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Procesos largos y costosos al alcance únicamente de los ricos. Esta es la idea que sugiere en la mente del ciudadano de a pie la mención de la Sacra Rota Romana, el máximo tribunal Vaticano que entiende en temas de nulidad matrimonial, Sin embargo, y gracias a una reciente iniciativa de los obispos italianos, los costes dejarán de ser prohibitivos para aquellos que inicien el largo y proceloso camino de la litigación matrimonial por la vía eclesiástica. Para que la Iglesia católica considere un matrimonio nulo, deben producirse dos sentencias concordantes de los tribunales eclesiásticos, una en primera instancia y otra en apelación. Cuando existe discordancia en las sentencias, hay que recurrir a una tercera instancia: la Sacra Rota. En estos casos, a la angustia del tiempo necesario para superar todos los trámites, hay que añadir el inconveniente de los gastos astronómicos. Un tema que no siempre es esencial. La ex presidenta de la Cámara de Diputados de Italia, Irene Pivetti, tuvo palabras de elogio para la Rota, pese a lo mucho que se dilató la anulación de su matrimonio con Paolo Taranta. “Puedo decir que aprecio la seriedad y discreción máxima con que he sido tratada por este tribunal", precisó.

El caso de la Pivetti, que ha vuelto a contraer matrimonio por la Iglesia en noviembre pasado, entra en el capítulo de “ricos y famosos" y, por tanto, está lejos de parecerse a los de los ciudadanos de a pie, que hasta ahora tenían que hacer frente a la misma minuta al término del proceso ante la Sacra Rota.

Sin embargo, al menos en Italia, esta instancia final será más accesible económicamente a partir de ahora. Con una decisión que la honra, la Conferencia Episcopal italiana ha decidido que será la propia Iglesia la que cubra los gastos del proceso en los tribunales eclesiásticos -a la Rota en realidad sólo llega un porcentaje pequeño de casos-, sin que los interesados tengan que desembolsar más que una modesta cifra fija y general, que, según la prensa italiana, será de unas 60.000 pesetas para el cónyuge que plantea la causa y de unas 25.000 para el que la acepta. Sumas insignificantes si se tiene en cuenta que, hasta ahora, un proceso -que requiere una doble sentencia- dedicado a deshacer, o, mejor dicho, a anular los matrimonios de los católicos practicantes y fieles a la doctrina de la Iglesia podía costar entre 600.000 y 850.000 pesetas.

Con la nueva normativa, la Conferencia Episcopal italiana se compromete a utilizar los fondos que recibe de los fieles para pagar estos costosos procesos. Eso sí, la pareja que reclame la nulidad podrá contribuir con una suma de su elección a sostener “las necesidades de la Iglesia", pero el donativo en cuestión no se hará efectivo hasta que no haya sentencia firme, “para evitar la menor sospecha de conexión entre el éxito de la Causa y la contribución económica", explicaba ayer en el Corriere de la Sera el codirector de la oficina para los problemas judiciales de la CEI, Domenico Mogaro.

El tribunal tendrá el detalle de informar a los interesados del coste real de su proceso. Una cantidad que, comparada mentalmente con el precio fijo, les permitirá seguramente acortar las diferencias por medio del donativo adecuado.

Un capítulo que dispara a menudo los costes de los procesos es la minuta del abogado. Sin embargo, en Italia, y al menos oficialmente, éstos cobran sus honorarios -más bien modestos- de los propios tribunales. La mala imagen que proyecta sobre la Iglesia el excesivo coste de las nulidades matrimoniales ha sido una constante preocupación de los pontífices. En 1972, Pablo VI dictó normas destinadas a contener los gastos generales de las nulidades, consciente, según escribía a instancias suyas el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, de “que los abusos supuestos en este campo o los que han llegado a verificarse realmente han hecho circular comentarios que ofenden verdaderamente a la Iglesia".

Para mantener informados de todo el proceso a los esposos que reclaman la nulidad de su matrimonio, los obispos italianos proponen la creación de una figura concreta, un abogado de oficio, que será nombrado este año en cada uno de los 19 tribunales eclesiásticos italianos y que vendrá a ser una especie de "patrón estable" a imitar por todos los demás abogados.