El control de la fertilidad

La historia del control de la fertilidad ha estado marcada tanto por "adelantos" como por "reacciones". Hay que conocer el contexto de las condiciones sociales y económicas, así como las preocupaciones religiosas, médicas y filosóficas, para entender los cambios de actitud ocurridos en cuanto a la limitación en el número de hijos. El control de la natalidad ha sido utilizado en otras épocas, no sólo para limitar los embarazos sino para fomentar y promocionar la fertilidad. La maternidad siempre ha estado sopesada tanto en términos emocionales como económicos. Siempre ha existido un interés por influenciar o configurar la fertilidad, por reducir o incrementar concepciones y nacimientos. Cabe preguntarse si una mujer de principios del siglo XX sometida a un embarazo no deseado se sentiría muy diferente de otra con el mismo problema que hubiera vivido en el siglo XIII o XVIII.

Para comprender lo que significaba la reproducción para la mujer en el pasado, es necesario tomar en serio la amplia gama de tabúes, brebajes y rituales que empleaban para limitar los embarazos. De forma similar, los diversos intentos de aumentar la fertilidad, espaciar los hijos, determinar su sexo y proteger la propia salud deben ser analizados.

Diferentes culturas emplearon diferentes métodos para controlar la familia. Existen abundantes datos sobre una gran variedad de prácticas de control de la fertilidad que se emplearon en el pasado. Las decisiones relativas a la reproducción siempre tuvieron mayor importancia para las mujeres que para los hombres.

La abstinencia, el aborto, la retirada del pene (onanismo) y la prolongación de la lactancia, son métodos que, utilizados ya por los antiguos griegos, han permanecido como las formas básicas de limitación familiar de una gran masa de población hasta bien entrado el siglo XX. Sólo en los años sesenta con la llegada del anticonceptivo oral (la píldora) y el DIU de plástico (Dispositivo Intrauterino) hubo plena confianza pública en una "solución tecnológica".

En el mundo occidental del siglo XX, con la aparición del compañerismo conyugal se esperaba que las parejas llegaran a un acuerdo en el uso de anticonceptivos "dependientes del coito", tales como los preservativos o el lavado vaginal. En las sociedades donde existía una separación entre hombres y mujeres, que impedía este tipo de comunicación, las mujeres pedían consejo sobre el uso de estratagemas posibles antes o después del coito, no a sus maridos, sino a sus amigas y parientes de su mismo sexo. Si históricamente la infertilidad siempre se ha considerado como un problema y por el contrario la maternidad siempre ha mejorado la situación de la mujer, se puede decir que en la sociedad moderna la falta de control de natalidad aumentó las desigualdades. El uso de anticonceptivos fiables fue un medio de mejorar la condición de la mujer.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 dice textualmente: "La Planificación Familiar consiste en la adopción voluntaria de prácticas que, por medio del espaciamiento de los embarazos y el término de la procreación a una edad relativamente temprana, consiga mejorar la salud materno-infantil, adecuando el tamaño de la familia y la elección del momento oportuno del embarazo". "Todo individuo tiene el Derecho Humano de decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos, y el derechos de recibir información y educación adecuada sobre planificación familiar, así como el derecho a obtener los medios necesarios para conseguirlo".

Según la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) los objetivos de la planificación familiar son:

1. Respetar los derechos humanos.

2. Regular el crecimiento demográfico.

3. Mejorar la salud de la familia y de la comunidad.

Sus recomendaciones fundamentales son:

1. Que el primer embarazo se produzca entre los 20 y los 24 años.

2. Que exista un período de entre 2 y 3 años entre dos embarazos.

3. Que cada mujer tenga como máximo 4 hijos.

4. Que no se produzcan embarazos por encima de los 35 años.

5. Evitar embarazos en caso de enfermedad grave de la mujer, riesgo de enfermedad genética, riesgo de enfermedad de transmisión sexual, enfermedad infecciosa o, cuando la mujer sigue tratamiento con sustancias potencialmente dañinas para el embarazo.