Informe alternativo para el EPU de GUINEA ECUATORIAL

Colegio de Abogados de París - Estatus consultivo ECOSOC

47ème período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el
Examen Periódico Universal - noviembre de 2024

1.     Introducción

Este informe alternativo tiene como objetivo proporcionar información para comprender la situación de los abogados y la independencia de los colegios de abogados en Guinea Ecuatorial, en el marco de la preparación para el examen del Estado por el Grupo de Trabajo del EPU en noviembre de 2024. Los datos presentados en este informe se basan en consultas con abogados ecuatoguineanos y organizaciones de la sociedad civil que siguen de cerca su situación.

2.     Marco legislativo

Guinea Ecuatorial ha ratificado varios instrumentos jurídicos internacionales que protegen la profesión jurídica y la independencia de los jueces. Entre los más importantes se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ratificada en 1986, y la Carta de la OUA, que se basan en el respeto de los principios de la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la legalidad constitucional y los principios de la democracia.

Además, los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados elaborados por las Naciones Unidas guían el funcionamiento de los colegios de abogados en todo el mundo. Aunque no son jurídicamente vinculantes, tienen un importante valor normativo y moral para Guinea Ecuatorial, ya que establecen las normas fundamentales de la profesión jurídica. Adoptados en 1990 en La Habana, estos principios sirven de referencia para promover la protección de los abogados y la independencia de la justicia y los derechos humanos en todo el mundo.

A pesar del marco jurídico internacional existente, Guinea Ecuatorial tiene una importante laguna en la legislación nacional destinada a aplicar este marco jurídico internacional. Normas como la Ley Fundamental de la República o la Orden Ministerial No. 2/2016 del Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones son muy vagas, y las disposiciones destinadas a proteger la independencia de la abogacía, proporcionar garantías para el ejercicio de la abogacía o establecer el debido proceso en las investigaciones disciplinarias contra abogados son inexistentes.

3.     Desafíos para la protección de los abogados y principios básicos relativos a la función del Colegio de Abogados

A pesar de estos compromisos y de los instrumentos legales, la protección de la profesión jurídica y la independencia de los jueces siguen siendo retos importantes en Guinea Ecuatorial. Los abogados que llevan casos delicados son a menudo objeto de intimidación, acoso e incluso detención arbitraria. El ejecutivo también ejerce una influencia considerable sobre el poder judicial, lo que socava la imparcialidad de los juicios. A continuación se explican los principales retos en este ámbito.

3.1.  Independencia del Colegio de Abogados respecto al Gobierno

El Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial no es independiente. El Presidente del Colegio (Decano) ocupa este cargo desde enero de 2003, sin interrupción ni oposición conocida. A pesar de los repetidos intentos por determinar cómo fue elegida o reelegida esta persona, no se dispone de ninguna información. Sin embargo, en el Estatuto citado por el Colegio de Abogados para los procedimientos disciplinarios, se menciona que las elecciones deben tener lugar cada 4 años. Es importante mencionar que estos Estatutos, que datan de 2004, aún no han sido validados por la autoridad competente.

No existe una distinción clara entre el ámbito de actuación del Colegio y el del Gobierno, lo que pone en entredicho su independencia y su vocación de defensa de los abogados. Como corolario, el Presidente del Colegio fue Ministro Delegado de Justicia hasta 2023 y desde marzo de 2023 ocupa también el cargo de Asesor del Presidente del Gobierno en materia de Logística dentro del Ministerio de Defensa Nacional. En cualquier caso, cabe destacar que el Presidente del Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial es cuñado del Presidente del Gobierno.

Estos problemas de independencia se pusieron de manifiesto en el caso de la abogada y defensora de los derechos humanos Gemma Jones. En un vídeo de TikTok publicado el 24 de noviembre de 2023, esta abogada denunció la falta de independencia del poder judicial. Como consecuencia, el Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial convocó una reunión de la Junta Directiva el 28 de noviembre de 2023 e inició un procedimiento disciplinario contra ella, que culminó con la adopción de una decisión disciplinaria el 22 de diciembre de 2023. El resultado fue su inhabilitación temporal sine die para el ejercicio de la abogacía, la prohibición de ceder sus expedientes a otros abogados y el precinto de su bufete y domicilio particular.

Igualmente, el robo de la pancarta publicitaria de las oficinas donde ofrece sus servicios en Malabo, que tuvo lugar en marzo de 2024 tras la emisión de una entrevista con el "Consejo General de la Abogacía Española"[1] , quedó sin explicación por parte de las autoridades. Estos hechos justificaron una declaración de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Abogados, quien, el 13 de marzo de 2024, expresó su preocupación por el caso y las posibles violaciones de los derechos de Gemma Jones[2] .

3.2. Falta de separación de poderes entre el ejecutivo y el judicial

En Guinea Ecuatorial, la separación entre el poder ejecutivo y el judicial no es clara. De hecho, el primero influye en el segundo, más allá de la falta de independencia de la fiscalía con respecto al ejecutivo.  La injerencia del Viceprimer Ministro ha aumentado, sobre todo en el ámbito de la administración de justicia.  A través de su cuenta en la red social X (@teonguema), se jacta del control que ejerce sobre el poder judicial. Entre las publicaciones realizadas a través de la red social X, destacan las siguientes:

- 7 de diciembre de 2022: "He ordenado el arresto domiciliario de Luciano Esono Bitegue [...]"[3] .

- 16 de enero de 2023: "[...] he ordenado su detención inmediata, su comparecencia ante los tribunales y la propuesta de cese de su nombramiento"[4] .

- 17 de enero de 2023: "He dado un mes a la fiscalía para que les notifique las actuaciones judiciales"[5] .

- 23 de marzo de 2023: "He dado instrucciones para que se inicien acciones legales contra la empresa #BINTER CANARIAS"[6] .

- 3 de abril de 2023: "[...] he ordenado la retirada de los pasaportes de todos los implicados para que no salgan del país [...]"[7] .

- 9 de agosto de 2023: "He ordenado que se abra una investigación penal sobre SEGESA, que se ponga bajo arresto domiciliario al actual consejero delegado de la empresa y que se prohíba salir del país a todos los implicados en el asunto [...]"[8] .

Además, las personas próximas al régimen implicadas en casos de corrupción no asumen ninguna responsabilidad penal o civil o, en su defecto, asumen una responsabilidad irrisoria, por ejemplo mediante un arresto domiciliario ficticio:

-          Caso de falsificación de la firma del Jefe del Estado y de documentos oficiales, en el que están implicados dos antiguos miembros del Gobierno. Aunque fueron condenados en febrero de 2024 por su implicación en la trama, ninguno de los dos recibió una pena de prisión, a pesar de la gravedad del caso. Recibieron sentencias que fueron impugnadas por su levedad. Este trato contrasta fuertemente con el impuesto a los activistas del desaparecido grupo político de la oposición Ciudadanos por la Innovación, que fueron condenados en 2023 a penas de hasta 29 años de prisión.

El Vicepresidente de la República, tuiteó en julio de 2020, a través de una publicación en Twitter, que "David Nguema, ha admitido haber recibido 100 millones de francos cefa en sobornos". A este anuncio siguió la dimisión del presidente del más alto tribunal de casación, que hasta la fecha no ha comparecido ante la justicia ni ha sido juzgado de ninguna manera.

-          Utilización de la prisión preventiva como norma general por parte del ejecutivo, violando las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El caso más evidente es la aplicación de la "Operación Limpieza". Hasta la fecha, se calcula extraoficialmente que más de 100 personas han sido acusadas bajo el pretexto de la "Operación Limpieza" y permanecen en prisión preventiva tras casi dos años de investigación, a la espera de un juicio justo.

3.3 Falta de formación práctica y de conocimientos técnicos de los responsables de la administración de justicia

La falta de independencia del poder judicial se ve agravada por la insuficiente formación y experiencia de los responsables de la administración de justicia. Además, durante un programa emitido por la televisión pública del país (A fondo) en enero de 2024, el ministro Sergio Esono Abeso afirmó públicamente que "en la actualidad, la República de Guinea Ecuatorial no cuenta con una organización judicial adecuada, ni con el personal adecuado para la organización judicial".

La gran mayoría de los jueces, magistrados, fiscales y secretarios de la administración de justicia fueron nombrados arbitrariamente por el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Francisco Evuy Nguema Mikue, incumpliendo la normativa vigente en el país. Fueron nombrados por el presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, sin convocatoria previa de vacantes, tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Un número importante de jueces, magistrados y secretarios dimitieron y fueron nombrados en 2023. Estas personas no superaron con éxito la carrera judicial, que es una de las condiciones de titulación no exigibles que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la Administración de Justicia. Esta situación fue planteada por el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, que es también el Presidente de la República, en enero de 2024, cuando reconoció públicamente "que muchos carecen de la formación necesaria para comprender cabalmente las leyes que deben aplicar".

3.4. Riesgos del ejercicio de la abogacía en Guinea Ecuatorial

Hay una serie de factores que amplifican los retos a los que se enfrentan los abogados en el país. Cuando los abogados representan a la defensa o a la acusación en litigios en los que están implicadas empresas en las que tiene intereses un alto cargo del Gobierno, ello puede acarrear problemas a esas personas. Entre los numerosos ejemplos que ilustran esta situación, mencionaremos algunos.

En la reunión convocada por el Consejo de Gobierno del Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial el 28 de noviembre de 2023 en relación con la investigación disciplinaria contra Gemma Jones, el Presidente del Colegio criticó a la abogada por aceptar la representación legal de una entidad extranjera en procedimientos judiciales locales contra el Estado de Guinea Ecuatorial. Según el Presidente del Colegio de Abogados, aceptar tales casos es gravemente perjudicial para los intereses del país.

Por otra parte, cuando los abogados representan a un demandante en un litigio laboral en el que está implicado un organismo público, se enfrentan a diversas dificultades. Por ejemplo, puede ocurrir que no se programen los procedimientos judiciales pertinentes o que, aunque se celebre el juicio, no se dicte la sentencia correspondiente. Además, aunque se dicte sentencia, puede que no se ejecute contra el organismo público. Esta situación se viene produciendo especialmente desde 2020, cuando la secretaría del primer tribunal laboral de Malabo advirtió verbal y extraoficialmente a los abogados de que no se iniciarían procedimientos contra empresas de esta naturaleza "por orden del superior" (una figura gubernamental de alto rango cuya identidad se desconoce).

Esta situación demuestra que el gobierno está interfiriendo indebidamente en la gestión administrativa del país. Esto habría abierto la puerta a la continua violación de los derechos laborales de los trabajadores y al menoscabo de la economía doméstica de las familias por parte de empresas estatales como SEGESA y CEIBA, a las que se acusa de no pagar los salarios de sus empleados. Ante esta preocupación, algunos abogados se han dirigido por escrito al órgano autónomo del poder judicial, el Consejo Superior de la Magistratura, presidido por el Jefe del Gobierno y el Jefe del Estado, pero no han obtenido respuesta.

Como consecuencia de este factor, se han producido casos de obstrucción y violaciones de los derechos de los abogados en el ejercicio de su profesión. En 2019, Guinea Ecuatorial emitió una orden de detención contra William Bourdon, abogado francés especializado en la lucha contra la corrupción, junto con otras 16 personas. Al parecer, esta medida se tomó en respuesta a su implicación en un caso de blanqueo de dinero en el que estaba involucrado el hijo mayor del presidente, Teodoro Nguema Obiang. Teodoro Nguema Obiang fue declarado culpable en rebeldía por un tribunal francés, recibiendo una condena de tres años de prisión en suspenso y una multa de 30 millones de euros. La orden de detención acusa a estas 16 personas de participar en blanqueo de capitales y apoyar financieramente "el terrorismo y la proliferación del tráfico de armas"[9] .

En 2021, la abogada Gemma Jones fue detenida arbitrariamente por las autoridades guineanas. Esto ocurrió cuando tenía previsto participar como ponente en un debate en línea sobre democracia, organizado por la embajada estadounidense en Malabo. Su detención parece estar relacionada con sus críticas a un caso en el que están implicados la compañía nacional de electricidad y sus empleados, lo que también provocó un corte de electricidad en su oficina un día después de que hiciera públicas sus críticas. El 15 de septiembre de 2021, agentes judiciales la citaron sin justificación en la gendarmería, donde le informaron de que era objeto de una investigación no relacionada con sus actividades profesionales, sin pruebas de su implicación.

Tras el revuelo mediático que rodeó su detención, el 21 de septiembre de 2021 recibió al parecer una llamada del Secretario del Colegio de Abogados, ofreciéndole un puesto como magistrada en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la abogada Gemma Jones habría rechazado la oferta por considerarla un intento de silenciarla.

En abril de 2023, Gemma Jones participó en una conferencia organizada en Madrid por la ONG Amnistía Internacional y la Universidad Autónoma de Madrid. La abogada y defensora de los derechos humanos no regresó a Guinea hasta mayo de 2023. A su llegada, fue citada en comisaría, donde un alto cargo le dijo que habían visto su intervención en un vídeo y le advirtió de que le esperaban graves consecuencias si publicaba otro vídeo en TikTok. Jones denunció la intimidación a varias instancias diplomáticas en Malabo. Esto confirmaría diversas versiones según las cuales varias personas residentes en el extranjero vigilan la actividad de quienes se manifiestan libremente contra el gobierno. A pesar de ello, publicó otro vídeo en noviembre de 2023, que dio lugar a las sanciones mencionadas.

Por último, los abogados de Guinea Ecuatorial se enfrentan a graves problemas, sobre todo debido a la injerencia política en los asuntos jurídicos. Esto adopta la forma de medidas como represalias, amenazas y detenciones arbitrarias. Estos incidentes comprometen la independencia del poder judicial y socavan los derechos de los abogados.  

Este contexto se ve agravado por dos factores: en primer lugar, la falta de defensa de la abogacía por parte del Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial. En segundo lugar, no parece existir un sistema interno con mecanismos claros e independientes para proporcionar protección jurídica y material a los abogados que se encuentran en situación de riesgo debido a su trabajo.

 Recomendaciones al Estado de Guinea Ecuatorial

1.                   Adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia del Colegio de Abogados y del poder judicial frente a injerencias gubernamentales y de cualquier otro tipo.

2. Adoptar normas para garantizar el cumplimiento de los Principios Básicos sobre la Función de los Colegios de Abogados, en particular las garantías relativas al ejercicio de la abogacía, la libertad de expresión y asociación, las asociaciones profesionales autónomas de abogados y los procedimientos disciplinarios.

3. Garantizar que las normas que rigen los procedimientos disciplinarios contra los abogados sean públicas y que los procedimientos disciplinarios respeten los principios de legalidad y los derechos de la defensa.

4.                   Investigar de forma independiente los hechos de cualquier violación de los derechos de los abogados y establecer las responsabilidades del caso. Esta investigación debe ofrecer garantías de debido proceso, respetando las normas internacionales para la participación de las víctimas.

5. Diseñar y aplicar un programa de protección para los defensores de los derechos humanos en situación de riesgo, incluidos los abogados. Este programa debe contar con un mecanismo independiente de análisis de riesgos y recursos suficientes para aplicar las medidas.

6.       permitir la creación de un colegio de abogados democrático, apolítico e independiente, cuyo funcionamiento se rija, entre otras cosas, por un estatuto válidamente legalizado.

7)       Promover pruebas de capacitación eliminatorias e implementar la carrera judicial obligatoria como requisito previo y habilitante para el ingreso de funcionarios a la administración de justicia.

[1]  Tras la publicación de la entrevista a Gemma Jones en la página web del Colegio de Abogados español, se habría restringido el acceso a la página https://www.abogacia.es en Guinea Ecuatorial.

[2] https://twitter.com/SRjudgeslawyers/status/1767902059213299747

[3] X, @teonguema, 7 de diciembre de 2022.

[4] X, @teonguema, 16 de enero de 2023.

[5] X, @teonguema, 17 de enero de 2023.

[6] X, @teonguema, 23 de marzo de 2023.

[7] X, @teonguema, 3 de abril de 2023.

[8] X, @teonguema, 9 de agosto de 2023.

[9] https://www.rfi.fr/fr/afrique/20190126-guinee-equatoriale-mandat-arret-16-personnes-avocat-francais-william-bourdon