Resumen
Las perspectivas de crecimiento económico mundial para 2019 son de alrededor de 3% y de 1,7% para América Latina, y muestran una tendencia a la baja respecto al año anterior. Por su parte, la economía nacional creció 2,7% en 2018 (0,7 puntos porcentuales menos que en 2017) y se espera que crezca 3,2% en 2019 según el Programa Macroeconómico del BCCR. Los principales riesgos internos identificados por el BCCR se asocian con la no aprobación de proyectos de ley de apoyo financiero, nuevas tensiones sociales (huelgas) y condiciones climáticas adversas; entre los riesgos externos destacan el aumento en la volatilidad y aversión al riesgo en mercados financieros, un agravamiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y otras economías avanzadas, la crisis en Nicaragua y el alza en el precio de las materias primas.
Con respecto al resultado fiscal, el déficit financiero presupuestado del Gobierno Central alcanza el 7,9% del PIB, aunque se espera sea inferior, dada la sub ejecución presupuestaria; el Banco Central de Costa Rica en su Programa Macroeconómico espera un valor del 6,2% del PIB, para lo cual toma en cuenta la aprobación de la Ley N° 9635 del 3 de diciembre del 2018.
En lo que respecta a la deuda del Gobierno Central, la razón deuda/PIB se ha estado incrementando en 4 puntos de 2016 a 2018, para situarse en 53,6% del PIB, y es de esperar un incremento similar para 2019. La deuda del sector público se estima en 70,6% del PIB a diciembre de 2018.
Los fondos públicos aprobados a ejecutar por el Sector Público sin consolidar (¢28.082.166 millones, 75,0% del PIB) están compuestos por los presupuestos iniciales de 306 instituciones del sector descentralizado y sus fideicomisos, cuyo presupuesto equivale a ¢17.139.085 millones (61,0%) y 27 títulos presupuestarios correspondientes al Gobierno Central lo que representa ¢10.943.081 millones (39,0%).
El presupuesto del Gobierno Central para el ejercicio económico 2019 fue aprobado mediante la Ley N° 9632 del 28 de noviembre del 2018, por un monto de ¢10.943.081 millones (29,2% del PIB). Este monto es superior en ¢2.670 millones (0,02%) al Proyecto de Ley Presupuestario presentado por el Ministerio de Hacienda el 31 de agosto del 2018. Las principales diferencias entre el Proyecto de Ley y la Ley de presupuesto, se presentan en las partidas de transferencias corrientes, amortización, remuneraciones, transferencias de capital, servicios, materiales y suministros, bienes duraderos y cuentas especiales.
Los ingresos corrientes del Gobierno Central ascienden a la suma de ¢5.087.023 millones, lo que significa un 4,8% de crecimiento respecto al presupuesto definitivo de 2018 (¢4.854.094 millones). Los ingresos tributarios representan el 93,0% de los ingresos corrientes (¢4.733.391 millones), monto que implica una carga tributaria de 12,64%. Por su parte, el financiamiento interno asciende a ¢5.853.339 millones (37,1% de títulos valores de corto plazo y en 62,9% de títulos valores de largo plazo). Los recursos provenientes de financiamiento externo fueron incorporados mediante la revalidación automática de saldos, por un monto de ¢757.689 millones.
De esta manera, la implementación de mejoras para reducir la evasión fiscal y el compromiso público por resolver el problema estructural de las finanzas públicas, se mantienen como retos ineludibles para el ejercicio económico de 2019.
En cuanto a remuneraciones del Sector Público, para el ejercicio económico de 2019 se presupuestan ¢6.306.567 millones, 2,8% más que en el presupuesto definitivo de 2018. Este gasto representa 16,8% del PIB estimado para 2019. Los incentivos salariales son la subpartida con mayor asignación y crecimiento, lo cual es evidencia de un crecimiento inercial que incide en la sostenibilidad del sistema remunerativo. Además, existen problemas estructurales asociados con disparidades, complejidad y transparencia en los sistemas remunerativos.
Por concepto de transferencias del Sector Publico se presupuestan ¢6.861.615 millones (cifras sin consolidar), de este total, el 89,3% (¢6.130.092 millones) son transferencias corrientes y 10,7% (¢731.523 millones) de capital. Las transferencias corrientes presentan un aumento del 4,9% respecto del presupuesto inicial de 2018, mientras que las transferencias de capital disminuyen en 12,0%. Es importante avanzar en la normativa que regula las transferencias con el objetivo de que estas se apeguen a la realidad financiera del Gobierno.
El Gobierno Central presupuesta para el ejercicio económico de 2019 un total de ¢4.660.937 millones (12,4% del PIB) en gasto social, lo que implica un incremento de 4,0% respecto al presupuesto definitivo de 2018. Los principales rubros del gasto social son: educación, protección social y salud (que representan el 56,7%, el 34,7% y el 7,0% del total, respectivamente). Es necesario mejorar la calidad de este tipo de gasto, por ejemplo, mediante el fortalecimiento del componente de evaluación de programas y proyectos, a fin de direccionar mejor los recursos.
La inversión del Sector Público No Financiero presupuestada para 2019 suma ¢1.610.309 millones (4,3% de PIB, cifras consolidadas), 5,3% más que el presupuesto inicial consolidado de 2018. La formación de capital tiene un 61,7% de participación, la adquisición de activos un 25,9% y las transferencias de capital representan un 12,3%. El gasto de capital presupuestado por el Gobierno Central es de ¢506.406 millones y 20,4% menos que en el presupuesto inicial de 2018. Costa rica presenta un rezago en infraestructura, lo que impacta la competitividad, la productividad y el bienestar de la ciudadanía.
Para el ejercicio 2019 se presupuestan ¢5.651.966 millones para compras públicas, 4,1% menos que el presupuesto definitivo de 2018. Las reducciones se tienden a acumular más significativamente en la partida de bienes duraderos, aunque también sobresale la disminución en servicios por parte de Órganos Desconcentrados. Persiste rezago en la implementación del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) como plataforma única y centralizada para todo el Sector Público, dado que 30% de las instituciones no lo utiliza todavía. Se deben conjuntar esfuerzos para lograr la implementación completa del SICOP y alcanzar en el más corto plazo los beneficios resultantes de las economías de escala, mayor transparencia y rendición de cuentas en el proceso de contratación administrativa.
Bajo la denominación de Otros gastos se compilan las subpartidas de: 1) Alquiler de edificios, locales y terrenos, 2) Publicidad y propaganda, 3) Servicios en ciencias económicas y sociales, 4) Dietas, 5) Actividades protocolarias y sociales, 6) Transporte en el exterior, 7) Viáticos en el exterior y 8) Ayudas a funcionarios. El gasto presupuestado para estos gastos asciende a ¢249.249 millones, que equivale a 0,7% del PIB y muestra un crecimiento de 2,3% respecto al presupuesto definitivo de 2018, revelando en términos generales un esfuerzo en la contención del gasto en estos rubros.
La CGR recibió 283 presupuestos para el ejercicio económico 2019, de los cuales 121 recibieron aprobación, 142 aprobación parcial y 20 fueron improbados totalmente. El monto aprobado total es de ¢16.611.572 millones. Dentro de las principales razones de improbación se encuentran el incumplimiento del monto asignado al Fondo de Capitalización Laboral, ingresos insuficientes para financiar los gastos presupuestados y la falta de aprobación interna del documento presupuestario.
Además, con el fin de visualizar el impacto de la regla fiscal, se realiza además un ejercicio donde se muestra el escenario que enfrentaría el Gobierno Central si para el presente presupuesto 2019 se aplicara la regla fiscal (que rige en 2020), indicando que el gasto corriente debería ejecutarse en un 91,1%. A modo de ejemplo, desde 2013 las tasas de crecimiento del gasto corriente en el Gobierno Central han superado el nivel que se tendría (a excepción de 2016), si la regla fiscal hubiera estado vigente en ese entonces. El cumplimiento de la regla fiscal, ante un crecimiento de los intereses, presionará el resto del gasto corriente; ajuste necesario para lograr la sostenibilidad de la deuda.
Finalmente, el documento contiene comentarios sobre algunas instituciones públicas, específicamente: la CCSS, la CNFL, el IMAS, RECOPE, el Fideicomiso Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales, AyA, ICODER, el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, el PANI, el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, JUDESUR, el ICE, INCOFER y Gobiernos Locales.