Regla Fiscal: Un ejercicio de aproximación para el Gobierno Central

En diciembre de 2018, se aprobó la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas que en su Título IV incorpora una regla fiscal para el sector público. Esta regla regirá a partir de 2020, el cual inicia su fase de formulación en 2019. Comprende 4 posibles escenarios en función del nivel de endeudamiento del Gobierno Central y el crecimiento del PIB, los cuales determinarán el porcentaje máximo de crecimiento del gasto corriente. A continuación se muestra un resumen de dichos escenarios.

A modo de ejemplo, se ha estimado el cumplimiento de esta regla fiscal en el Gobierno Central (la regla fiscal aplica para todo el sector público no financiero, SPNF), si la misma se hubiera aplicado para el periodo presupuestario 2019, con el objeto de dar seguimiento a la senda de convergencia.

Bajo ese supuesto y con base en los datos que se muestran anteriormente, para el presupuesto de 2019 el país se encontraría en el escenario 3 (nivel de endeudamiento entre el 45%y 60% del PIB), donde lo máximo que puede crecer el gasto corriente corresponde al 75% del crecimiento promedio del PIB de los últimos 4 años. De esta forma, el gasto corriente para 2019 no debería superar una variación de 5,5%, por lo que el presupuesto inicial no cumple con la regla fiscal y de cumplirse a nivel de su ejecución, el gasto corriente debiera ejecutarse en un 91,1%.

Como se observa a continuación, desde 2013 las tasas de crecimiento del gasto corriente en el Gobierno Central han superado el que se tendría (a excepción de 2016) si la regla fiscal hubiera estado vigente. Para 2013, el crecimiento del gasto corriente fue de 13,4% con respecto a 2012, mientras que de haberse aplicado la regla fiscal, el porcentaje máximo de crecimiento habría sido de 9,8%. Como corolario, el cumplimiento de la regla fiscal exige un alto control sobre el gasto corriente, en particular en componentes como gasto de consumo y transferencias.

Es importante destacar que la implementación de una regla fiscal que ponga un tope al crecimiento del gasto corriente, implica un ajuste dentro de las partidas que lo conforman. Como se observa en el siguiente gráfico, el crecimiento de los intereses desde 2013 ha sido superior al de gasto de consumo y transferencias corrientes. Por ejemplo, en 2018 el crecimiento del gasto en intereses con respecto a 2017 fue de un 20,2%, mientras que el del gasto de consumo fue de un 4,5% y el de transferencias corrientes de 3,2%, en un momento en el que la regla fiscal habría exigido un crecimiento máximo del 5,6%.

Ante el alto endeudamiento del Gobierno Central, las dificultades para su financiamiento (lo que implica aumento en las tasas de interés), y la carga financiera que ya representan los intereses, el cumplimiento de la regla fiscal, requerirá un gran esfuerzo de contención del gasto en otros rubros (como salarios, capacitaciones, programas sociales, educación, transferencias, entre otros), ajustes que deberán implementarse hasta alcanzar una senda de sostenibilidad de la deuda.

Los intereses sobre la deuda representan un porcentaje importante de los gastos corrientes (18,9% a nivel de gasto devengado en 2018), al tiempo que constituyen un rubro ineludible de gasto. Y si su crecimiento es elevado –lo cual restringe el crecimiento de los otros gastos corrientes a fin de dar cumplimiento a la regla fiscal– se concluye el gran beneficio que significaría para el país conseguir financiamiento a tasas de interés favorables.

La posibilidad de alcanzar una senda de sostenibilidad de la deuda del sector público, radica en la implementación de todas las medidas señaladas en la Ley N° 9635, donde el cumplimiento de la regla fiscal será la que mayor impacte a su éxito.