CRISIS DE SUBSISTENCIA EN EL SIGLO XIX EN MONTELLANO

Crisis agraria o de subsistencia, crisis obrera o alimenticia o simplemente calamidad, son términos comúnmente empleados para designar aquellas situaciones que en razón de una climatología adversa, exceso de lluvia o sequía extrema, o paro estacional, provocaba una paralización del trabajador en las tareas agrícolas y, subsiguientemente, la falta de recursos para el sostenimiento familiar.

Año 1882

En el catálogo de crisis de subsistencia registradas en el transcurso del siglo XIX es, sin duda, la perteneciente al año del epígrafe, la más grave padecida en Montellano, tanto por su duración como por el número de jornaleros afectados.

El primer signo de lo que será el catastrófico año 1882 se presenta al término de la recolección de la aceituna, en el mes de enero, muy escasa debido a la sequía. Así pues, el ayuntamiento acuerda que, en vista de la calamidad que hace ya acto de presencia y el precio excesivo del pan, “se solemnice el estreno de las nuevas Casas Capitulares, que tendrá lugar el día 1º de Febrero, con una limosna de 208 hogazas de pan, que se distribuirá en dicho día entre los pobres de la localidad”.

Los recursos a los que acude el ayuntamiento para afrontar esta crisis se adscriben en estos cuatro grupos: reparto de trigo de las paneras del pósito, reparto voluntario de los jornaleros entre agricultores y hacendados del término, empleo en obras públicas, y solicitud de medios a instancias superiores. Siguiendo el orden dispuesto vamos a detenernos en su exposición.

El 31 de marzo, según consta en las actas del pósito, la corporación municipal acuerda el reparto de las 103 fanegas y 25 cuartillas de trigo, y 502 pesetas y 15 céntimos, que constituyen la totalidad de sus fondos, entre los jornaleros cabezas de familia a razón de media fanega de trigo y 7,50 pesetas por individuo, “previo el otorgamiento de las escrituras, en grupos mancomunados, obligándose a su reintegro en la próxima cosecha”. Y como muchas de estas partidas, por insolvencia de las personas a quienes se adjudicaban, no sería posible su recaudación, se consideraría como fallidas en el capítulo de calamidad del presupuesto municipal.

Cuando se cumplían dos meses de crisis y se encontraban agotados los fondos del pósito, y a falta de otros recursos a los que acudir, ayuntamiento y junta municipal, formada por los mayores contribuyentes de la localidad, acuerdan el día 4 de abril solicitar de agricultores y hacendados del término, “se digne admitirlos y facilitarles trabajo y abonarles el jornal a los precios corrientes, a fin de aliviar en algún tanto el angustioso estado en que se encuentran estos desgraciados”.

A los veinte días de trabajo son los propios agricultores quienes alegando escasez de la pasada cosecha de la aceituna y la pérdida inminente de la de verano, por la “sequía pertinaz”, y argumentando asimismo que carecían de comida para el ganado de labor, y, por tanto, la imposibilidad de ponerlos a trabajar, manifiestan al ayuntamiento que “no pueden continuar soportando tan gravosa carga”. A ruego personal del alcalde, don José Romero Sánchez, los labradores se comprometen mantenerlos hasta el día 5 de mayo.

El fracaso de la corporación ante el intento de un segundo reparto, después de un mes de trabajo, se halla a punto de provocar una alteración social, o, al menos, así debió entenderlo la corporación municipal, pues reunida ésta el día 6 de mayo tratando de encontrar remedio a la crisis, la masa de jornaleros en paro ocupa el edificio de las casas capitulares (situada en la calle los Escalones) y calles adyacentes, en una actitud que fuerza a la corporación a facilitarles peonadas en obras públicas para “evitar -según manifiesta el ayuntamiento- los funestos resultados que indudablemente tendrían que lamentarse como consecuencia de la efervescencia natural del que carece de toda clase de alimentos para su sustento particular y el de sus respectivas familias”.

Este nuevo recurso, que ha sido la fórmula tradicional de dar ocupación a los jornaleros en situación de crisis, era el arreglo y mejora de calles y caminos. Hoy podemos asegurar que la mejora de la infraestructura local está íntimamente relacionada con las crisis de subsistencia como consecuencia de los periodos de paros estacionales o de una climatología adversa.

Y en este sentido ha jugado un papel capital la ubicación de la Villa de Montellano sobre el accidentado territorio que constituyen las laderas de la Sierra de San Pablo. Buena parte del callejero antiguo de Montellano se asienta sobre un suelo de lajas o peñascoso, y ha sido origen para la toponimia local, reflejada aún en el nomenclátor, de nombres como “Las Lajas” y “El Peñascal”. Calles hermosas y típicas con diferentes niveles, son ejemplo del quehacer de nuestros desgraciados antepasados en épocas de calamidades.

Al margen de esta reflexión y centrándonos en el tercer apartado o grupo de recursos para afrontar las crisis mediante obras de utilidad pública, como allanamientos de calles o arreglos de caminos de acceso a Montellano, el ayuntamiento, que no disponía de fondos, suplica a la Diputación Provincial la devolución de 8.298 pesetas que le adeudaba en concepto de atrasos del contingente provincial.

Pero la crítica situación del campesinado no admite espera, y el ayuntamiento, en 6 de mayo, acuerda que a partir del día siguiente se invierta a los jornaleros en la composición de allanamiento de calles y en el arreglo de veredas y caminos de herraduras, y que son los siguientes: 1) Allanamiento de la calle Carretas, que dejó de practicarse en la última calamidad. 2) Composición de la pasada del arroyo del Pozo Lobero en la vereda de esta Villa a la de Morón. 3) Composición de la cuesta de Valdivia. 4) Composición de la vereda real a los puertos (actual carretera de Puerto Serrano). Y 5) Composición de la entrada a esta Villa por el sitio de Las Cruces, de la vereda de Morón.

El jornal estipulado era de una peseta al trabajador con herramienta propia, 87 céntimos y medio al que trabajara sin ella, 75 céntimos a los jóvenes que por circunstancias familiares debieran ocuparse, y una peseta y doce céntimos y medio a los capataces encargados de las cuadrillas que se formen. Empleándose para el pago de salarios las 5.653 pesetas presupuestadas por el ayuntamiento para la construcción de un nuevo lavadero público, toda vez que el más cercano a la población era el que en el inventario de lavaderos en mi primer libro de crónicas (pág.118) titulo Lavadero de la Fuente, formado por un largo albercón que aprovechaba el agua sobrante de la fuente pública, camino del arroyo del mismo nombre.

Unos días de lluvia a mediados del mes de mayo no hizo sino incrementar el número de parados, elevándolo a 606 jornaleros, lo que aceleró el agotamiento de los fondos, de modo que, el día 28, “para aliviar en algún tanto situación tan aflictiva”, el ayuntamiento sólo disponía de 888 pesetas destinadas al empiedro de calles, las que se utilizaron con el fin “de poder facilitar peonadas algunos días más a aquellos que indispensablemente la necesiten para adquirir su subsistencia”.

La situación por la que atraviesa la población no podía ser más deplorable y agónica, máxime cuando por parte del Gobierno Civil, Diputación Provincial y del propio gobierno de la nación se le había denegado, hasta primero de junio, cualquier clase de socorro. Ante la posibilidad de un levantamiento social y por las que había que “lamentarse fatales consecuencias”, el alcalde, como primera autoridad, manifestaba “que nunca será responsable su municipio, que para evitarlo no ha dejado de recurrir a todas las medidas que pueden adoptarse en casos semejantes”.

Con solo unos días de lluvia a mitad de mayo, cuando ya a la cosecha de verano no hacía sino perjudicarle, más las escasas esperanzas de una cosecha que de antemano se preveía perdida por la infernal sequía, son frecuentes las alusiones del ayuntamiento al estado miserable de la clase jornalera y su preocupación de que esta crítica situación la condujera a una revuelta campesina.

En este clima de calamidad donde más de un tercio de la población vive al límite de la subsistencia y con una amenaza permanente de alteración social, se recibe un comunicado del gobernador civil transcribiendo una real orden de 30 de junio, por la que el Rey concede a este pueblo, del fondo de calamidades públicas, la cantidad de 1.000 pesetas, que una vez recibidas, al cabo de cuarenta días, son distribuidas a razón de 50 céntimos diarios entre los jornaleros, vecinos de esta Villa, cabezas de familia e hijos de viuda.

También con fecha 15 de agosto, cuando empieza a decrecer el número de jornaleros en paro, se recibe, vía gobernador civil, una circular del ministro de la Gobernación para que el ayuntamiento elabore un plan de obras públicas, “donde invertir a la clase jornalera en la presente calamidad”. Después de su deliberación se llega al convencimiento que lo más conveniente a los intereses de Montellano, y que mayor número de peonadas puede proporcionar, es precisamente la construcción de un lavadero cubierto, para evitar el sufrimiento, según el sentir de la corporación municipal, “como consecuencia de los rigores del frío y del calor de las estaciones extremas, produciendo en las del estío multitud de enfermedades a las pobres lavanderas y clases menesterosas...”.

La construcción de este lavadero en las inmediaciones del pueblo quedó reducido a sólo un proyecto, que cuatro años después sería una amable realidad gracias a la generosidad de la benemérita doña Remedios García Barrera, que lo costeó a sus expensas, y cuyo desarrollo histórico puede encontrar el lector en mi primer libro de crónicas (páginas 115-139). Tampoco el mencionado ministerio parece, a deducir por la documentación investigada, que contribuyera con un solo céntimo a la crisis, paliada posteriormente con los recursos a los que seguidamente nos vamos a referir.

La cuarta y última fuente de recursos a la que acudió la corporación municipal para hacer frente a la grave crisis de 1882, cuyos efectos hubieran supuesto la tabla de salvación de la desgraciada clase jornalera de haberse adoptado esta medida a comienzos de la misma, fueron las obras de construcción de la carretera de esta Villa a la de Utrera, ya iniciadas, y que, como manifestaba el ayuntamiento en los primeros días de abril, hubiera representado el “único y exclusivo medio de poner término a la existente calamidad”. Así, en efecto, se lo hizo saber la corporación al gobernador civil.

Otra iniciativa para este mismo fin fue la que tomaron los propios jornaleros, que mediante escrito de fecha 18 del mismo mes de abril y firmada por “multitud de vecinos”, requerían del ayuntamiento la intervención del diputado a Cortes por el distrito, para que gestionase ante el gobernador civil los trabajos de construcción, a grandes escalas, de la carretera antes citada y la apertura del tramo desde esta Villa hasta Cuatro Mojones.

Reconocía la corporación municipal lo eficaz de la medida, y como demostración tenía el ejemplo de Villamartín y poblaciones limítrofes, cuyos trabajos en el referido Plan de Carreteras del Estado, había logrado salvar la crisis en pueblos de la provincia de Cádiz.

Son frecuentes las referencias a la “situación angustiosa de este pueblo” así como la necesidad de dar ocupación en la precitada carretera; pero nada se informa sobre la incorporación de los jornaleros montellaneros al mencionado trabajo. A comienzos de agosto se dice que en “breve han de emprenderse por Administración los trabajos de la carretera de Utrera a esta Villa”, lo que permite suponer que así fuera, porque a partir de esta fecha se produce un silencio en relación a la crisis, y que no se volverá a citar hasta el acta capitular de 30 de diciembre, que como un volver a empezar y revivir lo pasado, se dice que “con motivo de la paralización de los trabajos de la carretera de Utrera a esta Villa y haber terminado la recolección de aceitunas... se habían presentado al alcalde, en el día de hoy, porción de jornaleros en demanda de auxilio para atender a su subsistencia y las de sus respectivas familias”.

Finca La Calerilla

Hacienda El Medicón, llamada antiguamente hacienda El Pino

El Esparragoso

Hacienda de Gato

Rancho de Manuel Estrella (El Bosque)

Hacienda La Ratilla

Azulejo en la fachada de la finca El Indiano (ribera del Guadalete), colocado tras la ocupación

por doce obreros agrícolas de Puerto Serrano después de que fuera expropiado a RUMASA.

Pozo de La Gloria de Pilares

Cuadrilla de yunteros en la hacienda Las Islas en 192

Banqueo en la finca Valdivia. Año 1959. En la imagen la familia Pino-Campo y José González Reguera

Desvareto en la finca El Esparragoso el día 14 de Septiembre de 1953. Se identifican

Manuel Zamora, Isidoro Gómez y Pedro Mera

Trabajadores en la hacienda Contreras haciendo molino en 1961 y almorzando el clásico “ajofritos”.

Se identifican Pepe “El Tarufo” y José Álvarez

Escardadoras en la explanada del Matadero, en la carretera de Morón.

Se identifica el joven Geromo García (“Ganzulino”), delante a la derecha

Trabajadores de don Rafael Romero en la hacienda Las Cañas, reuniendo la paja con la asnilla después de la trilla.

Comienzo de los sesenta

La trilla, en la Viña Alta, conduciendo el trillo Cabrera. Década de los cincuenta

Recolección del arroz en La Isla. De pie y de izquierda a derecha Juan “El de Adela”, J. Vicario Mesa, Francisco “Chico Blas”, Hipólito Arillo, José Colago, Francisco “El Madroñero” y Pedro Arillo. Agachados: José Tirado, Manuel Mesa, Rafael Colago, Manuel Arillo y Rafael Rodríguez

La estancia de cabreros y pastores daban a los campos una nota de vida y de presencia humana rompiendo la soledad y el silencio y concediendo al paisaje un escenario entrañable, repetido largamente a través de la historia.

En la imagen superior José López Díaz en la finca Valdivia. Abajo, el pastor Manuel García junto a las ruinas del convento franciscano de San Pablo de la Breña, en El Bosque