La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 1917, reemplazó a la Constitución de 1857. Esta Constitución, junto con las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República, conforman el marco legal supremo del país.
Como norma suprema, establece el marco legal para la actividad empresarial a través de los artículos 5, 9, 25, 26, 27 y 28; en conjunto regulan la libertad de trabajo y asociación, definiendo la rectoría del Estado en el desarrollo económico, promoviendo la planeación democrática.
Artículo 5:
Garantiza la libertad de trabajo, profesión, industria o comercio.
Prohíbe el trabajo forzado.
Artículo 9:
Garantiza el derecho de asociación y reunión pacífica.
Esencial para la formación de organizaciones empresariales.
Artículo 25:
Establece la rectoría del Estado en el desarrollo económico.
Permite la participación privada, pero sujeta al interés público.
Artículo 26:
Establece la planeación democrática del desarrollo nacional.
Promueve la competencia económica.
Artículo 27:
Regula la propiedad de los recursos naturales.
Limita la adquisición de bienes raíces por sociedades mercantiles.
Artículo 28:
Prohíbe monopolios y prácticas monopólicas.
Promueve la libre competencia.
El ejecutivo federal, a través de la autoridad correspondiente, tiene la facultad de investigar y combatir monopolios.