A FAVOR 

En la actualidad, la pena de muerte es uno de los temas más controvertidos en la sociedad peruana. Este tema ocupa un lugar especial en las luchas ideológicas, ya que son evidentes las confrontaciones que se generan en el ámbito político, ético, social, etc. Existen muchas teorías y ciudadanos que se oponen a esta pena; sin embargo, también hay quienes viven con el miedo de morir a manos de delincuentes y violadores que perturban el bienestar social y la seguridad de todos. Por eso, nosotros estamos a favor de que la pena de muerte sea habilitada en casos de delitos graves que alteren la seguridad y el bienestar de nuestro país.

Desde una perspectiva ética, la pena de muerte puede justificarse como una medida necesaria para proteger a la sociedad de individuos peligrosos, como argumenta Ernest van den Haag. Mantener con vida a criminales extremadamente violentos podría poner en riesgo a la sociedad al permitirles la oportunidad de cometer más delitos. La ejecución, en este sentido, garantizaría su incapacidad para causar más daño.

Además, desde el punto de vista de Robert Blecker, la pena de muerte puede considerarse una forma de justicia para las víctimas y sus familias. La ejecución del criminal proporciona un sentido de justicia y cierre emocional a aquellos afectados por el crimen, ofreciendo una forma de reparación simbólica por el sufrimiento infligido.

Por último, desde la ética de Immanuel Kant, se puede argumentar que la pena de muerte es una forma de justicia retributiva, donde el castigo debe ser proporcional al crimen cometido. Si un individuo ha cometido un acto extremadamente grave, como el asesinato de múltiples personas, la ejecución puede ser vista como un castigo proporcional y necesario para restablecer el equilibrio moral en la sociedad.

La pena de muerte consume el castigo posible, pero no logra eliminar el sentimiento de culpa. Quiere decir, si un crimen da paso al castigo necesario para un sentimiento de culpa, el castigo absoluto libera la culpabilidad para que sean necesarios otros actos delictivos. ¿No se trata en esos casos de que la sociedad ya está "resarcida por completo", y con ello promueve un reinicio del circuito culpa-delito? Quizá tengamos que admitir la conveniencia de dejar que una porción simbólica del delito siga ocurriendo. Koestler señala que con la pena de muerte la "barbarie legal se convierte en barbarie común". El autor no desconoce que todo ser humano abrigue impulsos vengativos, pero éstos no deben ser ratificados por la ley, aun cuando formen parte de nuestra herencia biológica.

La pena de muerte es una herramienta efectiva para reducir la delincuencia y proteger a las víctimas y sus familiares en Perú, donde la violencia y la inseguridad son problemas persistentes. El filósofo Santo Tomás de Aquino, quien considera que la pena de muerte es legítima y necesaria para la conservación del orden social, especialmente contra delincuentes muy dañinos para la sociedad, justificaba la pena de muerte argumentando que el pecador se despoja de su dignidad humana y se reduce a la condición de bestia, por lo que puede ser legítimamente eliminado. Como lo ha argumentado el expresidente Alberto Fujimori, la pena de muerte es necesaria para combatir la criminalidad, ya que la prisión es ineficaz para detener el crimen. La aplicación de la pena de muerte puede disuadir a los delincuentes de cometer atrocidades y proteger a la sociedad, lo que es fundamental para restaurar la seguridad ciudadana.

Aunque hay argumentos en contra, la mayoría de los peruanos apoyan la pena de muerte para delitos atroces como violación y asesinato. En una encuesta realizada por Amnistía Internacional, el 75% de los peruanos estarían a favor de la aplicación de la pena de muerte en el Perú. Desde un punto de vista de justicia retributiva, algunos argumentan que tales delitos merecen el castigo máximo, y que la ejecución de los perpetradores es una forma de hacer justicia por las víctimas. Además, la pena de muerte puede disuadir a otros de cometer tales atrocidades, protegiendo así a la sociedad.

En conclusión, la pena de muerte puede ser considerada como una forma de justicia en casos extremadamente serios de crímenes violentos, ofreciendo un sentido de cierre para las víctimas y sus seres queridos, y sirviendo como un elemento disuasorio contra la perpetración de delitos atroces. No obstante, su aplicación debe ser estrictamente regulada y reservada para situaciones excepcionales, asegurando que se mantengan los estándares más altos de justicia y se evite cualquier posibilidad de error o injusticia irrevocable.