Es un programa social impulsado por el Gobierno de la Cuarta Transformación que otorga un apoyo económico bimestral a todas las personas mayores de 65 años en México, sin condiciones laborales o contributivas. Este derecho fue elevado a rango constitucional en 2020, consolidando la exigencia legal de su entrega universal y sin discriminación.
Desde 2019, el programa ha experimentado un crecimiento notable: el monto pasó de 1,160 pesos bimestrales a 6,200 pesos en 2024, y en 2025 se paga ese monto a un padrón que supera los 12 millones de beneficiarios . La autoridad dispersa los recursos directamente a través de una tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, lo que facilita el acceso y reduce trámites.
Con esta política, la 4T busca no solo mitigar la precariedad económica en la vejez, sino reconocer el derecho constitucional a una vejez digna y proteger a personas que no cotizaron al sistema de pensiones contributivas.
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores ha logrado una cobertura nacional amplia y ha mejorado las condiciones económicas de millones de personas mayores. El ingreso que representa esta pensión ha permitido a muchos adultos mayores cubrir necesidades básicas, disminuir su dependencia económica de terceros y, en algunos casos, evitar recurrir al trabajo informal. Diversos análisis reconocen que la entrega directa y regular del apoyo ha contribuido a la autonomía y dignidad de este sector de la población.
Sin embargo, también se ha señalado que el programa, aunque efectivo para mitigar la pobreza inmediata, no resuelve las causas estructurales que generan desigualdad en la vejez. La falta de un sistema de pensiones que funcione bien y que sea fácil de alcanzar para la mayoría de las personas sigue siendo un problema importante, y no se soluciona solo con dar apoyos económicos.
Un análisis realizado por la Universidad Iberoamericana en 2023 advierte que el programa de pensión para adultos mayores enfrenta ciertos riesgos importantes para su permanencia en el tiempo. Uno de los principales es que no tiene un fondo propio ni está ligado a aportaciones de los beneficiarios, por lo que depende totalmente del presupuesto del gobierno, esto puede volverse insostenible a futuro, especialmente porque la población mayor en México sigue creciendo rápidamente.
También se ha señalado que ofrecer esta pensión sin exigir algún tipo de contribución puede hacer que menos personas busquen empleos formales o que los patrones dejen de registrar a sus trabajadores en el sistema de seguridad social, lo cual debilita aún más los mecanismos tradicionales de protección para la vejez. A esto se suman fallas prácticas en la implementación del programa, como problemas en el registro o en la entrega del apoyo, que han dejado fuera a algunas personas que deberían recibirlo.
Por todo esto, el análisis concluye que, si bien la pensión ayuda a mejorar la calidad de vida de muchas personas mayores, por sí sola no es suficiente. Para que sea realmente efectiva, debe acompañarse de reformas más profundas al sistema de pensiones y de un respaldo fiscal sólido que garantice su continuidad.
Fuente: Universidad Iberoamericana. (2023, mayo 31). Académico analiza riesgos de pensión para personas adultas mayores. IBERO Ciudad de México. https://ibero.mx/prensa/academico-analiza-riesgos-de-pension-para-personas-adultas-mayores