Por: Gabriel Acosta
La pandemia marcó un antes y un después en la forma de relacionarnos. Aceleró complejizó y evidenció también ciertas interacciones institucionales que exigían una “modernización”. La necesidad de la presencia física en algunos lugares quedo obsoleta, y también prohibida en aquel entonces. Remitirse a este hecho ya es parte de un pasado, ni tan lejano ni tan superado, que disparó ciertos acontecimientos en el sector de recolección de residuos. Algunos trágicos y otros que son parte de las tensiones de la vida en sociedad. Los trabajadores de la recolección fueron unos de los sectores que más se vio vulnerado en esta parte de nuestro pasado presente (la pandemia). Por eso a partir del caso de Pelozo y un traslado ilegal surgen algunas incógnitas alrededor de las condiciones laborales de este sector y sus empleadores.
Manuel Pelozo tenía 33 años, esposa y tres hijos, trabajaba en la recolección de residuos domiciliaria. Un corte en la mano izquierda, lesión cotidiana para los trabajadores de este rubro, le significó su ultima herida. Murió en diciembre del 2019, días después de haberse accidentado y tras serle negado el reposo que solicitó a causa del dolor a la empresa Logística Urbana SA (LUSA). El hecho tuvo impacto en los medios locales y la ciudadanía correntina, que puso el ojo en el Municipio de Corrientes y la empresa LUSA. Esta empresa, por contrato, cumple con la prestación de vehículos y el predio para deposición final de los residuos. La concesión no la tienen solo en la ciudad y provincia de Corrientes, sino que la empresa también está en Santiago del Estero y Córdoba.
La muerte de Pelozo se dio en un contexto de reclamos por parte del sector de la recolección, y los empleados municipales en conjunto. Se solicitaban: insumos , el cumplimiento de las licencias y feriados, mejoras salariales y un sistema de prevención en el que los trabajadores puedan identificar los residuos de las casas con contagios de Covid. Este último reclamo no solo era para resguardar la salud del personal sino también para evitar la propagación del contagio en sus familias y por ende en los barrios. Luego de la muerte de Pelozo se profundizaron las exigencias por cumplir las condiciones mínimas de salubridad laborales al Municipio y a la empresa LUSA.
A la par que sucedía esto, desde la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), les era otorgada la inscripción gremial al Sindicato de Trabajadores del Estado Municipal de Corrientes (SITEMCO). Es que, hasta ese momento, finales del 2019, el gremio que nucleaba la representación de los empleados municipales estaba solo en manos de la Asociación Obreros y Empleados de Corrientes (AOEM).
Teniendo en cuenta estos factores es que sucedió el traslado ilegal de Víctor Vera, delegado gremial de SITEMCO y recolector de residuos. Esta determinación tomada por el intendente capitalino Eduardo Tassano fue en marzo del 2020, luego de la muerte de Pelozo, en una reunión que mantuvieron los delegados de este sindicato con el funcionario. En ella, asegura Lucio Benítez delegado del sindicato, se lo notificó al funcionario del reconocimiento de personería otorgado por la CTA al sindicato, lo que implicaba que las discusiones paritarias (entre otros reconocimientos), debían abrirse y no ser discutidos con la AOEM únicamente.
El intendente se comprometió a partir del primero de marzo a activar los mecanismos institucionales planteados. Pero lo que realmente llegó fue una resolución que establecía el traslado de Vera del puesto asignado. La ilegalidad de esta medida se sustentaba en que, al ser un delegado gremial, se debería solicitar a un juez la quita de los fueros sindicales antes de cualquier modificación de las condiciones de trabajo de un delegado.
Vera fue trasladado a una delegación municipal en el barrio Mil viviendas, además se le redujeron 9 mil pesos del salario que percibía. Luego de un año apelaron en la justicia para que sea reconocida la ilegalidad de la resolución. Como respuesta ante el primer fallo del juzgado laboral N°1, a favor de Vera, el Municipio lo volvió a trasladar en el 2021 a otra área de deposición final pero de residuos patológicos. Es decir, donde los residuos del Hospital Campaña, principal institución que se usó para el tratamiento del Covid en Corrientes, tira sus desechos. Sin embargo el fallo del juzgado establecía que Vera debía ser incorporado en ambiente y en LUSA, que era el puesto de donde fue removido originalmente.
Luego de idas y vueltas legales salió en mayo de este año la sentencia firme de la reincorporación de Vera a su puesto de trabajo. Esto no significó que el municipio lo haya incorporado voluntariamente, ya que no se lo notificó con su reintegro (parte del proceso por el cual se lo tendría que haber reincorporado). Es decir, el intendente no cumplió voluntariamente la sentencia firme dictado por el Superior Tribunal de Justicia (maxima autoridad judicial en la provincia). Debido a esto fue necesaria la presencia de un oficial de justicia que ejecutó la sentencia, el dia en que Vera se presentó en la empresa. A pesar del asombro y la negativa por parte del directivo presente en la empresa, la autoridad legal y el documento en mano fueron mas fuertes que la resistencia que presentó el encargado.
¿Que es una inscripción gremial? Este documento que se menciona en el texto es lo que le da el reconocimiento jurídico a un sindicato y la herramienta que le permite tener la representetividad de un sector de trabajadores dentro de un gremio. Los gremios son la totalidad de los trabajadores afiliados o no a un sindicato. Y luego estan las centrales que nuclean a los distintos gremios de trabajadores. La CGT (Confederación General del Trabajo) y la CTA son las dos grandes centrales que nuclean a los sindicatos y los gremios nacionales. El SITEMCO desde el 2010 inició la tramitacion de la inscripción gremial dentro de la CTA.
El documento no llegó hasta 2019 al sindicato de Vera. Hasta ese momento tenían un certificado que cumplía la función de sustituir la inscripción mientras esta última estaba en tramite. Al llegar la inscripción formal, se presentan en enero del 2020 ante el intendente para notificar de la nueva incorporación dentro del Municipio (institución que hasta ese momento solo contaba con un sindicato: la AOEM). Fue en marzo de ese mismo año que Eduardo Tassano por resolución trasladó a Vera. Ante la denuncia el municipio apeló que no estaban notificados de que este trabajador era un delegado gremial.
En Corrientes Capital rige la ordenanza municipal 3641 desde el 2001, que reconoce solo a la AOEM como organización representante de los empleados del sector municipal.
Desde el SITEMCO sostienen que este estatuto es ilegal, violatorio del 14 bis, 75 inc 22 (Pactos internacionales incluido el convenio 87 de la OIT) 31 y 28 de la Constitución Nacional.
Estos establecen que las instituciones no deben interferir ni designar las organizaciones con las que deben representarse los trabajadores y garantiza la libertad sindical.
Lucio Benitez (secretario gremial del SITEMCO), Victor Vera y Rodrigo Godoy (abogado), frente al palacio municipal en 2020
Ya en el 2015, en la gestión de Fabian Rios, Vera había sido noticia por una llamativa intervencion en el Palacio Municipal. Caso similar fue un traslado por discriminación sindical, pero debido a que no contaban con una incripción gremial la denuncia solo pudo ser hecha al INADI. Debido a esto, Victor tuvo la impresión de que debía llamar la atención de otra manera en la comunidad, y principalmente de los medios, para visibilizar su situación.
En el 2020 (gestión de Tassano), el tablero tuvo otra disposición con el reconocimiento de la justicia para poder jugar las cartas. Vera apostó a la misma estrategia, aunque esta vez un poco mas vistoza y con compañia. Por 45 dias, y encadenado nuevamente, él y sus compañeros del sindicato se presentaron rutinariamente en el Palacio Municipal. Esto se dio luego de que el intendente no acatara el primer fallo de reincorporacion al puesto laboral en las condiciones que exigían los términos.
Para esta estrategia Vera y sus compañeros determinaron sacar las vacaciones que tenian disponibles, e invertir en carteleria para poder llamar la atencion en el centro de la capital correntina. Pero a diferencia de 2015, esta vez no obtuvo una visibilizacion tan coral por los medios como en aquel entonces.
Este método de reclamo no es nuevo. "En el ministerio me voy a encadenar...voy a salir en las noticias de hoy", afirma la canción "El Municipal" de la Missisipi Blues Band. Tal vez podría ser un himno a los empleados de este sector, pero tambien documenta en la expresión popular una forma de reclamo que recuerda a epocas donde la protesta social tomó otras dimensiones (1999- 2001). Basta con googlear "encadenado al Palacio Municipal", para ver que esta expresión tiene una representatividad, aun hoy en dia, en los casos donde las exigencias no saben de que otra manera manifestarse.
Manuel Pelozo
Creditos: Nota
La situación de LUSA encierra ciertas controversias. Principalmente sostenidas por SITEMCO, pero tambien luego del caso Peloso, por algunos medios. Como se expresa mas arriba, los medios sostenian que la muerte de Pelozo fue una desidia de la empresa. Sin embargo los recolectores de residuos son empleados municipales, pero dependen de la empresa. Es decir, el privado puede efectuar descuentos (por incumplimiento de tareas, averiaciones en los camiones por las cuales se le adjudica a los choferes la responsabilidad, etc), de los cuales la Municipalidad es encargada de corroborar luego de ser notificada para aplicar medidas. La empresa tambien es la intermediaria para notificar sobre la activación de la Asegurado de Riesgos. En el testimonio de los familiares de Pelozo se evidencia esta relación, ya que desde LUSA lo derivan a centros de salud donde creen que aceptan la obra social de los municipales. En este testimonio tambien se evidencia como es la empresa la que define los dias libres de los trabajadores.
LUSA trabaja para el Municipio desde el año 2011 por licitación. Esta renovacion de contrato dejó desafectada a la empresa que hasta ese momento desde hace 20 años cumplía la tarea de recolección de residuos SA Obras y Emprendimientos Ambientales Venturino (Sadoyeav). Esta prestación de servicios tercerizada se da debido a que municipio no tiene ni los camiones ni los predios de deposicion final para la tarea de recolección. Por lo tanto estas empresas deben, por contrato, proporcionar estos dos elementos fundamentales. Pero LUSA no contaba, ni cuenta, con los predios de deposito. Ya en 2018 se le habían concedido tres prorrogas a la presentacion de los espacios en cuestión, ademas de un enfatico rechazo por parte de los habitantes y el Municipio de Santa Ana al intentar usar parte del espacio de esta localidad para los desechos de la capital. Una inconsistencia sustancial de una empresa que dice prestar servicios con los que no cuenta. El lugar de traslado de Vera, la deposicion de desechos patólogicos, cuenta con un horno pirolítico. Este se utiliza para quemar los desechos químicos del Hospital de Campaña, artefacto del cual es propietario Venturino, igual que los predios de deposito ubicados en las afueras de la ciudad. En otras palabras: una empresa subcontratada, subcontrata otra empresa por no poder cumplir los requisitos del contrato inicial.
El elefante dentro de la habitacion, o mas bien el "Mono", es Juan Carlos Romero el dueño de ERSA URBANO, el servicio de trasporte público de la provincia. Este empresario es dueño también de Lusa. Tal es asi que en 2021 por resolucion Municipal mediante un convenio, pudo adjudicar deuda de la empresa de transporte, que aun esta en proceso de quiebra judicial, a la empresa de recoleccion tercerizada. No es menor el hecho de que dos empresas que prestan servicio al municipio y a la provincia tengan el monopolio de estos, y en uno de los casos (LUSA) prestando un servicio a medias.
Al momento de ser entrevistados los trabajadores de la recoleccion para Hechos y Desechos Podcast, hubo una generalizada reaccion de distancia con la idea de dar el punto de vista de sus condiciones laborales. Tambien hubo concensos en ciertas conformidades con su situación actual como tambien en la vigilancia y castigo a la que están expuestos por parte de sus jefes. Hubo mas aceptación de dar testimonio cuando se les aclaró el anonimato de sus declaraciones. Recientemente otros 9 trabajadores fueron trasladados por resolucion del intendente. Está entre las facultades del mandatario este tipo de acciones. y también no hay un rechazo de los empleados ante la idea, ya que por edad trabajar en otro sector significa condiciones menos exigentes de trabajo. Sin embargo, segun el abogado que asesora al sindicato Rodrigo Godoy, el traslado no les garantiza que percibiran el mismo sueldo.
Desde la Subsecretaria de Higiene Urbana del municipio , Lucas Gomez Belcastro, sostuvo que no tiene conocimiento de los tralados y que la ART y los cobros son a tiempo. Desde el lugar tambien dijo que la institución que debería ser cuestionada sobre estos asuntos es la empresa Lusa o la Municipalidad, ya que los recolectores salen desde este lugar (LUSA) a hacer sus tareas de recolección. Al ser consultados por los traslados también dijo que desconocía si afectaba los sueldos o no de los trabajadores. No obstante esta secretaria es la que esta encargada del servicio de recoleccion de Corrientes, por lo tanto las declaraciones del subsecretario significan una mirada de uno de los sectores competentes.
Vera ya fue reincorporado en su area laboral en octubre pero de manera obligatoria. No hubo portales que dieran un espacio al tema en cuestion. No solo habla de las condiciones en las que trabajan los empleados municipales, en particular el sector de recoleccion, sino tambien de la actual gestión. Asunto que parece no estar separado de lo que los medios consideran noticioso. Las situaciones descriptas intentan demostrar la poca claridad en la cadena de mando de los trabajadores, asi como tambien los canales de reclamos que se le ofrecen a los empleados municipales en general. Estas dos cuestiones convergen en el caso de Victor Vera, y hablan a traves de la sentencia dictada por la justicia que consideró que los derechos de un delgado gremial y recolector de residuos habían sido vulnerados por el Municipio.