitación y recursos, sino también facilitar el desarrollo de estrategias sostenibles que permitan a estos colectivos cumplir un papel activo y duradero.
2.3 Subzona Cauca
Mapa VI: Subzona Cauca
Elaboración: Equipo Observatorio Pazando el Conflicto
El Departamento del Cauca, situado en el suroccidente de Colombia entre las regiones andina y pacífica, en el nacimiento de las cordilleras central y occidental, se distingue por su rica diversidad cultural y natural. Este departamento, cuna de las cordilleras central y occidental y de los ríos interandinos Cauca y Magdalena, ha sido un epicentro económico y político en el país, tanto históricamente como en la actualidad. Alberga una variedad de recursos naturales, incluyendo extensas reservas de oro y yacimientos petrolíferos. Además, su población es sumamente diversa y multicultural. Es importante destacar que la mayoría de sus habitantes, el 61.98% del total, vive en zonas rurales. La población indígena representa el 20.72% del total, mientras que la población afrocolombiana constituye el 22.9% (Vanegas y López, 2008).
Asimismo, el departamento enfrenta problemáticas significativas. Una de las más prominentes es la explotación ilegal de las reservas de oro en el río Naya. Esta actividad ilícita tiene como objetivo financiar a ciertos grupos armados que operan al margen de la ley en el departamento (Sistema de Información Socioeconómica del Cauca, 2021). Esta problemática subraya la necesidad de soluciones efectivas para garantizar la seguridad y el desarrollo sostenible de la región.
De igual manera, el accionar de dichos grupos está directamente relacionado con la presencia de un gran número de cultivos ilícitos de hoja de coca, lo que ha significado para el departamento un gran impacto en términos de afectaciones al bienestar de su población, producto del conflicto entre la fuerza pública y los grupos armados ilegales. Es esencial mencionar que la población indígena se ha visto particularmente afectada por esta disputa, pues si bien la hoja de coca es para estos grupos un elemento que hace parte fundamental de sus diferentes culturas aborígenes, su cultivo sigue siendo perseguido por el Estado (Sistema de Información Socioeconómica del Cauca, 2021).
Aunque la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 logró reducir la violencia relacionada con el conflicto armado, a partir de 2018 se empezaron a manifestar las consecuencias del abandono estatal, un problema histórico en la región que persiste incluso después del proceso de paz. La falta de presencia de entidades gubernamentales en diferentes áreas del territorio propició la aparición de grupos como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, que se establecieron como autoridades locales (Corredor, 2023). Sin embargo, es crucial destacar el impacto positivo del acuerdo de paz, evidenciado por la presencia de 4 Áreas de Entrenamiento y Reincorporación (AETCR) y 11 Nuevas Áreas de Reincorporación (Radio Nacional, 2024). Además, el gobierno nacional ha brindado apoyo en varios aspectos del proceso de reincorporación.
Estos espacios dedicados a la paz han servido como plataforma para las iniciativas de los excombatientes en el departamento, que han formado 22 cooperativas articuladas a nivel nacional a través de "Economías Sociales del Común" (ECOMÚN). Además, se han fortalecido ciertos proyectos productivos gracias a una inversión de $4000 millones, beneficiando a más de 420 reincorporados. A su vez, existen iniciativas que promueven el desarrollo del deporte, el arte, la cultura y la pedagogía en el territorio (Cauca.gov.co, 2020). Estos esfuerzos son fundamentales para la construcción de una paz duradera y el desarrollo sostenible de la región
Un estudio investigativo detallado y a profundidad de las iniciativas de la subzona Cauca de producción logró develar los principales alcances, amenazas y desafíos a las que se ven enfrentadas este tipo de apuestas por la paz:
Alcances
Las iniciativas de paz ubicadas en el departamento del Cauca constituyen una red de 16 cooperativas articuladas en “Economías Sociales del Común”. (Gobernación del Cauca, 2020). Todas estas cuentan con un enfoque productivo y una serie de prácticas principalmente asociadas a la agricultura, piscicultura y manufactura de confecciones (UNDP Colombia, 2021), y es por esta razón que la economía de la región se ha visto impulsada por las propuestas de estos proyectos, que la diversifican y fortalecen en cada una de las áreas que determinan sus características
Las iniciativas de paz han colaborado con la generación de oportunidades educativas como aquellas llevadas a cabo por la Corporación Universitaria Unicomfacauca, que asiste a los firmantes de paz del departamento del Cauca en materias como la tecnificación de cultivos, el fortalecimiento de proyectos de investigación y la creación de unidades de negocio (Unicomfacauca, 2022). De este modo, la región consigue un crecimiento de carácter económico, y gracias al desarrollo del mismo, se genera a su vez la aparición de una variedad de factores positivos para sectores como la educación en el departamento.
Amenazas
La época post-acuerdo en el departamento del Cauca se ha caracterizado por un problema principal: la ausencia estatal. A pesar de los esfuerzos realizados por la comunidad local y los firmantes de paz, la presencia de ciertos grupos armados ilegales se ha restablecido. En algunos casos, han surgido nuevos actores armados que han expandido su influencia en los últimos años, creando una situación preocupante para la construcción de paz en la región. Aunque se experimentó una disminución significativa de la violencia entre 2015 y 2018 (El Espectador, 2023), la falta de instituciones estatales necesarias para la estabilidad política, económica y social proporcionó una oportunidad para que una serie de actores armados ilegales se establecieran en diferentes partes del territorio y ejercieran ciertos tipos de control sobre ellos. Estos grupos, a menudo en conflicto entre sí, crean un ambiente de violencia constante que afecta a toda la comunidad.
La situación de inseguridad se ve reflejada en las preocupantes cifras de actos de violencia hacia la población firmante de paz en la región, que entre los años 2016 y 2022 sufrió 57 homicidios por parte de actores no identificados (Indepaz, 2022). En estas condiciones, el desarrollo de los procesos de reincorporación y reconciliación se encuentra vulnerable al conjunto de agentes externos que en la actualidad sigue cometiendo acciones de afectación en contra de la población (Fundación Paz y Reconciliación, 2022) , como lo demuestran casos alarmantes en los que diferentes comunidades de firmantes de paz que hallan su sustento en iniciativas productivas son obligadas a cumplir con las condiciones que grupos armados ilegales imponen sobre ellas (El Heraldo, 2023).
Desafíos
La protección frente a las acciones violentas de diversos grupos armados ilegales, incluyendo guerrilleros, narcotraficantes y bandas criminales, es una necesidad imperante. En el contexto en el que se desarrollan, la seguridad de las iniciativas de paz y sus integrantes se convierte en la prioridad, dado que enfrentan una gran cantidad de violencia proveniente de múltiples actores violentos.
Es esencial reforzar las acciones que las iniciativas de paz están llevando a cabo en el territorio caucano para la construcción de paz. Dado que la violencia es la norma en este contexto, estas iniciativas tienen el potencial de destacar, sirviendo como ejemplos de lo que se puede hacer para transformar esta realidad. En este sentido, las instituciones estatales enfrentan el desafío de contribuir a mejorar las capacidades de estas iniciativas de paz. Además, el sector privado puede desempeñar un papel crucial como aliado en el fortalecimiento de estas iniciativas, en un esfuerzo conjunto de la sociedad caucana para cambiar el contexto de su territorio.
2.3 Subzona Nariño
El departamento de Nariño se sitúa en el extremo suroccidental de Colombia, limitando con los departamentos de Putumayo, Cauca, el Océano Pacífico y la República del Ecuador, dicha ubicación permite la convergencia de la Región Pacífica, la Región Andina y la Vertiente amazónica, caracterizándose por su diversidad climática, cultural y étnica, siendo indígena el 15,7 % de su población y afrocolombianos el 17,8% de acuerdo con el DANE (2023). El departamento de Nariño es conocido por su naturaleza exuberante y el drama provocado por el conflicto armado, el narcotráfico y las tensiones fronterizas con Ecuador. Por lo anterior, Nariño ha sido un importante productor agrícola así como un corredor estratégico para el narcotráfico a nivel internacional, históricamente en disputa por actores armados., pues esta zona posee una relación estrecha con una amplia red de ríos y de manglares que permiten conexión directa con el océano Pacífico.
Nariño se caracteriza por ser uno de los departamentos con mayores índices de violencia en tiempos de paz, siendo el resultado de aspectos como el incumplimiento del acuerdo, la no presencia integral del Estado en los territorios, la existencia cada vez más extensiva de grupos armados, cultivos ilícitos, entre otros aspectos (Lasso y Cabello 2022). Lo anterior, debido a que este departamento es un lugar estratégico para los grupos armados ilegales no sólo por su ubicación geográfica, no sólo a nivel nacional sino también internacional, lo que la convierte en un lugar ideal para el tráfico de armas y drogas dada su gran superficie. La minería ilegal y el hecho de que la región ha sido históricamente una zona marginada y abandonada del estado ha aumentado la pobreza y la desigualdad entre la población local (Lasso y Cabello, 2022).
Mapa VII: Subzona Nariño
Elaboración: Equipo Observatorio Pazando el Conflicto
Actualmente, el departamento de Nariño cuenta con la presencia de los siguientes grupos armados: “el clan del Golfo' o autodefensas Gaitanistas de Colombia, 'Frente Franco Benavides', los 'Cuyes', 'Los nuevos delincuentes', 'La gente del nuevo orden', 'Guerrillas unidas del Pacífico', 'Guerrillas unidas del sur', 'Contadores', 'Los de Sábalo' y 'La Empresa', así como disidentes de las Farc 'Óliver Sinisterra, además de miembros del Eln y de una facción del EPL (El Tiempo, 2023).
Ahora bien, respecto del proceso de reincorporación en el departamento de Nariño, únicamente en el municipio de Tumaco se creó un AETCR denominado La Variante, en el que, de acuerdo con la información de la ARN para el año 2022 habitaban 251 personas incluyendo a los firmantes en proceso de reincorporación y a sus familias. No obstante, los procesos de reincorporación también se llevan en los resguardos Gran Cumbal y Mayasquer ubicados en el municipio de Cumbal, así como en el Cabildo El Edén ubicado en el municipio de Ricaurte (Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 2022)
Un estudio investigativo detallado y a profundidad de las iniciativas de la subzona Nariño de producción logró develar los principales alcances, amenazas y desafíos a las que se ven enfrentadas este tipo de apuestas por la paz:
Alcances
Es fundamental resaltar el valioso papel que desempeña la integración de firmantes de paz y víctimas del conflicto armado en las iniciativas destinadas a la reconciliación con la comunidad. Esta colaboración conjunta se orienta hacia la reconstrucción del tejido social, mostrando un compromiso unificado hacia la restauración de la armonía y la cohesión en la sociedad.
Las iniciativas de paz, por su ubicación geográfica y sus ideales, no solo persiguen objetivos económicos, sino que también buscan fomentar el desarrollo integral de sus regiones en aspectos sociales, culturales y medioambientales. En este contexto, se prioriza la protección del medio ambiente, así como la preservación de la flora y fauna mediante la promoción del ecoturismo. Además, se valora y conserva activamente las creencias y la cosmovisión indígena en sus territorios resguardados.
Las iniciativas de paz desempeñan un papel crucial en la generación de empleo en sus entornos locales. En vista de la escasez de oportunidades, estas iniciativas se convierten en una alternativa vital, proporcionando trabajo tanto a sus propios miembros como a las víctimas del conflicto armado.
Considerando la ubicación geográfica de Nariño y de las iniciativas de paz localizadas en resguardos indígenas, se impulsa un proceso de reincorporación con un enfoque territorial y étnico, que respeta las particularidades tanto del territorio como de sus habitantes en su quehacer cotidiano. Asimismo, se fomenta la independencia económica y se subraya el enfoque de género, poniendo énfasis en la colectividad.
Amenazas
Es crucial resaltar que la falta y limitación de recursos financieros y de apoyo social necesario para llevar a cabo y sostener de manera efectiva las iniciativas de paz en el departamento de Nariño representan una amenaza constante para su continuidad a largo plazo. Sin un respaldo económico y social adecuado, la ejecución de las actividades necesarias para la construcción de paz, reconciliación y la implementación de proyectos productivos se ve comprometida.
La ubicación geográfica del departamento de Nariño ha propiciado una proliferación significativa en la siembra de cultivos ilícitos, como la coca y la amapola, lo que representa una amenaza latente para las iniciativas presentes en la región. Estos cultivos no solo proporcionan ingresos a grupos armados ilegales, sino que también perpetúan el ciclo de violencia al alimentar el narcotráfico y fomentar la corrupción.
La siembra de cultivos ilícitos genera una amenaza adicional para las iniciativas de paz en el departamento de Nariño: la proliferación de grupos armados ilegales, tales como disidencias de las FARC, el ELN y bandas criminales. Estos grupos se encuentran involucrados en actividades delictivas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, lo que agudiza la inseguridad y el conflicto en la región. Asimismo, la presencia de grupos armados ilegales en la zona constituye una amenaza continua para la seguridad y la integridad física de los firmantes de paz que residen en el departamento.
Desafíos
La limitada comercialización de los productos producidos por las iniciativas de paz en Nariño representa un desafío significativo. A menudo, estas iniciativas enfrentan obstáculos para acceder a los mercados debido a la falta de apoyo institucional y recursos para promocionar y distribuir sus productos.
Las iniciativas de paz afrontan de manera constante la estigmatización asociada a su condición de firmantes de paz o excombatientes. Esta situación conlleva una serie de connotaciones negativas y prejuicios que afectan la percepción tanto de las personas como de las iniciativas involucradas en la construcción de paz.
Si bien algunas iniciativas de paz han logrado perdurar en el tiempo y su ubicación geográfica se presenta como una ventaja debido a la riqueza cultural, esta misma localización se ha transformado en un desafío. Las dificultades de acceso a los territorios han obstaculizado la expansión del impacto que aspiran generar a nivel nacional. Incluso, resaltan que en ocasiones las vías de comunicación con Ecuador son más accesibles que las internas del país, lo cual afecta directamente la supervivencia de los miembros de sus comunidades, así como la visibilidad de las iniciativas y su apertura al público nacional.
Aunque se han resaltado ciertas capacitaciones dirigidas a los miembros de las iniciativas de paz, actualmente existe un consenso en que su territorio ha sido desatendido por el Estado. Incluso a nivel local, el apoyo proporcionado por el municipio y la gobernación del departamento de Nariño no ha sido significativo.