1. Las iniciativas de paz desde y para excombatientes de las FARC en Colombia: propuesta de análisis zonal  

2. Zona 3: zona Central: principales iniciativas de paz desde y para excombatientes de las FARC

• Subzona eje cafetero

• Subzona altiplano

• Subzona Tolima grande

3. Algunas conclusiones sobre los alcances, amenazas, desafíos de las iniciativas de paz en la zona central colombiana

El trabajo investigativo realizado por el Observatorio durante los últimos meses rastreó 172 iniciativas de paz desde y para excombatientes de las FARC-EP. De ellas, un alto número han surgido como voluntades locales de transformación sectorial y han transitado ámbitos variados de las necesidades contextuales de distintas comunidades. Asimismo, cerca del 75% de estas iniciativas responden al desarrollo económico, social y cultural y surgieron después de la firma del Acuerdo Final de Paz.

Del rastreo y el recuento total de las iniciativas, es posible plantear elementos como: 

1. La relación entre los municipios PDET y las iniciativas de paz

2. La relación entre los AETCR o Centros Poblados y las iniciativas de paz

3. El nivel de impacto y  las iniciativas de paz

Con el ánimo de establecer un análisis a profundidad de las iniciativas de paz desarrolladas desde y para excombatientes de las FARC-EP el observatorio organizó una división zonal que permite un estudio focalizado en regiones y subregiones. Así, se precisaron 6 regiones: 

El Boletín #5 aborda la zona Central y las subzonas: Eje cafetero, Altiplano y Tolima grande. El énfasis del boletín recae en estudiar los desafíos, alcances y amenazas que presentan las iniciativas de paz ubicadas en esta zona.

Al realizar un análisis detallado de la distribución poblacional por entidades territoriales, se observa que Bogotá, con un 16.3%, y Cundinamarca, con un 5.5%, emergen como los principales centros poblados del país. Estas cifras subrayan la concentración demográfica en la región, subrayando su importancia no sólo en términos económicos, sino también en el ámbito demográfico y sociocultural (Secretaría Distrital de Planeación, s/f). En conjunto, estos elementos subrayan la relevancia integral de la región y su capital en el contexto colombiano.

Con respecto a su importancia natural, la zona Central se destaca por albergar el 30% del recurso hídrico del país. Asimismo, alberga 15 de los 36 complejos de páramos en Colombia, abarcando una extensión de 1.387.181 hectáreas, lo que representa el 48% del área total de páramos. Estos se distribuyen en 165 municipios, consolidando la región Central como un epicentro crucial para la conservación de la biodiversidad (Secretaría Distrital de Planeación, s/f). En términos de áreas protegidas, la región cuenta con 330 declaradas, abarcando 2 '606.279 hectáreas bajo diversos grados de protección legal. Este conjunto incluye 11 Parques Nacionales Naturales y 2 Santuarios de Flora y Fauna, contribuyendo significativamente a la preservación de la riqueza natural.

En Tolima, la geografía diversa con montañas, redes hidrográficas y el valle del río Magdalena ha sido testigo del surgimiento y fortalecimiento del conflicto. Las antiguas FARC y las AUC dejaron una marca indeleble en la región, afectando especialmente a la población civil. La posición estratégica de Tolima como corredor durante los años de conflicto se refleja en sus calles y municipios, donde historias de tomas, masacres y amenazas persisten (Violencia en el Tolima: un espiral de atentados, miedo y zozobra, s/f). Finalmente, en el sur del departamento del Huila, la violencia generada por el conflicto armado ha dejado más de 64,542 víctimas registradas hasta noviembre de 2017. Desde los años 80, tanto las FARC como el ELN han tenido un impacto significativo en la región, dejando una profunda huella en la población y en la zona en general (Molano, 2018).

El Observatorio ha registrado un total de 61 iniciativas para la zona Central, equivalente al 23% del total. Específicamente, la subzona del Eje Cafetero cuenta con 7 iniciativas, el Altiplano con 37, y Tolima Grande con 17.

Después del Acuerdo de Paz, el Eje Cafetero ha logrado consolidarse como un territorio de paz, en gran parte gracias a la labor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Víctimas. Con el apoyo de la comunidad local, se ha promovido un Pacto por la no repetición y no continuación del conflicto. En cuanto a la reincorporación, el Eje Cafetero informa de 207 excombatientes en proceso o que han completado su reincorporación desde la firma del Acuerdo de Paz. Esta cifra es una de las más bajas a nivel nacional, ya que la presencia de las extintas FARC-EP en la región fue mínima en comparación con otros territorios del país. Debido a esto, no se establecieron Espacios de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ni se integraron los municipios a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), lo cual se ve reflejado en el número bajo de iniciativas consolidadas en esta subzona.

Un análisis de las iniciativas en la subzona Eje Cafetero ha revelado los principales alcances, amenazas y desafíos a los que se ven enfrentadas las iniciativas de paz, y que estarían entorpeciendo o potenciando su trabajo:

Un revisión a profundidad de las iniciativas de la subzona eje cafetero develó los principales alcances, amenazas y desafíos a los que se ven enfrentadas las iniciativas de paz, y que estarían entorpeciendo o potenciando su trabajo:

• Alcances

  • • En el Eje Cafetero, los diferentes departamentos han establecido Consejos de Paz como espacios donde la sociedad civil puede participar activamente en la búsqueda de estrategias para construir la paz en la región. El Consejo departamental de Caldas, en colaboración con instituciones académicas, de seguridad y gubernamentales, ha implementado políticas públicas con enfoques sociales y diferenciales. Estas medidas buscan consolidar la paz en el departamento, basándose en la idea de paces territoriales. Además, se enfocan en llevar a cabo acciones de paz con la población víctima del conflicto y los firmantes del acuerdo de paz (Gobierno de Caldas, agosto 2023).

    • Desde las gobernaciones, por ejemplo la de Risaralda, el plan de acción para el año 2023 incluye inversiones específicas en infraestructura y maquinaria destinadas a proyectos productivos para personas que fueron excombatientes de las FARC-EP. Esto ha generado un impacto positivo en las iniciativas de paz de esta subzona ya que cuentan con un respaldo institucional que les brinda mayor visibilidad en la sociedad.

• Amenazas 

  • • A pesar de los esfuerzos por invertir en la construcción de paz, en el caso de Risaralda el Consejo Departamental de Paz (2023) advierte que viene presentándose un recrudecimiento del conflicto armado: “evidenciado en situaciones como la expansión paramilitar, la multiplicación de masacres, los secuestros masivos, el reclutamiento infantil, entre otros fenómenos del desarrollo del conflicto social y armado”. La elevada inseguridad es un fenómeno señalado también por otros departamentos y municipios del Eje Cafetero como una amenaza en sus esfuerzos por construir la paz.

• Desafíos

  • • Aunque existen los Consejos de Paz, considerados como un buen mecanismo de participación para la búsqueda de paz en los territorios, es necesario fomentar una participación más activa de la sociedad civil en estos espacios. Además, se requiere una mayor propuesta de alternativas, caminos y estrategias para la consolidación de la paz (Gobierno de Quindío, julio de 2023).

Sin embargo, Cundinamarca ha experimentado episodios de violencia relacionados con el narcotráfico y acciones paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia y de las Autodefensas Campesinas del Casanare, que involucraron actividades como el secuestro, la extorsión y ataques a las comunidades. Por otro lado, en Boyacá, entre 1982 y 2015, se registraron 161 ejecuciones extrajudiciales, 86 desapariciones forzadas entre 2001 y 2008, así como la trágica masacre en el páramo de la Sarna (Loaiza, 2021). Con ello se puede decir que esta subzona, si bien no llega a los índices de otras regiones, vivencia situaciones de violencia en menor medida. 

Con respecto a la construcción de la paz, las iniciativas de paz en el altiplano cundiboyacense exhiben características particulares, evidenciadas por la naturaleza de sus líneas temáticas. Aproximadamente, un 72% de estas iniciativas se centran en impulsar el desarrollo económico, social y cultural. En una proporción menor, que representa el 28% restante, también se establecen objetivos relacionados con el apoyo y acompañamiento a comunidades, organizaciones o individuos en zonas afectadas por conflictos, labores de investigación, sistematización y fortalecimiento de prácticas de paz, además, se llevan a cabo labores de resistencia, protección y defensa contra la violencia, así como negociaciones humanitarias o mediación en el conflicto.

Un estudio investigativo detallado y a profundidad de las iniciativas de la subzona Altiplano logró develar los principales alcances, amenazas y desafíos a las que se ven enfrentadas este tipo de apuestas por la paz:

• Alcances

  • • El principal alcance de las iniciativas, es la expansión de iniciativas productivas, orientadas a la consecución de productos con impacto directo en la comunidad y su entorno, se consolida como un eje en el desarrollo económico local. Asimismo, las iniciativas, al promover redes de apoyo y cooperación, se convierten en un sostén fundamental para la reincorporación de los y las excombatientes y sus familias.

• • • En gran medida, muchas de las iniciativas están situadas en zonas capitales o áreas urbanas que les brinda una visibilidad amplia, otorgando acceso a una red extensa de recursos, conexiones y apoyo institucional. Esta ubicación estratégica no solo facilita un mayor reconocimiento social, sino que además suele propiciar alianzas con entidades gubernamentales y otras instituciones relevantes. La proximidad a centros urbanos también facilita una interacción más directa con mercados y consumidores, lo que puede potenciar el desarrollo y la expansión de las iniciativas de manera significativa.

• • • Las iniciativas orientadas hacia la resistencia, protección, defensa contra la violencia y la negociación humanitaria o mediación en el conflicto han alcanzado un nivel de incidencia a escala nacional, destacándose por su gestión expansiva en la región del altiplano cundiboyacense. Estas acciones, cuya temática central aborda cuestiones cruciales para la paz, han logrado extender su impacto más allá de las fronteras geográficas locales. Este hecho subraya no sólo la relevancia de estas iniciativas, sino también su capacidad para abordar problemáticas de alcance nacional, consolidándose como actores clave en la promoción de la paz y la protección de los derechos humanos en el contexto del altiplano cundiboyacense.

• Amenazas 

  • • Una de las principales amenazas a la seguridad se manifiesta en el incumplimiento de deberes establecidos por el Decreto 895/2017 y el Decreto 299 del 23 de febrero del 2017, que reconocen a los exintegrantes de las FARC como sujetos de protección especial. A pesar de estos decretos, muchos de los compromisos estatales hacia esta población no se han cumplido. En el 2023, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional debido al alto número de firmantes de paz asesinados desde el 2016 y la insuficiente implementación de medidas de seguridad para su protección, sustentado en un alto número de tutelas presentadas por miembros del partido común que evidenciaban fallos significativos en la seguridad brindada. En respuesta, la magistrada Cristina Pardo ordenó a la UNP la reevaluación de los riesgos para los combatientes, la priorización de su seguridad y la mejora de las condiciones de los esquemas de protección colectiva de los Antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación, con el objetivo de mantenerlos o fortalecerlos (Caicedo, 2022)

• • • También es de gran importancia reconocer que la UPN no cuenta con grandes recursos para la protección de todos los ex integrantes y en varios casos se ha puesto en primer lugar, la protección de funcionarios públicos, candidatos a puestos estatales, desplazados o víctimas tanto de los grupos armados lo que ha dejado a los ex integrantes FARC en un estado de vulnerabilidad, es decir, se  aumenta significativamente la persecución y desprotección a los mismos (Gutiérrez, 2020, pág. 136). La seguridad es un aspecto transversal a las iniciativas, ya que afecta no sólo el desarrollo de las mismas sino también la estabilidad de sus integrantes.

• Desafíos

  • • Las iniciativas de paz se enfrentan a un gran desafío debido a la presencia diversa de grupos armados con intereses políticos y criminales disímiles que operan en los territorios en los que varias iniciativas desarrollan sus proyectos. La complejidad surge de la lucha por el control territorial, que incluye disputas entre disidencias, otros grupos criminales y, por supuesto, contra el Estado, especialmente en el contexto de la competencia por rutas de narcotráfico. El surgimiento de nuevos grupos delictivos complica aún más el panorama para los firmantes de paz, quienes ven amenazado su compromiso con la paz debido a intentos de reclutamiento y acciones que buscan eliminar su presencia en los espacios geográficos que ocupan. La situación ha tenido un impacto significativo en las iniciativas, con más de 350 excombatientes de las FARC asesinados hasta el 2023. Además, muchas iniciativas se han visto obligadas a suspender sus actividades para proteger la vida de sus participantes. A esto se suma la falta de garantías por parte de las disidencias para un cese efectivo al fuego y la ausencia de un interés genuino en una negociación seria con el gobierno.

• • • Otro desafío es la centralización de los procesos de integración. La Oficina del Alto Comisionado y de Reintegración se encuentran en Bogotá, lo que implica no solo una centralización de los procesos, sino también de las políticas públicas implementadas a nivel nacional. Esto genera burocracias que muchas de las iniciativas no pueden superar, no solo debido a la especificidad de las mismas (por ejemplo, la obtención de documentación notarial que no está disponible en muchos municipios del país), sino también por la falta de capacitación de las iniciativas sobre las plataformas gubernamentales, incluyendo la consecución y formulación de proyectos, y, sobre todo, la falta de acompañamiento por parte del Ministerio de Interior y de la ARN, quienes son los organismos responsables de estos programas.

• • • La falta de apoyo gubernamental, al menos durante el período del presidente Petro ha impactado la continuidad y formulación de nuevas iniciativas de paz. Si bien, en su discurso inaugural en su posesión el 7 de agosto del 2022, el presidente Petro afirmó que: “En el gobierno del cambio estamos trabajando en la implementación del acuerdo de paz del 2016. Hemos respetado la institucionalidad surgida de ese acuerdo apoyando a la JEP, a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, a la Comisión de la Verdad", dijo el jefe de Estado durante su discurso desde el Puente de Boyacá (El Tiempo, 2022).  La misma institucionalidad ha minimizado la construcción de paz tan sólo con el nombramiento del Alto Comisionado, Danilo Rueda.

Un estudio investigativo detallado y a profundidad de las iniciativas de la subzona Tolima grande de producción logró develar los principales alcances, amenazas y desafíos a las que se ven enfrentadas este tipo de apuestas por la paz:

• Alcances

  • • En cuanto a los alcances de las iniciativas de paz, se destacan por ofrecer una oportunidad para construir comunidad y tejido social en un territorio históricamente marcado por conflictos entre diversos grupos. Esto es aún más evidente en el departamento del Huila, donde se encuentran los AETCR El Oso y La Fila (Agencia para la Reincorporación y Reconciliación), sitios donde diversas iniciativas de paz se han convertido en elementos fundamentales para la reconciliación y la prevención de la repetición del conflicto. Estas iniciativas han demostrado que la colaboración entre los firmantes de paz y la población circundante actúa como el eje central del progreso económico, social y político conjunto, fortaleciendo la comunidad.

• • • Esto se evidencia en las oportunidades creadas por estas iniciativas para mujeres, tanto excombatientes como no excombatientes, incluidas aquellas de las poblaciones cercanas a las áreas donde se llevan a cabo estos proyectos. En términos económicos y políticos, estas iniciativas han logrado diseñar y generar políticas públicas con un enfoque de género, contribuyendo a la concientización sobre los derechos de las mujeres y estableciendo un papel significativo para las mujeres rurales en la agenda local. 

• Amenazas 

  • • En relación con las amenazas, aunque la gobernación muestra una clara intención de proporcionar garantías a la población excombatiente, evidenciada en iniciativas como el Primer Encuentro Departamental de Firmantes de Paz (Gobernación del Huila, 2023), donde se buscó establecer, junto con la gobernación departamental, una agenda de reincorporación para ofrecer mayores garantías a esta población, aún persisten desafíos y amenazas diarias. La persecución violenta y la presencia continua de grupos armados son obstáculos que obstaculizan los esfuerzos de construcción de paz por parte de la comunidad en su conjunto.

• • • A pesar de los esfuerzos por garantizar la seguridad, los desmovilizados han manifestado su insatisfacción en varias ocasiones debido a la falta de garantías para continuar con el proceso de reinserción. Han exigido acciones de seguridad para evitar nuevos asesinatos, como el ocurrido el pasado fin de semana en Algeciras, donde la víctima fue el ex insurgente Esder Pineda Peña (Desmovilizados protestan en Huila, Caracol Radio, 2020). 

• Desafíos

  • • Las iniciativas se enfrentan a distintos desafíos, entre estos: se encuentran la estigmatización y discriminación experimentadas fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) especialmente en lo que respecta a la violencia de género. Además, se identifican deficiencias por parte del Estado, como la insuficiente adecuación de la infraestructura vial, la falta de capacitación técnica y la formalización de iniciativas productivas de paz, que operan bajo los principios de economía solidaria.

• • • A su vez, la dificultad para obtener la certificación de microempresa por parte del Invima representa un obstáculo significativo, al igual que la limitada accesibilidad a tierras para el desarrollo de sus iniciativas. La desigualdad en la capacitación técnica proporcionada por el Estado también plantea desafíos adicionales, mientras que la sostenibilidad financiera a largo plazo se presenta como una preocupación constante. Además, la falta de adecuación de la infraestructura vial no solo es un desafío, sino también una amenaza para el desarrollo de sus proyectos productivos. Estos desafíos múltiples subrayan la complejidad y las barreras que deben superar las iniciativas de paz.