Desde hace varios años el país se enfrenta a la tarea de enmendar de forma decidida y permanente su deteriorada situación fiscal. La reciente aprobación de la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, constituyó sin duda alguna un hecho relevante en la historia socio-económica del país, al lograrse un espacio de reflexión y aprendizaje para lograr un consenso entre actores y Poderes que derivara en un primer paso hacia un ajuste a la sostenibilidad. Pero si bien esta Ley provee de nuevas y prometedoras herramientas para el saneamiento fiscal, como la ampliación del impuesto al valor agregado a los servicios, la reforma a la Ley de Salarios y el establecimiento de la regla fiscal, debe ser acompañada de un necesario ordenamiento del Estado que desemboque en uso más eficiente y racional de los escasos recursos públicos.

Como sociedad, se nos presentan dos posibilidades de elección: comprometerse con la disciplina fiscal para garantizar la provisión de servicios públicos en el presente y futuro, o bien postergar el ajuste–una vez más– para los años venideros, lo que lo convertirá en un ajuste mucho más agudo. Como sociedad, debemos tener consciencia de que, en materia fiscal, aún no se aclaran los nublados del día; por el contrario, el pronóstico continúa reservado y con probabilidad de tormenta, dependiendo de la firmeza de todos los actores para conducir a Costa Rica hacia aguas más tranquilas que nos permitan arribar al puerto del desarrollo sostenible y justamente distribuido.

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