Es un documento que expide con el objetivo de autorizar, la densidad de la construcción, intensidad de ocupación del suelo, altura máxima de edificación, cajones de estacionamiento. Este documento es necesario ya que establece las normas y condiciones que deben cumplirse para el uso de un predio, en específico como comercial, industrial, habitacional o de servicios.
Al iniciar un negocio es necesario avisar a las autoridades el uso que se le va dar al predio y en su defecto hacer una modificación si es que se está utilizando como habitacional únicamente.
Palabras clave
Uso de suelo: Clasificación y regulación de las actividades permitidas en un área geográfica específica, pueden ser: Habitacional, habitacional con comercio en planta baja, habitacional mixto, habitacional con oficinas, equipamiento, comercial, industrial, áreas verdes, espacios abiertos o de servicios.
Predio: Superficie determinada que se ocupa.
Institución de trámite: Ayuntamiento Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano.
Requisitos:
Persona física: Documento que acredite la personalidad, escritura pública, solicitud de trámite, en caso de representante legal (carta poder o poder notarial), croquis del predio, dictamen técnico municipal.
Persona moral: Documento que acredite la personalidad, acta constitutiva, certificado de inscripción de personas jurídico colectivas, recibo de pago de predial, escritura pública, solicitud de trámite, en caso de representante legal (carta poder o poder notarial), croquis del predio, dictamen técnico municipal.
Costo: $1131.40 se actualiza conforme al UMA (Unidad de Medida y Actualización) o hasta 160 m2 de $3207.00, de 161 m2 hasta 500 m2
$5271.23, de 501 hasta 1 hectárea $8150.18 pesos.
Duración del trámite: 30 minutos para realizar el trámite, plazo máximo de respuesta 15 días, tiempo en que se entrega el pago de derechos y posteriormente se entrega en un plazo de 15 días más.
Función: Permite controlar el tipo de actividades que se realizan en cada zona, evitando conflictos o riesgos, asegura que las construcciones cumplan con las normas de seguridad y habitabilidad, protege el medio ambiente para la calidad de vida de los habitantes, garantizar la compatibilidad entre las actividades que se realizan en un predio y su entorno, además de prevenir impactos negativos en el medio ambiente y la infraestructura urbana, proporcionando seguridad jurídica a los propietarios o usuarios.