Comportamiento Social

La política de represión legislativa antigitana: Ley de vagos y maleantes

Se le atribuye a la Segunda República el concepto de peligrosidad con un afán resocializador. De hecho se encargaron de crear el Instituto de Estudios Penales en 1932, el Servicio de Biología Criminal en 1933 o la elección como director general de Prisiones del psiquiatra Manuel Ruiz Maya.  De alguna manera estos hechos expusieron ejemplos de la unión del enfoque científico-higienista 

La elaboración de la Ley de Vagos y Maleantes contaría con el apoyo de los socialistas debido a  la designación como ponentes de Luis Jiménez de Asúa (PSOE), y Mariano Ruiz Funes (Acción Republicana). En el preámbulo del proyecto de ley, el concepto de peligrosidad proporcionaba una «solución jurídica» a problemas sociales para proteger el interés general, pero también reintegraba «a la plenitud de la vida jurídica normal común a todos los ciudadanos». A sus críticos les preocupaba su potencial uso para criminalizar y reprimir a la clase trabajadora.

Estaba «inspirada en las más recientes y logradas doctrinas jurídico-penales». Jiménez de Asúa, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Madrid, se había formado en la escuela berlinesa de Franz von Liszt, siguiendo muy de cerca tanto los posteriores desarrollos sociológicos y político-criminales de la misma como sus revisiones críticas. 

La presunción del derecho de propiedad (artículo tercero del capítulo primero de la ley) afectando a «los que no justifiquen cumplidamente, siendo para ello requeridos por las Autoridades o sus Agentes autorizados al efecto, la legítima procedencia, adquisición y tenencia del dinero o efectos que se hallasen en su poder o que hubiesen entregado a otros para su inversión o custodia». La redacción de este artículo nos remitiría a la anticonstitucionalidad de las regulaciones de caballerías de 1878 y 1905. A diferencia de los «desocupados» —a los que la circular de marzo de 1934 eximía de medidas de seguridad tras «una interpretación cuidadosa y reflexiva» de la ley—, en este caso se entendía que «la pasajera humillación que sufren los ciudadanos honrados que en algún caso pueden inspirar sospechas a la autoridad o sus agentes, es el precio, sin duda no excesivo de la seguridad general».