Los programas sociales y los megaproyectos impulsados durante el actual gobierno federal no deben entenderse como acciones aisladas, sino como partes de una misma estrategia de transformación nacional. Iniciativas como las Becas Benito Juárez, la Pensión para Adultos Mayores, Sembrando Vida o las Tandas para el Bienestar tienen como objetivo reducir la desigualdad y brindar apoyo directo a sectores históricamente marginados. Por su parte, megaproyectos como el AIFA, la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya o la Megafarmacia del Bienestar buscan reactivar la economía, fortalecer la infraestructura del país y generar empleos.
Aunque estos proyectos y programas parecen pertenecer a ámbitos distintos (social y económico), comparten un mismo enfoque de desarrollo con justicia social.
Aunque las Becas Benito Juárez y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores están dirigidas a poblaciones distintas, ambas forman parte de una misma lógica de política social impulsada durante el gobierno de la Cuarta Transformación. Su objetivo principal es reducir la desigualdad y garantizar un ingreso mínimo a quienes históricamente han tenido menos oportunidades: los jóvenes en situación de vulnerabilidad y los adultos mayores sin acceso a una pensión formal.
Según el CONEVAL, estos programas no solo están entre los más importantes del gobierno federal en términos presupuestarios, sino que también comparten un enfoque preventivo y de largo plazo. Las becas, por ejemplo, buscan evitar que los estudiantes abandonen sus estudios por falta de recursos, mientras que la pensión busca mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, muchas de las cuales trabajaron toda su vida sin haber cotizado en el sistema formal de seguridad social.
Ambos programas pueden entenderse como parte de una estrategia intergeneracional, ya que intervienen en diferentes momentos del ciclo de vida de las personas. De niñas y niños que reciben becas en educación básica, a jóvenes de preparatoria y universidad, hasta llegar a la vejez, donde entra en juego la pensión. En este sentido, no se trata de apoyos aislados, sino de piezas que se complementan para construir una red de bienestar más amplia.
El CONEVAL también ha señalado que los dos programas enfrentan retos similares, como la necesidad de mejorar su focalización, su operación en zonas rurales o marginadas, y garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. Además, su financiamiento depende en gran medida del presupuesto federal, lo que ha llevado a discutir su sostenibilidad a largo plazo si no se acompaña de una política fiscal sólida.
En el sur-sureste del país.
Mientras el primero busca detonar turismo, comercio e inversión en la región, el segundo pretende arraigar a las comunidades rurales mediante el trabajo agrícola. Al coincidir en territorio, se genera una sinergia donde la conectividad del tren puede facilitar la venta de productos, servicios ecoturísticos o artesanales impulsados por Sembrando Vida, transformando a largo plazo el perfil económico de la región.
Zonas urbanas y semiurbanas con alta informalidad laboral y pobreza multidimensional.
Ambos programas atienden a los mismos hogares desde distintos frentes: las becas alivian la carga económica de la educación, y los microcréditos fomentan el autoempleo, permitiendo que las familias diversifiquen sus ingresos sin que los jóvenes abandonen la escuela.
Centro del país
Ambos se sitúan cerca de la capital para servir como nodos de distribución nacional: uno en el transporte aéreo de mercancías y pasajeros; el otro, en el abasto de medicamentos. Así, aunque algunos proyectos se concentran en regiones específicas, todos están pensados para complementar funciones
Su objetivo es el suministro energético nacional, reducir dependencia extranjera y bajar costos de producción/distribución, beneficiando indirectamente al resto.
Si bien inicialmente ni el Tren Maya no estaba el transporte de carga, ahora tanto el tren como el AIFA mueven mercancías, turistas y trabajadores. Dan soporte físico a los mercados locales y la distribución de recursos.
Los programas sociales y megaproyectos funcionan como herramientas de legitimación política. Más allá de sus efectos prácticos, refuerzan la narrativa de un Estado que “atiende al pueblo” y combate la desigualdad. Esto consolida una base de apoyo electoral sólida, sobre todo en sectores históricamente excluidos. La visibilidad de las obras y la entrega directa de recursos fortalecen la imagen de un gobierno activo y presente.
El diseño de estos programas y obras ha generado una fuerte discusión pública: mientras el gobierno los presenta como inversión social redistributiva, críticos los señalan como mecanismos clientelares. La ausencia de criterios técnicos rigurosos, la concentración del gasto en proyectos emblemáticos y la falta de evaluaciones independientes alimentan la percepción de que su función es más electoral que transformadora.
Esta interrelación también produce efectos a largo plazo en la relación Estado-sociedad. Si los beneficios no se traducen en capacidades duraderas (educación de calidad, empleos formales, infraestructura funcional), el modelo corre el riesgo de generar dependencia política, donde el bienestar se asocia no a derechos permanentes, sino al respaldo a un gobierno específico. Es decir, una política pública sostenida más en la lealtad que en la ciudadanía.